El virtual presidente electo de México declaró que esa decisión es una muestra de su política de austeridad.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al salir de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 9 de julio de 2018.
Moises Castillo / AP
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Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció este miércoles que cancelará el contrato de compra de los ocho helicópteros MH60R de combate, de la empresa Lockheed Martin, que el actual gobierno pretendía adquirir de Estados Unidos.
A pesar de que la venta de las aeronaves ya fue autorizado por la administración de Donald Trump, López Obrador dijo que la anulación del acuerdo es una muestra de la política de austeridad que pondrá en marcha cuando inicie su gobierno, ya que la adquisición representaría un gasto de 1.200 millones dólares.
En una conferencia de prensa, el político tabasqueño señaló: "Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto", informó AP.
El Departamento de Estado estadounidense aprobó en abril pasado la venta de los ocho helicópteros de combate, que tendrían por objetivo combatir al crimen organizado y ayudarían a mejorar la seguridad del país vecino.
Las declaraciones de López Obrador ocurren a días de que se reúna en su casa de campaña, en la Ciudad de México, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.
Durante su campaña electoral, López Obrador criticó la compra de equipo militar, al tiempo que insistió en que la postura que se precisa no es la carrera armamentística sino la paz.
Marcelo Ebrard, propuesto a la Cancillería de México: Un arma de doble filo para enfrentar a Trump
Publicado: 12 jul 2018 19:34 GMT
En la pasada campaña electoral estadounidense, Ebrard viajó a EE.UU. para apoyar la campaña electoral de Hillary Clinton.
El presidente electo mexicano, López Obrador, con Marcelo Ebrard, propuesto como canciller. Ciudad de México, 1 de febrero de 2018.
Ginnette Riquelme / Reuters
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El vínculo con Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York
La designación de Ebrard como próximo canciller de México representa un arma de doble filo para hacer frente a la Administración estadounidense. Por una parte, en su deseo de enviar señales de confianza al presidente Trump, AMLO tiene en contra suya el apoyo que Ebrard prestó a la candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton.
Por otra parte, sin embargo, desde hace varios años Marcelo Ebrard mantiene una relación cercana con Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York y hoy es abogado del ejecutivo estadounidense. Hay que recordar que cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard su secretario de Seguridad Pública, Giuliani fue invitado a la capital mexicana para brindar asesoría en materia de seguridad.
Si Ebrard saca provecho de su vínculo con Giuliani, el exalcalde de Nueva York bien pudiera convertirse en un aliado clave que contribuya a incrementar la confianza del presidente Donald Trump hacia López Obrador y su próximo Gobierno. Pero es solamente una posibilidad. El actual canciller de México, Luis Videgaray, tiene también una estrecha relación con una figura clave en el equipo de la Casa Blanca: el asesor y yerno del presidente Trump, Jared Kushner. A pesar de ello, hasta el momento Washington no ha dado demasiadas muestras de condescendencia hacia la Administración de Enrique Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador no solo ganó la elección presidencial: Morena, su partido, también barrió el país entero. Se abre, sin duda, una nueva época histórica. 30 millones de mexicanos, el 53 % de los electores, votamos por López Obrador, por la esperanza y por el cambio.
El tabasqueño duplicó la cantidad de votos recibidos por Vicente Fox en el año 2000 y dejó muy atrás tanto a Ricardo Anaya como a José Antonio Meade. López Obrador ganó en 31 de las 32 entidades federativas, desde Tijuana hasta Tapachula, desde Matamoros hasta Acapulco.
Solamente Guanajuato se quedó fuera de la enorme ola de rebelión ciudadana. En Tabasco, López Obrador recibió el 80 % de la votación; en Oaxaca, el 65 %; en Guerrero, el 63 %. También dos terceras partes de los votos desde el extranjero fueron para AMLO.
La coalición Juntos Haremos Historia contará con una clara mayoría, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. También ganó la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones locales en disputa, hasta en lugares tradicionalmente bajo un férreo control caciquil, como Hidalgo y el Estado de México.
Todo esto implica una enorme responsabilidad. El contundente mandato popular expresado en las urnas debe generar un Gobierno radicalmente diferente, cercano a la gente, comprometido con la justicia social, la democracia y los derechos humanos. No mentir, no robar y no traicionar: es el compromiso de López Obrador.
