El virtual presidente electo de México declaró que esa decisión es una muestra de su política de austeridad.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al salir de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 9 de julio de 2018.
Moises Castillo / AP
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Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció este miércoles que cancelará el contrato de compra de los ocho helicópteros MH60R de combate, de la empresa Lockheed Martin, que el actual gobierno pretendía adquirir de Estados Unidos.
A pesar de que la venta de las aeronaves ya fue autorizado por la administración de Donald Trump, López Obrador dijo que la anulación del acuerdo es una muestra de la política de austeridad que pondrá en marcha cuando inicie su gobierno, ya que la adquisición representaría un gasto de 1.200 millones dólares.
En una conferencia de prensa, el político tabasqueño señaló: "Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto", informó AP.
El Departamento de Estado estadounidense aprobó en abril pasado la venta de los ocho helicópteros de combate, que tendrían por objetivo combatir al crimen organizado y ayudarían a mejorar la seguridad del país vecino.
Las declaraciones de López Obrador ocurren a días de que se reúna en su casa de campaña, en la Ciudad de México, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.
Durante su campaña electoral, López Obrador criticó la compra de equipo militar, al tiempo que insistió en que la postura que se precisa no es la carrera armamentística sino la paz.
Los funcionarios públicos y los magistrados si podrán ganar más que el presidente. ¿Qué sigue ahora? Una pelea interna entre dos poderes: el legislativo y judicial.
Debo decir que en ocasiones soy un crítico de las declaraciones y acciones que ha estado tomando Andrés Manuel durante su campaña presidencial, como presidente electo y presidente constitucional de México. Sin duda es una persona que tiene el respaldo de más de 30 millones de mexicanos y representa un cambio que ha polarizado al país en todo su esplendor. Crítico del neoliberalismo que ha sacudido al país por más de 30 años, de la corrupción y los altos salarios que ganan los burócratas de la clase élite en nuestro servicio público. Es amado y odiado, pero jamás habíamos visto que tanta gente respaldará a un presidente de la manera que se está viendo hoy; un claro ejemplo es todo lo que se percibió durante su toma de posesión.
Es muy interesante lo que había planteado AMLO en campaña sobre bajar el sueldo a los burócratas y que nadie ganara más que el presidente. Creo en mi humilde opinión, más del 80% de los mexicanos estaban de acuerdo con tal pensamiento. Por primera vez un presidente había decidido enfrentarse a los burócratas élite de México y desafiarlos para imponer un respeto al servicio público y de verdad "servir" al pueblo, no servirse a ellos.
López Obrador sabía que iba a ser difícil aplicar la Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Era obvio que un gran porcentaje de los altos burócratas no iban a querer dejar de ganar menos de 500 mil o 600 mil pesos por mes (24.000 o 29.000 dólares), pues es a lo que han estado acostumbrados desde el priismo de los años 80.
Con la mayoría del Congreso pensó que iba a ganar la batalla, no pasó y esta decisión se fue directamente al poder judicial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dentro de tantas declaraciones por parte de magistrados, políticos, servidores públicos y otros; se hizo un dilema nacional que causó mucho furor en redes sociales y en la prensa. Algunos argumentaban que habían estudiado mucho y que tenían una carrera en el Gobierno que les daba la razón de ganar lo que ellos ya estaban recibiendo.
No se tardaron mucho, pues fue rápido el fallo (menos de una semana) de la Suprema Corte de Justicia, la cual había ordenado suspender la aplicación de la ley que había propuesto el presidente. Se tenía ya planteado un Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 con la disyuntiva de que nadie ganaría más que el líder del ejecutivo federal, pero con el fallo de la corte, será necesario volver a elaborarlo.
En consecuencia, los diputados deberán seguir las reglas establecidas en la Constitución y observar que los salarios de jueces, magistrados y ministros no podrán ser reducidos mientras sigan en funciones de su puesto.
Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso ya tronó y aseguró que habrá reducciones en los salarios.
El problema aquí es que sería inconstitucional cambiar los salarios sin haber pasado por la corte, lo cual traería una crisis política entre el poder legislativo y el judicial.
La austeridad y la rebaja de salarios han perdido la primera batalla en el Gobierno que acaba de arrancar, no será fácil dominar y "aplacar" a todo un sistema que está acostumbrado a ganar mucho y servirle poco al pueblo.
Andrés Manuel López Obrador fue enfático al decir que iba a respetar la decisión de los magistrados, pero con esto que acaba de pasar, puede que veamos uno de los primeros "jaloneos" dentro de un sistema que tiene oposiciones, bandos e intereses que cumplir.
El pueblo mexicano reaccionó de manera negativa a la postura del fallo de la Suprema Corte, pero era de reconocerse que pelear y querer aplicar una ley de ese tamaño, sería un paso muy complicado al iniciar un nuevo Gobierno.
Hablando desde la presa de Chicoasén, López Obrador señaló que uno de sus objetivos centrales para el sexenio que inicia es devolver la autosuficiencia al sector energético, de forma que ya no sea necesario adquirir de manos privadas el 50 % de la energía eléctrica que se consume en el país.
El mandatario descartó construir más plantas hidroeléctricas, pero calificó de "extraordinario" que previo al arranque de su Gobierno "no hayan podido privatizar las sesenta" ya existentes. Asimismo, vio positivo el hecho de que cerca del 80 % del potencial petrolero del país no figure al día de hoy en contratos privados.
Según trascendió, la nueva Administración pretende complementar el ahorro previsto en estos pasos de "austeridad" con 20.000 millones de pesos (cerca de 990 millones de dólares) adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad que serán solicitados al Congreso de la Unión.
Lograr la autosuficiencia en la producción de petróleo y electricidad, así como la refinación de combustibles, serán los puntos prioritarios del nuevo Gobierno de México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el anuncio del plan de refinación de petróleo, Tabasco, México, 9 de diciembre de 2018.
