El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.
Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.
Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.
Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.
Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.
Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.
También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.
La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.
La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la p
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.
Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.
Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.
Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.
Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.
Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.
También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.
La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.
La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.
El día 27 de octubre a las 15:38 horas, el parlamento de Cataluña declaró su independencia en forma de República democrática y social. A la misma hora en el senado estatal, en Madrid, se discutía la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía de Cataluña y ponerla bajo el control del gobierno central. Al atardecer, el senado votó favorablemente con los votos en contra de nacionalistas catalanes, vascos, y del partido Podemos y sus aliados. En la noche de ese día 27 dos realidades provocaban una montaña rusa de emociones: mientras una multitud ciudadana celebraba su República en calles y plazas de Cataluña, políticos y medios de comunicación unionistas aplaudían la suspensión de la autonomía catalana y especulaban sobre cuáles serían las primeras medidas represivas.
Antes, en la mañana del viernes 27, hubo intentos intensivos de mediación para hacer del diálogo y la negociación las herramientas democráticas que deberían prevalecer. En esos momentos, el presidente Carles Puigdemont, ofreció unas elecciones anticipadas en Cataluña si el senado no votaba el 155. En ese caso no proclamaría la República. La respuesta del Gobierno centralista del derechista Mariano Rajoy fue un rotundo no, ya que solamente contemplaba la suspensión de la autonomía y la disolución del parlamento y gobiernos catalanes, así como el control de las cuentas y de los Mossos d´ Esquadra (la policía autonómica). Además, el presidente español Mariano Rajoy, anunció la celebración de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, usurpando una facultad que es exclusiva del presidente catalán.
La aprobación de la República obtuvo 71 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco., siendo la mayoría absoluta 68 de los135 escaños. El voto fue secreto y no participaron en la votación 38 diputadas y diputados de la oposición.
Este escenario ha tenido a partir del lunes 30 un desarrollo acelerado. Pero sobre todos los demás, tres hechos son principales: la destitución por el gobierno central de más de cien altos funcionarios del disuelto Gobierno de Cataluña; la iniciativa del fiscal general, de José Manuel Maza, de poner una querella por rebelión y sedición contra la Mesa del cesado parlamento y los miembros del Gobierno; el viaje de Puigdemont a Bruselas, acompañado de otros siete miembros de su gobierno, desde donde ha dado una rueda de prensa ante 200 periodistas de todo el mundo anunciando que no regresará a Cataluña hasta que haya garantías de una justicia independiente.
Precisamente, la decisión del fiscal general de acusar de rebelión y sedición al presidente y ministros de Cataluña, así como a la Mesa del parlamento, ha levantado un debate entre juristas y políticos del PP y del PSOE (otro de los valedores del 155). Para los primeros todo vale con tal de ejercer venganza, mientras que entre los segundos pocos se atreven a dar su apoyo al fiscal ante la barbaridad de sus acusaciones contra quienes han liderado movimientos pacíficos y democráticos en las calles y ante las urnas el 1 de octubre. Y es que la Constitución española sólo prevé tales delitos en caso del uso de violencia, algo que nunca ha ocurrido pese las continuadas provocaciones de Madrid y de sus cuerpos policiales estatales. Para sortear esta condición, al fiscal general no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar que las manifestaciones multitudinarias, por su número indeterminado de participantes, “eran un riesgo potencial de violencia”. Semejante calificación de los hechos da la medida de cómo la división de poderes en España ha muerto. Lo que funciona es una maquinaria política que trata de infligir a Cataluña una derrota para varias generaciones. Hay que recordar que este fiscal Maza, fue reprobado por el Congreso de los Diputados el día 16 de mayo de este año. Pero ni dimitió ni fue dimitido, presentando una perfil de ultraderecha.
Por lo que puede saberse, la Unión Europea sigue apoyando la posición del gobierno central, utilizando a Mariano Rajoy como el gran policía europeo que debe impedir una independencia de Cataluña que podría ser imitada por muchas nacionalidades y regiones de diferente países de Europa. Pero, hay un dato más: la UE y algunos gobiernos han exigido a Rajoy la no utilización de la violencia y la apertura de nuevas vías que puedan dar lugar a un diálogo entre las partes. De ahí que, Rajoy, quiera evitar una ocupación alargada de Cataluña y piense que ganando las elecciones del 21 de diciembre se puede restaurar el orden vigente. Tal vez contaba con que las fuerzas independentistas renunciarían a presentar sus candidaturas, pero es un hecho que irán a las elecciones que toman como un plebiscito, una segunda vuelta del 1 de octubre.