Tomemos la palabra al futuro presidente y reconstruyamos juntos la Nación. Con la participación de todos y todas, acabemos con la violencia, la corrupción y la pobreza.
México tiene una de las transiciones más largas en el mundo ya que pasan cinco meses entre el día de las votaciones y la toma de posesión del presidente electo. Históricamente, este periodo siempre ha sido complicado porque ve disminuir el poder del presidente en funciones mientras que el del presidente electo crece, aunque sin las facultades para poder ejercerlo. La cuestión se complejiza cuando hay no solo una alternancia sino un cambio de régimen. En un acto de responsabilidad, Enrique Peña Nieto y López Obrador se reunieron dos días después de las elecciones para mandar el mensaje de una transición ordenada y disminuir las incertidumbres.
El mensaje fue recibido satisfactoriamente pero también se percibió que el sexenio actual terminó y que ha comenzado el de López Obrador, dando la impresión que Peña Nieto es ya un mero administrador pero que las decisiones importantes ocurren lejos de la todavía residencia oficial de Los Pinos. De hecho, el encuentro se desarrolló en el Palacio Nacional, lugar donde se recibe a mandatarios extranjeros pero que no es el lugar de trabajo cotidiano del presidente en la actualidad. El mensaje y el simbolismo fueron claros.
Ampliamente conocido por desarrollar intensas jornadas de trabajo tanto en campaña como en el gobierno, López Obrador ya ha empezado reuniones con sus colaboradores y funcionarios electos para no perder tiempo en la transición y empezar a cumplir sus promesas de campaña desde ya. Aun sin tomar posesión, podemos decir que el gobierno de López Obrador ya arrancó. Y lo ha hecho fuerte. Lo primero ha sido participar en modificaciones al presupuesto de 2019 que ya refleje las medidas de austeridad prometidas en campaña.
En sus reuniones con diputados y senadores que inician actividades legislativas el 1 de septiembre, tres meses antes de la investidura presidencial, se ha buscado delinear la agenda legislativa con las acciones y leyes que deben ser abordadas y modificarse para que la siguiente administración ya cuente con el sello de López Obrador. Hay que recordar que MORENA, el partido de AMLO, cuenta con la mayoría necesaria en el legislativo para aprobar muchas modificaciones, a excepción de cambios en la Constitución que requieren ser aprobados en los congresos estatales.
Son doce las iniciativas prioritarias que López Obrador busca que se aprueben al principio de la siguiente legislatura. Entre las primeras iniciativas de ley está terminar con fueros y privilegios de los funcionarios, y como el buen juez por su casa empieza, esto incluye que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción (Art. 108). La corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible serán considerados delitos graves. También se ha propuesto establecer mecanismos de consulta para la revocación de mandato.
"Entre las primeras iniciativas de ley está terminar con fueros y privilegios de los funcionarios, y como el buen juez por su casa empieza, esto incluye que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción".Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Si la corrupción fue el sello de esta administración, el de la austeridad promete ser el del siguiente. López Obrador considera impulsar una ley reglamentaria para que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República (Art. 127), cuyo salario será la mitad de lo que actualmente percibe Peña Nieto. También se busca llevar a cabo cambios en leyes, reglamentos y decretos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Cabe señalar que estos ajustes son principalmente para los mandos superiores, una burocracia dorada que proliferó en los tres últimos sexenios con títulos de labores muy pomposos pero que duplicaban funciones dentro del gobierno. Los trabajadores de base no se tocarán en lo absoluto según estas iniciativas, al contrario se revisará si es necesario hacer ajustes al salario mínimo, primero en la zona fronteriza con Estados Unidos y luego en el resto del país.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación (Ministra del Interior) ya ha sugerido dos temas muy importantes y que reflejan, para los que tenían duda, que el de López Obrador será un gobierno que enarbole causas progresistas. Ha sugerido que se extienda a todo el país una Ley de Voluntad Anticipada (no confundir con eutanasia) para que enfermos terminales puedan decidir morir con dignidad. Actualmente dicha ley ya está en vigor en 11 de 32 entidades federativas pero se busca hacerla nacional. También habló sobre un proceso de discusión de despenalización de la marihuana como un primer paso para discutir y reflexionar sobre una ley de amnistía. Este tema es tan importante y diferente a las políticas anteriores que en otro texto lo analizaremos con mayor profundidad.
