Un día como el de hoy, pero del año 1986, fue dictada, en tiempo record, la norma llamada de “Punto Final”, pese a que 4 días antes, cien mil personas habían protagonizado una marcha exigiendo que el proyecto no fuera aprobado. Junto a la “Ley de Caducidad” uruguaya, la “Ley de amnistía” chilena, y normas similares creadas en otros países del Cono Sur que habían emergido de largas dictaduras, la Argentina no escaparía a los intereses imperiales de preservar el aparato conspirativo-represivo en el continente. La “Ley de Punto Final” estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el Terrorismo de Estado y a lograr la impunidad de quienes no habían sido citados en el plazo que el texto legal estipulaba. Tiempo antes, en protesta a las citaciones judiciales de miembros de las Fuerzas Armadas, el Presidente Alfonsín, había sufrido varias rebeliones militares. Convencido de que estaba “salvando a la Democracia”, pensó que la aprobación de la vergonzosa Ley, le traería tranquilidad y oxígeno a su gobierno al interrumpir cientos de juicios contra muchos represores. En realidad, la Ley 23.492, se oponía a principios jurídicos reconocidos universalmente, impidiendo el castigo a los autores de crímenes de lesa humanidad. Aunque la Ley de Punto Final sobrevivirá un tiempo, terminará siendo anulada por el Parlamento durante el 2003. Y dos años más tarde, será declarada inconstitucional por la Corte Suprema.