En los próximos días los partidos deberán presentar sus candidaturas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre que por primera vez en la historia de España, desde la muerte de Franco, son organizadas por el Gobierno central siendo su ámbito autonómico. La batalla será enconada. Los unionistas, Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña (alcaldes y militantes catalanes se han dado de baja en el partido) y Ciudadanos (un partido de derechas partidario de suprimir las 18 autonomías que conforman el estado español) buscarán vencer en número de votantes y parlamentarios al bloque independentista que, a toda velocidad, trata de definir el formato de sus candidaturas, bien por partido, bien en un marco unitario. Los independentistas confían en volver a ganar y desde ya se preguntan si el gobierno español aceptará los resultados. Es la pregunta del millón y ya, por si acaso, corre el rumor de que en ese caso el 155 tendría continuidad.
Entre tanto en las calles de ciudades y municipios como Barcelona la vida prosigue con normalidad. Justamente, del lado independentista hay un claro compromiso de expresarse pacíficamente sin caer en provocaciones del Gobierno central que ve como a su derecha grupos nostálgicos del franquismo se organizan para ejercer asaltos a locales y golpear a transeúntes que se dejen ver con símbolos catalanes. Este fervor españolista recorrer el estado español y se muestra amenazante, sabedor que cuenta con un gobierno que les da impunidad.
Lo cierto es que la aplicación del 155 revienta la democracia. En Cataluña se conservarán algunos derechos civiles vigilados, pero se ha disparado el tiro de gracia a la democracia definida en base a dos grandes valores como la libertad y la igualdad, ambas íntimamente vinculadas a la participación y al derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Si el neoliberalismo ha recortado el recorrido de la política, poniéndola al servicio del dinero, ahora, en España, la política se ha reducido a sí misma, abriéndose un escenario de restauración del autoritarismo que dinamita la división de poderes. Montesquieu ha muerto, viva Maquiavelo.
La Audiencia Nacional de España ha citado a declarar al destituido presidente catalán Carles Puigdemont y a los miembros de su Ejecutivo cesado los días 2 y 3 de noviembre.
Sede de la Audiencia Nacional, Madrid
Susana Vera / Reuters
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Tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y 13 miembros del Gobierno autonómico destituido, la Audiencia Nacional española los ha citado cita a declarar este 2 y 3 de noviembre.
Todos los querellados han sido denunciados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Además de la citación, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso este martes a todos un plazo de tres días para que depositen una fianza de 6.207,450 euros.
Para comparecer ante la justicia española, a la Audiencia Nacional ya ha llegado el cesado vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Joaquim Forn, Mertixell Borràs, Raül Romeva y Santi Vila.
A pesar de la citación, Puigdemont permanece en Bélgica y su abogado anticipó que el expresidente de la Generalidad no acudirá a la convocatoria de la Audiencia Nacional.
"Si tenemos la garantía inmediata de un tratamiento justo, si nos garantizan un juicio justo, independiente y con separación de poderes, volveríamos de forma inmediata", aseguró el cesado presidente catalán.
Además de Puigdemont, se han ausentado en la citación los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo convocó para las mismas fechas y por los mismos delitos a cinco miembros de la Mesa del Parlamento regional y a su presidenta Carme Forcadell por su participación en la declaración de independencia de Cataluña, tramitada el pasado 27 de octubre en el seno de esta institución. Sin embargo, sus declaraciones han sido suspendidas y se han aplazado hasta el 9 de noviembre a petición de sus abogados.
La jueza ha rechazado la declaración por videoconferencia propuesta por los abogados del expresidente de la Generalidad catalana.
El ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante su conferencia de prensa en el Club de Prensa Brussels Europe, en Bruselas, Bélgica, el 31 de octubre de 2017.
Yves Herman / Reuters
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La Fiscalía ha solicitado a la jueza Lamela, encargada de la querella contra los miembros del Gobierno catalán por supuestos cargos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia de Cataluña, que se ordene la busca y captura y detención internacional del expresidente Carles Puigdemont y los destituidos consejeros Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
La solicitud de la Fiscalía se basa en que los acusados han desoído la citación judicial para declarar como imputados y no se han presentado este jueves en la Audiencia Nacional en Madrid.