Política exterior
Pero los mensajes no se quedan al interior del país, ya se siente también el cambio de rumbo en la política exterior. Para empezar, tendrá una visita de cortesía del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien acudirá con Steven Mnuchin (Tesoro), Kirstjen Nielsen (Seguridad Nacional), así como Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. La visita se dará en la casa de campaña de AMLO, lejos del protocolo y la fastuosidad que envuelve a los encuentros de este tipo. Todo el equipo de Trump, visitará primero a Peña Nieto pero ha aceptado desplazarse hasta el lugar de trabajo de López Obrador en una muestra de cortesía y respeto, alejada de las condiciones de sumisión que muchas veces aceptó y hasta promovió Peña Nieto. Los temas a tratar seguramente serán el problema migratorio y la renegociación del TLCAN.
"El presidente saliente ya no tiene el poder del país, es tan solo el encargado de la administración. De manera informal quizá, pero es definitivo que el sexenio de López Obrador ya empezó".Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
En cuanto a la política con Latinoamérica, cuyos lazos abandonaron los gobiernos pasados, ya se habla de profundizar las relaciones comerciales y relanzar los mecanismos de cooperación para el desarrollo ya existentes como la Alianza del Pacífico. En cuanto a situaciones delicadas en nuestro continente, caso concreto la relación con Venezuela, se habla de respetar los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de las naciones. Esto caracterizó a la política exterior mexicana por décadas pero en las últimas administraciones se mostraron ciertas actitudes injerencistas que buscaban hacerle eco a las políticas estadounidenses. Hay un golpe de timón en este punto con el nuevo gobierno.
Apenas han pasado diez días de la elección de López Obrador y ya se perciben muchos cambios en el estilo personal de gobernar. Ningún presidente de ninguna parte del mundo puede cambiar la realidad de país en una semana. Pero si se pueden mandar las señales y promover las iniciativas legales que muestren, tanto al interior como al exterior, que el cambio de régimen está en marcha y que las transformaciones serán de fondo y no solo cambios cosméticos como en el pasado.
A cinco meses de tomar posesión como presidente, ya López Obrador controla la agenda nacional y articula a su alrededor como cabeza del ejecutivo. Lo que había sucedido paulatinamente en cambios de sexenio anteriores, hoy se ha acelerado profundamente: el presidente saliente ya no tiene el poder del país, es tan solo el encargado de la administración. De manera informal quizá, pero es definitivo que el sexenio de López Obrador ya empezó.
El secretario de Estado estadounidense viajó este viernes a México para reunirse tanto con el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, así como con el electo.
El Secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, y el presidente electo de México, Andrés López Obrador. 13 de julio de 2018.
Esos temas fueron esbozados en una propuesta enviada a la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el objetivo de evaluar acciones conjuntas a implementar a partir del 1 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión su cargo.
"El presidente electo ha entregado al secretario de Estado, Mike Pompeo, una propuesta de bases de entendimiento con los EE.UU. y en particular con la adminstración Trump en los próximos años, a partir de diciembre de este año", dijo Ebrard, quien precisó que no se dará a conocer el contenido de la misiva hasta que sea recibida por el inquilino de la Casa Blanca.
Reunión "franca y respetuosa"
Ebrard recalcó que el saldo del encuentro fue positivo: "fue una diálogo franco, respetuoso y, diría yo, cordial", dijo el futuro canciller, tras enfatizar que la nueva política de transparencia del gobierno de López Obrador dará a conocer a "todo el pueblo mexicano" los documentos relacionados con sus relaciones exteriores.
No obstante, indicó que las conversaciones más profundas sobre esos temas se darán una vez que Trump conozca la propuesta de entendimiento: "Esperamos que en las próximas semanas tengamos una respuesta de la administración Trump", agregó.
"Podemos tener un optimismo razonable de que México podría encontrar bases de entendimiento para los próximos años tener una mejor relación con EE.UU.", puntualizó Ebrard al término de la rueda de prensa.
La respuesta del Gobierno mexicano se dio luego de que EE.UU. demandara a México, Canadá, la Unión Europea, China y Turquía ante la Organización Mundial del Comercio.
Imagen Ilustrativa
Mike Blake / Reuters
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México ratificó la imposición de aranceles a productos agroindustriales provenientes de Estados Unidos, luego de que la adminsitración del presidente Donald Trump demandó a México, Canadá, Unión Europea, China y Turquía ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esto, luego de que el Gobierno de EE.UU. consideró que los impuestos establecidos por México y otros países no tenían ninguna justificación.
