La probable sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando culpable al estado mexicano de ocho feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin duda sentara un precedente en materia de justicia para las mujeres. Sin embargo, la impunidad atraviesa muchos niveles, no solo relacionados con la justicia institucional, sino con las condiciones que prevalecen en la sociedad como los estereotipos de género, la supremacía de lo masculino, la objetivación de las mujeres, que naturalizan la violencia de género haciéndola parte de la vida misma. Es necesario combatir las causas estructurales de la violencia feminicida sustentadas en el patriarcado institucional y social.
Militarización y violencia contra las mujeres en Chiapas.
La situación de frontera del estado de Chiapas, así como su ubicación geopolítica estratégica, han hecho que la militarización sea un fenómeno expandido desde hace muchos años. A raíz del levantamiento armado del EZLN las condiciones de militarización y paramilitarización se agudizaron, convirtiendo a Chiapas en un laboratorio de estrategias de contrainsurgencia. En los últimos diez años el gobierno mexicano elevó en un 50.5% su personal militar, situación que coincide con un incremento en las insurrecciones populares, particularmente el alzamiento zapatista. En la actualidad se considera que el número de efectivos militares en Chiapas oscila entre los 25 mil y 30 mil.
Las consecuencias de la militarización para la vida de las mujeres son variadas y complejas. La militarización ocasiona un aumento persistente de la prostitución en los alrededores de las bases militares, que coloca a las mujeres en una situación de estigmatización y descrédito en sus comunidades. Además las somete a infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH. Estos contextos aumentan las tensiones sociales, comunitarias y familiares, traduciéndose en un incremento de la violencia intrafamiliar y doméstica. El círculo militarización-violencia-narcotráfico coloca a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad particulares. Los tejidos sociales y familiares se destruyen; las mujeres ya no salen de sus casas por temor y en muchas ocasiones enfrentan solas la presencia militar en sus comunidades. Los niños y las niñas dejan de ir a la escuela, las milpas dejan de sembrarse, la pobreza se agrava, el alcoholismo aumenta.
La violencia contra las mujeres en contextos de militarización, en tanto táctica de guerra, se exacerba. Desde el inicio del conflicto armado en 1994 los casos de violaciones sexuales, torturas y hostigamientos contra las mujeres aumentaron en un 50%. La violencia sexual en sí, es un modo de tortura para socavar y someter a las mujeres del enemigo; es una forma para intimidar, presionar, amenazar y humillar a la víctima por su condición de género. Es también un método de castigo para unas y de advertencia para otras. La militarización tiene políticas de género, la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra y el cuerpo de las mujeres como botín son parte de ello.
De los casos documentados en Chiapas de violencia contra las mujeres ejercida por militares, existe un caso que ha alcanzado connotación internacional. El 4 de junio de 1994 elementos del ejército detuvieron arbitrariamente a Ana, Beatriz y Celia González, en ese momento de 20, 18 y 16 años, respectivamente, y a su madre, Delia, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Las tres hermanas tzeltales fueron llevadas a una vivienda dónde los soldados las golpearon y violaron en reiteradas ocasiones, mientras las forzaban a confesar que eran integrantes del EZLN. Un examen médico demostró que las tres mujeres habían sido víctimas de abuso sexual y que habían sufrido graves daños físicos y psicológicos. Las hermanas González denunciaron los hechos ante la PGR, quién se declaró incompetente para investigar el caso y lo remitió al ministerio público militar. Las autoridades militares cerraron el caso en septiembre de 1995. Las hermanas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó, en 2001, la responsabilidad del estado mexicano por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, emitiendo una recomendación en el sentido de garantizar una investigación imparcial y efectiva para determinar responsabilidades y que el caso se turnara a la justicia civil. Sin embargo, más de ocho años después, el proceso sigue en manos de la Procuraduría de Justicia Militar, reproduciendo la impunidad característica de estos juicios.