Alexandre Meneghini / Reuters
Rescatar al sector energético y recuperar la autosuficiencia en la producción de petróleo y electricidad. Estos son los puntos clave del plan presentado por el nuevo Gobierno de México para enfrentar la "grave crisis" que sufre el sector, según explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Tenemos que extraer petróleo, refinar el petróleo y producir energía eléctrica, esas son las tres demandas principales", dijo el mandatario.
Rescatar la industria petrolera
Dentro de estas prioridades del nuevo Gobierno de México se incluye "rescatar" a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Andrés Manuel López Obrador, habla sobre su plan de seguridad en Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2018. / Henry Romero / Reuters
"No es un asunto ideológico. Es juicio práctico. Son datos duros. Lo expresé en mi acto de toma de posesión, estamos produciendo menos de 1.800.000 barriles diarios. Se están iniciando las compras de petróleo crudo al extranjero, es decir, importando petróleo. Eso nunca se había visto en la historia del petróleo en nuestro país", dijo López Obrador.
"Se desplomó la producción de petróleo y necesitamos con urgencia enfrentar, parar, frenar esta crisis y comenzar la recuperación en la producción de petróleo", sostuvo el presidente mexicano el domingo 9 de diciembre, durante la presentación del Programa Nacional de Refinación.
Indicó que la inversión para Pemex, en 2019, aumentará en 75.000 millones de pesos (3.702 millones de dólares) adicionales al presupuesto que se otorgó el año previo.
Tanques de combustible en una instalación de Pemex, en Ciudad Juárez, México, 4 de octubre de 2017. / Jose Luis Gonzalez / Reuters
"Y estoy seguro que nos va alcanzar, porque no es que haya faltado dinero, es que ha sobrado corrupción", dijo López Obrador.
Puso como ejemplo el caso de la reconfiguación de tres refinerías –Minatitlán, Cadereyta y Madero–, para las que los gobiernos anteriores gastaron 8.000 millones de dólares, a pesar de que dichas refinerías siguen sin funcionar.
"¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Cómo entregaron esos contratos, si no hubo resultados?", cuestionó el presidente.
En este sentido, afirmó que la licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, podría comenzar en marzo próximo.
"El plan es que podamos ser autosuficientes en gasolinas. Metieron el discurso, la idea, fueron manipulando, diciendo que para qué se hacían las refinerías, que era mejor comprar la gasolina en el extranjero. Eso lo machacaron", dijo.
La primera estación de servicio Mobil se encuentra en Querétaro, México, el 8 de diciembre de 2017. / arlos Jasso / Reuters
Apuntó que mientras países como China, EE.UU. y Colombia producen sus propios combustibles, países como Japón y España refinan también sus gasolinas pese a no producir petróleo crudo.
"Nosotros tenemos petróleo crudo y estamos comprando el 75% de las gasolinas que consumimos. Solo producimos el 25%", señaló.
El sector eléctrico
La prioridad del sector eléctrico será que la empresa estatal eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), produzca su propia energía y se acabe con la corrupción, por lo cual, se revisarán a fondo los contratos con particulares.
"El neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la CFE, de cerrar las plantas públicas, para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la CFE", dijo López Obrador el pasado 8 de diciembre, al presentar el Programa Nacional de Electricidad.
"Ese es el meollo de todo el asunto: quedarse con el mercado", señaló el presidente, quien indicó que en 1992 se empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares.
Oficinas de la CFE en Ciudad de México, el 27 de agosto de 2014. / Edgard Garrido / Reuters
"Éramos entonces autosuficientes. Y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume, a precios elevadísimos, que todo esto lo tenemos que revisar", dijo.
En este sentido, aseguró que se realizarán auditorías a fondo para revisar los contratos y los mecanismos mediante los que la empresa estatal de electricidad compra energía a particulares.
Esto, debido a que el Gobierno de López Obrador buscará eliminar los subsidios que se entregan actualmente a las empresas privadas del sector eléctrico.
"Muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, de que el subsidio es para el consumidor. No. Se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles energía y otra cosa es que, además, de comprarles energía, a precio de mercado, se les dé un subsidio. Eso no. Eso se va a terminar", afirmó.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presentó en foro de la ONU, avances del plan construido de manera conjunta con sus homólogos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El canciller Marcelo Ebrard, en Marrakech, Marruecos. 10 de diciembre de 2018.
Fadel Senna / AFP
El Gobierno de México anunció este lunes un cambio de enfoque en su política migratoria y presentó el nuevo Plan de Desarrollo Integral, que llevará a cabo de manera conjunta con El Salvador, Guatemala y Honduras, para reducir la migración.
Durante su intervención en la conferencia de Naciones Unidas (ONU) para un Pacto Global para una migración regular, ordenada y segura, realizado en Marrakech, Marruecos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que la política migratoria de su país cambiará el enfoque que predomina en el mundo.
"México va a cambiar su política migratoria, va a hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado par a una migración segura, ordenada y regular. Vamos a cambiar las cosas", dijo Ebrard.
Al respecto, señaló que México promoverá una política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos, más que cerrar el paso a los migrantes centroamericanos.
"Buena parte de la narrativa política en el mundo va en contra de lo que estamos firmando el día de hoy, en esta sala", agregó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"Coincidimos en una idea por regular la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Pero allá afuera, muchos países y formaciones políticas sostienen lo contrario: que la migración es un peligro, que hay que evitarlo y que la frontera hay que defenderla. Son dos ideas distintas del futuro", afirmó Ebrard.
De acuerdo con el canciller mexicano, el documento presentado está dividido en cuatro capítulos, en los que se detallan puntos como el origen de la migración (las causas), cómo se desarrolla el tránsito de los migrantes, cómo recibir a los migrantes y cómo apoyarlos cuando decidan regresar a sus países.
Ebrard también sostuvo que en México "debe reducirse el número de deportaciones" practicadas hacia migrantes centroamericanos, y que, según Amnistía Internacional superaron las 80.000 personas en 2017.
