Un día antes de comparecer ante el Comité de Administración de la Asamblea Legislativa para explicar la compra de muebles aparentemente con sobreprecios, la oficial mayor de ese órgano legislativo, María de Lourdes Cedillo, solicitó licencia temporal para separarse del cargo.

El llamado a cuentas de la funcionaria, que evitó gracias a su licencia, ocurre una semana después de que REFORMA revelara la compra de mobiliario bajo el esquema de adjudicación directa por 12 millones de pesos, adquisición que se clasificó como “reservada” a pesar de que no se trata de información que ponga en riesgo la seguridad nacional ni las finanzas públicas.

La presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, la perredista Alejandra Barrales, aceptó la solicitud de la funcionaria, que es por 30 días hábiles a partir de ayer.

En una carta, Cedillo asegura que su salida temporal es motivada por una campaña orquestada en su contra y que la adjudicación de los muebles se realizó con apego al procedimiento que marca la ley.

Además, señala que la compra de muebles se hizo tras un acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que cuatro de los cinco coordinadores parlamentarios, a excepción de la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo, estuvieron de acuerdo.

“No he eludido ni eludiré el escrutinio que se quiera hacer del ejercicio de mis atribuciones”, afirma en la carta, que tiene fecha de ayer.

Tras conocer la solicitud, la diputada panista Lía Limón, promovente de la denuncia en contra de la oficial mayor ante la Contraloría General, manifestó que la separación temporal de la funcionaria no resuelve el daño causado a la Asamblea Legislativa.

“Por supuesto que la protegieron para que no se expusiera a los cuestionamientos que se le iban a hacer este miércoles”, expuso.

“Lamento el manejo doloso, de mala fe, mentiroso, que se ha hecho sobre la información y que lastiman la reputación y la trayectoria de una mujer, de una funcionaria, y que por ello ha solicitado licencia, para hacer valer su derecho de ser escuchada”, dijo Alejandra Barrales al justificar la aceptación de la licencia.

Víctor Romo, diputado local perredista y presidente del Comité de Administración de la Asamblea, informó que en una reunión agendada para hoy a las 16:00 horas se conocerá el informe de la oficial mayor, que fue solicitado la semana pasada y que él mismo proporcionará a los integrantes del comité para su revisión y evaluación.

Darán información sólo a diputados

El expediente sobre la presunta compra irregular de muebles y aparatos electrónicos en la Asamblea Legislativa del DF será transparentado, pero sólo para los nueve diputados del Comité de Administración, que sesionarán hoy.

Un acuerdo del Subcomité Técnico de Transparencia resolvió la noche del lunes que la información se desclasifique y haga pública.

Sin embargo, el contralor de la ALDF, Pablo Trejo, explicó ayer que los contratos, facturas, requisiciones y otros documentos que amparen la compra son públicos a partir de este acuerdo, pero para los diputados, y serán accesibles a la ciudadanía una vez que se hayan desclasificado todos, lo cual será la próxima semana.

Zacatecas, Zac.- En materia de rendición de cuentas y manejo transparente de recursos públicos, “Zacatecas le ha quedado a deber a la sociedad”, porque en el rubro de seguridad pública, por ejemplo, estamos en el penúltimo lugar de los estados más opacos, sólo por arriba de Puebla, afirmó el actual titular de la Contraloría Interna del gobierno estatal, Guillermo Huizar Carranza.

El responsable del órgano de fiscalización y control del Poder Ejecutivo respondió a diversos cuestionamientos que NTR Medios de Comunicación le hizo en el programa televisivo Entre Vistas (Canal 44 de TVZAC), en torno a los resultados de las 23 primeras auditorías a dependencias públicas, luego del relevo sexenal.

Huizar anticipó que se irá “hasta sus últimas consecuencias” en cuanto a la aplicación de la ley para sancionar diversas irregularidades, y estimó que, a finales de febrero, se concluiría la integración de diversos expedientes.

A pregunta expresa con relación a los préstamos a particulares que desde la Secretaría de Finanzas hizo la entonces gobernadora Amalia Dolores García Medina, por un monto global de 368 millones 300 mil 842 pesos, el contralor respondió:

–No hay fondo alguno que pueda manejar gobernador o gobernadora, discrecionalmente, para hacer préstamos a particulares…

–¿Es un asunto que compete a no a la Contraloría?

–Es la razón de ser de la Contraloría Interna. Las contralorías se hicieron para verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos, como órganos de control, si le quitamos esa atribución, mejor las desaparecemos, no tendrían razón de ser”.

Según Huizar Carranza, la contralora interna durante el gobierno de Amalia García, Norma Julieta del Río Venegas, debió declarar desierto el concurso de licitación para la obra de la Plaza Bicentenario, ubicada en terrenos de la ex Central Camionera capitalina, cuya inversión fue cercana a los 300 millones de pesos.

Bastaba, entonces, con el hecho de que las bases del mencionado concurso fueron adquiridas un día después de la fecha marcada por la empresa que, finalmente, se hizo cargo del proyecto.

Además, Norma Julieta del Río tuvo que haber intervenido, aunque no lo hizo, para observar y sancionar diversas irregularidades detectadas ahora por la Contraloría Interna en dependencias estales, como la inexistencia de tramos carreteros ya pagados.

Palabra por palabra

14 de septiembre de 2007, Veracruz, Ver.- En el marco de la 31 Reunión Nacional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), la contralora interna de Zacatecas, Norma Julieta del Río Venegas, afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública son valores fundamentales que han caracterizado al gobierno de Amalia García…

¿Sí eran transparentes?

