En el caso de la persecución contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano aún es difícil determinar las dimensiones reales del impacto de la violencia ejercida. De una parte, el universo de víctimas es, como se acaba de afirmar, todavía provisional. De otra parte, los esfuerzos de documentación y esclarecimiento se realizan bajo condiciones de hostigamiento, y en zonas en las que los miembros de la organización política han tenido que optar por el silencio y renunciar a cualquier figuración pública.

A pesar de ello, existen algunos datos que permiten cuantificar la magnitud del genocidio. Según los líderes del grupo político, el saldo de los actos atroces perpetrados en su contra hasta hoy se aproxima a las 5.000 personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles de activistas locales. De ese mismo cuadro hacen parte detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia, decenas de atentados dinamiteros contra sus oficinasy familias enteras exiliadas (Lozano 2002, iii-iv).

El mal causado a la influencia política del movimiento de oposición se evidencia en el comportamiento de sus resultados electorales. En las primeras elecciones que participó, en 1986, obtuvo más de 320.000 votos que le permitieron obtener una significativa representación parlamentaria y más de 350 concejales en todo el país. Hacia finales de la década de 1980, la UP se convirtió en una fuerza con opción de poder nacional, y su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa --quien fue asesinado durante la campaña electoral de 1990-- figuraba en las encuestas como uno de los favoritos con una intención de voto que superaba el millón de sufragios. En 2002, después de haber pasado por las fases más intensivas del genocidio, la UP obtuvo menos de 50.000 votos.

En lo que se refiere al daño inflingido a las estructuras organizativas del movimiento, basta señalar que a su primer congreso nacional asistieron representantes de 2.229 juntas patrióticas de todo el país; núcleos locales que hoy han desaparecido por efectos de la persecución.

El hecho de que esta criminalidad masiva no ha acontecido de manera caótica o inconexa, y que por el contrario ha tenido un orden y unas modalidades precisas de ejecución, puede ser sustentado por la periodización que a continuación se propone. La definición de las etapas del genocidio muestra, entre otras cosas, que su ejecución ha coincidido con momentos estratégicos de la vida política y económica del país, y que en tales coyunturas se ha intensificado la criminalidad contra el movimiento como consecuencia de sus posiciones. También muestra que las graves violaciones a los derechos de los miembros del grupo han sido consumadas en razón de su pertenencia al mismo, y que las etapas del genocidio corresponden a la denuncia acerca de la existencia de planes de exterminio elaborados por las fuerzas militares.

Encontrar la lógica que ha tenido esta acción criminal masiva permite resaltar su intencionalidad subyacente --indicando qué tipo de móviles la han provocado--, y explicar mejor cuáles han sido sus repercusiones para la sociedad.

Desde esta perspectiva, entonces, pueden identificarse cuatro grandes momentos del genocidio, separados por hechos que los delimitan claramente.

Los antecedentes del genocidio

Como se dijo, el Partido Comunista Colombiano (PCC) es la formación mayoritaria dentro de la composición de la UP. Desde hace décadas se practica una feroz represión contra sus militantes y líderes, que en la historia más reciente se remonta a finales de la década de 1940. El hostigamiento oficial ejecutado en aquella etapa tenía como trasfondo ideológico el anticomunismo acuñado bajo la “guerra fría”, que acusaba a las organizaciones de izquierda de ser “embajadoras de la amenaza soviética”. Pero, además, estas campañas tenían su apoyo en el anticomunismo local de raíz clerical, que se practicaba desde la década de 1930 a través de organismos como el Secretariado de la Acción Popular Colombiana, cuya función era “secundar por todos los medios posibles la lucha anticomunista” (Medina, 1980, 326).

La práctica constante de esa propaganda ideológica, que presenta a los comunistas como una amenaza para la sociedad ha derivado en un estado de estigmatización pública, que valida cualquier agresión en su contra. La dinámica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra los militantes de izquierda se haya incorporado como un hecho habitual de la vida política del país, al punto de no suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y líderes de opinión¹⁰.

El PCC fue ilegalizado en distintas etapas. Así ocurrió por una década, después del 9 de abril de 1948 --fecha en la que fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán y que dio lugar al período denominado de La Violencia--. Una medida similar fue tomada en 1967, siendo presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. En esos períodos de clandestinidad fueron llevados a las cárceles numerosos dirigentes comunistas, y otros fueron víctimas de asesinatos selectivos o “desapariciones”¹¹. Contra los militantes de base del grupo político se practicaron masacres o agresiones colectivas¹².

Los actos represivos también se dirigieron contra los órganos de prensa del partido. A Voz de la Democracia, su primera publicación periódica surgida en 1957, le suspendieron la licencia de funcionamiento en 1963. Voz Proletaria, el segundo periódico editado por el PCC, fue censurado a comienzos de la década de 1970, en el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, quien adoptó medidas que revivían el delito de opinión en el país. En los meses de marzo, octubre y noviembre de 1971, el contenido del semanario fue sometido a revisión oficial por el Ministerio de Gobierno. En 1978, un atentado dinamitero destruyó parcialmente las oficinas de la redacción. Igualmente, con frecuencia se ha practicado el decomiso y la quema pública de los ejemplares del periódico por parte de miembros del Ejército Nacional y de la Policía. Varios de los colaboradores del semanario han sido asesinados, entre quienes se cuenta Manuel Cepeda Vargas, su director durante varios lustros. Su director actual, Carlos Lozano Guillén ha sido víctima de amenazas constantes y de atentados contra su integridad.

