El virtual presidente electo de México declaró que esa decisión es una muestra de su política de austeridad.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al salir de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 9 de julio de 2018.
Moises Castillo / AP
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Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció este miércoles que cancelará el contrato de compra de los ocho helicópteros MH60R de combate, de la empresa Lockheed Martin, que el actual gobierno pretendía adquirir de Estados Unidos.
A pesar de que la venta de las aeronaves ya fue autorizado por la administración de Donald Trump, López Obrador dijo que la anulación del acuerdo es una muestra de la política de austeridad que pondrá en marcha cuando inicie su gobierno, ya que la adquisición representaría un gasto de 1.200 millones dólares.
En una conferencia de prensa, el político tabasqueño señaló: "Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto", informó AP.
El Departamento de Estado estadounidense aprobó en abril pasado la venta de los ocho helicópteros de combate, que tendrían por objetivo combatir al crimen organizado y ayudarían a mejorar la seguridad del país vecino.
Las declaraciones de López Obrador ocurren a días de que se reúna en su casa de campaña, en la Ciudad de México, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.
Durante su campaña electoral, López Obrador criticó la compra de equipo militar, al tiempo que insistió en que la postura que se precisa no es la carrera armamentística sino la paz.
Gobierno de México imputa a seis exfuncionarios por desvío de 44 millones de dólares
Publicado: 25 ene 2019 03:23 GMT
Aunque llevarán sus procesos en libertad, son vinculados a proceso por peculado y ejercicio indebido del servicio público, en el caso conocido como "Estafa Maestra".
El Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, en conferencia de prensa.
Twitter / @FGRMexico
Seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialidad y Urbano (Sedatu) de México son investigados por el Gobierno de aquel país por presuntos desvíos de 839.769 millones de pesos (44.096 millones de dólares), en el caso denominado "Estafa Maestra".
Asimismo, la Fiscalía General de México (FGR) informó que hay 64 funcionarios bajo investigación, mientras que seis de ellos ya fueron vinculados a proceso por cuatro expedientes en los que les imputan los delitos de peculadoy ejercicio indebido del servicio público.
En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que los seis exfuncionarios llevan sus procesos en libertad, debido a que los delitos que les atribuyen no ameritan la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio.
Asimismo, dio a conocer que del año 2015 a la fecha, la FGR ha iniciado tres averiguaciones previas contra siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 20 carpetas de investigación contra 57 presuntos implicados. Sin embargo, destacó, "la investigación de la 'Estafa Maestra' hasta el momento no ha sido satisfactoria, por eso he solicitado una explicación de cómo avanza, qué podemos esperar y para cuándo vamos a tener resultados".
Solo de 2013 a 2014, la investigación conocida como "Estafa maestra" detectó contratos ilegales por más de 430.000.000 de dólares, de los que se desconoce el paradero de más de 192.000.000; los desvíos habrían sido cometidos por 11 dependencias y ocho universidades.
Las instituciones implicadas son la Sedesol, la Sedatu, Pemex, Banco Nacional de Obras, las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como las de Comunicaciones y Transportes.
Entre las universidades que presuntamente se usaron como intermediarias figuran la Autónoma del Estado de México; la del Carmen, en el estado de Campeche; la Popular de la Chontalpa; la Politécnica del Golfo de México y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, en Tabasco.
Según la mecánica detectada, el Gobierno federal entregaba los recursos a las universidades y estas contrataban a terceros para supuestos servicios como supervisar la perforación de pozos petroleros u organizar eventos.
Dichos fondos fueron entregados a 186 empresas, 128 de las cuales presentan irregularidades (11 de ellas fueron declaradas como "fantasmas"), "presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado", según la investigación.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subastará vehículos de lujo y aviones que empleaban los integrantes de la Administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, como parte del plan de austeridad del nuevo Gobierno mexicano. El mandatario empleará los ingresos por esas ventas, que podrían rondar los cinco millones de dólares, para pagar la recién creada Guardia Nacional.