"El Gobierno de México reitera su compromiso de continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional respecto de las medidas unilaterales que son contrarias a los derechos y obligaciones pactados en el marco del derecho comercial internacional", dijo la Secretaría de Economía de México en un comunicado.
#Comunicado México defenderá las acciones tomadas en respuesta a las medidas establecidas por EE.UU. en contra de las exportaciones de acero y aluminio procedentes de México: http://ow.ly/4vRR30kYHot
"La medida aplicada por México fue en respuesta a los aranceles impuestos, de manera injustificada y bajo el argumento de seguridad nacional, por el Gobierno de EE.UU. a las importaciones mexicanas de acero y aluminio", respondió el Gobierno de México.
"Las compras que realiza EE.UU. de acero y aluminio procedentes de México no representan una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Por el contrario, la sólida relación comercial entre México y EE. UU. ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y aluminio contribuyen a la competitividad de la región en diversos sectores estratégicos, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico", señaló la Secretaría de Economía.
Horas antes, en un comunicado publicado este lunes por la oficina del representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el gobierno de Trump señaló: "Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses, e instamos a nuestros socios comerciales a trabajar constructivamente con nosotros en los problemas creados por el exceso de capacidad masiva y persistente en los sectores de acero y aluminio
Mientras los simpatizantes del presidente electo aplauden la reducción de altos sueldos, algunos críticos sostienen que podría provocar una caída en la calidad de servidores públicos de alto nivel.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. 12 de julio12, 2018.
Carlos Jasso / Reuters
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El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reducirá su sueldo a menos de la mitad y desató una polémica en su país, dados los altos ingresos que perciben funcionarios como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
López Obrador dijo que recortará su sueldo como mandatario de México al 40 % de lo que actualmente gana Enrique Peña Nieto, quien percibe 270.000 pesos mensuales (14.300 dólares) en total.
De este modo, López Obrador señaló que a partir de diciembre del año en curso, cuando tome posesión de la primera magistura del Estado, ganará 108.248 pesos (5.750 dólares) como remuneración mensual.
Aclaró que tenía la intención de bajar todavía un poco más su salario, pero como ese será el tope más alto para los servidores públicos en México, habrá funcionarios que –aunque tienen "dimensión social"– están ahora trabajando en universidades y empresas ganando esa cantidad, y no les sería entonces conveniente trabajar en el gobierno.
También dijo haber considerado las funciones de los ministros del Poder Judicial, así como de los diputados y senadores del Poder Legislativo, antes de tomar la decisión.
"Entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iban a resentir más, o sea, que soy moderado, no soy radical", comentó López Obrador al anunciar las 50 medidas que pretende implementar su futuro gobierno para combatir la corrupción.
La opinión del presidente de la Corte
El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, junto al ministro Arturo Zaldívar. (México, 2016). / Flickr.com / Presidencia de la República Mexicana
Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, consideró que los altos sueldos de los magistrados "no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un servicio público de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa".
De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, cada ministro de la SCJN gana alrededor de 651.741 pesos mensuales (34.580 dólares), lo cual los convierte en los funcionarios mexicanos con mejores sueldos.
Así lo dijo el ministro presidente de la SCJN durante el Día del Abogado, celebrado el pasado 12 de julio.
En febrero de 2017, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron disminuir sus salarios como medida de austeridad, al considerar que se encontraban "constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones", según un documento
Esto, según una cláusula de irreductibilidad que forma parte del artículo 94 de la Constitución mexicana, el cual señala que la remuneración de los magistrados de la Corte y otros jueces del Poder Judicial"no podrá ser disminuida durante su encargo".
A la victoria de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio le siguieron las felicitaciones internacionales. A pesar de los husos horarios tan distintos los gobiernos de China y España fueron de los primeros en hacer contacto. También los gobiernos latinoamericanos establecieron el acercamiento diplomático de forma casi inmediata y enviaron las congratulaciones correspondientes. Debido a la proximidad geográfica y a la tensión de los últimos meses que ha generado la renegociación del TLCAN, algunas de las llamadas que generaban más expectativa eran las de sus vecinos del norte: Canadá y Estados Unidos. Justin Trudeau realizó una breve llamada el mismo día de la jornada electoral mientras que Donald Trump se comunicó al siguiente día pero el contacto fue más largo y en términos amistosos, según se cuenta.