La persecución contra los comunistas se ha extendido a los integrantes de las fuerzas políticas que han decidido realizar alianzas con ellos. De este modo, a mediados de la década de 1970, líderes de la alianza Unión Nacional de Oposición (UNO) fueron asesinados. Otro tanto ocurrió con los integrantes del Frente Democrático, una coalición de fuerzas de izquierda surgida a comienzos de la década de 1980 (NCOS 1995, 58 – 59).

Estas formas de criminalidad fueron las que antecedieron al genocidio contra la Unión Patriótica.

Fase del debilitamiento de todos los niveles organizativos del movimiento, 1984 – 1992

Los primeros años del genocidio se caracterizaron por una persecución intensiva que buscaba impedir la consolidación de la naciente colectividad, asfixiar sus bases sociales y atacar sus estructuras organizativas locales y nacionales.

El año de cierre de este período es 1992, pues en ese entonces, a petición de la Corte Constitucional colombiana, el Defensor del Pueblo elaboró el primer informe oficial sobre un conjunto de graves violaciones a los derechos de los miembros de la Unión Patriótica. En dicho informe se registraron 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” forzadas. El Defensor del Pueblo concluyó que: “[e]xiste una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos”¹³.

Tal conclusión se entiende mejor si se analiza el contexto político de la segunda mitad de la década de 1980. En aquel momento se inició un proceso de descentralización política que permitió, por primera vez en la historia republicana del país, la elección popular de alcaldes.Sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberal y conservador manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control. La campaña contra la UP adquirió la forma de pronunciamientos públicos en los que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas con el “proselitismo armado”. La advertencia sobre las consecuencias que podrían tener los pactos electorales con la nueva colectividad sirvió para abonar el terreno de los actos de violencia¹⁴.

Sobre la visión que tenían las élites acerca de la elección popular de alcaldes, es diciente la posición de la prensa conservadora. “Las alcaldías que queden en manos de las guerrillas y bajo la inspiración administrativa y política de los grupos de extrema izquierda serán muchas más de lo previsto. Habrá de suponerse, por forzosa consecuencia, que desaparezcan los lazos de unidad con el gobierno nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán los dirigentes marxistas”¹⁵.

Por estas razones, entre 1986 y 1988, años electorales, se registraron hechos de criminalidad generalizada en las zonas de influencia de la UP. Esa violencia se hizo sentir especialmente en aquellos municipios y ciudades donde el grupo político obtuvo poder local y comenzó a desarrollar programas de gobierno que incluían la construcción de obras públicas, hospitales y escuelas. Un caso ejemplar de esta situación fue el del municipio de El Castillo, Meta. Allí, uno tras otro, fueron destituidos o asesinados cuatro alcaldes de la UP junto con otros funcionarios de la administración local de la misma filiación¹⁶.

En este periodo fueron puestos en ejecución en varias partes del país una serie de modelos represivos. Sobrevino una ola de atentados, tanto durante las campañas electorales, como luego de la posesión de los elegidos. Más tarde se denunciaría la existencia de planes de exterminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas militares para acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más destacados. El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores resultados en los comicios, superando incluso a los partidos liberal y conservador. Adicionalmente, los dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes --la “Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986)-- concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Quiroga 2003, 137).

Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente. Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a las estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a los líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial. Estos grupos se especializaron en el empleo de métodos de tortura y de tratamientos crueles practicados públicamente en el contexto de masacre planificadas como forma de aterrorizar a la población, y prevenirla acerca de las implicaciones que tenía su simpatía hacia los militantes de izquierda. Las masacres como espectáculos de terror tuvieron como resultado el aislamiento social de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se negaban a abandonar las regiones¹⁷.

En otros lugares, como en el caso ya mencionado del departamento del Meta, el exterminio contra los dirigentes se intensificó en los primeros años, luego vino un período de relativa calma que antecedió a operaciones de terror realizadas con el fin de provocar el desplazamiento forzado de la base social. En determinados sitios fue la Fuerza Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el mismo Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.

Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. Entre las víctimas se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización. Como puede verse, la interpretación de que el genocidio de la UP ha sido una “cuenta de cobro” a la guerrilla encubre la desarticulación y destrucción de procesos de oposición social (Gaviria 2004, 88-90)¹⁸.

Contra los dirigentes nacionales, los candidatos a la Presidencia y los parlamentarios la táctica empleada fue la del atentado individual; utilizando para ese fin operaciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes, operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del Ejército y grupos paramilitares, acción directa de los escuadrones de la muerte, etc. De esta forma ocurrieron los magnicidios de los dos candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1987 y 1990 respectivamente.

SIGUE ...

Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992 – 2002

Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992 – 2002

La década de 1990 trajo cambios significativos para el país. Además de la adopción de una nueva carta constitucional, el gobierno del presidente César Gaviria puso en marcha la ejecución de un conjunto de políticas neoliberales, bajo el nombre de “apertura económica”. Siguiendo las fórmulas de la banca internacional, se proponían medidas como la reducción del Estado y la privatización de las empresas públicas. Los parlamentarios de la UP realizaron frecuentes debates parlamentarios contra estas políticas. Como alternativa a las políticas aperturistas propusieron proyectos de ley tendientes a ampliar las funciones sociales y la cobertura del Estado en campos como la educación, la salud, el trabajo y la cultura (Motta, 1995).

En 1993, miembros de la dirección de la UP se reunieron con varios ministros del gobierno del presidente Gaviria, para denunciar la existencia de una nueva operación en su contra, el “Plan Golpe de Gracia”, elaborado, según sus informaciones, por el alto mando militar. A la salida de la reunión los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas denuncias la izquierda pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 1994¹⁹. Pocos meses después de esta reunión, un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda Vargas, el último parlamentario que le quedaba al grupo político en el Congreso de la República.

En ese mismo período la actividad de los grupos paramilitares alcanzó nuevas formas de legalidad a través de decretos que permitían a civiles el porte de armas y la organización de las cooperativas de seguridad “Convivir”. En el departamento de Antioquia, donde tuvo lugar este experimento de legitimación paramilitar, los frentes guerrilleros intensificaron sus acciones. El escalamiento del conflicto armado en la región trajo como consecuencia la multiplicación de los ataques contra la población civil. Cientos de militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados bajo el llamado “Plan Retorno” (1993), elaborado por el Ejército Nacional, cuyo propósito era “pacificar” la región. En Urabá, zona perteneciente a ese departamento, quienes no perecieron en los atentados, fueron detenidos y acusados de haber perpetrado la masacre de La Chinita, en la que 36 personas fueron asesinadas, luego de ser acusadas de pertenecer o simpatizar al desmovilizado grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación. Varios alcaldes y 20 sindicalistas y miembros de la UP fueron detenidos y sentenciados por “jueces sin rostro” a penas de 40 años de prisión como responsables de ese crimen²⁰.

Durante esta misma fase se incrementaron considerablemente las cifras de las poblaciones desplazadas en zonas de influencia de la UP. Adicionalmente, aumentó el número de personas y familias exiliadas. En 1996, luego de un atentado con rocket del que salió ilesa, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Abella Esquivel, tuvo que exiliarse. Según las cifras del movimiento, en esta etapa se refugiaron cerca de 200 familias perseguidas, por el hecho de contar con uno o varios miembros de la organización.

Al lado de estos nuevos golpes, y luego de años de constantes arremetidas, se hizo cada vez más notorio que la sociedad colombiana se fue acostumbrando imperceptiblemente a los hechos cotidianos de violencia dirigidos contra el grupo político. Los asesinatos y atentados contra sus militantes dejaron de ser noticia en los medios de comunicación.

A ello contribuyó el discurso justificatorio del genocidio que alcanzó amplia difusión social. La legitimación de las acciones de terror contra la UP se hizo por medio de declaraciones públicas de funcionarios estatales de todos los niveles, oficiales de alto rango de la Fuerza Pública, líderes políticos y empresariales, jefes paramilitares, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores de grandes medios de comunicación, y reconocidos académicos. Las denuncias sobre nuevas amenazas fueron banalizadas por las autoridades, calificándolas como una artimaña publicitaria de los líderes de izquierda, para disimular la decadencia de su proyecto ideológico como consecuencia de la caída del Muro de Berlín.

La estigmatización alcanzó la forma del aislamiento social. En muchas partes del país a los militantes del grupo de oposición les era negado el crédito bancario, el cupo en los colegios para sus hijos y, en ocasiones, se les obligaba a dejar sus sitios de vivienda por temor a que ellos fueran blanco de atentados.

El período del “golpe de gracia” al movimiento se cerró el 30 de septiembre de 2002, cuando el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución No. 5659 en la que le retiró el estatuto legal para el funcionamiento. La justificación de esta medida consistió en que el grupo no reunía el número de sufragios electorales necesarios (50.000 votos) para mantener su personería jurídica. Esta medida se constituyó en un impedimento legal para la acción pública de los sobrevivientes del movimiento, y tuvo un alto significado simbólico: después de la aniquilación física y sociológica perpetrada, el poder estatal legalizó su “defunción” con una decisión administrativa.

Fase del exterminio de los sobrevivientes, de 2002 hasta el presente

La cadena de crímenes y hostigamientos contra la UP no es cuestión del pasado. Hoy en día continúa el exterminio de los sobrevivientes, los familiares, los testigos de los hechos o sus abogados. Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales²¹.