De las 45 empresas que se fueron a huelga, 15 de ellas aceptaron las condiciones exigidas por los trabajadores. Pero los obreros se unieron y mantuvieron el paro de actividades hasta no resolver las condiciones contractuales para todos los empleados del sector maquilero. Actualmente van 31 empresas que aceptaron pagar un aumento del 20% y el bono único, aunque todavía existen 11 empresas aferradas a no dar el bono, según explica la abogada.
"Los trabajadores están aprendiendo que su fuerza de trabajo es el motor que mueve toda esta industria multimillonaria alrededor del mundo y que solo pertenece a 10 familias. Si los trabajadores se dan cuenta de ello, vamos a tener una sociedad más justa porque van a saber exigir mejores salarios", señala Prieto.
La huelga obrera en Matamoros provocó que otros colectivos de trabajadores exigieran mejores condiciones laborales en sus empresas, tal como pasó con trabajadores de Coca Cola y obreros de otros centros industriales como Aguaprieta, Mexicali y Ciudad Juárez, quienes ya han contactado a la abogada para que los asesore legalmente.
"Eso era lo que no querían: este fervor que existe del movimiento obrero en la franja fronteriza, derivado del robo que las empresas están haciendo a los trabajadores", asegura.
Por ello, asegura que las versiones del sector empresarial sobre la manera en que las huelgas provocarán una fuga de capitales es una campaña mediática que no corresponde con la realidad.
"¿Cuándo se van a ir las empresas a EE.UU. para pagar entre 12 y 26 dólares la hora a los trabajdores que les pagan aquí 150 pesos (7,8 dólares) diarios?", cuestiona.
Y suelta una última advertencia. "Que cumplan con el decreto o se les va a armar una verdadera revolución", asegura Prieto.
Pérdidas millonarias
A una semana de iniciado el conflicto, los empresarios maquileros reportan pérdidas diarias por 37,5 millones de pesos diarios (1,9 millones de dólares), según el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), Luis Aguirre.
La mayoría de las empresas maquiladoras en huelga pertenecen al sector electrónico y de autopartes.
Las exportaciones automotrices desde México representaron casi el 36% de las manufacturas exportadas en 2018, con un valor de 142.177 millones de dólares, según Reuters.
Tras el estallido de la huelga, 15 maquiladoras anunciaron sus intenciones para salir del país.
Mientras tanto, el sector empresarial, a través de organismos como INDEX y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hicieron un llamado al Gobierno de López Obrador y el Gobierno de Tamaulipas para intervenir en el conflicto y solucionar la crisis.
Las organizaciones empresariales argumentan que la huelga es "ilegal", debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró incompetencia para 13 empresas del sector automotriz y las turnó a la Junta Federal. "Asimismo declaró huelga inexistente en 16 empresas adicionales, lo que implica que deben reiniciarse las actividades", señaló el CCE y otras organizaciones de industriales en un comunicado.
La postura del Gobierno
En tanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya titular es Luisa María Alcalde, asegura que no tienen jurisdicción para intervenir en el asunto, aunque el Gobierno de López Obrador ya envió a funcionarios para tratar de conciliar entre las partes.
"En el conflicto laboral de Matamoros, se debe apostar al diálogo y al entendimiento entre las empresas y los trabajadores, es la única vía razonable para encontrar una verdadera solución. A pesar de ser huelgas locales, seguiremos coadyuvando hacia un entendimiento", dijo la secretaria de Trabajo en su cuenta de Twitter.
Una postura que, sin embargo, no dejó satisfechos a los representantes del sector empresarial, tal como manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, quien aseguró que la huelga de trabajadores en Matamoros pone en riesgo a decenas de empresas y miles de empleos, así como la reputación del país ante inversionistas extranjeros.
Pérdidas económicas que, sin embargo, no han podido detener la huelga que se mantiene en Matamoros y podría extenderse a otras regiones de México.
Gobierno de México revela contratos que dejarían en "quiebra" a la estatal que abastece de energía eléctrica
Publicado: 11 feb 2019 18:05 GMT
Una deuda de 70.000 millones de dólares contraída con empresas privadas, incluyendo una firma del magnate mexicano Carlos Slim, podría acabar con la Comisión Federal de Electricidad.