Pocos días después, el 13 de julio, una comitiva de Estados Unidos visitó México encabezada por Mike Pompeo(Secretario de Estado), Steven Mnuchin (Secretario del Tesoro), Kirstjen Nielsen (Seguridad Interna) y Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump. La comitiva visitó la Secretaría de Relaciones Exteriores y las oficinas de la Presidencia, pero fueron visitas obligadas por la diplomacia. El punto importante y que la propia agenda estadounidense destacó fue la entrevista que sostuvieron con Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente electo y con su equipo de trabajo, donde sobresalió la presencia de Marcelo Ebrard y Carlos Urzúa, próximos secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda, respectivamente.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, con el presidente electo de México, López Obrador. Ciudad de México, 13 de julio de 2018. / State Department/ www.globallookpress.com
La conversación, que se desarrolló en términos amistosos según se cuenta, abordó algunas generalidades de migración y sobre el TLCAN, pero evidentemente al ser el primer acercamiento y sin la presencia de Trump toda la plática era más bien una cuestión informal y que implicaba más sensaciones que certezas. Lo más destacado fue que López Obrador le hizo llegar una misiva a al presidente estadounidense para darle los nortes de la relación que habrán de sostener entre ambos países. AMLO ha sido enfático en el cambio: una relación de respeto, amistosa incluso pero nunca de subordinación o sumisión.
La misiva de López Obrador a Trump
Esta semana se dio a conocer el contenido de la carta de AMLO. Siete cuartillas en las que expone los temas principales en la relación bilateral: comercio, migración, desarrollo y seguridad. En la cuestión de comercio se replantea retomar las negociaciones del TLCAN de manera inmediata pero no de manera bilateral como lo quiere Trump, sino que prefiere que estas se mantengan de forma trilateral, con Canadá en la misma conversación y llegando a los mismo acuerdos. El desarrollo del país es lo que permitiría que bajaran los índices de la migración ilegal hacia Estados Unidos. No es un favor al vecino del norte o a Trump, es cuidar de nuestros ciudadanos, de nuestra gente con menos recursos. Nadie se convierte en un inmigrante ilegal por su gusto está claro, nadie abandona su lugar de origen, sus afectos y sus costumbres para sufrir explotación y rechazo en un país ajeno. Si se llega a este punto es por necesidad. El desarrollo del país, mejoras en los salarios y reducción en la violencia sin duda ayudarían a disminuir los índices de migración ilegal hacia Estados Unidos. Es un escenario ganar-ganar para ambos países.
"Hay una apuesta clara a ya no depender en su totalidad de los vaivenes y caprichos de la economía y la política estadounidense. Por primera vez en una centuria se pretende ir más allá de la situación geográfica inmediata, sin necesidad de entrar en un conflicto abierto".Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
En esta misiva hay dos asuntos que destacan y que se alejan del lugar común de otros mandatarios. Uno es cuando López Obrador explica el papel primordial que tendrá en su gobierno el desarrollo del sureste mexicano y concretamente el corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, el propósito específico es el de facilitar el transporte de mercancías ente el Atlántico y el Pacífico, tal como sucede con el Canal de Panamá. Pero también manda el mensaje que México no será una economía cerrada ni tampoco tendrá como único socio comercial la frontera norte. Se dice con todas sus letras que se privilegiará un comercio con Asia. Evidentemente esto incluye a China, a Japón, a Australia y a todos los miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés). Sin vociferar ni tener que amenazar, hay un pronunciamiento y una apuesta clara a ya no depender en su totalidad de los vaivenes y caprichos de la economía y la política estadounidense. Por primera vez en una centuria se pretende ir más allá de la situación geográfica inmediata, sin necesidad de entrar en un conflicto abierto.