Sabina Patricia tenía 24 años. Estudiaba el 7º semestre de economía en la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas. Después de años de sufrir violencia doméstica, decidió abandonar el hogar conyugal con su hijo de cinco años. Fue asesinada el 2 de abril de 2008 por su concubino, Moisés Alfaro, un militar apostado en Rancho Nuevo, en venganza porque Sabina estaba decidida a no volver a la vida de violencia que le ofrecía. La transgresión le costó la vida. Un hombre acomplejado y temeroso de perder el poder masculino que le otorga el sistema patriarcal sobre la vida de una mujer, "su" mujer, cegó su vida.
El 26 de agosto de este año, el feminicida fue condenado a 32 años de prisión, en una sentencia sin precedentes para un militar. La sentencia del caso de Sabina no es una concesión del sistema de justicia. Es resultado de la presión, de la denuncia, de la visibilización y seguimiento del caso por parte de grupos feministas y organizaciones de mujeres en la lucha por el derecho a una vida libre de violencia y la justicia para las mujeres.
Chiapas ocupa el séptimo lugar nacional en feminicidios. La Fiscalía General del Estado (actual Ministerio de Justicia) registró en el período de 1994 a 2004, 612 casos, contrastando con las cifras de la Comisión Especial del Feminicidio que documentó tan solo de 2002 a 2004, 1456 mujeres asesinadas.(7) En los últimos tres años hemos conocido varios casos de mujeres asesinadas en Chiapas, situación que en lo que va de este año se ha agravado. Existen reportes de al menos 40 mujeres desaparecidas y 6 asesinadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Las desaparecidas tienen características físicas similares cuyas edades oscilan entre los 14 y 23 años. Todas salieron de sus casas rumbo a sus trabajos y escuelas y nunca llegaron a su destino.
Las historias se mantienen invisibilizadas ante la naturalidad de "una más". Se ha perdido el referente de normalidad, de asombro y de responsabilidad social. Los prejuicios, los estigmas, el silencio cómplice, colocan en las mujeres la carga simbólica de la responsabilidad de la propia violencia que padecemos.
Patriarcado y militarización
Es preciso entender el patriarcado como un sistema de dominación que tiene como finalidad el control de la vida de las mujeres, en especial sobre su cuerpo y su identidad. La militarización reproduce y refuerza la dominación patriarcal; es la representación máxima de poder masculino para vejar, humillar y subordinar. El patriarcado y la militarización se encuentran en el cruce dónde es difícil distinguir si la militarización es expresión del patriarcado o el patriarcado sostiene a la militarización. O ambas. Es una simbiosis, se alimentan mutuamente porque se necesitan la una al otro para detentar la supremacía, ejercer el poder y mediatizar a la población por medio del control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
Los casos de violencia contra las mujeres ejercida por militares no son hechos del pasado. La violencia sexual como arma para derrotar al enemigo, como método de presión para la obtención de información, como un medio para castigar y escarmentar a las mujeres por su trabajo político y como mecanismo de coacción para forzarlas a que regresen a su lugar "natural" en el espacio privado, son situaciones tan presentes como la realidad militarista que vivimos. Son muestras fehacientes de la misoginia y del patriarcado.
El proteccionismo de estado bajo la figura del fuero militar es un factor determinante en la falta de acceso a la justicia para las mujeres violentadas y asesinadas por militares. Ante la incompetencia y la subordinación de los juzgados civiles, los casos se remiten a los tribunales militares que se instituyen en juez y parte, protegiendo la institucionalidad militar y garantizando la impunidad. Es necesaria la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones cometidas por militares sean juzgadas por el fuero civil.
Los abusos y la violencia practicada por los militares son una forma de ejercicio del poder, una manifestación de superioridad, de autoritarismo, de jerarquía. El sistema patriarcal asegura un aprendizaje social dónde el derecho de "propiedad" sobre las mujeres, afirma las prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y profundiza las desigualdades entre los géneros, haciendo accesible el cuerpo de las mujeres, mismo que se transforma en campo de batalla y botín de guerra. Una guerra misógina y sexista para el control de nuestras voluntades. Llámese militar asesino, llámese policía violador, llámese "compañero" hostigando compañeras. Lo que está de fondo es similar: el ejercicio del poder y la cosificación de las mujeres. Las connotaciones y los métodos son distintos, pero el poder patriarcal es el mismo. Es una responsabilidad feminista nombrarlos y recordarlos cuántas veces sea necesario.
