El caso Nisman

Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989, dirigido por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.

Hasta ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de la investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de que «habían muerto en combate» a pesar de las evidencias de su desaparición forzada.

En julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.

De acuerdo con Infojus Noticias de Argentina «el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien». Durante ese juicio por la llamada «conexión local», muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.

Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 000 dólares para que acusara a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Berajas, entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó destituido y procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.

«En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada» en la Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.

«Siempre hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño», reflexionó García Dietze.

En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias “Jaime”. Éste había sido desplazado de la Causa AMIA por ser parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.

La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar. Pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber producido, en los últimos 10 años, ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados, fue devuelto por falta de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición enviado a Londres contra el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.

Nisman y la Embajada de Estados Unidos

Durante 10 largos años, los expedientes que investigaba Nisman siguieron incorporando «informes basados en deducciones y armados» sin prueba real, imposibles de comprobar, que proveían la CIA y el Mossad, al igual que hicieron al proporcionar los falsos testigos.

En 2010, cuando se publicaron en Argentina una serie de cables secretos referidos al caso AMIA, del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por WikiLeaks, quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.

Estos descubrimientos no dieron lugar a tomar una medida clave, la de separar al fiscal de esta causa ya que no se puede ser “juez y parte”, como sucedía en su relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.

La pista iraní no lograba reunir pruebas concretas, pero sin duda favorecía los intereses geopolíticos de ambos países, que continúan intentando invadir Irán, enlazando esta situación con el anunciado plan imperial de un Oriente Medio ampliado, que significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en esa región en el siglo XX. Jamás la inteligencia estadounidense o israelí debieron haber participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.

En un despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadounidense en Buenos Aires, se especificaba: «Los oficiales de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación.»

Eso fue precisamente cuando el entonces juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y otros, como el magistrado Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.

Nisman no había informado de esa medida a la Embajada estadounidense como lo hacía normalmente. Otros cables de WikiLeaks demostraron que el fiscal de la Causa AMIA se había disculpado con los oficiales estadounidenses por no haber anticipado los pedidos de detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el periodista Guillermo O’Donell.

Ya en 2013, Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas del atentado de julio de 1994 se pronunciaban por un alejamiento de Nisman de la Causa AMIA. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron «la falta de compromiso de Nisman y la inacción en la causa», por considerarlo «funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad».

El Memorándum de Entendimiento con Irán es un verdadero documento de política exterior que podía sentar precedentes en la resolución de conflictos sin salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los jueces de la Causa AMIA pudieran ir a Teherán a indagar, ante la presencia de una Comisión de personalidades reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad, fuera la que fuera.

Al cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio de 2014, los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una vez más el esclarecimiento del hecho, sino que solicitaron formalmente que se apartara a Nisman del caso por «haber mostrado su total incapacidad para investigar en esta Causa», como denunció entonces Diana Malamud de Memoria Activa.

Irán siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mossad rechazaban toda posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a entregar a un grupo de funcionarios acusados sin que se presentaran las pruebas necesarias a la justicia de terceros países. Incluso surgió de Irán una propuesta de crear una Comisión mixta, argentina-iraní, para investigar el tema AMIA.

En Irán no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató de hallar un camino, que fue rechazado incomprensiblemente por el gobierno de Israel.

La DAIA y la AMIA, que habían apoyado en principio el Memorándum debieron plegarse al mandato israelí. La oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y surgieron jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era una aberración jurídica.

Irán quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie sabía es que, con base en falsas denuncias, convertirían este tema en una maniobra golpista contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la verdad, como se puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de las Naciones Unidas y en el propio Memorándum.

El 12 de enero de 2015, en plena Feria Judicial, e interrumpiendo un viaje que lo había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA decidió regresar imprevistamente a Argentina, según él mismo comunicó a las amistades más allegadas en un mensaje de WhatsApp.

Sólo 1 día después de llegar a Buenos Aires, Nisman anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta de la nación, el canciller, el diputado Andrés Larroque, dirigente del movimiento juvenil La Cámpora y contra 2 dirigentes sociales, Luis D’Elía y Fernando Esteche, por intento de presunto encubrimiento de los iraníes acusados mediante un pacto secreto con Irán por «intercambios comerciales», un pacto que nunca existió,.

Trama de guerra sucia

El 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto, como se conoce, en su departamento. Y la rigurosa investigación fiscal continúa para no dejar ningún espacio de duda en su conclusión final.

La Feria Judicial permitía a Nisman elegir el juez, y buscó a Ariel Lijo, quien lleva causas creadas contra funcionarios gubernamentales por denuncias basadas en informaciones periodísticas y sin pruebas. El 14 de enero Nisman presentó la denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar pruebas de sus incriminaciones, pero tampoco nada sobre el atentado que mató a 85 personas en 1994.

De inmediato la dirigencia opositora salió a respaldarlo, porque esta noticia les permitía montar un ataque brutal contra el gobierno en año electoral.