Séptima ronda de negociaciones del TLCAN en Ciudad de México, 3 de marzo de 2018. / Carlos Jasso / Reuters
Otro punto a destacar es el papel que tiene Centroamérica. Ya sea por cuestiones económicas o de seguridad, miles de migrantes centroamericanos transitan todo el tiempo por México pretendiendo llegar a Estados Unidos. Muchos ya no la hacen y se establecen en territorio mexicano. López Obrador habla de cooperación para el desarrollo en la zona, donde Estados Unidos y México deben invertir dinero para que haya mayor estabilidad en la región y la migración se pueda reducir. No es un asunto de seguridad solamente. Este enfoque es distinto a las políticas que se priorizan en la actualidad y contempla de forma más integral la visión y las necesidades del migrante. Un tema tan complejo requiere de la participación de muchos actores internacionales donde la perspectiva sea más humana y menos policiaca.
La respuesta estadounidense
La respuesta de Trump también se hizo pública esta semana. En términos cordiales, concuerda con los puntos planteados por López Obrador aunque hace énfasis que la renegociación del TLCAN se debe dar con prontitud o se corre el riesgo de tomar otras rutas menos diplomáticas. Coincide que en el tema migratorio se deben explorar las vías de cooperación para el desarrollo pero no quita el dedo del renglón de la seguridad y la legalidad. El que AMLO haya obtenido una votación tan alta (casi 54%) le ha dado una mayor legitimidad y fuerza en las negociaciones con el vecino del norte. Trump también lo lee así y se ha mostrado más prudente y cordial que la relación que tuvo con Peña Nieto, un presidente con poca fuerza institucional y carente de legitimidad.
Han cambiado las formas y el discurso, esperemos que también cambie la relación entre ambos países. Cordialidad y amistad son posibles sin tener que ser sumisos o subordinados incondicionales. López Obrador cuenta con el apoyo al interior del país para generar una nueva relación con Estados Unidos y con el presidente Trump. Por el bien de los connacionales que viven en Estados Unidos ojalá que estos cambios puedan cristalizarse en nuevas políticas migratorias con mayor respeto a los derechos humanos.
Una de las principales promesas con la que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder fue la de eliminar los excesivos privilegios de los que gozan los burócratas. Sputnik ha estudiado cuáles son los ajustes a los que se someterán los servidores públicos mexicanos a partir del próximo 1 de diciembre.
Automóviles de lujo, chóferes, guardaespaldas, viajes en aviones particulares, seguro médico privado, cenas en restaurantes de lujo… estos son solo algunos de los privilegios de los que gozan los altos funcionarios públicos de México al día de hoy. Por si fuera poco, en un país en donde la pobreza amenaza a la mitad de la población, los directivos del Estado son los segundos mejor pagados de América Latina.
La iniciativa de reducción de privilegios de Andrés Manuel López Obrador se enmarca en el llamado Plan de Austeridad Republicana, que prevé una reducción sustancial de los gastos corrientes y prerrogativas de los funcionarios públicos, legisladores y trabajadores de justicia para destinar los recursos liberados a la inversión pública y programas sociales. Este conjunto de medidas debería ayudar a recuperar hasta 26.427 millones de dólares.
El Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantea que la próxima Administración opere con el 30% de la estructura de mando actual.
En mayor medida la iniciativa propone reducir las plazas otorgadas a altos ejecutivos y honorarios en las secretarías (ministerios). Así, no se permitirá nombrar a más de cinco asesores por secretaría.
Además, una vez llegado al poder, el nuevo Ejecutivo promete lanzar una revisión de las entidades de gobernanza y afiliadas para suprimir todas las estructuras y programas duplicados. López Obrador ha adelantado que no utilizará el Estado Mayor Presidencial, cuyas funciones serán trasladadas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2. Reducir salarios de los funcionarios públicos
El futuro presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. López Obrador anunció que tendrá un salario de 108.000 pesos (unos 5.770 dólares) al mes, lo que supone el 40% del salario del actual mandatario.
Se bajarán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos (unos 53.450 dólares) anuales. Así, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, de promedio, un salario mensual de 650.000 pesos (casi 35.000 dólares). En el caso de los senadores el salarios es de 165.000 pesos (8.700 dólares) mensuales y en el de los diputados 120.000 pesos (cerca de 6.300 dólares).
Con estas medidas debería ahorrarse el 50% del gasto actual.
Además, se suprimirá la práctica de asignar bonos. El salario será totalmente integral, según marca la Constitución del país.
El plan de reducción de salarios asignados por el Gobierno afectará no solo a los funcionarios públicos en servicio, sino también a los expresidentes de México y el personal a su servicio. Según Andrés Manuel López Obrador, se cancelará la pensión de 5 millones de pesos (unos 267.600 dólares) que mensualmente asigna el Estado a disposición de los gastos de los exmandatarios.