Ante la violencia las mujeres reaccionamos de distintas maneras. Las mujeres que han sido violadas sexualmente pasan por la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia. A causa de los sistemas de justicia patriarcales pocas mujeres denuncian y quiénes lo hacen tienen que enfrentarse al descrédito y a la humillación, en procesos realmente desgastantes. Las mujeres que hemos sido atacadas en las calles cambiamos nuestras rutas, nos adaptamos a la violencia. Somos nosotras quiénes tenemos que conceder los espacios, los modos, los tiempos. Las mujeres violentadas por "compañeros" de organizaciones civiles, de movimientos sociales, deben ser "comprensivas"... el "compañero" que viola, que hostiga, que grita, no es igual a un militar que violenta. Quiénes se atreven a sugerirnos que debemos perdonar y olvidar son aquellos que nunca, por su condición y situación de género, serán violados por militares, hostigados en la calle, violentados en sus organizaciones. Nunca porque el poder patriarcal, con todos sus privilegios, les permite posicionarse de esta manera.
En 2004, varios grupos de mujeres y colectivas feministas elaboraron un posicionamiento político frente a la violencia contra las mujeres en Chiapas. En el documento afirman que "con el ejercicio de la violencia los hombres nos imponen su poder limitando e impidiendo el desarrollo de nuestras potencialidades, buscando así resolver sus propias inseguridades".(8) Tan actual por ser estructural. Si entendemos el fenómeno de la militarización como mucho más que efectivos militares en las calles, si lo asumimos en un sentido amplio que hace referencia al control, a la obediencia, a la sumisión, la criminalización del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe ser considerada una expresión de poder y control militarista, en tanto vulnera la libertad y la libre determinación de las mujeres.
Es momento de construir nuevas formas para el ejercicio de nuestros derechos, de ensayar estrategias para el empoderamiento de las mujeres.
Nadie más que nosotras puede tomar en sus manos el destino y la justicia para nuestras vidas. La libertad de decisión, la vida libre de violencia, la libertad de conciencia, constituye la defensa de nuestras libertades como derechos humanos fundamentales y necesarios. Derechos que residen en la autodeterminación de nuestras vidas y que las mujeres no estamos dispuestas a ceder.
"A ocho años no hay justicia y hay muchas mujeres que han sufrido violaciones sexuales por los militares pero no denuncian por miedo, por vergüenza, por rechazo de la familia y la comunidad, cuándo son casadas son dejadas por su esposo como en mi caso. Yo les digo a las mujeres que no tengan miedo, que rompan la cadena de sufrimiento, que luchen...
Tengan valor, sabemos que no es fácil, pero hay muchas mujeres que nos quieren y nos apoyan como en mi caso. No estamos solas, estamos con muchas mujeres más. Me quitaron muchas cosas pero la dignidad nadie me la quita" (Valentina Rosendo, 3 de octubre de 2009)
Notas:
1. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A.C.: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón; México, D.F., enero de 2009:
http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf2. Periódico La Jornada del Viernes 24 de julio de 2009, p.8: "Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército" de Gustavo Castillo García:
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=008n1pol3. Periódico La Jornada del jueves 19 de noviembre de 2009: "Habrá menos recursos para seguridad pública y la Sedena", de Gustavo Castillo García:
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/19/index.php?section=politica&article=006n1pol4. Entrevista a Valentina Rosendo realizada por Marissa Revilla el 3 de octubre de 2009.
5. Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, noviembre 2008.
6. Comunicación e Información de la Mujer, 11 de noviembre de 2009: "Mujeres de negro exigen detener violencia feminicida"
http://www.cimacnoticias.com/site/09111111-Mujeres-de-Negro-ex.39974.0.html7. El Feminicidio en México y Guatemala. Informe Misión Internacional de Investigación, Federación Internacional de los Derechos Humanos, abril 2006, pp. 20.
8. "Documento de posicionamiento político frente a la violencia contra las mujeres en San Cristóbal de las Casas", en Olivera, Mercedes (coordinadora), Violencia Feminicida en Chiapas, UNICACH, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, México, 2008, pp. 451-471.
Norma Iris Cacho Niño pertenece al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
Norma Iris Cacho Niño
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