El presidente Uribe Vélez, aseguró durante la campaña electoral para su elección, que el “error” cometido con la UP es comprensible, pues no se puede querer “combinar la política con los fusiles”²². A pesar de haber prometido respetar a la oposición en reiterativos pronunciamientos públicos, bajo la administración Uribe se han presentado nuevas modalidades de persecución contra los sobrevivientes de la diezmada colectividad política: detenciones masivas y arbitrarias, procesos judiciales montados sobre la base de testimonios suministrados por cooperantes anónimos de la llamada “red de informantes”, abusos de toda índole en “zonas de rehabilitación” en las que la autoridad civil es sustituida por mandos militares, etc. Los atropellos se han cometido con especial intensidad en los departamentos de Arauca, Tolima, Meta, Norte de Santander, Cundinamarca, y Caquetá, entre otros. Durante su campaña de reelección para un segundo mandato, el equipo del Presidente utilizó una cuña publicitaria en la que se realizaba una abierta apología al genocidio contra la UP, que dio lugar, como se mencionó anteriormente, a la ruptura de la búsqueda de una solución amistosa en el caso colectivo ante la CIDH²³.

Al mismo tiempo, se ha desarrollado la persecución selectiva contra los viejos militantes con el fin de extinguir toda fuente de memoria viviente del genocidio, o de la historia del movimiento. También se ha perseguido a los familiares, y en no pocos casos se ha desaparecido a familiares de los desaparecidos, o se ha asesinado a familiares de los asesinados. Esta situación muestra con claridad que la intención genocida busca destruir al grupo político, y su entorno social, hasta las raíces.

Pero es sin duda alguna el control de vastas zonas del territorio nacional por redes paramilitares y mafiosas el fenómeno que configura la nueva etapa de persecución contra la oposición política. Al amparo de un proceso de diálogos con el Gobierno Nacional, cuya supuesta finalidad sería la desmovilización de los grupos paraestatales, en realidad se ha consolidado un poder autoritario que ha recurrido al fraude electoral y a la presión armada para afianzarse localmente y para garantizar una significativa presencia en el Congreso de la República.

Como sustento normativo para la denominada desmovilización de los paramilitares, el gobierno colombiano y el parlamento han adoptado una serie de instrumentos legales, como la Ley 975/05 --llamada ley de “justicia y paz”-- y su reglamentación, así como el Decreto 128/03. Estas disposiciones no garantizan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues no disponen de procedimientos adecuados para esclarecer los crímenes cometidos por los miembros y jefes de los grupos paraestatales. Este marco legal no permite la dilucidación adecuada de la responsabilidad de los agentes estatales implicados. Tampoco proporciona instrumentos para sancionar a los aliados y beneficiarios de la acción paramilitar. Como resultado de estas debilidades esenciales, la ley de “justicia y paz” no asegura un desmantelamiento exitoso de las estructuras paramilitares, y más bien implica la legalización de sus capitales ilícitos y la legitimación social de su control territorial.

Actualmente, la existencia de esta normatividad que aparenta justicia, pero en realidad auspicia la impunidad, se convierte en un obstáculo que deberá ser removido para la solución del caso del genocidio ejecutado contra la Unión Patriótica²⁴.

SIGUE ...

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

Como puede verse, esta periodización ubica el orden y el sentido que ha tenido el genocidio. Los periodos mencionados han coincidido con momentos fundamentales de la implantación de modelos políticos y económicos en el país. El momento del debilitamiento esencial del movimiento --a comienzos de la década de 1990-- coincidió con la irrupción de la llamada apertura económica y del modelo neoliberal. Y en el terreno político significó el deterioro considerable de la democracia local. El genocidio corresponde a la pérdida de espacios políticos después de un primer ensayo de democratización local a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores.

Por todas estas razones, el genocidio contra la UP se ha convertido en uno de los factores más poderosos de la clausura de una salida política al conflicto armado en Colombia. Para muchos sectores, su perpetración ha ratificado que los procesos democráticos en Colombia se estrellan inmediatamente con la barrera de la violencia sistemática y el homicidio político como únicas vías para resolver los conflictos sociales. La suerte que corrieron miles de miembros de la UP, y esto suele olvidarse en el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia, es el mayor argumento que tienen quienes desconfían de la acción política legal.

En consecuencia, un desafío fundamental para la salida de la violencia en Colombia consiste en una reparación plena de la cadena de crímenes políticos cometidos en este caso.

No es posible entender el proceso de reparación de una fuerza política como la simple indemnización económica de los familiares de las victimas directas, ni como un proceso de restitución del número de sus parlamentarios o diputados locales en el momento del exterminio. En el presente caso, una reparación debe partir de la comprensión de que una fuerza política es mucho más que sus miembros individuales, y mucho más que sus representantes en instancias de poder local o nacional. Como se ha expuesto anteriormente, el genocidio contra la UP ha comprendido la destrucción de redes y espacios sociales en los cuales su programa político tenía la posibilidad de desarrollarse. La reparación del daño al proyecto político comprende, por lo tanto, la aplicación de medidas que permitan reestablecer esta visión política alternativa acerca de los cambios que requiere la sociedad colombiana.

Mientras continúe aconteciendo un hecho de la magnitud y el significado del genocidio prolongado de todo un grupo político, la sociedad colombiana no podrá ser considerada una sociedad auténticamente democrática. En este sentido, las políticas de reparación en este caso deben considerar el plano del resarcimiento individual de los miembros del grupo perseguido y sus familias, pero adicionalmente trascender a trasformaciones del sistema político.