Migrantes intentan cruzar ilegalmente desde México hasta los EE. UU. 9 de diciembre de 2018. / Mohammed Salem / Reuters
Durante la celebración de toma de protesta del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario firmó junto a su homólogos centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, un documento en el que dichos países se comprometieron a desarrollar un plan regional para frenar la migración.
En esa reunión también se acordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apoye el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Integral para la región.
Hace once días que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y, desde el primer momento, marcó una amplia distancia con las formas de gobernar de los últimos tiempos.
En su discurso de toma posesión ante el Congreso, en el que históricamente suelen lanzarse las grandes líneas que siguen los presidentes en su mandato, López Obrador fue contundente al afirmar que en el plano estructural, el modelo neoliberal no ha funcionado y debe dejarse atrás. En cuanto a la clase política, insistió en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores. Con un planteamiento lleno de cifras, el mandatario mostró el fracaso del modelo e hizo referencias a los principales escándalos políticos de los gobiernos previos, mientras que Enrique Peña Nieto solo lo escuchaba nervioso y cabizbajo.
La llegada al Congreso de López Obrador en su auto compacto de siempre contrastó con el arribo de Peña Nieto quién, aún en su último día como mandatario, hizo uso de la camioneta blindada y los escoltas que lo mantuvieron en una burbuja en todo su sexenio. La imagen mostró dos realidades opuestas: la austeridad republicana y los derroches del privilegio.
"Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
En el Congreso, López Obrador recalcó que no buscará, bajo ninguna circunstancia, reelegirse en el cargo. En cambio, prometió trabajar 16 horas diarias para hacer dos mandatos en uno y aprovechar el tiempo. Quien lo conoce sabe que esto va en serio, ya que tuvo jornadas similares durante su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Desde el primer día como mandatario, comenzó a cumplir algunas de sus promesas: se deshizo del avión presidencial y lo envío a EE.UU. para que se ponga a la venta allá, mientras que realiza sus giras en territorio nacional en vuelos comerciales; anunció el Plan Energético para rescatar la industria petrolera y eléctrica, que fueron abandonadas por años en el terreno de las inversiones para poder justificar su privatización; y rubricó, junto a sus homólogos regionales, un Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica.
Informó también sobre la creación de una Guardia Nacional, conformada por 60.000 elementos —en un inicio 20.000 miembros de la Policía Federal y 40.000 de las Fuerzas Armadas—, para enfrentar la emergencia en seguridad que vive el país. Este punto ha sido controversial y criticado por varios especialistas con argumentos razonables. López Obrador, lejos de esconderse en una burbuja o de ignorar a los críticos, reconoció lo polémico de la medida en la misma toma de posesión en el Congreso, pero sostuvo que ante la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, se hacía imposible un retiro abrupto del Ejército en tareas de seguridad. Con los especialistas en contra, pero con la gente que vive la problemática a favor (60% de la población aprueba la Guardia Nacional), la iniciativa ha empezado a echarse andar.
La disputa con el poder judicial
El segundo punto controvertido en estos primeros diez días de gobierno ha sido la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que aprobó el Congreso en noviembre, y con la que se está diseñando el Presupuesto de Egresos de 2019. ¿En qué consiste la norma y a qué se debe la resistencia? Es bien sabido que una de las banderas de López Obrador es la austeridad gubernamental. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", ha repetido sin cesar por décadas. Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo medidas de austeridad como la reducción de salarios; la eliminación del pago de los seguros médicos privados y el mantenimiento de la seguridad social; la supresión del uso de autos y choferes en niveles medios; y el fin de otros privilegios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la toma de posesión, ciudad de México, 1 de diciembre de 2018. / Daniel Aguilar / Reuters
Todo esto lo hizo en el 2000, en la Ciudad de México, y lo prometió reiteradamente en su campaña electoral por la presidencia. Lo cumplió con la Ley de Salarios, que aprobó el Congreso, y que propone que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares), y pone un techo para que ningún servidor público devengue más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios se les han hecho pocos los 5.000 dólares como límite, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, sumando el salario y sus prestaciones laborales que, más que beneficios, se han construido como verdaderas fuentes de privilegios.
De ahí se hace tan necesaria la diferencia entre servidor público y funcionario. El primero debe tener un salario digno pero mantenerse en la justa medianía, eso le ayudará a recordar cuál es su trabajo: el servicio. Se argumenta que muchos funcionarios, por sus calificaciones, podrían ganar mucho más en la iniciativa privada. Está bien, es válido que alguien quiera un sueldo más alto si sus calificaciones se lo permiten, en ese caso, que vaya con gusto a al ámbito privado y que no se someta al escrutinio público. Como decía el presidente uruguayo Pepe Mujica, el político que quiera hacer plata, que se vaya al mundo del comercio.
Pero en México muchos funcionarios están lejos de querer ser servidores públicos. Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada.
"Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
Esto ha abierto una discusión política sobre la corrupción. Magistrados y jueces dicen que sus ingresos (que en algunos casos llegan hasta los 25.000 dólares brutos) son la garantía para su autonomía e independencia, confesando casi que su probidad tiene precio y está tasada en varios miles de dólares. Otras voces argumentan que es una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la autonomía del Judicial, por lo que todo el sistema democrático pende de un hilo y es el inicio del autoritarismo. Esta última afirmación es, por demás, exagerada y vale la pena preguntarnos si una democracia que está sustentada en salarios de miles de dólares es una verdadera democracia.
En el caso concreto de México, además, el sistema judicial es históricamente el más conservador y aristocrático, por tanto, es el más reacio a cambios democráticos. Si los buenos salarios significaran autonomía y probidad en automático, no se explica que sea un Poder con amplios índices de nepotismo y déficit meritocrático, como lo ha mostrado el politólogo Julio Ríos Figueroa. En esta disputa legal sobre los sueldos, el poder judicial ha recurrido al argumento que un Estado de Derecho se basa en la estricta obediencia a la ley, pero se les olvida lo que suele recordarnos constantemente el filósofo Enrique Dussel, que las leyes tienen su origen en las cuestiones que son legítimas o no lo son. La legitimidad deber ser la base de las leyes y del derecho.
