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No nos sorprende, no podría hacerlo, que el gobierno esté quitando pensiones no contributivas entregadas a personas con discapacidad. Es que hace rato dejó de ser una novedad que el gobierno de Mauricio Macri atropelle a los sectores más vulnerables y débiles. Sí es más novedoso que el neoliberalismo que el Presidente encarna se despoje de todo disfraz de republicanismo y se dedique a violar sistemáticamente la ley.
Porque las pensiones que el gobierno ha decidido suprimir están amparadas por la ley. La reforma del 94 da rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Y la ley 26.378 aprobó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas. En virtud de lo que ella dispone, los Estados Parte se obligan a impulsar y sostener todas las políticas necesarias para garantizar a esas personas el acceso efectivo a todos sus derechos y a la mayor calidad de vida posible.
Es decir que no estamos en presencia de una laguna legal, sino de una expresa voluntad política de reducir el déficit fiscal a costa de los más vulnerables, con absoluto desprecio de lo que manda la ley.
Macri invoca un viejo decreto de 1997, que establece una ayuda asistencial solo en casos de extrema indigencia. Ese decreto se sancionó en un contexto de fuertes recortes sociales, pero nunca se aplicó. La derecha que encabeza Macri, entonces, está dispuesta a ser todavía más despiadada que la derecha de los noventa, lo que lleva a presagiar un futuro catastrófico si no se la para a tiempo.
La Argentina ha vivido recientemente años de expansión de derechos, los de los gobiernos kirchneristas, con un Estado que intervenía en la vida colectiva a favor del pueblo. Tal vez por eso resulte particularmente intolerable la acción de un Estado tan dócil frente a los poderosos, y tan insensiblemente cruel con los más necesitados de nuestra sociedad.