3. Quitar privilegios a funcionarios públicos
En el Proyecto de Nación de Morena se prevé la eliminación del seguro privado para los funcionarios que al día de hoy se paga con recursos públicos. Y es que todos los empleados del Gobierno cuentan con la atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo servicio también es pagado por los contribuyentes. Esto supone para el Estado un pago doble por el mismo servicio.
Además, López Obrador ha prometido que los trabajadores del Estado ya no van a recibir dinero público para reembolsar sus gastos en combustible.
La misma práctica se aplicará a los secretarios particulares, cuyos sueldos serán pagados solo para los ministros o equivalentes.
El Estado tampoco correrá con los gastos en chóferes particulares, que serán asignados solo a los ministros y viceministros. Además se pretende vender toda la flotilla de helicópteros y aviones a disposición del Gobierno federal excepto los que se usan en tareas de rescate y seguridad. Entre las aeronaves en venta se encuentra el moderno Boeing Dreamliner 787-8 presidencial comprado por el actual Gobierno por una suma de 220 millones de dólares. El próximo mandatario dice que viajará en aerolíneas comerciales.
A ningún funcionario público excepto a los encargados de la seguridad se le asignarán guardaespaldas pagados con fondos públicos. Actualmente todos los secretarios, subsecretarios y algunos directores cuentan con la protección de militares o policías federales.
La iniciativa cuenta con recortar privilegios menores de algunos funcionarios de alto nivel como cerrar calles o estacionar sus autos en lugares indebidos.
4. Ahorros en gastos corrientes
La Administración federal buscará mejorar las condiciones de mercado para la adquisición de materias primas y suministros. Así, se detalla que se prevé ahorrar en materia de servicios para el Estado. Esta iniciativa abarca desde el uso racional de la electricidad hasta la compra de vestuario y uniformes. Según López Obrador, se reducirá el gasto público en comunicación social, que será sustituido "por un principio de justicia social". Además, las convenciones y congresos auspiciados por el Estado tendrán que ser más austeros.
Según el programa, no se comprarán vehículos ni ordenadores nuevos para los funcionarios sin necesidad. Esta era una práctica habitual que se realizaba en el inicio del mandato de todas las Administraciones del país.
Tampoco serán desembolsados los gastos de funcionarios en aviones y helicópteros privados. Los gastos en viajes y pasajes serán reducidos a la mitad, lo que según los cálculos de Morena supondrá un ahorro de 9.351 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) anuales.
Se cancelan además las comidas, cenas o viajes pagados por los contribuyentes mexicanos. Algo que también desaparece es el gasto en ropa, ceremonias y protocolos para el presidente y su familia. Las arcas públicas no correrán con los gastos en telefonía móvil, privilegio del que hoy gozan todos senadores y diputados federales.
Tampoco serán asignados los bonos festivos como, por ejemplo, el Día del padre o de la madre, así como festejos navideños o de Fin de año.
5. Combate a la corrupción institucionalizada
Una vez más, el programa de Andrés Manuel López Obrador comenzará por la propia figura presidencial en lo que respecta al combate a la corrupción. En particular, se promete reformar el Artículo 108 de la Constitución de México para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción.
Le siguen los funcionarios públicos, que deberán presentar su declaración de bienes patrimoniales. Además, se les prohibirá contratar familiares o recibir regalos por un valor de más de 5.000 pesos (aproximadamente 267 dólares).
Enrique Peña Nieto entregará un país en ruinas. Endeudamiento desbordado, corrupción desenfrenada e instituciones desmanteladas. La construcción de la Cuarta República no será nada fácil, pero lo lograremos con la participación de todos.
La transición avanza de manera suave, institucional y cordial. Sorprende la manera en que el Régimen, al parecer, ha aceptado su derrota. Andrés Manuel López Obrador ya recibió su constancia de mayoría en el mismo auditorio del Tribunal Electoral donde se consumó el fraude en 2006.
Tanto el Consejo Coordinador Empresarial como Donald Trump han reconocido e, incluso, celebrado el triunfo del tabasqueño. Hasta José Antonio Meade ya acudió a la casa de AMLO para rendirle homenaje al nuevo presidente.