En esta discusión son evidentes dos cosas. Primero, que con más de la mitad de la población sumida en la pobreza y con una clase trabajadora con uno de los peores salarios de Latinoamérica, tener remuneraciones y prestaciones entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales no es legítimo, aunque pudiera ser legal mediante amparos. Segundo, que el poder judicial, al estar tremendamente desprestigiado por sus propias actuaciones del pasado en materia sustantiva, y la corrupción en su interior que se manifiesta en sus redes de nepotismo no es, actualmente, un mecanismo de contrapesos democráticos sino que es uno de los bastiones del viejo régimen de corrupción e impunidad, por lo que se hace indispensable una renovación en el espíritu de sus funciones y hasta en el personal que lo encarna para poder avanzar hacia una consolidación democrática.
La ciudadanía, en su gran mayoría, se percibe esperanzada y favorable a las políticas de austeridad y combate a la corrupción del nuevo gobierno. El hecho que lo demuestra es que el índice de aprobación López Obrador está por encima del 70%, 17 puntos más que los obtuvo en la contienda presidencial. Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior. Paciencia, nadie pensó que esto sería fácil o que no habría inercias por cambiar u obstáculos en el camino. Roma no se construyó en un día y un nuevo sistema político mexicano también llevará tiempo, mucho tiempo y tenacidad. Pero algo se está moviendo ya.
Hace once días que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y, desde el primer momento, marcó una amplia distancia con las formas de gobernar de los últimos tiempos.
En su discurso de toma posesión ante el Congreso, en el que históricamente suelen lanzarse las grandes líneas que siguen los presidentes en su mandato, López Obrador fue contundente al afirmar que en el plano estructural, el modelo neoliberal no ha funcionado y debe dejarse atrás. En cuanto a la clase política, insistió en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores. Con un planteamiento lleno de cifras, el mandatario mostró el fracaso del modelo e hizo referencias a los principales escándalos políticos de los gobiernos previos, mientras que Enrique Peña Nieto solo lo escuchaba nervioso y cabizbajo.
La llegada al Congreso de López Obrador en su auto compacto de siempre contrastó con el arribo de Peña Nieto quién, aún en su último día como mandatario, hizo uso de la camioneta blindada y los escoltas que lo mantuvieron en una burbuja en todo su sexenio. La imagen mostró dos realidades opuestas: la austeridad republicana y los derroches del privilegio.
"Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
En el Congreso, López Obrador recalcó que no buscará, bajo ninguna circunstancia, reelegirse en el cargo. En cambio, prometió trabajar 16 horas diarias para hacer dos mandatos en uno y aprovechar el tiempo. Quien lo conoce sabe que esto va en serio, ya que tuvo jornadas similares durante su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Desde el primer día como mandatario, comenzó a cumplir algunas de sus promesas: se deshizo del avión presidencial y lo envío a EE.UU. para que se ponga a la venta allá, mientras que realiza sus giras en territorio nacional en vuelos comerciales; anunció el Plan Energético para rescatar la industria petrolera y eléctrica, que fueron abandonadas por años en el terreno de las inversiones para poder justificar su privatización; y rubricó, junto a sus homólogos regionales, un Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica.
Informó también sobre la creación de una Guardia Nacional, conformada por 60.000 elementos —en un inicio 20.000 miembros de la Policía Federal y 40.000 de las Fuerzas Armadas—, para enfrentar la emergencia en seguridad que vive el país. Este punto ha sido controversial y criticado por varios especialistas con argumentos razonables. López Obrador, lejos de esconderse en una burbuja o de ignorar a los críticos, reconoció lo polémico de la medida en la misma toma de posesión en el Congreso, pero sostuvo que ante la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, se hacía imposible un retiro abrupto del Ejército en tareas de seguridad. Con los especialistas en contra, pero con la gente que vive la problemática a favor (60% de la población aprueba la Guardia Nacional), la iniciativa ha empezado a echarse andar.
La disputa con el poder judicial
El segundo punto controvertido en estos primeros diez días de gobierno ha sido la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que aprobó el Congreso en noviembre, y con la que se está diseñando el Presupuesto de Egresos de 2019. ¿En qué consiste la norma y a qué se debe la resistencia? Es bien sabido que una de las banderas de López Obrador es la austeridad gubernamental. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", ha repetido sin cesar por décadas. Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo medidas de austeridad como la reducción de salarios; la eliminación del pago de los seguros médicos privados y el mantenimiento de la seguridad social; la supresión del uso de autos y choferes en niveles medios; y el fin de otros privilegios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la toma de posesión, ciudad de México, 1 de diciembre de 2018. / Daniel Aguilar / Reuters
Todo esto lo hizo en el 2000, en la Ciudad de México, y lo prometió reiteradamente en su campaña electoral por la presidencia. Lo cumplió con la Ley de Salarios, que aprobó el Congreso, y que propone que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares), y pone un techo para que ningún servidor público devengue más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios se les han hecho pocos los 5.000 dólares como límite, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, sumando el salario y sus prestaciones laborales que, más que beneficios, se han construido como verdaderas fuentes de privilegios.
De ahí se hace tan necesaria la diferencia entre servidor público y funcionario. El primero debe tener un salario digno pero mantenerse en la justa medianía, eso le ayudará a recordar cuál es su trabajo: el servicio. Se argumenta que muchos funcionarios, por sus calificaciones, podrían ganar mucho más en la iniciativa privada. Está bien, es válido que alguien quiera un sueldo más alto si sus calificaciones se lo permiten, en ese caso, que vaya con gusto a al ámbito privado y que no se someta al escrutinio público. Como decía el presidente uruguayo Pepe Mujica, el político que quiera hacer plata, que se vaya al mundo del comercio.