Esas trasformaciones atañen directamente a la búsqueda de una salida del conflicto armado. En Colombia es impensable el fin negociado de la violencia sin que el caso del exterminio de la Unión Patriótica sea reparado de una manera satisfactoria, y sin que quede inscrito en la memoria colectiva como algo que no puede volver a ocurrir nunca más.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Buenaventura, Nicolás & Fajardo, Nelson, Tregua y Unión Patriótica, Centro de Estudios Sociales (CEIS), Bogotá, 1985.

Campos, Yezid, Memoria de los silenciados. Baile Rojo, Grafiq Editores, Bogotá, 2003.

Cepeda, Iván & Girón, Claudia (ed.), La memoria frente a los crímenes de lesa humanidad, Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, Defensoría del Pueblo, La Imprenta Editores Ltda, Bogotá,1996.

Colombia Nunca Más, Verdad, memoria y lucha contra la impunidad. 1966-1998. Bogotá, Colombia Nunca Más, 2003.

Corporación Reiniciar, “La ley de ‘justicia y paz’ no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica”, Bogotá, 2006.

Corte Constitucional, sentencia T-439, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, 2 de julio de 1992.

Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Córdoba Treviño, Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación. Estudio de caso de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza Paz y Libertad, Defensoría del Pueblo de Colombia, Bogotá, 1992.

Dueñas R., Oscar José, Unión Patriótica. Venciendo Dificultades, UNINCCA, Bogotá, 1990.

Gaceta del Congreso 1993, 21, 5 de octubre de 1993.

Gaviria S., Julia Manuela, Personajes anónimos y un proyecto colectivo. Unión Patriótica: una mirada municipal. 1985-1990, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Carrera de Ciencia Política, Bogotá, 2004.

Guillén Lozano, Carlos, (prólogo) Poder capitalista y violencia política en Colombia, Bogotá, 2002.

Matta Aldana, Luis Alberto, Poder capitalista y violencia política en Colombia. Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica. Bogotá: Ideas y Soluciones Gráficas, 2002.

Medina, Medófilo, Historia del Partido Comunista de Colombia, Tomo I, Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Bogotá, 1980.

Motta, Hernán, Acción Parlamentaria de la UP, Imprenta Korina, Bogotá, 1995.

NCOS, Terre des Hommes, Tras los pasos perdidos de la guerra sucia, France, Bruselas, 1995.

Quiroga Carrillo, Jahel, “La Unión Patriótica: el exterminio de una esperanza”, en: Memorias del Seminario sobre el Proceso de Búsqueda de Solución Amistosa en el Caso de la Unión Patriótica que se adelanta ante la CIDH. Procuraduría General de la Nación – Embajada de Suiza en Colombia, 2003.

Romero, Mauricio, “Democratización Política y Contrarreforma Paramilitar en Colombia”, en: Política y Sociedad, Vol. 39 No. 1, Universidad Nacional de Colombia, pp. 273 – 292, Madrid, 2002.

Vanegas, Napoleón, Es un Soplo la Vida. Bernardo Jaramillo Ossa, Ed. Fondo Nacional por Colombia, Bogotá, 1991.

Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana

En mayo de 1985, en el marco de las negociaciones que intentaban acercar una solución consensuada al conflicto armado que aún hoy padece Colombia, nacía la Unión Patriótica. El exterminio de miles de sus miembros atrae la atención sobre una de las causas que explican la duración y la crueldad de esta interminable tragedia: un contexto de democracia formal que esconde sofisticadas técnicas de eliminación de opositores.

El 28 de marzo de 1984, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur-Cuartas, fueron firmados los Acuerdos de la Uribe, entre los representantes del Estado y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este pacto se explicitó el compromiso del Gobierno para promover reformas políticas, sociales y económicas, así como la condena del grupo guerrillero al secuestro y al terrorismo, y su voluntad para contribuir a poner fin a esta clase de prácticas. Esos Acuerdos consagraron, adicionalmente, que pasado un año del comienzo de la negociación de paz se deberían generar condiciones propicias para que el grupo guerrillero pudiera "organizarse política, económica y socialmente". Este punto particular de los Acuerdos dio lugar al surgimiento del movimiento político Unión Patriótica (UP), en mayo de 1985, un año después del comienzo de la negociación.

En el plano internacional poco se conoce acerca de la criminalidad sistemática que se ha practicado y se practica en Colombia contra los movimientos de oposición política. Es ejercida, abierta o soterradamente, por parte de sectores del poder estatal a través de las fuerzas militares, los cuerpos de seguridad o en complicidad con grupos paramilitares. La invisibilidad de la autoría estatal en estos hechos de violencia se ha logrado gracias a eficaces estrategias de impunidad y a la imagen confusa que se presenta del conflicto colombiano en los medios de información. En estas condiciones, los ataques contra vastos sectores de la sociedad colombiana quedan mimetizados en una nebulosa en la que es difícil distinguir si los autores de los actos de violencia son los grupos ilegales o el narcotráfico. Esta situación paradójica -la de un sistema democrático en el que se ejercen sofisticadas técnicas de represión de los opositores- llama la atención sobre la capacidad que tiene el poder para disimular sus arbitrariedades en contextos en los que se ejerce formalmente la democracia.