En el texto de la solicitud, puede leerse lo siguiente: "El querellado Carles Puigdemont Casamajó ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret Aleu, efectuar declaración por videoconfefencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero. En atención a lo expuesto, se solicita del juzgado que ordene su busca y captura y detención de ámbito nacional e internacional".
Los abogados de Puigdemont habían remitido por escrito la petición de que el expresidente declarara por videoconferencia, pero esta ha sido sido rechazada porque la jueza no ve ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal.
Estos días, el periodista Rubén Amón planteaba, con mucho acierto, las dificultades que conllevaría al Estado español llevar a la práctica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de declararse la independencia de Cataluña. Para ello, se basaba en la escasa estructura estatal catalana y la oposición generalizada que se encontraría. Por ejemplo, ya se está hablando de bajas médicas en determinados cuerpos o la resistencia explícita de otros.
Es en este momento cuando surgen una inmensidad de preguntas: ¿Sería posible administrar Cataluña sin que colapsara si una inmensa mayoría de funcionarios causase baja médica? ¿Si los ciudadanos se lanzan a las calles para protestar por quiénes les van a controlar? ¿Qué sucederá si los Mossos d'Esquadra se oponen de forma generalizada a los cuerpos policiales estatales cuando pretendan aplicar las medidas que se deriven del artículo 155? ¿Se enfrentarían con ellos los policías y los guardias civiles?
Obviamente, la incertidumbre es tan elevada como la amplísima variedad de preguntas que no tienen respuesta a día de hoy o la frivolidad y el desconocimiento de los que jaleaban la aplicación de ese 'martillo' llamado 155.
Agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, 2 de octubre de 2017 / Eloy Alonso/File Photo / Reuters
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas.
Ni que decir tiene, este escenario sería absolutamente apocalíptico por las imprevisibles consecuencias que se pudieran derivar, desde revueltas y protestas ciudadanas hasta un conflicto armado o una intervención internacional. Si sucediera, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas capacidad para intervenir militarmente Cataluña de forma efectiva?
Situación actual
En la actualidad, en Cataluña habría algo más de 30.000 agentes: unos 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados desde el Estado español —a los que habría que sumar aquellos que se encuentran destinados allí— y unos 16.783 Mossos, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya en 2016. Por tanto, podríamos calificar la situación como equilibrada en términos policiales. Sin tener en cuenta el apoyo ciudadano, ese equilibrio terminaría por hacer impracticable la imposición de la fuerza a corto plazo.
Ante la duda, solo habría que recordar lo imposible que resultó cumplir la misión encomendada el 1-O o las lamentables condiciones en las que se encuentran desplegados los agentes, con el consiguiente desgaste psicológico y físico que están sufriendo a medida que pasan los días.
España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
Así pues, sería en ese momento cuando la intervención militar pretendería desequilibrar la balanza hacia el Estado español. Eso es, al menos, lo que sostienen los altos mandos militares, tal y como se podía leer recientemente en 'El País': "Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad". ¿Es posible? ¿Realmente las Fuerzas Armadas de España podrían hacer valer su superioridad?
Intervención militar
Intentemos profundizar en una cuestión fundamental para acometer la intervención militar en Cataluña: el número de efectivos. Redondeando, nuestras Fuerzas Armadas disponen de algo más de 70.000 militares de tropa y unos 50.000 oficiales y suboficiales. A tenor de las cifras anteriores, se puede constatar una alarmante macrocefalia o excedente de cuadros de mando.
Esto se agravaría todavía más al comprobar que, de los 70.000 militares de tropa, solo 41.000 son soldados. Es decir, solo un tercio del total de efectivos son soldados (en la Guardia Civil, más del 80 % de los componentes tienen el rango equivalente a soldado).
Por tanto, como la cúpula militar se ha preocupado durante las últimas décadas en asegurar el puesto de trabajo de sus vástagos —es más o menos similar que cuando teníamos casi 400.000 reclutas—, ahora el Ejército español tendría serias dificultades para desplegar soldados. Para más información, se puede consultar 'El libro negro del Ejército español'.
Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento de Cataluña / Yves Herman / Reuters
Desgraciada o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar, ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos.