Pero esta fachada de aparente normalidad democrática esconde una terrible realidad. El próximo 1 de diciembre, López Obrador recibirá un Gobierno desmantelado y con las arcas vacías. La deuda pública hoy alcanza casi el 50 % del Producto Interno Bruto. La enorme corrupción e irresponsabilidad de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto han dejado un legado de un total de 10 billones de pesos en deuda al nuevo Gobierno.
En 2019, López Obrador tendrá que pagar la cantidad criminal de 713.842 millones de pesos —un 2,9 % del PIB— únicamente para cubrir el costo financiero, los intereses de la deuda. Imagine cuántos hospitales, escuelas y carreteras se podrían construir con este recurso. Imagine cuántos niños han fallecido por hambre y por falta de atención médica a causa de los desvíos y derroches del PRIAN.
El mensaje del 1 de julio fue perfectamente claro: ha llegado la hora de que el presupuesto, finalmente, le sirva a la sociedad en lugar de a los amigos y los socios.
López Obrador ratifica que le cumplirá al pueblo mexicano
'Vamos a poner orden', convirtiendo como delitos graves el robo del presupuesto y también el robo de gasolinas y energéticos; así como la emisión de facturas falsas y compra de votos para favorecer a partidos y candidatos', enfatizó
López Obrador saludando a sus seguidores durante el cierre de campaña en el estadio Azteca de la capital. Foto: EFE.
La inflación o carestía y el desempleo son dos viejos conocidos de la sociedad mexicana. Y ambos se expresan materialmente en la pobreza de amplias capas sociales. De modo que combatir o atenuar la pobreza pasa por combatir o atemperar inflación y desempleo. Este triple combate será la principal tarea del nuevo gobierno.
Como lo prueba la experiencia histórica mexicana y universal, atenuar desempleo y carestía conlleva necesariamente a una disminución de la inseguridad y de la delincuencia. Y, consecuentemente, a un incremento de la tranquilidad y la paz sociales.
Combatir y atemperar inflación y desempleo no son tareas sencillas. Llevan tiempo y exigen perseverancia. Pero no debe perderse de vista el objetivo central que es el aumento de los ingresos de aquellos amplios sectores sociales empobrecidos. La obtención de un empleo o un empleo mejor pagado significa ingresos (o mayores ingresos personales y familiares). Y una disminución de la carestía, si bien no significa un mayor ingreso sí representa un mayor rendimiento del ingreso.
Existen diversas formas de lograr un mayor rendimiento del ingreso familiar. Es el caso de salud y educación. Si personas y familias dejan de utilizar parte de su ingreso en el pago de servicios educativos o de salud, ese ingreso, sea cual sea su monto, rinde más e implica menor pobreza . La historia económica revela que el gasto público en servicios de salud y educativos son la gran herramienta en el atemperamiento de la pobreza. O, en el caso de las llamadas clases medias, un mayor rendimiento del ingreso familiar, lo que se traduce en mayor bienestar personal y familiar.
La experiencia demuestra cómo en épocas de crisis económica, es decir, en tiempos de aumento de la inflación y el desempleo, las familias tienden a ajustar su gasto prescindiendo de los servicios privados de salud y educativos, recurriendo a educación y salud públicas.
Es por eso que tienen que ser recibidas como muy buenas noticias los anuncios hechos por López Obrador de incrementos sustantivos en las inversiones en salud y en educación públicas. Y también son buenas noticias el mantenimiento y mejoría de los programas de becas y auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables frente a carestía y la falta de empleo.
Salud y educación públicas, así como esos auxilios monetarios no eximen de realizar esfuerzos en materia de recuperación salarial. Durante las tres décadas de políticas económicas neoliberales aumentó la pobreza como fruto directo de las medidas de contención salarial. Es imprescindible, en consecuencia, una política de recuperación salarial. Y ésta tiene que comenzar por la recuperación del llamado salario mínimo. La experiencia histórica también enseña que los incrementos en el salario mínimo empujan al alza al resto de los salarios.
Hasta el momento no se han hecho públicas las intenciones del nuevo gobierno de poner en práctica un programa de recuperación salarial. Pero ya hay claros indicios de que existe consenso social en la necesidad de incrementar, en breve plazo y en un monto significativo el salario mínimo.
Mayor inversión pública en salud y educación, mantenimiento y mejoría de los programas de auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables y una decidida política de recuperación salarial son las tres ineludibles tareas del nuevo gobierno.
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