Oficinas de la CFE en Ciudad de México, México, el 6 de agosto de 2013.
Henry Romero / Reuters
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal de energía eléctrica en México, está en riesgo de quiebra por una serie de millonarios contratos firmados por administraciones anteriores para beneficiar a empresas privadas.
Así lo reveló el Gobierno de México al explicar la manera en que sus antecesores aprobaron una serie de cláusulas desventajosas para el Estado mexicano con el propósito de beneficiar a firmas privadas involucradas en la construcción de siete ductos para transportar gas y generar energía eléctrica.
"Hay siete gasoductos en esas condiciones, sin usarlos, parados, detenidos", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina del 11 de febrero.
"De continuarse estos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra", dijo Manuel Bartlett, titular de la CFE.
Contratos desventajosos
Bartlett explicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano creado a partir de la reforma energéticaimpulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, autorizó crear una filial privada de la CFE para comercializar con combustibles.
Dicha filial, según explicó el político, firmó contratos con empresas privadas para construir gasoductos, pero con una serie de cláusulas, en las cuales se establece que "cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, obliga a la CFE a pagar una pena, como si estuviera pagando el gas sin recibirlo".
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador y Manuel Bartlett durante una conferencia en Palacio Nacional, México, el 8 de febrero de 2019. / Alfredo Estrella / AFP
De este modo, afirmó Bartlett, el Estado mexicano ha tenido que pagar una serie de penas multimillonarias a empresas privadas por siete ductos que no se utilizan.
En este sentido, indicó que en 2018 la CFE saldó multas por 5.000 millones de pesos (260 millones de dólares) y, de no negociarse estos contratos, estaría abonando otros 16.000 millones de pesos (834 millones de dólares) para 2019.
"Pero, además, la CFE tiene que pagar un préstamo que, de una inversión de 16.000 millones de dólares, tendremos que pagar cerca de 70.000 millones de dólares en 25 años", explicó Bartlett.
De este modo, el Estado mexicano tendrá que abonar cargos que superan en 337 % el monto original de la obra, sin recibir ningún tipo de beneficio. Desde 2015 y hasta el momento, la CFE ha pagado apenas 62.000 millones de pesos (3.232 millones de dólares), equivalentes al 4,6 % de los 70.000 millones de dólares de adeudo.
Líneas eléctricas en Veracruz, México, el 10 de agosto de 2017. / Henry Romero / Reuters
Una situación que deja en una situación "realmente de quiebra" a la empresa estatal encargada de abastecer de electricidad a todo el país.
Ante la insistencia de los reporteros, Bartlett reveló que las empresas privadas beneficiadas por la firma de dichos contratos son Grupo Carso (propiedad del magnate mexicano Carlos Slim), Ienova (filial de la estadounidense una empresa de Sempra Energy) y Transcanada (con sede en Calgary, Canadá).
El titular de la CFE indicó que es necesario que el Estado mexicano haga una revisión de los contratos para "no pagar gastos exorbitantes" y que la empresa paraestatal pueda recibir el abasto de gas planeado originalmente.
"No es ético que se tenga un contrato en el que, por causas que no tienen que ver con la CFE, se le pide a la CFE que pague estas sanciones onerosas. El compromiso es que no aumente el precio de la energía eléctrica en términos reales", concluyó el presidente López Obrador.
Suprema Corte de México avala cobro de impuestos estadales a empresas contaminantes
Publicado: 11 feb 2019 22:45 GMT
Un intento previo de establecer tal normativa había sido impugnado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Imagen ilustrativa
AFP
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La Suprema Corte de Justicia de México autorizó a los estados del país a aplicar impuestos especiales a las empresas que contaminen aguas o suelos y a las mineras en caso de remover tierra a cielo abierto.
De esta forma, los magistrados del máximo tribunal del país avalaron la posibilidad de que los gobiernos estadales impongan gravámenes por emisión de gases a la atmósfera; por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y por el depósito o almacenamiento de residuos.