Pero en México muchos funcionarios están lejos de querer ser servidores públicos. Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada.
"Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
Esto ha abierto una discusión política sobre la corrupción. Magistrados y jueces dicen que sus ingresos (que en algunos casos llegan hasta los 25.000 dólares brutos) son la garantía para su autonomía e independencia, confesando casi que su probidad tiene precio y está tasada en varios miles de dólares. Otras voces argumentan que es una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la autonomía del Judicial, por lo que todo el sistema democrático pende de un hilo y es el inicio del autoritarismo. Esta última afirmación es, por demás, exagerada y vale la pena preguntarnos si una democracia que está sustentada en salarios de miles de dólares es una verdadera democracia.
En el caso concreto de México, además, el sistema judicial es históricamente el más conservador y aristocrático, por tanto, es el más reacio a cambios democráticos. Si los buenos salarios significaran autonomía y probidad en automático, no se explica que sea un Poder con amplios índices de nepotismo y déficit meritocrático, como lo ha mostrado el politólogo Julio Ríos Figueroa. En esta disputa legal sobre los sueldos, el poder judicial ha recurrido al argumento que un Estado de Derecho se basa en la estricta obediencia a la ley, pero se les olvida lo que suele recordarnos constantemente el filósofo Enrique Dussel, que las leyes tienen su origen en las cuestiones que son legítimas o no lo son. La legitimidad deber ser la base de las leyes y del derecho.
En esta discusión son evidentes dos cosas. Primero, que con más de la mitad de la población sumida en la pobreza y con una clase trabajadora con uno de los peores salarios de Latinoamérica, tener remuneraciones y prestaciones entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales no es legítimo, aunque pudiera ser legal mediante amparos. Segundo, que el poder judicial, al estar tremendamente desprestigiado por sus propias actuaciones del pasado en materia sustantiva, y la corrupción en su interior que se manifiesta en sus redes de nepotismo no es, actualmente, un mecanismo de contrapesos democráticos sino que es uno de los bastiones del viejo régimen de corrupción e impunidad, por lo que se hace indispensable una renovación en el espíritu de sus funciones y hasta en el personal que lo encarna para poder avanzar hacia una consolidación democrática.
La ciudadanía, en su gran mayoría, se percibe esperanzada y favorable a las políticas de austeridad y combate a la corrupción del nuevo gobierno. El hecho que lo demuestra es que el índice de aprobación López Obrador está por encima del 70%, 17 puntos más que los obtuvo en la contienda presidencial. Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior. Paciencia, nadie pensó que esto sería fácil o que no habría inercias por cambiar u obstáculos en el camino. Roma no se construyó en un día y un nuevo sistema político mexicano también llevará tiempo, mucho tiempo y tenacidad. Pero algo se está moviendo ya.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de "recuperación y rescate" de la industria petrolera nacional para elevarla de los 1,75 millones de barriles diarios actuales a 2,4 millones al día en 2024, rescatando antiguos yacimientos.
"Lo más importante es el plan para rescatar la industria petrolera, ver hacia adelante; y es un reto, un desafío, lo que tenemos que hacer entre todas y todos, porque de un millón 750.000 barriles diarios [actuales], tenemos que lograr una producción de más de dos millones 400.000 barriles diarios a finales del sexenio (2012-2024)", dijo el mandatario en un discurso pronunciado en la petrolera Ciudad del Carmen, en las costas del golfo de México.
Para lograr esa meta de producción, convocó a los trabajadores petroleros en activo, de planta, trabajadores transitorios, incluso dijo que "vamos a requerir de la experiencia de los trabajadores jubilados" de la compañía estatal, durante el acto celebrado en el puerto industrial Laguna Azul, de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Comparó su llamado con la popular nacionalización de la industria petrolera decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).
"Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera; no exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938", aseguró.
Los planes contemplan el intento de extraer más crudo de los yacimientos maduros que Pemex considera agotados, en tierra y en aguas próximas a las costas del golfo de México, en los estados costeros del este del país, Veracruz, Tabasco y Campeche.
López Obrador propuso hacer "un reconocimiento histórico" al yacimiento Cantarell, en aguas territoriales someras de Campeche (este), de menos de 500 metros de profundidad.
"Por más de 40 años Cantarell mantuvo al país produciendo, más de dos millones de barriles diarios llegó a producir, y ahora, agotado, produce alrededor de 200.000 barriles", la décima parte de su pico de producción alcanzado hace 14 años, en 2004, lamentó.
En ese punto lanzó "un desafío" para los ingenieros petroleros del Estado.
"Si logramos trabajar en la recuperación de Cantarell, podemos todavía sacar petróleo de este campo; si se trabaja en investigación, si se trabaja en la recuperación de Cantarell y de todos estos campos que fueron sobreexplotados, mal manejados", propuso.
El presidente considera que ese plan puede tardar tres o seis años, "pero les dejamos a los nuevos gobiernos una posibilidad de explotación a futuro", prometió.
Sostuvo que relanzar la producción del famoso yacimiento que México explotó desde los años 1980, descubierto por casualidad por el pescador que le dio nombre, Rudesindo Cantarell, "es algo que debe de plantearse, que lo de Cantarell es un fenómeno mundial", insistió.
López Obrador considera que se trata "del campo más productivo posiblemente del mundo", pero a la vez "el campo más mal explotado del mundo".
Dejó esa misión en manos de los técnicos y especialistas del estatal Instituto Mexicano del Petróleo "que podamos seguir beneficiándonos con Cantarell", enfatizó.
López Obrador añadió que en su proyecto "una variable muy importante para sacar adelante este plan es acabar con la corrupción en Pemex" y en todo el país.
