Los
social-revolucionarios cubanos y la política económica

El imperativo categórico de Kant nos
exige que obremos de modo que nunca tratemos a la humanidad, tanto en la persona
propia como en la de los demás, simplemente como un medio, sino también como un
fin. Considera al ser humano como un ente autónomo, dotado de razón y libertad,
capaz de determinarse y perfeccionarse a si mismo. Descartes afirmaba que este
"libre arbitrio" constituye la calidad humana, o de la "persona", tal como fue
definida por los pensadores grecolatinos.

Enmarcados en estas corrientes de
pensamiento conformadoras de la cultura occidental, encontramos el origen de la
moral y del derecho, elementos en los cuales el hombre apoya su capacidad de ser
libre y de proteger su libertad. La persona podrá realmente gozar de libertad,
si conjuntamente ejerce tanto los derechos políticos establecidos por la
revolución burguesa del Siglo XVIII, y los sociales y económicos demandados por
pensadores socialistas, los doctores de la Iglesia y las trascendentales
encíclicas papales emitidas en los siglos XIX y XX. Toda institucionalidad
jurídica ha de considerar a la persona como un fin en si misma, capaz de
perfeccionarse, de ser libre y de proteger su libertad.

La sociedad ha de establecer los métodos
de administración, producción y comercialización de los bienes escasos, al fin
de lograr satisfacer lo más posible las necesidades de las personas. Es a ella,
constituida políticamente, a quien corresponde, acorde a su ordenamiento
jurídico y mediante sus órganos de gobierno, determinar el empleo de los
recursos, siempre limitados pero susceptibles de producir bienes o servicios, y
el modo en que los mismos han de ser utilizados.

Es axiomático que el poder económico
genera poder político. Cuando este se encuentra en derecho domínico -o de
usufructo- en posesión de un gobierno centralizado, se genera totalitarismo, y
cuando se encuentra bajo el control de los intereses privados que obstruccionan
el crecimiento económico, genera capitalismo y dependencia.

Dadas las condiciones de la economía y el
actual proyecto de globalización requiere que en países de las proporciones del
nuestro -recursos y población- reconocer al estado, mediante sus órganos e
instituciones, la potestad de instrumentar la política económica,
responsabilizándolo con el patrimonio nacional, sin admitir ninguna otra
consideración previa, a no ser la obligación de garantizar la estabilidad social
y de crear las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos sociales de
la población.

La política economía por la que abogamos
los social-revolucionarios cubanos presupone un estado social de derecho, en el
cual coadyuvan la autodeterminación, la seguridad social y la libertad política,
todas ellas generando condiciones idóneas para el crecimiento
económico.

La estructura económica que los
social-revolucionarios proponemos, creará un marco de la mayor libertad
empresarial posible, limitada por la planificación que fuere necesaria para
lograr el crecimiento económico: La empresa estatal -de dirección bien
gubernamental bien social- ha de responder a razones de estrategia económica. La
mayoría de ellas estarán dirigidas por organismos constituidos con amplia
participación de las bases sociales.

En general en cuanto a las actividades
económicas, los social-revolucionarios nos planteamos una economía social
sustentada en la más amplia pluralidad y autonomía posible, que por su propia
naturaleza genera dinamismo e iniciativa creadora.

La persona es un ser social por
naturaleza, y, libre de los temores que genera la sociedad capitalista, es capaz
de aceptar reglas que tengan importancia para el bienestar de la sociedad. Por
ello se requiere un ámbito de normas éticas y jurídicas e instituciones que
permitan coordinar, o al menos mitigar, los conflictos mediante un consenso,
fundamentar la estabilidad social y disminuir la alienación hasta un nivel que
no resulte gravoso ni capaz de producir frustración o confrontación
social.

PSRDC