En primer lugar, habría que tener en cuenta que entre 6.000 y 9.000 efectivos son desplegados fuera de nuestro territorio anualmente (3.000 en cada rotación). En segundo lugar, habría que considerar que los efectivos del Ejército del Aire y de la Armada, así como los cuerpos comunes, serían ineficaces en este escenario o no tendrían plena capacidad para intervenir en caso de ser necesario, más allá del control del espacio aéreo y la costa catalana. Estamos hablando de un total de 45.000 efectivos, que tendrían que ser restados al total de 120.000 militares. En tercer y último lugar, habría que tener en cuenta que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (unos 5.000) no deberían utilizarse, pues son indispensables o pueden serlo en cualquier momento.
Por tanto, España podría desplegar de forma óptima un máximo de 20.000 efectivos y, de forma extrema, unos 30.000 efectivos, siempre y cuando se conserven los compromisos internacionales, se mantengan unos mínimos de Defensa Nacional y no se disuelva la UME (en cuyo caso, podría aumentarse dicha cantidad). Dicho despliegue no sería inmediato —no existe capacidad para ello, salvo en una cantidad mínima— y, por otra parte, el coste económico sería elevadísimo. Además, de estos efectivos, solo un tercio serían soldados y, en muchos casos, no se trataría de militares de combate.
Cifras, a la vista está, que se antojan completamente insuficientes; tanto, que sería necesario un mayor despliegue de policías y guardias civiles, cuyo número es superior, aunque dichos efectivos realizan un trabajo diario para la ciudadanía que se vería interrumpido.
Conclusión: misión imposible
Siempre y cuando hubiera obediencia, dicha intervención podría dar resultado. Sin embargo, ante cualquier tipo de desobediencia, rebeldía o resistencia pacífica o violenta, para las Fuerzas Armadas no sería posible mantener el orden o, al menos, sería muy complejo.
Ello se debe a lo ya mencionado: el contexto actual, el amplio y complejo espacio territorial a controlar, el volumen de ciudadanos (más de siete millones) y su distribución geográfica, factores que harían que la enorme carencia numérica de efectivos para acometer dicho control militar hiciera, a buen seguro, fracasar la intervención.
Por tanto, España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa.
Sea como fuere, una intervención militar en Cataluña sería un abismo que espero que no se produzca jamás.
Uno de los querellados, Santi Vila, queda en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Gonzalo Fuentes / Reuters
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La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado a la cárcel a Junqueras y a otros siete exmiembros del cesado Gobierno catalán. Uno de los querellados que comparecía hoy en el mismo juicio, Santi Vila, ha quedado en libertad, y evitará el ingreso en prisión si aporta una fianza de 50.000 euros.
Los exconsejeros que irán a prisión junto a Junqueras son Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.
La juez considera que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de rebelión por parte de los querellados, y estima que hay un evidente riesgo de fuga, dado que se enfrentan a una pena de prisión de hasta 30 años. La magistrada también cree, de acuerdo con lo que expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares, que existen otros riesgos, como el de la reiteración delictiva o el de destrucción de pruebas.
Puigdemont, desde Bélgica, denunció que fueron encarcelados por "sus ideas"
"Libertad a nuestros gobernantes"
Tras la detención del ex vicejefe del Gobierno Oriol Junqueras y siete ex consejeros, quienes fueron enviados a prisión incondicional, sin fianza, tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por los presuntos delitos vinculados con la declaración de la independencia, que abrió una crisis política sin precedentes en España, miles de manifestantes salieron a la calle a reclamar la liberación de los funcionarios catalanes.
Imagen: PAU BARRENA / AFP
Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex "president" Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó hoy el fiscal general.
Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del "Govern" que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza eximió de la prisión bajo una fianza de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el "Parlament" en Barcelona aprobara el viernes pasado declarar una república soberana.
Todos los miembros del "Govern" destituido estaban citados a declarar hoy como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del "Parlament" en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.
A falta de conocer el destino del ex "president", el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir hoy el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.
"Hoy encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!", escribió en Twitter la cuenta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.
La entidad independentista Òmnium convocó una "gran manifestación" en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, criticó en Twitter: "Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias".
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de "presos políticos". "Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores", escribió en la red social.
El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales. Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar hoy en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el "Govern".
Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA, y adelantó ayer en un comunicado firmado por el "Gobierno legítimo de Cataluña" que seguiría en Bélgica para denunciar "un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia). Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).