Aniquilar a la UP

A lo largo del último medio siglo, en Colombia se ha gestado una estructura dual en el uso de la función coercitiva del Estado. Esta estructura combina mecanismos legales con dispositivos ilegales para habilitar un empleo arbitrario y excesivo de la fuerza. Así, dentro del ámbito legal, se adoptan legislaciones (bajo la forma de estados de excepción o de estatutos de seguridad) que habilitan la delegación de funciones de policía judicial en las fuerzas militares. La cara oculta de esta estructura la constituyen los dispositivos de guerra sucia: la conformación de grupos paramilitares, la actuación ilegal de miembros del Ejército Nacional mediante operaciones encubiertas de "brigadas de inteligencia", las acciones de "guerra psicológica", etc.

En la UP decidieron participar sectores que compartían como objetivo común la búsqueda de la reconciliación nacional por medio de transformaciones estructurales de la sociedad. Luego de décadas de hegemonía liberal y conservadora en el país ¹, y en su calidad de formación pluralista de oposición, la UP planteó propuestas innovadoras. Su programa proponía una apertura hacia formas de democracia más reales y profundas, que incluyera cambios sociales tendientes a superar la inequidad social y económica. Igualmente, proponía la elaboración de una nueva Carta Constitucional; propuesta que se hizo realidad en 1991 a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la nueva Constitución.

La originalidad del proyecto de la UP consistía en que ensayaba el camino de la reconciliación en un proceso de paz que apenas comenzaba a gestarse. Sin embargo, meses después de la presentación pública del nuevo movimiento, diversos actos de violación de los acuerdos condujeron al fracaso de la negociación. La guerrilla se replegó a sus zonas de influencia y en el espacio público quedó la UP. Pese al compromiso estatal de garantizar su acción política, los primeros homicidios golpearon al movimiento a mediados de 1985.

Desde ese entonces, se manifestó una intención criminal que ha buscado aniquilar a la UP por medio de una acción claramente articulada y sostenida en el tiempo, combinando actos de criminalidad, represión y hostigamiento tendientes a provocar la eliminación total o parcial del grupo opositor. Miles de sus miembros y simpatizantes han sido masacrados. El 11-11-1988, por ejemplo, cuarenta militantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia. Tales homicidios colectivos han ocurrido de manera simultánea, o se han prolongado en el tiempo a través de crímenes individuales dirigidos a destruir núcleos determinados. Así ha sucedido con la persecución de familias enteras, como es el caso de los Cañón-Trujillo, quienes a causa de su militancia política han sufrido, desde 1986, el asesinato de cuatro de sus miembros. También se ha recurrido al método de la "desaparición" forzada para eliminar sin dejar rastro a cientos de integrantes del movimiento.

Legitimación de la impunidad

Contra los representantes de las corporaciones públicas y los líderes del grupo se ha empleado el método del asesinato selectivo. De esta forma, dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo-Leal y Bernardo Jaramillo-Ossa, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente. En 1994, la UP perdió al último de los miembros de su bancada parlamentaria, al ser asesinado el senador Manuel Cepeda-Vargas. Con anterioridad ocho congresistas habían sido víctimas de mortales atentados ocurridos, mayoritariamente, en sus domicilios. Cientos de alcaldes y representantes de los poderes locales han sido eliminados. En ocasiones se ha presentado el asesinato sucesivo de hasta cuatro alcaldes del movimiento en una misma localidad. Las sedes de la UP han sufrido los estragos devastadores de más de 30 atentados dinamiteros, y también se ha recurrido al silenciamiento de los testigos, de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas que han exigido justicia.

El resultado de esta multiforme estrategia de persecución ha sido la muerte violenta de más de 5.000 personas y el desplazamiento o exilio forzados de una cifra indeterminada de la base social de la colectividad política. Dichas cifras tienen carácter provisional, pues las ejecuciones, persecuciones y amenazas prosiguen. La gran mayoría de los casos están impunes. En un informe especial sobre esta situación, la Oficina del Ombudsman señaló que de los numerosos actos de violencia cometidos contra la UP entre 1985 y 1992, tan sólo en cuatro casos la justicia colombiana había emitido sentencias condenatorias.

El Estado colombiano se ha negado a reconocer su responsabilidad en esta eliminación sistemática. Ha eludido cualquier medida tendiente a asumir que los autores de dichos actos son miembros de la fuerza pública, quienes frecuentemente actúan en compañía de paramilitares. En cambio ha recurrido a múltiples formas de legitimación de la impunidad, alegando que lo acontecido con la UP sería el resultado de "hechos individuales e inconexos" ejecutados por narcotraficantes en vendettas locales o por delincuentes comunes. El esfuerzo oficial de legitimación de la intencionalidad criminal contra el grupo político ha dado lugar a actos de incitación y justificación pública de la violencia ejercida en su contra. Algunos funcionarios estatales han sostenido que, en última instancia, lo ocurrido sería la "suerte previsible" para un movimiento político fruto de acuerdos con la guerrilla. De igual forma, han buscado minimizar las proporciones de las masacres cometidas diciendo que se trata de uno de los tantos hechos ocurridos en el contexto de la violencia generalizada en Colombia, cuya explicación sería la natural reacción a las atrocidades que comete la guerrilla. El actual Presidente de la República, Álvaro Uribe-Vélez, afirmó, durante la campaña electoral para su elección, que el "error" cometido con la UP es comprensible, pues no es posible querer "combinar la política con los fusiles" ². El silencio ante la legitimación pública de esta ola de criminalidad por parte de influyentes sectores de la sociedad colombiana -como la alta jerarquía de la Iglesia Católica- ha contribuido a que se afiance un ambiente de permisividad generalizada ante la cadena ininterrumpida de actos de violencia.

