El Congreso español suspende a los 4 diputados independentistas catalanes presos
Publicado: 24 may 2019 11:50 GMT | Última actualización: 24 may 2019 12:34 GMT
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos, después de recibir un informe de los letrados del Congreso.
El acuerdo ha llegado 24 horas después de que la presidenta del órgano, la socialista Meritxell Batet, solicitase a los letrados de la Cámara un informe, que le ha sido entregado la mañana de este mismo viernes y en que se abogaba por una suspensión inmediata.
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos de derechos, sueldo y funciones, después de recibir un informe de los letrados de las Cortes.
Dos días antes de las elecciones y en la antesala de la investidura
Esta medida llega dos días antes de que se celebren en España las elecciones europeas, autonómicas y municipales. También se produce en los días previos a que comiencen las negociaciones de los partidos políticos y la ronda de consultas del rey Felipe VI con los portavoces de los grupos parlamentarios previa a la investidura del presidente del Gobierno.
La ausencia de estos cuatro diputados podría hacer variar la aritmética parlamentariay facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, que fue el ganador de los comicios celebrados el 28 de abril, pero que necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para volver a dirigir el Ejecutivo.
MADRID (Sputnik) — El presidente catalán, Quim Torra, afirmó en el aniversario de la convocatoria ilegal del referéndum soberanista del pasado 1 de octubre de 2017, que su compromiso es avanzar a una República catalana.
"El Gobierno se compromete a avanzar sin excusas para que la república catalana sea una realidad", afirmó el mandatario en el acto institucional celebrado por el segundo aniversario del referéndum bajo el título 'Compromís del Primer d'Octubre' (Compromiso del Primero de Octubre).
En el acto, en el que además de Torra estaba el vicepresidente Pere Aragonès y otros miembros del Ejecutivo, afirmaron que vendrán "momentos difíciles y de desafíos" pero el camino a la república "es inevitable".
Además, insistieron en que mantendrán "el compromiso con el derecho de autodeterminación".
"El Gobierno se compromete con la radicalidad democrática, con el derecho a la autodeterminación, el diálogo, la cohesión social y el respeto escrupuloso a los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades colectivas", afirmó el mandatario.
En el aniversario de este referéndum también estuvieron muy presentes los líderes independentistas que se encuentra en prisión.
"Persistiremos hasta conseguir la libertad de los presos políticos y el retorno de las personas exiliadas", argumentó.
Entre las personas que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi dos años destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.
El resto de los enjuiciados son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de plataformas civiles —ANC y Ómnium, respectivamente— encargadas de liderar la movilización del independentismo en las calles.
En el discurso, los mandatarios independentistas recordaron aquel 1 de octubre de 2017, cuando la consulta soberanista, anulada por el Tribunal Constitucional, se convirtió en un jaque a la justicia española, que terminó con cargas policiales.
"Aquel día la sociedad catalana se apoderó y plantó cara a la barbarie. Dos millones trescientos mil ciudadanos fueron a votar y defendieron las urnas. La sociedad catalana las defendió asumiendo todas las consecuencias, siendo golpeados y agredidos por las fuerzas enviadas por el Gobierno español", rezaba el texto leído en el acto.
La cuestión de Cataluña será el epicentro de la campaña electoral para las elecciones del próximo 10 de noviembre, dado que además del aniversario de la consulta, la sentencia de los líderes independentistas que se encuentran en prisión provisional se conocerá a mediados de octubre.
El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición
Publicado: 14 oct 2019 07:32 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 12:43 GMT
La mayor sentencia ha recaído sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación.
El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el 'procés'. Otros tres acusados, que no entraran en prisión al ser condenados solo por el delito de desobediencia, están obligados a abonar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros.La mayor sentencia ha recaído sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de òmnium Cultural, y Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.
La pena impuesta a Santi Villa, Mertixell Borràs y Carlés Mundó consiste en 10 meses de multa y 18 meses de inhabilitación por el delito de desobediencia.
El tribunal, en su auto, concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles" para alcanzar la independencia. Además, considera probada la existencia de violencia durante el proceso, aunque no la suficiente como para acreditar un delito de rebelión, lo que hubiese aumentado las penas considerablemente. En este sentido, el fallo subraya que los hechos de violencia puntual que se produjeron tuvieron "absoluta insuficiencia" para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".
Importantes ausencias
Siete personas acusadas en este proceso no han sido juzgadas, por encontrarse fuera de España huidos de la Justicia. Entre ellas está Carles Puigdemont, que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat en el momento en que se produjeron los hechos juzgados.