En 2017, el estado de Zacatecas (centronorte de México) creó cuatro impuestos ecológicos que fueron impugnados por el Ejecutivo, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto, así como por decenas de empresas, por considerarlos invasivos de las atribuciones federales.
Pemex anunció que recibirá alrededor de 35.000 millones de pesos (1.817 millones de dólares) por el pago de pagarés de pasivos pensionales. La compañía ya obtuvo una primera infusión de efectivo en enero, pero tiene otros cuatro giros pendientes.
López Obrador descartó, por el momento, que se pueda recurrir a la renegociación o reestructuración de la deuda de Pemex: "Vamos a poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país", dijo este jueves en su conferencia de prensa matutina.
"El propósito es no endeudar al país, de no crear déficit, que podamos tener finanzas públicas sanas y en equilibrio. Ese es el propósito", recalcó el mandatario.
Cifras clave
El robo de combustible es una actividad con ganancias multimillonarias para la delincuencia organizada. Tan solo el año pasado significó una pérdida para Pemex de 66.000 millones de pesos (equivalentes a más de 3.350 millones de dólares).
El Gobierno de México señala que con la estrategia contra el robo de combustible, emprendida en diciembre de 2018, se han ahorrado alrededor de 5.000 millones de pesos (260 millones de dólares) hasta ahora. "Si seguimos así. podemos alcanzar los 50.000 millones en el año de ahorro", ha dicho López Obrador.
Con base en información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el número de tomas clandestinas pasó de 102 en 2004, a 6,159 en 2016, es decir, en promedio cada hora se perforaron 1,5 tomas; la diferencia en doce años representa un incremento de más de 6.000%.
En México, Pemex es el principal suministrador de gasolina. Durante 2017, el país presenció la llegada de 35 nuevas marcas y alianzas de gasolineras, como parte de la reforma energética de 2014, sin embargo, gigantes como Shell, BP y Total aún compran la gasolina a la petrolera mexicana y agregan un aditivo.
Pemex alcanzó ventas totales en el segundo trimestre de 2018 por 254.000 millones de pesos (13.213 millones de dólares, aproximadamente), cifra 36% mayor a la observada durante el mismo período del año anterior, con base en datos de la propia empresa.
Ciudad de México. Desde la administración pasada, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con su homóloga de Brasil a no ejercer ninguna acción penal, civil o administrativa en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht a cambio de que le entregara información sobre las pesquisas.
Contrario a lo que se dijo en el sexenio de Enrique Peña Nieto de que no habría ningún acuerdo reparatorio o legal, el entonces procurador Raúl Cervantes lo suscribió y después lo ratificó.
El 13 de agosto de 2017, la PGR dio a conocer los avances del caso Odebrecht y enfatizó que representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios o funcionarios públicos involucrados.
No obstante, ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 16 de febrero de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade estuvo en una reunión con procuradores de Latinoamérica, misma en la que se suscribió un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht.
El convenio fue ratificado por México el 16 de febrero y dos veces más el 14 de junio de 2017.
En la investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 que tiene la fiscalía por presuntos actos de soborno, estaría supuestamente involucrado el ex director de Pemex Emilio Lozoya, luego de que Odebrecht habría entregado cohechos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Respeto al debido proceso
Con la finalidad de respetar el debido proceso, la Fiscalía General de la República no hará pública la investigación por el caso de corrupción Odebrecht en la que supuestamente estaría involucrado el ex director de Pemex.
Ayer, la FGR dio a conocer que el 29 de enero el juez tercero de distrito en materia administrativa en Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que no se proporcione la información, como lo había indicado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai).
A partir del 8 de octubre de 2018, el Ministerio Público Federal (MPF)recibió 11 solicitudes de acceso a la información, en 10 de las cuales determinó la reserva por tratarse de datos de la investigación protegidos, y en un caso sí se proporcionó la información porque se trataba de datos estadísticos.