Prometía Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta ahora) para justificar su acusación, y el 19 de enero iba a hablar de su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, citado por la oposición, aunque iba a asistir también el oficialismo, que pedía hacer público este evento, y no cerrado.

Las escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión opositor de conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la comunidad islámica jamás podrían ser pruebas de nada. Pero el 19 de enero, la muerte de Nisman conmocionaba al país, atrayendo la atención también fuera de Argentina.

En las declaraciones que hizo ante la fiscalía, la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona, España, con otra de las hijas del matrimonio, señaló que Nisman la llamó el 12 de enero desde el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, para decirle que debía regresar urgentemente a Buenos Aires porque su madre se iba a operar de un brazo y que luego iba a volver a Europa para continuar su viaje.

Arroyo Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman regresara con su hija a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en el aeropuerto para que su madre llegara a recogerla desde Barcelona.

Se agrega a esto que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman había mentido a su familia en un regreso muy apresurado.

Por eso la pregunta es:
 ¿Quién llamó a Nisman tan urgentemente para presentar una denuncia sólo 2 días después de su regreso, nada menos que contra la presidenta?

La fiscal que ahora investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, a todas luces bajo intensa presión, dijo que el occiso había comprado el pasaje de regreso del día 12 de enero desde el 31 de diciembre. Esto abre entonces otra interrogante:
 ¿Por qué envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos más cercanos, según transmitió la propia prensa opositora antes que la fiscal revelara la compra anticipada del boleto, de que tenía que regresar de forma intempestiva? ¿O era una trama ya urdida de antemano?

La incriminación fue la noticia bomba de comienzos de un año electoral y la diputada derechista Patricia Bullrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana, organizó rápidamente que Nisman explicara la denuncia a una Comisión del Congreso.

Bullrich, quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte, está vinculada a varias fundaciones estadounidenses en Argentina, y de la misma manera la diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los sectores más fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Argentina o cualquiera de los países claves en la integración latinoamericana.

El domingo 18 de enero por la tarde, el fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por su madre, llamada por dos custodios ante la falta de respuesta de éste. El departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, que tiene dos cerrojos; el de arriba, que podía abrir la madre, pero el de abajo tenía una llave trabada por dentro y debieron llamar al cerrajero para que la abriera.

El cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir la puerta del baño. Tenía un disparo en la cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22 estaban en el piso a su lado. Una imagen desoladora. Tenía 51 años. Y los primeros resultados de la autopsia realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos determinaron que «no habían intervenido terceros».

Toda la información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba un disparo sólo a poco más de 1 centímetro de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un suicidio. La muerte se clasificó como «dudosa» hasta que se terminen las pericias, algunas repetidas para que no queden dudas.

La presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter, nunca dijo que fuera un suicidio. Incluso lo puso en duda al escribir la palabra entre signos de interrogación. Y en su segunda carta sostuvo con mayor precisión que no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente por el gobierno, ya que en realidad es el gobierno el único afectado en este juego de servicios de inteligencia extranjeros y locales y de la oposición interna, mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones.

Desde Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta situación: le pusieron una emboscada a la presidenta argentina, dijo al denunciar los sucesos.

Es de un simplismo aterrador pensar que a un gobierno a cuya presidenta se acusa sin prueba alguna, con una denuncia tan deficiente que ni siquiera parece redactada por el fiscal, podría convenirle la trágica muerte de éste.

La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país, se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno. Los medios de comunicación y especialmente el Grupo Clarín, que se niega a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales que debe terminar con los nefastos monopolios mediáticos, comenzaron a especular confundiendo a la población, cautiva de ese enorme poder desinformador.

Es tal la intoxicación informativa, que nadie sabe distinguir entre el informe de la Fiscalía investigadora y los “juicios paralelos” que se escenifican en televisión.

Fue el gobierno el que insistió para que la reunión en el Congreso fuera pública, es decir, para que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir allí, lo que curiosamente la oposición rechazaba. Los legisladores del oficialismo desde el primer momento que Bullrich convocó la audiencia especial, afirmaron que concurrirían para interrogar profundamente al Fiscal con la determinación de llegar al fondo del asunto. La muerte del fiscal se lo impidió.

La muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por los medios de comunicación opositores y por toda la red de desinformación mundial al servicio del poder hegemónico, intentando responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras que se recuerde.

El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del Poder Judicial, una estructura decadente que nunca se democratizó, y por los medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios de inteligencia locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente, también por Estados Unidos e Israel.

El Estado israelí publicó en Estados Unidos un breve comunicado en la mañana del 19 de enero de 2015 sobre «la trágica circunstancia» de la muerte de Nisman, término que se utiliza para describir un suicidio; y el mismo día el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos –como está registrado– que «creían que era un suicidio» y que esa entidad estaba preocupada por el destino de la Causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo?

Siguiendo el lineamiento del Estado israelí, exhortaban a continuar con la Causa –como si alguien hubiera hablado de abandonarla– y además a llevar a la justicia a los culpables del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir –y esto no puede perderse de vista– mantener la acusación contra Irán, lo que significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con pistas y testigos falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?