La Crónica de Guadalajara | Sociedad

Múgica explica hoy en el Senado lo que sabe sobre el maltrato en centros de menores Redacción 17/02/2009 El informe que auspició como Defensor del Pueblo provocó una auténtica conmoción, con los establecimientos de la azudense OBelén en su epicentro. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comparece hoy en el Senado ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para explicar el informe elaborado por esta institución en el que se denuncian malos tratos a jóvenes con problemas de inadaptación social y familiar en "muchos" centros de menores.   En la investigación, hecha pública el pasado dos de febrero, el Defensor del Pueblo asegura que muchos de estos tipos de centros vulneran los derechos de los menores, en los que se les maniata, se les prohíbe la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de medidas educativas creativas o medidas correctoras. El texto revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración. A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. Asimismo, la institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de salas de agitación o de reflexión con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores. Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores. REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe, destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y que se preste especial atención al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre los casos de malos tratos. Además, IU solicitó un modificación en la Ley del Menor para que se garantice que este tipo de centros "son públicos con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales". Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó hoy que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la Consejera regional de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, "parecía que estaban contando Alicia en el país de las maravillas".

Múgica se refiere concretamente a la comparecencia en la que negaron las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad que había denunciado un informe de la institución.

   "Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. Más parecía que estaban contando Alicia en el país de las maravillas, apuntó Múgica.

   En declaraciones a los medios previas a su intervención ante la Comisión Mixta del Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo, Múgica explicó que este informe recoge el resultado de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España, con "conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras", porque se han encontrado establecimientos donde "los menores no reciben el tratamiento que debieran".

   El trabajo, presentado hoy ante el Senado, fue difundido a principios del mes de febrero y destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados". Según declaró el propio Múgica ante la Comisión Mixta, se trata de "un aguafuerte: un claroscuro sobre la situación de los menores que están ingresados en centros de acogimiento residencial".

   "Hemos examinado de cerca un sistema que no está dando los frutos esperados, un sistema cuya financiación supone además un cuantioso esfuerzo económico para la administración y para la ciudadanía (3.810 euros de media mensual por cada menor) un sistema abandonado a la inercia de unos poderes públicos que incumplen a veces sus funciones de vigilancia y tutela, que no garantiza suficientemente los derechos de los menores y que, en ocasiones, incluso les aplica tratamientos que no son los más adecuados a sus necesidades", denunció.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

   Durante su comparecencia, el Defensor incidió en que la intención del estudio no es "señalar con el dedo" sino "abrir un debate" sobre la protección de estos jóvenes y contestó a algunas de las críticas suscitadas tras su publicación. Así, defendió la metodología empleada, basada en entrevistas con los jóvenes, porque también "se ha escuchado a los directores de los centros y por supuesto a los educadores".

   Asimismo, incidió en que la Oficina del Defensor no sólo ha basado sus pesquisas en las denuncias de los jóvenes internados, sino también en las quejas de sus familias y de educadores "que trabajan o trabajaron" en estos centros de menores y que acusaron "irregularidades e incluso vulneraciones de derechos que se estaban cometiendo, tales como prohibir a los menores la asistencia al centro educativo, administrarles medicación sin ajustarse a las prescripciones de la ley reguladora de la autonomía del paciente o imponerles, como castigo, determinadas medidas de contención o aislamiento".

   En cuanto a la publicación en los medios de comunicación del contenido íntegro del informe dos semanas antes de la presentación oficial ante el Senado, el el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar, que se ocupó de la réplica a los grupos parlamentarios, negó que hubiera filtraciones y explicó que la institución "no puede controlar" ni el registro público del Congreso donde se introdujo el informe, ni las copias enviadas a diputados, ministerios, consejeros y fiscalía.

SIN HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO

   En este sentido, la portavoz popular en la Comisión Mixta, Begoña Contreras, criticó la difusión pública de este informe que tildó de "desolador" y preguntó al Defensor por qué no se habían puesto antes en conocimiento de la fiscalía algunas de las irregularidades señaladas. Según Aguilar, no se acudió a la Justicia antes porque no había hechos "constitutivos de delito", aunque sí indicios "preocupantes" de que "algo estaba ocurriendo". "Si hubiésemos visto el maltrato, habríamos acudido directamente a la Fiscalía General del Estado", aseguró.

   El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Heredia, puso el acento en la necesidad de apostar por un modelo de acogimiento familiar en lugar de los centros de acogida y expresó su preocupación por el grado de generalización de medidas como la contención mecánica y el aislamiento, lo que según la Oficina del Defensor del Pueblo no ocurre en todos los centros, porque las prácticas son diversas y los modelos difícilmente homologables entre sí.

   De parte de IU, Gaspar Llamazares, señaló la "privatización descarada de un sistema tan delicado" como el de la protección del menor y apuntó que "si nadie se plantea la privatización del sistema penitenciario, cómo es posible que se haya privatizado la protección de menores".

   En su opinión, es necesario un cambio de modelo para la atención de los jóvenes que tienen problemas de conducta, posición en la que coincidió el senador del Grupo Mixto Pedro Torres, quien además cuestionó la legalidad de las medidas de contención reflejadas en el informe y la medicación sin consentimiento del menor que según el texto se está aplicando en algunos centros.

   Por último, la vocal de CiU en la Comisión Mixta, Montserrat Surroca, incidió en que se debe "reflexionar porque las luces y sombras que recoge el informe deben contextualizarse" dado que describe "situaciones muy complejas". No obstante, felicitó al Defensor pro el trabajo realizado, igual que el portavoz de Entesa, Josep María Batlle, quien definió el informe como "riguroso, serio y valiente".

 

Colocan ante las Cortes trece lápidas de niños muertos en centros de menores

EFE - 23/05/2009 18 : 59

24 horas de solidaridad con los niños y las niñas encerradas. 13 MUERTOS EN CENTROS DE MENORES

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