De las 10 reservadas, en tres hubo resoluciones del Inai a los recursos de revisión que interpuso el solicitante, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual el agente del Ministerio Público de la Federación promovió juicio de amparo, indicó la dependencia.
En su resolución del 29 de enero, el juez concedió la suspensión definitiva para que la FGR no haga pública la información solicitada y para que los comisionados del Inai se abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución del 2 de octubre de 2018.
Casi lista, la red de transferencias en Suiza
De acuerdo con la información que dio a conocer la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la próxima semana tendrá la lista de transferencias que se hicieron a bancos de Suiza.
La FGR –que encabeza Alejandro Gertz Manero– explicó que entre mayo y septiembre de 2018 recibió información financiera de Suiza y se espera que en dos semanas y media estará completamente traducida; además, en enero solicitó el dictamen en materia de contabilidad.
Precisó que el 7 de enero de 2019, en virtud de haberse recibido más información financiera procedente de Suiza, se solicitó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia la red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, con los cuales se contará la próxima semana.
Se aprueba en comisiones el dictamen de la Guardia Nacional en México
Publicado: 19 feb 2019 03:34 GMT
Los senadores opositores del PRI, PAN, PRD y MC se mostraron inconformes con el dictamen del partido oficialista Morena y abandonaron la sesión.
Policía antidisturbios montan guardia frente al museo de Bellas Artes en Ciudad de México, el 25 de mayo de 2016.
Henry Romero / Reuters
El partido oficialista Morena en el Senado aprobó este lunes en comisiones el dictamen de la Guardia Nacional, sin la presencia de las agrupaciones políticas de oposición.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen en lo general y lo particular, sin los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, quienes abandonaron la sesión después de que se rechazara un receso para buscar una minuta en consenso.
El PAN señaló en su cuenta de Twitter que abandonaron la sesión en comisiones "ante la falta de voluntad política y cerrazón de Morena y sus aliados".
Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que su partido tiene la voluntad política de construir una Guardia Nacional "que verdaderamente sirva al país", pero que el dictamen actual no da garantías que eviten "vulnerar" los derechos humanos de la ciudadanía.
Pese a las quejas de los partidos de oposición, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, celebró que la aprobación del dictamen en Comisiones es "un primer paso", aunque se mostró dispuesto a "incorporar modificaciones consensuadas".
Hoy en la tarde, previo a la sesión de las comisiones, Monreal había asegurado que su partido estaba dispuesto a hacer algunas concesiones al dictamen y debatir algunos puntos polémicos, como la naturaleza militar de la Guardia Nacional, la falta de temporalidad en la que la corporación estará desplegada en las calles y el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos.
Se prevé que el jueves 21 de febrero se discuta y se vote en el Pleno del Senado el dictamen, aunque Morena ha expresado que busca llegar a consensos para lograr una mayoría calificada.
Entre los detenidos hay cuatro policías municipales y dos menores de edad.
Policía municipal en México.
OMAR TORRES / AFP
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La Fiscalía del estado de Guerrero, México, anunció la captura de 9 personas vinculadas con el grupo delictivo 'Los Rojos', a través de un operativo realizado en la ciudad Chilapa de Álvarez. Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía Estatal.
En el operativo también se encontraron siete armas de diversos calibres, más de 170 municiones, y aparentemente paquetes de marihuana y 62 bolsas pequeñas de cocaína. También se retuvo una camioneta y teléfonos celulares.
Las autoridades han informado que cuatro de los detenidos formaban parte de la Policía municipal de la localidad y han sido identificados como Baldomero "N", Fernando "N", Fabián "N" y Mireli "N". Además, existen dos menores de edad entre los aprehendidos, cuyos nombres e imágenes no han sido reveladas. Otros tres civiles capturados son: Abisaid "N", Yesenia "N" y Mario "N".
Según datos presentados por la Fiscalía, 'Los Rojos' es una banda encabezada por Zenén Nava, más conocido como 'El Chaparro', quien de acuerdo a medios locales, forma parte de los narcotraficantes más buscados en México. Nava estaría acusado de delincuencia organizada, secuestro y otros crímenes.