La campaña de exterminio se ha querido sellar con una medida administrativa: el retiro del estatuto legal a la UP. La instancia encargada en Colombia de tales decisiones, el Consejo Nacional Electoral, justificó la medida afirmando que la UP "no reunía el número de sufragios electorales necesarios" para la renovación de su personería jurídica. Esta medida, además de constituir un impedimento legal para la acción pública de los sobrevivientes del movimiento, tiene un alto significado simbólico: después de la destrucción física del grupo político por parte del poder estatal se legaliza su "defunción" con una decisión oficial.

Los móviles reales de la aniquilación de la oposición política en Colombia provienen de una larga tradición de exclusión del espacio público y de una arraigada ideología de sectarismo político. En el transcurso del último medio siglo, la violencia política ha costado la vida a opositores de diversas vertientes y orígenes. Ya en las décadas de 1940 y 1950, miles de partidarios y simpatizantes del movimiento de Jorge Eliécer Gaitán -líder del liberalismo popular asesinado en 1948- cayeron víctimas de atentados o masacres ejecutadas por bandas paramilitares promovidas por los gobiernos conservadores ³. Los opositores a la hegemonía de los partidos liberal y conservador, o quienes han sido disidentes en sus filas, han enfrentado tradicionalmente persecuciones sistemáticas. Estos crímenes se han presentado no sólo en el contexto del conflicto armado, sino en el marco de procesos de negociación o de aplicación de acuerdos de paz. En Colombia ha sido una constante que los voceros de los grupos armados opositores fueran asesinados, ya fuera durante los períodos de negociación o en el momento de su reinserción en la vida legal.

Ampliar el concepto de genocidio

En vista de la ausencia de garantías para obtener justicia, las víctimas y los sobrevivientes de la UP han recurrido a instancias internacionales y, en particular, a los mecanismos que para estos efectos brinda la Organización de Estados Americanos (OEA). En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido el Caso 11.227, en el que examina este proceso de exterminio a solicitud de la Corporación "Reiniciar" y la Comisión Colombiana de Juristas.

Las víctimas y sobrevivientes de la UP han reclamado que se reconozca que lo acontecido tiene el carácter de un genocidio con móviles políticos. La Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio (1948) estipula que solamente se podrá hablar de esta clase de crímenes cuando la acción de destrucción esté dirigida contra grupos de carácter nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, el debate contemporáneo en el terreno de la doctrina del derecho internacional y de las ciencias sociales encargadas del estudio de esta forma de violencia extrema, tiende a fortalecer la convicción de que es necesario ampliar el campo de aplicación del concepto de genocidio. Las masacres globales cometidas contra colectividades que se identifican por sus ideas políticas deberían ser entonces incluidas en esta definición.

En 1985, el informe del relator especial para la cuestión del genocidio, Benjamin Whitaker, reconoció la necesidad de que otros grupos (sociales, sexuales, políticos) fueran incluidos a través de la ampliación de la definición que otorga la Convención contra el Genocidio. En noviembre de 1998, la Audiencia Nacional española, al revisar su competencia para juzgar a miembros de las Juntas Militares argentinas, en una decisión unánime, se declaró habilitada para procesar a los militares por el delito de genocidio al intentar eliminar a un grupo en razón de sus convicciones políticas. En dicha sentencia, la Audiencia Nacional acepta que junto a prácticas criminales masivas y sistemáticas, la estrategia de la dictadura militar argentina, entre los años 1976 y 1983, incluyó la eliminación de una o varias colectividades políticas de oposición. La sentencia señala que "lo que caracteriza el genocidio es el exterminio de un grupo por razones raciales, religiosas, políticas u otras". Y añade que en el presente caso se hizo un intento de "depuración ideológica" de quienes "no cabían en el proyecto de reorganización nacional" ⁴.

En el marco del sistema regional de protección de derechos humanos, la argumentación que en un primer momento hicieron los asesores jurídicos del Estado colombiano fue que el caso de la UP no podía ser recibido por la Comisión Interamericana, pues se trataba de hechos inconexos de violencia. Por su parte, la CIDH señaló en el informe 5/97 sobre la admisibilidad de este caso que "los peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema de los miembros de la UP con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política". En ese mismo informe, la instancia internacional se pronunció a favor de analizar este caso sobre la base de la existencia de suficientes elementos para determinar una pauta de persecución. Esta línea de acción sistemática haría posible demostrar que los casos de la UP, aparentemente aislados, corresponden a una práctica dirigida de manera concertada. Los sobrevivientes del grupo político han aportado en el caso evidencias sobre la existencia de al menos cinco planes de exterminio diseñados desde altas esferas estatales. Los planes de exterminio regional "Esmeralda" (1988) y "Retorno" (1993) habrían tenido como objetivo hacer desaparecer varias secciones regionales de la UP. La "Operación Cóndor" (1985) y los planes "Baile Rojo" (1986) y "Golpe de Gracia" (1992) habrían tenido cobertura nacional y habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos en las corporaciones públicas ⁵.