También la presidenta del "Parlament" Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar hoy por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.
Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella.
GOVERN ENCARCELADO"Huelga, huelga general", "No es justicia, es dictadura"
Miles de personas se han concentrado ante la sede del Parlament de Catalunya y de los ayuntamientos de las capitales de comarca, en la reanudación de las movilizaciones, ahora para reclamar la liberación de los miembros del gobierno catalán encarcelados este jueves. Liberación que también ha exigido el president del la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha pronosticado una "represión larga y feroz" y ha llamado a combatirla sin violencia.
Puigdemont: "Estoy dispuesto a ser candidato incluso desde el extranjero"
Publicado: 3 nov 2017 17:19 GMT | Última actualización: 3 nov 2017 18:22 GMT
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El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña sostuvo desde Bélgica que no ha "huido" del país y que se encuentra preparando su defensa.
Reuters
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Desde Bélgica, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no escapó del país, sino que está preparando mejor su defensa ante las acusaciones realizadas por el gobierno español.
En una entrevista brindada a Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), Puigdemont aseguró también que está "dispuesto a ser candidatoincluso desde el extranjero". Según el exdirigente de la Generalitat, puede "hacer campaña en cualquier parte del mundo", porque vivimos en "un mundo globalizado".
Además, explicó que "es imposible prepararse bien" para la defensa en España. Por ese motivo enfatizó: "No he huido". No obstante, aclaró que quiere rendir cuentas "ante la verdadera Justicia [de Bélgica], no ante la Justicia española".
El pasado 30 de octubre, dos días después de la declaración de independencia de la región respecto a España, Puigdemont viajóen secreto a Bruselas, capital de la Unión Europea (UE). La noticia sembró incertidumbre en el independentismo catalán, mientras se daban a conocer las primeras medidas contra los funcionarios implicados en la declaración unilateral de independencia.
Así, a la disolución del Parlamento de Cataluña, anunciada por el presidente Mariano Rajoy, le siguió la anulación de la declaración de independencia por parte del Tribunal Constitucional. Finalmente, este jueves fueron detenidos y puestos en prisión el exvicepresidente y otros siete funcionarios del gobierno autonómico.
La juez dicta orden europea de búsqueda y captura para Puigdemont y sus consejeros huidos a Bélgica
Publicado: 3 nov 2017 19:11 GMT | Última actualización: 3 nov 2017 20:32 GMT
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La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordena detener al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsejeros que permanecen en Bélgica.
A la petición de la Fiscalía, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado este viernes la busca y captura nacional e internacional del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros de la Generalidad que viajaron con él a Bruselas.
Puigdemont y los cuatro consejeros que viajaron con él a Bélgica no comparecieron este jueves ante la Justicia para responder por los delitos de rebelión y sedición que se le imputan.
La juez rechazó la posibilidad de que los imputados declararan por videoconferencia, considerando que no había razón que justificara su ausencia en el tribunal.
Antes de que fuera emitido la orden de arresto, Puigdemont declaró a una cadena belga que no ha escapado del país, sino que que está preparando mejor su defensa ante las acusaciones formuladas por la Justicia española. Aseguró también que está "dispuesto a ser candidatoincluso desde el extranjero". Según el exdirigente de la Generalitat, puede "hacer campaña en cualquier parte del mundo", porque vivimos en "un mundo globalizado".
Un fiscal belga ha anunciado que "estudiarán" la orden de arresto de Puigdemont, informa AFP. La euroorden es un mecanismo de cooperación en materia jurídica entre países de la UE que obliga a otro país a extraditar a un acusado al país que emitió la orden.
Puigdemont y sus exconsejeros se presentan voluntariamente en una comisaría de Bruselas
Publicado: 5 nov 2017 12:43 GMT | Última actualización: 5 nov 2017 13:27 GMT
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La Audiencia Nacional de España había ordenado este viernes la busca y captura nacional e internacional del expresidente catalán y de los cuatro exconsejeros de la Generalidad que viajaron con él a Bélgica.
Rafael Marchante / Reuters
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí Lluís Puig y Meritxell Serret, se han presentado voluntariamente en una comisaría policial en la capital belga, Bruselas, informa 'El País'. De esta manera, los exfuncionarios pretenden evitar la imagen de la detención, de acuerdo con el medio.