El hallazgo ocurrió en las instalaciones de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Un camión cisterna ingresa a una terminal de almacenamiento de PEMEX. 11 de enero de 2019.
Fernando Carranza / Reuters
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Elementos de la Marina de México descubrieron este viernes tomas ilegales de combustible en un campo de golfpropiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Mario Maqueda Mendoza, vicealmirante de la Marina en el sur de Tamaulipas (noreste de México), informó que desplegaron a cerca de 150 elementos de la Armada en las instalaciones de Pemex en Ciudad Madero.
Frente a la refinería de Ciudad Madero, la Marina encontró tomas ilegales de combustible en el Club de Golf Refinería, que pertenece a la petrolera mexicana.
"Se han encontrado muchas tomas clandestinas en instalaciones donde comienzan los ductos, son alrededor de 30 tomas tan solo en una tubería y en otros puntos (...) por ejemplo, en el campo de Golf del Club Refinería, dentro de las instalaciones de Pemex, había tomas", dijo el almirante Maqueda, según información de El Financiero.
Plan contra el 'huachicoleo'
Desde finales de diciembre, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un plan contra el 'huachicoleo', como se le conoce al robo de combustible en el país.
De acuerdo con estimaciones oficiales, en 2018 el robo de combustible en el país significó pérdidas para Pemex por más de 66.000 millones de pesos (aproximadamente 3.425 millones de dólares).
La aprobación de López Obrador llega al nivel más alto en 25 años para un presidente mexicano
Publicado: 5 mar 2019 02:15 GMT | Última actualización: 5 mar 2019 02:23 GMTLa popularidad del tabasqueño se mantiene a la alza a casi 100 días de Gobierno, a pesar de las críticas por los cambios al programa de estancias infantiles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fotografiado durante el segundo día de una misión económica belga a México, el lunes 18 de febrero de 2019.
Eric Lalmand / www.globallookpress.com
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, registró una aprobación del 78 % a casi 100 días de haber iniciado su cargo, a pesar del rechazo de la población a dos medidas polémicas que han encendido el debate en redes en las últimas semanas.
La popularidad de López Obrador es la más alta registrada desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), de acuerdo con la encuesta realizada por el especialsita Alejandro Moreno y El Financiero. Los datos también señalan que en febrero la popularidad de López Obrador fue de 86 %.
La encuesta también refleja una alta aprobación de los mexicanos hacia las acciones realizadas por López Obrador, incluyendo la creación de la Guardia Nacional, bajar salarios a altos funcionarios públicos y las conferencias de prensa matutinas.
Los mexicanos también respaldaron acciones como el combate al robo de combustible (huachicoleo), la venta del avión presidencial y su política de transparencia y rendición de cuentas.
En temas como la construcción del Tren Maya y la cancelación del Aeropuerto Internacional de México se mostraron divididas, aunque ligeramente favorables hacia el presidente.
Sin embargo, los dos temas donde se mostró más rechazo, es la cancelación de presupuesto para las estancias infantiles.
El Gobierno tampoco dejó satisfechos a los mexicanos sobre las investigaciones en torno al percance aéreo que provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle.
El presidente López Obrador, y el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, en Saltillo, México, el 19 de febrero de 2019. / Daniel Becerril / Reuters
Otras encuestas publicadas en días recientes, muestran una tendencia similar a la popularidad creciente de López Obrador, tal como ocurrió con la encuesta publicada por Consulta Mitofsky en El Economista.
De acuerdo con dicha medición, López Obrador logró subir de 62,6 % la aceptación que tenía en noviembre de 2018, justo antes de asumir el cargo como presidente, hasta un nivel de 67,1 % de aprobación presidencial para febrero del 2019.
Un fenómeno que, de acuerdo con encuestadores mexicanos responsables de ambos estudios, significa un acontecimiento inusual para un presidente en el mundo actual.
¿A qué se debe el descontento por las estancias infantiles?
