El dirigente hizo esta declaración pública a través de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), un organismo de comunicación “comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina”, según se lee en su página de Internet.

     “No es saludable para las familias, ni para la democracia, que se busque un "chivo expiatorio", para descargar broncas, culpas y condenar al Jefe de Gobierno.  El día después del juicio político a Ibarra, si es condenado o absuelto, cualquiera sea el resultado del mismo, dejará a la sociedad con un sabor amargo y a las familias de las víctimas insatisfechas”, declaró en otro tramo.

     La declaración textual de Pérez Esquivel (a la cual se puede acceder en Internet en http://alainet.org/active/10612&lang=es) es la siguiente:

     “La tragedia producida en Cromañón duele a todo el pueblo; no existen palabras ni actitudes que puedan aliviar el dolor de las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, así como de toda la sociedad.

     El reclamo de Verdad y Justicia por los familiares frente a los responsables de la tragedia, a las autoridades y a la justicia, es innegable y es una necesidad en un país tantas veces marcado por la impunidad jurídica, castigado por la violencia de diversos signos a través del tiempo. Su historia tiene fuertes contrastes y muchos de estos contrastes permanecen en la oscuridad y la impunidad; podríamos señalar las tres últimas décadas.

     Otros hechos aún esperan justicia: los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA, crímenes aún sin resolver.  Y continúa la lucha y resistencia de las familias y organizaciones sociales para encontrar a los culpables y lograr que sean juzgados.

     La "democracia formal", no ha logrado superar la impunidad policial del "gatillo fácil".  Recordemos lo ocurrido en General Mosconi, provincia de Salta, contra los trabajadores de la ex YPF que fueran dejados cesantes por REPSOL, al privatizarse la empresa estatal.

     La venta indiscriminada de tierras a empresas extranjeras, desalojando violentamente a las comunidades indígenas.  El aumento de la desocupación y la pobreza, la privatización de las empresas del Estado, todo esto marca la situación actual que vive el país.

     Los organismos de derechos humanos han luchado en estos 30 años para lograr la nulidad de las leyes de impunidad, la lucha es dura tanto durante la dictadura, como con los gobiernos constitucionales. Los hechos trágicos vividos por el pueblo son muchos y las diversas experiencias pueden ayudar a encontrar nuevos caminos hacia la verdad y la justicia.

     La tragedia ocurrida hace un año en el recital de Callejeros en Cromañón, el 30 de diciembre del 2004, debe llamar a la reflexión a toda la sociedad para encontrar el camino para encontrar justicia y la justa reparación.
El camino debe ser a través del derecho, no el camino de la venganza y el odio. La vida de los 194 jóvenes no es posible recuperarla, pero si la memoria, los valores, sus ideales y el sentido profundo del amor y la permanencia en los seres queridos.

     Los jóvenes, hombres y mujeres a quienes la tragedia y la irresponsabilidad de algunos, truncó sus vidas y sus ideales, no deben quedar en la impunidad y el olvido, pero tampoco signados por la venganza. Son semillas de vida y darán su fruto en el pueblo.

     Por ello no es posible ignorar hechos preocupantes, algunos de ellos marcados por el dolor que permanece y por los reclamos legítimos a los que el gobierno, poder judicial y la sociedad deben responder. Lamentablemente un grupo de familiares de las víctimas han condenado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, acusándolo de ser responsable de la tragedia y de "asesino, corrupto, etc.  ".

     Todas las broncas contenidas se descargan sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. As. Las fuertes presiones de algunos familiares y la decisión de los legisladores de diversos partidos políticos, han logrado que fuera suspendido en sus funciones para ser llevado a juicio político.

     Algunos familiares han recurrido a las amenazas contra los fiscales y legisladores y a "los escarches".  Otros legisladores discriminan a familiares que no están de acuerdo con esos procedimientos y que denunciaron en reiteradas oportunidades las amenazas a Ibarra y a su familia y al empresario Chabán.

     Otros recurren a presiones para evitar que sectores políticos y sociales establezcan contacto con Ibarra, como lo ocurrido con el ex intendente de Rosario.  La intolerancia marca las acciones generadas por el miedo.  En éste cuadro de situación no faltan las especulaciones de sectores políticos con el dolor de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes.

     Si bien Ibarra tiene la responsabilidad general por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la misma deriva en otras instancias y responsabilidades tanto de funcionarios como de instituciones, inspectores, los bomberos, la policía.  El empresario Chabán debe tener las habilitaciones correspondientes para desarrollar sus actividades comerciales y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de su establecimiento.

     También el grupo musical Callejeros por el uso de bengalas en sus recitales, quienes deben dar explicaciones y rendir cuenta de lo sucedido. El juicio político a Aníbal Ibarra está marcado por serias contradicciones e intereses políticos, en particular del macrismo. Con gran hipocresía su dirigente, Mauricio Macri, dice que no le interesa si Ibarra es condenado o no. Es preocupante que un dirigente político tenga tan poca responsabilidad. Y es preocupante el silencio intencionado del ARI, que busca especular y se niega a pronunciarse sobre la situación y el juicio político a Ibarra.

     No es saludable para las familias, ni para la democracia, que se busque un "chivo expiatorio", para descargar broncas, culpas y condenar al Jefe de Gobierno.  El día después del juicio político a Ibarra, si es condenado o absuelto, cualquiera sea el resultado del mismo, dejará a la sociedad con un sabor amargo y a las familias de las víctimas insatisfechas.

     Los partidos políticos continuarán haciendo sus cálculos de los réditos del juicio, pérdidas y ganancias, y los jueces a solas con su conciencia pensando si el camino tomado fue el correcto, si cedieron a las presiones, si tuvieron el coraje de mantener los valores y la ética frente a la situación.

     Es necesario preservar la memoria de las jóvenes víctimas del incendio en Cromañón, buscar los caminos de esclarecimiento y determinar las responsabilidades a través de la Verdad y la Justicia y hacer valer el Estado de Derecho.  No es a través del odio y el revanchismo como se preserva la memoria de las víctimas, de los sobrevivientes que cargan día a día con el dolor y con las secuelas de los momentos vividos.

     Es necesario que no vuelva a repetirse nunca más una tragedia como la provocada en Cromañón.  También debe ser un fuerte llamado de atención a los padres, a sus responsabilidades y tener claro que no se puede delegar la responsabilidad en terceros.

     Las autoridades deben redoblar los esfuerzos y controles sobre los lugares públicos, teniendo en cuenta que el incendio en Cromañón no es el único, que otros accidentes fatales similares se han producido en el país y que es necesario tener en cuenta esos hechos.  La sociedad no puede ser indiferente y pensar que "eso" les pasó a "los otros".

     La tragedia nos pasa a todos y no a sólo a algunos Y la solidaridad y apoyo a las víctimas y a las familias nos debe unir, como pueblo, en la búsqueda de la Verdad y la Justicia.

     La sociedad debe tener claro esos objetivos, y reitero: para que otros Cromañón no vuelvan a repetirse.”
Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980.