En cuanto al plan nacional de refinación, "consiste en reparar, mejorar, modernizar las seis refinerías, construir la nueva refinería de Dos Bocas", un puerto petrolero de Tabasco (este).
"Pero si no tenemos la materia prima [petróleo crudo], no hacemos nada, por eso, qué bien que tenemos esta meta de producir, a finales del sexenio, 2,4 millones de barriles diarios, con eso es suficiente" puntualizó.
México exporta la mitad del crudo que produce y refina el resto, pero importó en 2017 el 70% de las gasolinas para consumo interno y el 80% del gas natural, sobre todo desde Texas, EEUU.
A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo en México será de 176,72 pesos diarios en la frontera norte y de 102,68 pesos diarios en el resto del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes un importante aumento al salario mínimo en la frontera y un crecimiento en el resto del país.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario mexicano anunció el cambio en el salario mínimo a partir de enero del próximo año, cuando será de 176,72 pesos mexicanos diarios (aproximadamente 8.80 dólares estadounidenses) en los estados de la frontera con EE.UU. y de 102.68 pesos diarios (5.11 dólares) en el resto del país.
Actualmente, el salario mínimo en México es de 88,36 pesos mexicanos diarios (equivalente a 4,40 dólares estadounidenses). "El hecho de que ahora se haya acordado este aumento significa el inicio de una etapa nueva", dijo López Obrador.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, señaló algunas de las desigualdades en la economía mexicana, como que es de las quince economías más grandes, y al mismo tiempo, de las diez economías más desiguales.
Pérdida del poder adquisitivo
Alcalde Luján dio algunas cifras sobre la pérdida del poder adquisitivo en México: "El salario mínimo ha seguido una pauta descendiente hasta perder más del 70% de su poder adquisitivo al día de hoy".
Según las cifras del Gobierno mexicano, a inicios de la década de 1980 con un salario mínimo se podía comprar 51 kilos de tortilla, pero para inicios de la década actual solo podían comprarse 5 kilos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles un convenio de cooperación con el Gobierno de Canadá y la empresa estatal Hydro-Québec para impulsar la modernización de 60 hidroeléctricas en su país.
El plan del Gobierno mexicano es unir la infraestructura ya existente del país con la tecnología de Canadá para producir "energía económica para los consumidores", de acuerdo con un comunicado de prensa de Presidencia.
"El plan es potenciar esas hidroeléctricas. Utilizar esa infraestructura, utilizar el agua, generar energía eléctrica con agua. Tiene que ver con el medio ambiente porque es una energía limpia y es barata", dijo López Obrador este miércoles, tras reunirse con el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, y directivos de Hydro-Québec.
De acuerdo con la estimación del Gobierno mexicano, la alianza permitirá que el país latinoamericano genere el doble de la energía eléctrica que actualmente produce.
Acuerdo tras el T-MEC
El convenio de cooperación entre los dos países se llevó a cabo veinte días después de que los mandatarios de México, EE.UU. y Canadá firmaron el Tratado México-EE.UU.-Canadá (T-MEC), que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
López Obrador rechaza plan millonario en materia de seguridad entre México y EE.UU.
Publicado: 20 dic 2018 00:08 GMT
El presidente mexicano afirmó que prefiere que una relación de cooperación y no de militarización, como ocurría con el llamado Plan Mérida.
Andrés Manuel López Obrador durante una gira en Monterrey, México, 19 de octubre de 2018.
Daniel Becerril / Reuters
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, señaló que, además de dicho monto, se contará con otro fondo para promover el desarrollo en la frontera sur de México.
De esta manera, según Ebrard, el plan contempla:
5.800millones de dólares para promover el desarrollo en Centroamérica, aportados por EE.UU.
25.000 millones de dólares en 5 años que México invertirá en proyectos de desarrollo para el sur de su frontera.
4.800 millones de dólares que EE.UU. invertirá a través de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC) para proyectos en el sur de México.
Este dinero comenzará a ser operado a partir de enero de 2019.
Según datos oficiales, México importa 75% de su gasolina, un porcentaje que sube al 99% cuando se mira sólo la gasolina Premium, a pesar de tener reservas petroleras. Sputnik te explica por qué.
A comienzos de 2017, México se despertó convulsionado por el anuncio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, de que un "gasolinazo" aumentaría los costos de la gasolina al público, impactando en toda la economía mexicana. Según se anunció entonces, la reforma colaboraría a una renovación del sistema energético mexicano.
Sin embargo, esta reforma que eliminó el monopolio de perforación que tenía el Estado mexicano frente a las empresas trasnacionales, tampoco ha dado los resultados esperados. Según información de Octavio Romero Oropeza, nuevo director de Petróleos mexicanos, la reforma energética sólo ha incrementado la producción en 30 barriles diarios, porque la empresa ya tenía (previo a la reforma) la capacidad de producir 54.000 barriles, en alianza con otras empresas.
"Como justificación para la reforma energética, se dijo que en este 2018 íbamos a estar produciendo tres millones de barriles. La realidad hoy es 1,7 millones. Lo mismo con el gas, de 8.000 millones de pies cúbicos, estamos en 3.700 millones. Nada se cumplió", informó Romero Oropeza en entrevista con Aristegui noticias.
Ante esta situación acuciante, los anuncios del nuevo Gobierno de impulsar el desarrollo industrial de Pemex y dejar de endeudar a la empresa estatal representan "un giro en la política", que se afianzó con lo dispuesto en el presupuesto federal que regirá el primer año de Andrés Manuel López Obrador.
Según analizaron medios especializados, es el mayor presupuesto que ha recibido la empresa estatal mexicana en la última década. Para Alejandro Álvarez Béjar, economista de la UNAM, el deterioro de esta empresa rentable a todas luces, se debe "a una corrupción encubierta a la que sometieron a Pemex", según dijo a Sputnik.