También huyeron otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán de aquel periodo (Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig) y las dos diputadas independentistas Anna Gabriel y Marta Rovira, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Esquérra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente.
Manifestaciones de protesta
Las esperadas manifestaciones de protesta han comenzado a tener lugar esta mañana y se cree que continuarán a lo largo del día.
La sección de Cataluña del sindicato CC.OO. ha realizado una "convocatoria de rechazo a la sentencia" a las 13.30 horas en Barcelona. También en la capital de Cataluña, los estudiantes universitarios han salido de sus respectivas facultados con la intención de reunirse a las 12 en el centro de la ciudad. Además, manifestantes han cortado varias vías del centro de la urbe generando problemas de tráfico, mientras que algunos grupos se han concentrado ante las Consejerías que estaban bajo el mando de los condenados.
Reacciones
El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios, ha dicho que "nadie está por encima de la ley" y que "en una democracia nadie es juzgado por sus ideas", "sino por delitos". Además, Sánchez se ha felicitado de que el proceso judicial se haya desarrollado con "plenas garantías y absoluta transparencia". "Como corresponde a un Estado democrático y de Derecho, como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento", ha especificado el presidente, lo que podría ser un guiño para desmentir los rumores sobre su intención de indultar a los condenados.
Por su parte, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana" y que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas", a "cien años en conjunto". Torra ha exigido las liberación de los "presos políticos" y la amnistía par los políticos autoexiliados y "todas las personas represaliadas".
"La sociedad catalana sabrá responder a esta ignominia de la manera que siempre se ha expresado: con determinación, serenidad, firmeza y civismo. Con el sentido democrático y pacífico que nos caracteriza", ha aseverado el presidente catalán durante su discurso.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido uno de los primeros políticos en comentar la sentencia del Tribunal Supremo. "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a su lado y al de sus familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña", ha comentado en su cuenta de Twitter.
"Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. Gracias a todos y persistir porque nosotros persistiremos siempre, siempre!", ha afirmado por su parte Junqueras desde la prisión en la que se encuentra.
También la entonces presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, ha comentado la sentencia desde prisión. "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allí donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!", ha denunciado.
Historia del 'procés'
El proceso independentista Catalán y el posterior juicio a sus líderes han intensificado considerablemente el debate público en España sobre la integridad territorial de la nación y han azuzado la confrontación política entre los diversos partidos. De hecho, la postura de cada formación respecto a la crisis catalana ha constituido en cada caso un elemento primordial en sus respectivas propuestas electorales de cara a los diversos comicios que se han celebrado desde que estalló la crisis.
A pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió el referéndum de 2017 varias semanas antes de su celebración, las autoridades catalanas, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, decidieron celebrar una multitudinaria consulta en la que participaron, según los propios organizadores, algo más de dos millones de personas. De ellos, más del 90% habría votado que sí, siempre según el escrutinio del propio Ejecutivo catalán que lo impulsó, ya que el plebiscito no contó con supervisión externa ni con validación internacional de ningún tipo.
En cualquier caso, los dirigentes del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico dieron validez a los resultados, interpretándolos como un mandato de la ciudadanía, y procedieron a proclamar la independencia de la república catalana en el Parlamento de la región. Entre sus argumentos siempre figuró también el hecho de que en su programa electoral, votado mayoritariamente en Cataluña, ya figuraba un proyecto soberanista cuyo fin era la proclamación de un Estado independiente, por lo que su tarea como Ejecutivo incluía esta hoja de ruta.
La respuesta del Gobierno Central, con Mariano Rajoy (Partido Popular) al frente fue expeditiva, y no exenta de polémica: aplicó el artículo 155 de la Constitución Española (poniendo en marcha un mecanismo por el que el Estado suspendía la autonomía de Cataluña y se hacía cargo provisionalmente de la gestión de la región); destituyó al Gobierno de Puigdemont en bloque, y convocó elecciones que se celebrarían dos meses después.
En paralelo, la Justicia encausó a los responsables del proceso independentista, y llevó a cabo una severa instrucción judicial a cargo del Juez Pablo Llarena, centrada, principalmente, en dilucidar si los acusados habían instrumentalizado la violencia (y el dinero público) para la obtención de sus objetivos soberanistas. Una vez terminada la fase de instrucción, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa, en este juicio que ya es parte importante de la historia política de España.
Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia.
Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.
Una condena contraria a los valores democráticos
La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.
"La sentencia ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Una condena perversa
La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.
Beneficios de la condena 'salomónica'
En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:
El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.
"Una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.
En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir.
Una condena contradictoria
La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho.
Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.
Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española
Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es.
El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.
Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.
A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.
Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.
Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
Manifestantes bloqueando la entrada al aeropuerto protestando por la sentencia sobre el 'procés'. Barcelona, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Tras conocerse este lunes la sentencia sobre el proceso independentista catalán, las protestas se suceden en la región. El incidente más importante de la jornada ha tenido lugar en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se han producido enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña).
Así, a lo largo de la mañan, ha habido un desplazamiento masivo de personas hacia el aeropuerto barcelonés tras el llamamiento realizado por Tsunami Democràtic, un movimiento nacido para protestar por las condenas a los líderes independentistas, que pedía concentrarse en la terminal 1 del aeropuerto para parar la actividad de la instalación.
Los manifestantes comenzaron a desplazarse a pie, en tren y por carretera, mientras el aeropuerto se encuentra vigilado por más de un centenar de agentes antidisturbios de los Mossos y la Policía Nacional, que vigilan todos los accesos posibles a la infraestructura.
Los Mossos reteniendo a uno de los manifestantes, aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Josep Lago / AFP
La Policía ha ordenado suspender los accesos por transporte público y mantiene dispositivos de control en varias carreteras que han quedado colapsadas. Además, Renfe –la operadora ferroviaria– ha anunciado que ha suprimido los servicios de Cercanías R2 Norte, posteriormente restablecida, y la línea 8 del metro de Barcelona.
Manifestantes bloquean el acceso en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Por otro lado, a lo largo de la mañana diversos grupos han cortado carreteras en distintos puntos de Cataluña. En Barcelona, el Ayuntamiento calcula que sobre las 13 horas (local) unas 25.000 personas estaban en las calles protestando por la sentencia del Tribunal Supremo.
Policía en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Emilio Morenatti / AP
Las marchas han bloqueado diversas vías en la capital catalana, colapsando el tráfico de la zona centro. Asimismo, miles de estudiantes han salido desde sus respectivas facultades para dirigirse al centro de la ciudad al mediodía.
Los manifestantes protestan contra el fallo del Tribunal Supremo, hecho público este mismo lunes, por el que 9 de los 12 líderes independentistas encausados han sido condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años. Los otros tres condenados han sido multados e inhabilitados políticamente durante 18 meses. Todos han sido juzgados por la celebración del referéndum de autodeterminaciónunilateral de octubre de 2017 y la posterior proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.
Presidente de Cataluña, sobre la sentencia del 'procés': "Es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana"
Publicado: 14 oct 2019 09:59 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 11:58 GMT
El Tribunal Supremo ha hecho pública su sentencia, en la que condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión por un delito de sedición.
El presidente catalán Quim Torra valorando la sentencia sobre el proceso soberanista. Palacio de la Generalitat, Barcelona, 14 de octubre 2019.
Rafael Marchante / Reuters
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, ha comparecido ante los medios este lunes después de conocer la sentencia sobre el proceso de independencia de Cataluña. Desde el Palacio de la Generalitat, acompañado de los miembros de su Gobierno, Torra ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana".
El presidente ha comenzado su discurso afirmando que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas". Tras repasar los nombres de cada uno de los sentenciados, ha considerado que han sido condenados a "cien años en conjunto" unas personas "estrictamente democráticas y absolutamente pacíficas".
Torra ha dicho que los líderes en prisión "han cumplido lo que los ciudadanos desean, la petición de independencia como ejercicio democrático", y que un Estado debe basar "la convivencia entre sus ciudadanos en la voluntad popular". Asimismo, ha sostenido que "toda la sociedad catalana sabe lo que pasó el 1 de octubre –fecha de celebración del referéndum de Cataluña– y recuerda emocionada cómo se va a rechazar de forma colectiva lo que fue un ataque injustificado y nada humanitario de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad española".
Además, en su discurso, el mandatario catalán ha afirmado que "se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y, por extensión, los de todos aquellos catalanes a los que representaban", por lo que entiende "que las acusaciones que se han hecho y la sentencia que se ha dictado son extensivas a millones de catalanes"
Finalmente, Torra ha reclamado: "Exigimos el fin de la represión y la liberación de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía para todas las personas represaliadas".
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