Sin embargo, no todo es favorable para el mandatario mexicano, ya que en las últimas semanas López Obrador ha recibido una serie de críticas por la manera en que su Gobierno decidió cancelar el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras y otro programa sobre la violencia doméstica contra mujeres.
La polémica comenzó en febrero pasado, luego de que un grupo de personas afectadas por el cierre de guarderías infantiles reclamaron que el Gobierno dejara de entregar recursos para su mantenimiento.
La administración de López Obrador respondió que al hacer una revisión de cómo funcionaban las estancias infantiles, que no formaban parte del Gobierno al tratarse de organizaciones civiles sin regulación, se detectaron desvíos de recursos y una serie de irregularidades que ponían en peligro al 40% de los niños que asistían a estos centros.
Por lo tanto, el Gobierno anunció que el dinero que antes se entregaba a dichas organizaciones sería entregado directamente a los padres de familia para pagar el cuidado de sus hijos.
Sin embargo, la medida no resolvió las exigencias de los padres afectados y algunas organizaciones, quienes reclaman que el Estado debe hacerse cargo de este problema.
Lo mismo ocurrió con los refugios para mujeres maltratadas, a las cuales se les dará el dinero correspondiente, según el Gobierno, lo cual ha sido criticado por periodistas y analistas que sostienen que esta medida pone en peligro la integridad de mujeres que sufren violencia en sus hogares.
La respuesta de AMLO
En respuesta a su popularidad creciente pese a la polémica por los cambios en dichos programas, el presidente López Obrador respondió que su Gobierno está analizando cómo atender a la población afectada.
Así lo reconoció el presidente en su conferencia de prensa matutina del 1 de marzo.
Días más tarde, el mandatario indicó que su administración no otorgará apoyos sociales a través de intermediarios.
"Vamos a seguir ayudando, lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda", dijo López Obrador en su conferencia matutina del 4 de marzo.
"Estamos hablando de miles de millones de pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios. Se fue creando toda una estructura intermedia en donde los recursos se mal empleaban por decir lo mínimo, y se usaba de excusa la necesidad de la gente. Entonces, eso debe de terminar, eso es corrupción", señaló.
Se prevé que el próximo lunes 11 de marzo, López Obrador presente un primer informe con los resultados de su gestión a 100 días de haber asumido el cargo.
Ante la reducción de la perspectiva crediticia de México, el analista político Víctor Manuel Quintana cuestionó la objetividad de las calificadoras. El experto sostiene que antes el resultado de la evaluación era mayor porque había complicidad del Gobierno con algunas empresas proveedoras relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad o la compañía de petróleo Pemex. La evaluación era mayor porque las empresas se beneficiaban de contratos ilegales, sostuvo.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en rueda de prensa que el penal de castigo de las Islas Marías fue cerrado, hecho que eligió como símbolo de sus primeros 100 días de Gobierno.
"Escogí como acto simbólico para conmemorar 100 días de Gobierno el cierre del penal de las Islas Marías, ya se cumplió con el decreto y ya se cerró esa cárcel", dijo el mandatario.
Un video fue transmitido después de un menaje a la prensa "para dar fe que fueron trasladados los reclusos y un número importante liberados", afirmó López Obrador, al presentar la operación en la que participaron unos 600 efectivos custodios.
El operativo desalojó a los últimos 584 reclusos el 8 de marzo, en 33 embarcaciones y ocho aeronaves, a quienes personal de protección de derechos humanos les leyó sus derechos.
El edificio donde funcionaba el penal se transformará en un centro de educación ambiental para jóvenes, bautizado con el nombre del escritor José Revueltas.
"La cárcel la creó el dictador Porfirio Díaz para castigar a los políticos opositores, debe estar contento donde se encuentra José Revueltas, porque ya esas islas se convierten en campamentos para jóvenes, que van a visitarlas para proteger la naturaleza", dijo el mandatario.
Seis prisioneros fueron liberados el fin de semana pasado, entre ellos un indígena que había sido condenado a 13 años por posesión de marihuana, según el vídeo transmitido.