El jueves 21 de agosto de 2008, en la capital zacatecana, durante el primer foro La Transparencia como Factor de Excelencia, la entonces mandataria Amalia García Medina advirtió sobre la necesidad que existe en varias entidades de la República de encaminar sus gobiernos hacia el ámbito de transparencia.

“…en Zacatecas, cuando decimos: rendición de cuentas, acceso a la información, están obligados el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y todos los órganos que reciban recursos públicos, a rendir cuentas cuando así se les pida”, dijo la mandataria.

En el mismo foro, Norma Julieta del Río Venegas, titular de la Contraloría Interna, expuso que: “La corrupción no sólo se significa en pesos y centavos, sino que ser deshonesto, desleal, falaz, es una acción también corrupta”.

Ahora, en medio del escándalo desatado por la detección de diversas irregularidades en el manejo de fondos públicos, durante la gestión de Amalia García, la ex contralora es titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía en el plano nacional.

Sólo en el discurso

Durante el ejercicio fiscal 2009, la Contraloría Interna del gobierno estatal, entonces bajo el mando de Norma Julieta del Río Venegas, destinó más de 20 millones de pesos al pago de servicios de asesoría y la compra de encuestas, algunas de éstas con evidente sesgo electoral.

Así, la instancia encargada de vigilar el buen manejo de los recursos públicos se dedicó a simular transparencia, sólo para estar “en sintonía” con el discurso oficial de la gobernadora Amalia García, al tiempo que se dilapidaba el erario.

Un reporte oficial de la Secretaría de Finanzas, en el que se detalla la relación completa de los pagos autorizados a la Contraloría Interna, da cuenta de un “sobregiro” de 13 millones de pesos, en números cerrados, sólo de entrada.

Y, por si fuera poco, en el desglose de productos y servicios adquiridos lo mismo hay facturas de encuestadoras electorales que pagos acumulados por casi 2 millones de pesos a una comisaria que funge como empleada de la propia Contraloría.

Excesos documentados

La Contraloría Interna del gobierno estatal se convirtió en una de las principales “consumidoras” de consultas y encuestas durante 2009, año electoral federal.

La instancia bajo el mando de Norma Julieta del Río Venegas tenía un presupuesto asignado de 32 millones 469 mil 604 pesos y, sin embargo, la suma total de pagos llegó a 45 millones 339 mil pesos.

El desglose abarca compras millonarias que llaman la atención, sobre todo por el tipo de empresas a las que se les pagaron diversos servicios, con la clave presupuestal 2-17-1-4-2-6-4304, y que se traduce como sigue:

Sector 2, Finanzas y Administración

Dependencia 17, Contraloría Interna

Objetivo 1, Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano

Programa 4, Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública

Subprograma 2, Reforma de la Administración Publica

Proyecto 6, Contraloría Social

Capítulo 4304, Apoyo a Instituciones Diversas

Uno por uno

Saltan a la vista, desde luego, diversos pagos hechos a periodistas y algunos medios de comunicación, pero que implican cantidades mínimas, si se comparan con el gran negocio de las encuestas y asesorías.

Tan sólo la encuestadora electoral Buendía & Laredo SC facturó y cobró 3 millones 4 mil pesos, en números cerrados, durante 2009, cuando hubo elecciones para diputados federales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece la entonces gobernadora Amalia Dolores García Medina, arrasó en los cuatro distritos de la entidad.

Mientras tanto, al Grupo Borges SC se le pagaron 3 millones 650 mil pesos sin que exista claridad alguna respecto al tipo de asesoría que brindaba a la Contraloría Interna o alguna otra instancia oficial.

ICTAM Consultores y Constructores también aparece entre los beneficiarios –término asignado por la Secretaría de Finanzas–, y obtuvo 4 millones 452 mil pesos.

PricewaterhouseCoopers (Pwc), una empresa dedicada a la Auditoría, Impuestos, Servicios Legales y Consultoría, que en su página electrónica ofrece, además, un Centro Internacional de Negocios y tiene representaciones, por ejemplo, en Cancún y san Luis Potosí, obtuvo 2 millones 185 mil pesos del gobierno de Amalia García.

Ávalos Gutiérrez y Asociados vendió servicios por 2 millones 185 mil pesos, y a Blount Carrillo Juan Maurice, dedicado a la “comercialización de equipos para voz, datos, video y georeferenciación”, se le pagaron 4 millones 68 mil pesos, sólo durante el ejercicio fiscal 2009.

El Bufete de Consultoría Aplicada vendió servicios a la Contraloría Interna por un millón 150 mil pesos; TI Consulting por 2 millones 967 mil pesos, y Zona Zero SA de CV facturó 3 millones 628 mil pesos por consultoría en gobierno electrónico.

Esa compañía se ocupa del desarrollo de software, kioscos de servicios electrónicos, captura y aseguramiento de calidad de datos, digitalización de documentos y enlaces telemáticos.

Llama la atención, asimismo, que la Contraloría Interna haya hechos diversos pagos por una cifra total de un millón 966 mil pesos a Blanca Lilia Delgado López, quien hacía funciones de comisaria y mantiene el mismo puesto en la propia dependencia ahora encabezada por Guillermo Huizar Carranza.

No aparecen pagos, por ejemplo, a otras comisarias como Eva Lorena Santoyo de la Rosa y Juana María Ruiz Mayorga Esparza.