En el artículo publicado ayer en Rebelión (Censura en Internet: críticas a Turquía y cinismo de la OSCE), Antonio Cuesta hacía un interesante análisis sobre las recientes declaraciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con respecto a las medidas legales adoptadas en Turquía en el tema de Internet.

Entre otras cosas, el responsable del organismo multinacional, Miklos Haraszti, aseguraba que "bloquear el acceso dentro de Turquía es una afrenta a un derecho de la sociedad", añadiendo que "algunas de las razones oficiales para bloquear Internet son arbitrarias y políticas”. Claro está, se refería al bloqueo generalizado para los usuarios turcos -sin distinción de raza o de religión- de páginas concretas que a tenor de la legislación turca albergaban contenidos “ilegales”.

¿Qué hubiera dicho si la prohibición se dirigiera a las mujeres y no a los hombres, o a los laicos pero no a los musulmanes, o contra los pobres? Pues esto último es lo que ahora pretende el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la neocon Esperanza Aguirre.

A partir del próximo 1 de febrero el ejecutivo autonómico dejará de financiar los 212 Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) que existen en la región.

Los CAPI, puestos en marcha en 2002, nacieron con el fin de universalizar y fomentar el uso de Internet en general y, específicamente, en aquellas áreas que no disponían de Acceso de Banda ancha a la Red. Pero no sólo ofrecían acceso a la red a todas aquellas personas, con menos recursos, que carecían de Internet en sus domicilios, además se impartían cursos de formación, especialmente para personas mayores, siendo una eficaz medida para luchar contra la brecha digital. Si estos centros eran (hablo ya en pasado) muy importantes en los barrios de las grandes ciudades, en los pequeños municipios constituían la única alternativa para muchos ciudadanos, precisamente los más necesitados.

En una región donde el paro ya alcanza a medio millón de personas, la posibilidad de gestionar la búsqueda de empleo a través del acceso público a Internet se cierra para muchos. A estos habrá que sumar los más de 400 puestos de trabajo que se perderán tras el apagón de los CAPI.

¿Subvenciones a Internet? Anatema del pensamiento liberal. El dinero público no debe competir con la iniciativa privada (opinará Aguirre). Si alguien quiere un servicio que lo pague, el mercado lo ofrece bajo coste (que no a bajo coste).