El entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, saluda al comandante del Ejército, general Óscar González, en una ceremonia en 2008.

19 de dic. 2010.-Las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército colombiano que luego presentaban a sus víctimas como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras los llamados "falsos positivos" no eran un crimen aislado y puntual en la Colombia de Álvaro Uribe, sino un "fenómeno generalizado". Así lo admitió ante el embajador estadounidense, William Brownfield, el general designado por el Ministerio de Defensa para investigar dichos crímenes, según revelan los cables de Wikileaks.

En un despacho diplomático titulado Iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia en militares, Brownfield comenta lo que le ha contado el general de división Carlos Suárez, nombrado inspector general por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para investigar esos crímenes.

De acuerdo con el relato del embajador, Suárez no duda en calificar las ejecuciones extrajudiciales de "fenómeno generalizado" y subraya que el entonces comandante del Ejército, el general Óscar González, se opone a su investigación y ha "tratado de intimidar a testigos para que no declaren".
Indigentes y discapacitados

El escándalo comenzó cuando 15 jóvenes de Soacha, localidad en la periferia de la capital, Bogotá, desaparecieron tras ser convencidos de que un trabajo les aguardaba en otro departamento del país. Tras meses de angustia, sus cadáveres aparecieron en regiones remotas, vestidos como guerrilleros o con armas en la mano. Poco a poco fueron conociéndose casos similares al de Soacha, con un patrón idéntico: jóvenes en paro, indigentes o discapacitados mentales desaparecían para pasar a engrosar luego las listas de supuestos "guerrilleros" abatidos por el Ejército. Según las organizaciones de derechos humanos, hay más de mil casos de falsos positivos.

"Uribe sigue midiendo el éxito militar en términos de muertos"

En el encuentro que relata el cable diplomático, Suárez le dice al embajador de Estados Unidos que Uribe "continúa midiendo el éxito militar en términos de muertos", y cree que la insistencia por parte de algunos mandos militares en usar el número de cadáveres como medida de éxito es la causa de los falsos positivos.

Para el inspector general militar, ello "no sólo mina la legitimidad del Ejército, sino que crea una falsa ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos han hecho que se desvíen fondos y atención de la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".

El relator de la ONU Philip Alston estima que fue "la presión por mostrar resultados" la que originó el fenómeno de los falsos positivos, combinada con los incentivos y recompensas por la captura o abatimiento de miembros de grupos al margen de la ley que estableció un decreto ministerial de 2006. El índice de impunidad para estos crímenes es del 98,5%, según el informe final de Alston, publicado el pasado marzo. "Los soldados simplemente sabían que podían librarse, aunque cometieran un asesinato", señala Alston.
El apoyo de Santos

El general Suárez explicó al embajador que los falsos positivos de Soacha tuvieron su origen en la Brigada 4ª, en Medellín, que estaban bajo el mando del ex comandante del Ejército Mario Montoya y del entonces comandante, Óscar González. La práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos, incluido el Comando Conjunto del Caribe.

Suárez dice tener el apoyo del entonces ministro Juan Manuel Santos para sus investigaciones, así como el del comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla, pero no el de otros altos mandos militares. Es más, muchos ponen abiertamente trabas a su trabajo. "El jefe del Ejército, Óscar González, ha tratado de limitar los recursos de su oficina escribe el embajador, ha transferido personal que tenía asignado y ha reducido sus guardaespaldas".

El general Óscar González intimidó a testigos para que no declarasen

Suárez admitió al embajador estadounidense que su familia había recibido amenazas indirectas debido a su trabajo.

Como inspector general, Suárez tenía una potestad administrativa, no penal ni disciplinaria, y tan sólo podía hacer recomendaciones al comandante del Ejército o al ministro de Defensa. En el caso de un batallón, el de Popa, que él investigó por presuntos crímenes cometidos en la región del César, Suárez recomendó la expulsión de 28 militares. Sólo 11 fueron destituidos por el comandante González.

El inspector descartó que sus investigaciones sobre estas violaciones de derechos humanos tuvieran como efecto "desanimar" a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla de las FARC. Las unidades militares que mayores éxitos han cosechado contra los guerrilleros, recalcó, no estuvieron implicadas en los falsos positivos.