"En lugar de estar comprando directamente a una refinería, se compra con un intermediario que dice que no usa los ductos de Pemex por lo que tiene que hacer el transporte y eso sale muy caro", encareciendo los costos.
El nuevo Gobierno anunció su voluntad de sancionar con un endurecimiento de penas (que pasa por la prisión preventiva automática) a quienes sean acusados de robo de combustible de la empresa estatal, lo que en México se conoce con el nombre de "huachicol".
"Una cosa que pasó prácticamente desapercibida es que al momento de la toma de posesión de López Obrador, en todo Guanajuato hubo escasez de gasolina y aunque se lo achacó al huachicoleo, parece más bien una carta de presión, como diciendo: ‘Métete a este problema y vamos a empezar con el desabasto de gasolina'", sostuvo Álvarez Béjar.
"Es muy importante acabar con la corrupción de la compra de gasolina, pero va a tener que irse con mucho cuidado, porque es un súper negocio", sentenció. Para el investigador, hay un tema clave para Pemex y que aún no ha entrado en el centro de las discusiones públicas. "Las estrategias de recuperación de pozos petroleros que se supone que ya estaban agotados pero que con técnicas de recuperación pueden tener resultados muy significativos. Algunos yacimientos que estaban en tierra pueden hacer más eficiente el gasto de Pemex", concluyó.
El pasado lunes 24 de diciembre se aprobó en el Congreso mexicano el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019. Más allá de los discursos, la manera en cómo se gasta cada peso y centavo muestra en realidad las cuestiones a las que les da importancia cada gobierno. Algunos buscan ayudar a bancos y banqueros; otros gastan todo su dinero en gasto corriente sin realizar inversiones, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con los excedentes petroleros durante la primera alternancia partidista en México.
El presupuesto que ha propuesto López Obrador tiene una gran diferencia con los gobiernos anteriores ya que los mayores cambios se han dado para aumentar lo destinado a las políticas de bienestar social. AMLO empieza cumpliendo lo que, junto a la corrupción y la austeridad, ha sido su bandera principal por muchos años: por el bien de todos, primero los pobres. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo tendrán un sustancial aumento en sus presupuestos ya que ellas operarán programas emblemáticos del gobierno como la pensión universal para adultos mayores, el lanzamiento y funcionamiento de cooperativas y créditos sociales así como el programa de empleos y becas de capacitación para 300.000 jóvenes que son la proyección del México que queremos para el futuro.
"Con este presupuesto el Estado pretende ser más eficiente y hacer más con menos".Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Otro punto interesante en el presupuesto es que se busca disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. ¿Cómo se hace esto? Se detectaron organismos y áreas que tienen duplicidad de funciones por lo que se eliminaron esos sectores y sus plazas, muchas creadas en gobiernos anteriores para darle trabajo a los amigos o familiares. Ese ahorro se pretende dedicarlo a programas de infraestructura que puedan detonar el crecimiento de la economía mexicana, sobre todo en el sureste del país, donde se propone la construcción de dos rutas ferroviarias y donde existen mayores niveles de pobreza. El Estado pretende ser más eficiente y hacer más con menos como lo ha dicho López Obrador.
También se redujeron los salarios de la mayoría de los altos mandos a la vez que hubo un incremento en el salario mínimo de casi el 15%, que pretende ser quizá el primero de varios ajustes en cuanto al ingreso de los trabajadores. Hay que recordar que México es uno de los países con peor salario mínimo en todo el continente ya que apenas se encuentra en el orden de los 130-140 dólares mensuales; un verdadero insulto a la clase trabajadora. Aunque todavía es bastante largo el camino de la justicia salarial, AMLO ha dejado en claro que lo que se busca es disminuir las desigualdades, no por decreto, pero si restringiendo el privilegio de los de arriba. Como buen juez que por su casa empieza, AMLO aplicó una reducción del 60% al sueldo del presidente y sus principales colaboradores. La mala noticia es que todavía hay viejos sectores de la burocracia dorada, como el Poder Judicial, que no quieren renunciar a esos privilegios.
Ha habido críticas al presupuesto ya que muchos sectores contemplan reducciones en sus asignaciones, pero hay que tener en cuenta que estos reajustes vislumbran las reestructuraciones que mencionamos líneas arriba para evitar duplicidades o la reducción de una plantilla laboral que no tenía mucho sentido como los cientos de asesores con los que contaban los mandos superiores. La disminución presupuestaria también contempla una reducción en los gastos de las secretarías (ministerios) a través del programa de compras consolidadas que ayudará a combatir la corrupción rampante que existía en las adquisiciones, al igual que la eliminación de gastos superfluos y suntuarios a los que estaban acostumbrados gobiernos anteriores. Se ha diseñado el presupuesto para que las reducciones no afecten las áreas sustantivas de las instituciones.
El resto del paquete económico muestra el interés de mantenerse en una ortodoxia financiera para mantener finanzas públicas sanas y responsables. No hay aumento de la deuda (una pesadísima carga que nos heredaron las administraciones anteriores) y la proyección de la inflación se calcula menor que la de 2018. El crecimiento económico se prevé entre 1,5% a 2,5% para el año entrante y aunque es conservador no está alejado del promedio continental y es mejor que lo que se pronostica en la mayoría de los países europeos o Estados Unidos. El manejo adecuado de los indicadores macroeconómicos es de las principales preocupaciones del nuevo gobierno ya que sabe bien que las miradas internacionales están puestas en estos rubros.
La ejecución del gasto
AMLO prometió desde la campaña que no habría más impuestos ya que primero desea demostrar que hará mejor uso de los recursos que otros gobiernos. La propuesta parece lógica y es encomiable pero sin duda en este paquete económico hace falta una política más estricta en la mejora de la recaudación fiscal, uno de los lastres históricos del Estado mexicano, que suele recaudar poco y mal. Es una deuda pendiente que esperemos se salde en el transcurso del gobierno obradorista.
