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Y CLARA DE HUEVO QUE DEFENDEREMOS A TODOS LOS QUE COMO NOSOTROS ESTAMOS DISPUESTOS POR CUBITA HERMOSA, .... YA SABEN A MI ME HACEN LO QUE EL VIENTO A JUAREZ ....JO JO Y MAS JO

La sucia guerra diplomática de Estados Unidos

MARIELA PÉREZ VALENZUELA

El gobierno de Estados Unidos sufrió un revés en los últimos días en el Consejo de Seguridad de la ONU, al no lograr el apoyo imprescindible para dejar fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), durante más tiempo, a sus nacionales involucrados en misiones de mantenimiento de paz autorizadas u ordenadas por ese organismo.

En represalia, Washington acudió a su tradicional política de chantaje y presiones y el pasado viernes anunció el retiro de sus militares de la misión en Eritrea y Etiopía, y dejó una interrogante sobre su participación en futuras acciones de ese carácter, según confirmó el departamento de operaciones de ese cuerpo de Naciones Unidas.

Muchos pensaron que sería difícil que el Consejo de Seguridad pusiera de nuevo su nombre de forma negativa en boca de la opinión pública mundial dando su apoyo a Estados Unidos en la protección de sus soldados, en especial ahora, cuando las imágenes de las torturas infligidas por soldados norteamericanos en las cárceles iraquíes levantaron una ola de protestas a nivel internacional.

Había también un peligroso antecedente para la ONU. Los 15 miembros del Consejo habían votado unos días antes por unanimidad una resolución que en cierta medida legitima la injusta invasión y ocupación de Iraq, en una muestra del apoyo incondicional a los planes belicistas de Washington en el Oriente Medio.

Aunque en cierta medida el resbalón internacional de la actual administración estadounidense puede ser interpretado —por sus opositores— como una victoria en el tema de los derechos humanos, es difícil suponer que tenga alguna trascendencia futura para el país que se arroga el derecho de creerse el dueño del mundo.

Desde su llegada al poder, el presidente George W. Bush reconsideró la posición adoptada por Estados Unidos sobre la CPI, y retiró a los representantes de su país en las negociaciones para su creación.

La negativa del gobernante republicano a ratificar el Estatuto de Roma que creó la Corte, cinco meses después de que su antecesor demócrata William Clinton lo firmara en diciembre del 2000, fue solo el comienzo de una campaña para desprestigiar a la nueva instancia de justicia internacional.

Cuando el Estatuto de Roma entró en vigor el primero de julio del 2002, Bush logró a base de chantajes y presiones que el Consejo de Seguridad aprobara la Resolución 1422 (válida por un año, pero que prorrogó hasta el 2004), que impedía a la Corte enjuiciar a ciudadanos de un Estado desligado de ese acuerdo, pero que participaran en operaciones aprobadas por la ONU, lo cual constituía una franca amenaza al derecho internacional.

En mayo de este año y ante la proximidad del vencimiento de la validez de tal prerrogativa, Estados Unidos presentó por tercera ocasión un nuevo proyecto ante el Consejo de Seguridad para renovarla. Ya sabemos el resultado.

Washington no tomó con resignación su parcial derrota, y en los últimos días comenzó a adoptar medidas represivas.

Pero hay otros antecedentes de cómo ese poderoso país trata de burlar la justicia internacional.

Desde hace años impulsa los llamados acuerdos de impunidad bilaterales —incluso con algunos países firmantes del Estatuto de Roma —, con lo cual asegura que los involucrados no entregarán a ningún norteamericano, aun cuando posea un historial de crímenes y tortura.

Entre esas naciones figuran algunas con una tradicional posición de entreguismo a la Casa Blanca, como Honduras.

Para evitar que sus nacionales sean sometidos a la jurisdicción de la CPI, el Congreso de Estados Unidos en otra sucia maniobra también aprobó una Ley, oficialmente conocida como ASPA, la cual contempla el uso de la fuerza militar para rescatar a un natural de Estados Unidos o de un país aliado que esté prisionero para ser enjuiciado por la Corte.

Entre otras disposiciones, tal legislación plantea la retirada de la ayuda militar a los países que ratifiquen el Estatuto de Roma. Ya lo hizo el año pasado por esta fecha con más de una treintena de naciones que se negaron a suscribir tales documentos bilaterales para favorecer las tropelías de las tropas norteamericanas.

La gran interrogante que surge es si a partir de ahora los estadounidenses con un expediente de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión, llegarán a sentarse algún día en el banquillo de los acusados en La Haya, Holanda, donde la CPI tiene su sede.

¿Estará dispuesto a denunciar a ciudadanos norteamericanos alguno de los países sobre los que Estados Unidos ejerce constantes presiones y amenaza con suspender su ayuda militar si ratifican el Estatuto de Roma?

¿O será el gobierno interino iraquí nombrado por Estados Unidos el que lo haga, en un supuesto intento de hacer justicia a sus conciudadanos, a nombre de millones de personas que en todo el mundo repudian las torturas en la prisión de Abu Ghraib? Esa opción es quimérica.

Las perspectivas de juzgar a un ciudadano norteamericano se alargan aún más si se añade que el Estatuto de Roma confiere a terceros Estados que no son parte de ese acuerdo, en este caso el Consejo de Seguridad (entre sus miembros hay países en esa situación), la potestad para decidir sobre la CPI e incluso para solicitar el aplazamiento de una investigación en marcha.

Es casi imposible que el actual Consejo apruebe una investigación sobre un estadounidense. Incluso si así fuera, Estados Unidos puede vetar cualquier resolución en su contra, en su calidad de miembro permanente de esa instancia.

De esa forma se atribuyen funciones al Consejo, indican expertos en el tema, que no se recogen en la Carta de las Naciones Unidas y que constituyen una flagrante violación de la soberanía de los países.

Y hay algo más. Ya que la Corte fue creada para juzgar los crímenes más horrendos en contra del Derecho Internacional Humanitario, ¿será posible que alguna vez el Estatuto considere otros delitos, como el tráfico de drogas, indetenible a pesar de la existencia de acuerdos para la cooperación internacional en la lucha contra ese flagelo; el terrorismo, del cual Estados Unidos archiva un extenso expediente, o el injusto y criminal bloqueo que mantiene ese país durante más de cuatro décadas contra Cuba?