Durante una rueda de prensa, el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe, informó de que los seis políticos se entregaron a la policía federal en presencia de sus abogados, donde fueron oficialmente notificados de la orden europea de arresto.
Anteriormente, medios españoles habían reportado, citando a fuentes del Ministerio Público, que la Fiscalía de Bruselas iba a ordenar la detención de los cinco exdirigentes del Gobierno catalán antes de nombrar a un juez de instrucción que les tomara declaración. El magistrado designado debe decidir sobre las euroórdenes emitidas por España en contra de los acusados.
Sin embargo Dejemeppe, confirmó que los cinco políticos permanecerán en las dependencias policiales hasta que hablen con el juez. El magistrado, por su parte, tendrá 24 horas para decidir si acepta o no la euroorden. De esta manera, los políticos catalanes estarán privados de la libertad hasta que se tome la decisión.
Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica. Foto: EFE.
El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), han sido puestos a disposición judicial este mediodía.
A las 9.17 horas, los cinco junto a su equipo legal se han personado en la Comisaría de Policía de la Rue Royale 202, donde está la dirección general de la Policía Federal. Sobre las 13.30 horas, Paul Bekaert, el letrado contratado el lunes, entró a pie en la sede de la Fiscalía de Bruselas, en el número 4 de la Rue de Quatre Bras, frente al Palais de Justice de la capital, donde los periodistas llevan montando guardia desde la mañana del sábado. Y unos minutos después, en varios coches, el resto de la comitiva llegó al mismo edificio.
Apenas un par de horas antes, Gilles Dejemeppe, portavoz de la propia Fiscalía de Bruselas (diferente a la Federal), había anunciado que los arrestos se producirían “lo antes posible” para que un magistrado pudiera ser designado. Desde mediados de semana se había especulado con la posibilidad de que el abogado belga, que asesora a los reclamados por la Justicia española, hubiera pactado una entrega en cuanto la orden fuese tramitada, precisamente para evitar el hecho de ser detenidos.
A partir de ahora, Puigdemont y sus colaboradores deben comparecer antes de 24 horas ante el juez de instrucción, que a su vez deberá decidir en otro plazo de 24 horas si los libera con ciertas condiciones (privación de viaje, una fianza u otras cautelares) o los deja en libertad mientras la corte (conocida como Chambre du Conseil) decide sobre la petición de entrega de la juez Carmen Lamela en los próximos 15 días.
Si la decisión fuera la de que permanezcan en prisión, expertos penalistas explican que las tres cárceles más probables serían las de Saint-Gilles (un enorme edificio en el medio del barrio), Forest o Haren.
El president cesado justifica su presencia en Bruselas: según él, responde a una estrategia de "internacionalizar al máximo lo que esta pasando" y "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España".
Carles Puigdemont ha asegurado este martes desde Bruselas estar "preparado"para ser extraditado a España por la justicia belga, y que es consciente de que tanto él como los cuatro consellers huidos a Bélgica pueden "acabar en prisiones españolas".
En una entrevista concedida a Catalunya Radio desde Bélgica, Puigdemont ha indicado que los exmiembros del Govern que se encuentran en ese país "en ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad" y ha resaltado que se presentaron "voluntariamente ante la justicia belga" tras la euroorden de detención dictada por la Audiencia Nacional.
Según Puigdemont, su exilio en Bélgica responde a una estrategia de "internacionalizar al máximo lo que esta pasando" en Catalunya, de una causa que a su juicio es "de derechos humanos y de democracia" y que "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España". "Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite", ha añadido.
"Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no de los individuales, sino del Govern de Catalunya", ha considerado Puigdemont, que entiende que "si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar".
Puigdemont: "Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite"
El presidente de la Generalitat también ha asegurado que la causa abierta contra su Govern cesado a raíz del proceso independentista terminará ante instancias judiciales internacionales: "Que nadie tenga ninguna duda: todo esto acabará en los tribunales internacionales porque tenemos todo el derecho de ir e iremos". "No será la primera vez que España pase vergüenza en los tribunales internacionales, ya les pasó por las torturas del 92 y fue condenado", ha dicho.
"Lo que sería inexplicable es que hubiéramos desaparecido" y huido a un paradero desconocido, ha afirmado, por lo que ha insistido en que su Govern cesado, que considera el legítimo de Catalunya, trabaje desde la capital europea.
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España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