"López Obrador deberá implementar un control férreo y formas más directas para la distribución de los recursos ya que hasta ahora el mayor porcentaje del gasto social se destina a las burocracias administrativas y a delegados políticos que suelen darse vida de virreyes".Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Es claro que los intereses del gobierno de López Obrador están centrados en reducir las desigualdades a través de un programa redistributivo del gasto social. No hay nada más revolucionario que un manejo responsable y justo del presupuesto y esto es lo que está demostrando López Obrador a pesar de encontrarse restringido por los altos intereses de la deuda que ha heredado y un gasto corriente que estaba comprometido con anterioridad. Atacando privilegios, con un manejo austero de las finanzas y un combate frontal contra la corrupción, López Obrador está empeñado en hacer más con menos y distinguirse de gobiernos anteriores que se servían con la cuchara grande.
Ahora solo falta una ejecución efectiva de ese gasto social y que no se quede en los intermediarios de siempre, como sucedía en los gobiernos anteriores. López Obrador deberá implementar un control férreo y formas más directas para la distribución de esos recursos ya que hasta ahora el mayor porcentaje del gasto social se destina a las burocracias administrativas y a delegados políticos que suelen darse vida de virreyes. El presupuesto ha sido un primer e importante paso pero también falta mejorar en la ejecución del gasto.
Desde los medios y los tribunales, desde Washington y Wall Street buscarán acorralar y provocar a López Obrador. 2018 fue un año de celebración. 2019 será un año de arduo trabajo para todos y todas.
Hay grandes motivos para celebrar en este fin de año.
En 2018, México le puso el ejemplo al mundo. En un contexto de colapso de la legalidad, la legitimidad y la tolerancia en los Estados Unidos con el neofascismo de Donald Trump; en Francia, con las protestas masivas de los 'chalecos amarillos'; en Brasil, con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como preso político, y en Argentina, con el colapso tanto de la economía nacional como de la credibilidad de Mauricio Macri, México demostró que la lucha constante y pacífica por la democracia y la justicia rinde frutos.
¡Sí se pudo! Por la primera vez en 78 años, desde el fin del sexenio de Lázaro Cárdenas del Río en 1940, México cuenta con un Gobierno cercano a y preocupado por el bienestar de la gente. López Obrador ya aumentó el salario mínimo en 16 %, ofrece casi 3 millones de becas de estudio y de trabajo a los jóvenes del país y se ha comprometido a poner de pie a la industria energética nacional, así como revitalizar al campo.
Pero la oposición ya se prepara para una larga guerra de posiciones. Con su validación de las elecciones en Puebla y Coyoacán, el Tribunal Electoral anuncia la continuidad de la impunidad y de los fraudes electorales. Con su rebeldía en contra de la austeridad republicana y el Estado de derecho, el Poder Judicial se aferra a sus privilegios.
Con los movimientos bruscos del peso y de la bolsa de valores, el capital financiero internacional muestra su músculo y se prepara para castigar cualquier acción a favor de la soberanía nacional. Con su fabricación de noticias falsas y ataques despiadados, muchos medios e integrantes de la 'social civil' anuncian su oposición ciega a cualquier iniciativa a favor de la justicia social.
Y con sus tuits y sus declaraciones irresponsables, Donald Trump busca provocar al nuevo presidente mexicano y echar abajo la colaboración digna y respetuosa entre las dos naciones. En cualquier proceso revolucionario hay enormes resistencias al cambio y grandes peligros de naufragio. Recordemos, por ejemplo, que la Presidencia de Francisco I. Madero duró solamente un año y tres meses al inicio de la Revolución mexicana.
El golpe de Estado encabezado por el dictador Victoriano Huerta cortó de tajo el proyecto del apóstol de la democracia. Pero la revolución democrática del siglo XXI tendría que ser mucho más tersa que la revolución social del siglo XX. López Obrador es un gran jugador de ajedrez y el tablero lo ponemos nosotros, la sociedad mexicana. 2019 será un año crucial, determinante. Un horizonte de esperanza depende de las acciones y del trabajo cotidiano de todos y cada uno de nosotros.
La divisa estadounidense se transó en 20 pesos para la venta.
Imagen ilustrativa
Pixabay / emiliomeza0
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El dólar estadounidense se cotiza en 20 pesos a la venta y 19,15 a la compra, 20 centavos menos que el miércoles, cuando se cotizó en 20,20 y 19,35, respectivamente.
Este tipo de cambio no se había observado desde octubre, cuando se dieron a conocer los resultados de la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en la que participaron 747.000 mexicanos y tras la que se impuso la construcción en la Base Militar de Santa Lucía. En transacciones al mayoreo, la divisa estadounidense cerró en 19,65 pesos.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con México si los demócratas no aportar recursos para construir el muro fronterizo.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
lopezobrador.org.mx
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López Obrador aseguró que cuidarán la relación con el país vecino, aunque eso no implica dejar de defender la soberanía de México.
"Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. En el caso de los migrantes, ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, a emigrar. Vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos", dijo el mandatario.
Donald Trump eleva amenazas
El viernes en la mañana, Trump usó su cuenta de Twitter para acusar a los demócratas de no dar financiamiento para el muro en la frontera con México, por lo que amenazó con "cerrar la frontera sur por completo".
En las siguientes publicaciones, el mandatario estadounidense señaló que era "una operación rentable" el cierre de la frontera con México, ya que "EE.UU. pierde tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75.000 millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad)", escribió.
....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....
Evitando caer en provocaciones, el Gobierno mexicano señaló que las buenas relaciones con la Administración de Trump permitieron que expertos estadounidenses colaboren con la investigación sobre el accidente en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, pese al cierre parcial del Gobierno de EE.UU.
"Se van a aprovechar las dos agencias (Canadá y EE.UU.) o la opinión de las dos agencias buscando la conciliación para que se tenga ahora sí que un doble dictamen (...) Pero todo esto se puede lograr si llevamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", dijo López Obrador.
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