Cuando el decreto fue firmado el 18 de febrero pasado, López Obrador recordó que en dos ocasiones Revueltas estuvo preso allí, experiencia que fue la inspiración de la novela "Los muros de agua" sobre la represión política, que publicó en 1941, "después fue penal de castigo y violación de derechos humanos", afirmó el presidente.
Revueltas (1914-1976), escritor y militante del Partido Comunista, estuvo preso en ese "penal infame" de las Islas Marías, en el marco de la persecución política que padeció, escribió obras como "El luto humano" y ensayos políticos como "Un proletariado sin cabeza".
La prisión fue creada en la principal de las islas, a 130 kilómetros del Puerto de San Blas, en el estado mexicano de Nayarit (oeste), con el modelo carcelario de destierro, como el que existía en la Guayana Francesa en Sudamérica o la prisión de Alcatraz en EEUU, y en algún tiempo vivieron allí familiares de los prisioneros.
El 18 de febrero pasado el mandatario anunció la decisión de que dejara de ser prisión el penal que data de 1905, antes de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, "con una historia de castigos, tortura y represión a lo largo de más de un siglo", dijo entonces el mandatario.
Un centro de estudios educativos y científicos con el nombre del escritor será destinado para el conocimiento de la flora y la fauna del archipiélago, en virtud de que es "uno de los lugares naturales más bellos de México, y servirá para campamentos de niños y jóvenes", dijo el López Obrador al firmar del decreto.
Las islas fueron declaradas reserva de la biosfera en el año 2000 y desde 2005 patrimonio mundial de la humanidad.
Durante los 113 años que fue penal pasaron por allí más de 50.000 prisioneros.
Después de la revolución mexicana (1910-1917), entre 1928 y 1932, se buscó la readaptación social mediante el trabajo y el bienestar al trasladar a las islas a las familias de los presos, pero después volvió a ser prisión de castigo.
Consulta sobre revocación de mandato
López Obrador también confirmó que se someterá a un referéndum de revocación de mandato en diciembre de 2021.
"Las conferencias continuarán de lunes a viernes, vamos a estar aquí hasta que los ciudadanos lo decidan o termine el mandatario porque el pueblo manda; y vamos a cumplir el compromiso de someternos a una consulta sobre revocación de mandato", afirmó.
El presidente considera que los temas polémicos deben ser sometidos a consultas ciudadanas, de las cuales ya impulsó tres desde que triunfó en las elecciones.
Dos consultas se realizaron en los cinco meses de transición, entre las elecciones del 1 de julio y la toma de posesión del 1 de diciembre pasado.
Se trata de la cancelación de las obras de un aeropuerto capitalino y el llamado Tren Maya en el sureste del país.
La tercera consulta fue en los primeros 100 días de Gobierno, que cumplió el 10 de marzo, sobre una planta termoeléctrica a la que se oponen comunidades indígenas.
"El pueblo manda y el pueblo quita, a mediados del mandato convocaremos a una consulta para preguntar a los mexicanos si quieren que continúe el presidente o renuncia, si lo aprueban seguiremos hasta 2024 en estas conferencias de prensa", aseguró López Obrador.
El presidente expresó su agradecimiento a la prensa por la cobertura de sus conferencias de prensa que ofrece todos los días de la semana laboral, a partir de las 7:00 de la mañana (13:00 GMT) y que duran hora y media o dos.
López Obrador expresó que no tiene "problemas con medios de información", sin mencionar su controversia abierta la semana pasada en una conferencia de prensa con el periódico Reforma, cuyo surgimiento asoció con el expresidente Carlos Salinas (1988-1994).
Esa afirmación del mandatario generó un rechazo del periódico con vídeo de reseña sobre sus coberturas críticas de ese personaje, a quien el mandatario califica como "jefe de la mafia del poder".
La relación de la presidencia con la prensa "es buena con todos, hay diferencias pero son propias de un sistema político democrático, si se tratara de una dictadura habría mucha confrontación o mucho silencio, es bastante la comunicación", puntualizó.
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