Como resultado de la presión de las víctimas y sobrevivientes, el Código Penal colombiano hoy vigente ha reconocido la figura de genocidio por móviles políticos; crimen atroz que este compendio normativo define como "destruir total o parcialmente un grupo por razones políticas" y ocasionar la muerte a sus miembros por "razón de su pertenencia al mismo".

Nuevas formas vejatorias

Al conmemorarse los veinte años del surgimiento de la UP, tras dos décadas de ataques incesantes en su contra y mientras se desarrolla el proceso ante la CIDH, se discuten los términos de una solución amistosa entre el Gobierno colombiano y las víctimas. Este proceso debe conducir a un eventual acuerdo que honre los derechos a la verdad y la justicia, o por el contrario, a la continuación del litigio en la instancia internacional, que concluiría muy probablemente con una condena al Estado colombiano.

El 9-2-04, el Gobierno anunció, a través de una declaración del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, su disposición para avanzar en la búsqueda de una solución amistosa en el Caso 11.227 ante la CIDH. El Gobierno aseveró que los crímenes masivos cometidos contra la UP constituyen una "página vergonzosa en la historia de nuestro país". No obstante, luego de este reconocimiento público sigue justificando lo acontecido. Horas después del anuncio oficial de la búsqueda de una solución amistosa, el propio Vicepresidente volvía a eludir la responsabilidad estatal en este caso. Ante los medios de comunicación, el funcionario afirmó que los crímenes contra esta formación política de oposición serían obra del narcotráfico que, en un contexto de polarización, habría hecho un "cobro de cuentas" a las guerrillas utilizando a los activistas del movimiento como chivos expiatorios.

Los motivos de desconfianza sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales provienen del hecho de que las atrocidades contra la UP se siguen llevando a cabo sin obstáculos. En la política de "Seguridad Democrática" del actual Gobierno existen elementos que siguen incentivando el exterminio y la persecución judicial de los sobrevivientes del movimiento. Bajo el argumento de la acción antiterrorista, muchos de sus activistas han sido arrestados en redadas masivas y mostrados ante las cámaras de televisión como miembros de las organizaciones armadas subversivas. Durante el gobierno actual ya van más de 150 casos de activistas de la UP víctimas de homicidios o desapariciones en diversas regiones del país. También se han constatado desplazamientos masivos en zonas donde ejerce aún su influencia la oposición política.

Frente a estas nuevas denuncias no se advierte ninguna acción sustancial del Estado por detener y enjuiciar a quienes organizan las acciones criminales. Por el contrario, se asiste a nuevas formas de vejación contra las víctimas, como ocurrió con Alirio Silva -líder regional de la UP, asesinado el 1-3-04 en la región de Putumayo- cuyo cuerpo sin vida fue sometido a una cadena de "procedimientos administrativos" que incluyeron el impedimento de su traslado a Bogotá hasta que no se le practicara una autopsia con el fin de verificar si no se trataba de un "cadáver bomba" preparado por la guerrilla para un atentado.

Por otra parte, el gobierno del presidente Uribe ha emprendido un proceso con los grupos paramilitares con el que busca "reintegrarlos a la sociedad". Parte de esta política de reinserción es la aprobación de medidas legislativas que garantizan la impunidad y el perdón incondicional de los paramilitares. La adopción de tales beneficios jurídicos implica que varios de los principales autores del genocidio contra la UP queden automáticamente exonerados de toda responsabilidad, y que el proceso de esclarecimiento y reparación de las víctimas se vea seriamente afectado.

El conjunto de actos de terror y violencia perpetrados contra la UP ha constituido un rudo golpe para la perspectiva de democratizar la sociedad colombiana. Esta persecución sistemática ha fortalecido el miedo a ejercer libremente la oposición, ha sembrado una sensación de escepticismo sobre la viabilidad de practicar la acción política de manera civilizada, y con ello ha revitalizado permanentemente la convicción de quienes sólo creen en una salida violenta para los problemas del país.

La solución negociada del conflicto armado que padece Colombia desde hace medio siglo pasa, en consecuencia, por un proceso de verdad, justicia y reparación de lo acontecido con un movimiento político que exploró el camino de la reconciliación. Para ello se requerirá que cesen las violaciones sistemáticas contra quienes han sobrevivido a este genocidio. Pero además se hará necesario que el Estado colombiano renuncie a la estrategia de presentar medidas minimalistas como auténticos procesos de resarcimiento de las víctimas. Pues sólo con un proceso genuino de reparación que restablezca el proyecto político que fue violentamente coartado podrá lograrse la confianza necesaria para transitar por el camino de la paz en Colombia.

1. El Partido Liberal y el Partido Conservador se alternan en el poder desde 1958.
2. Álvaro Uribe-Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de Gobierno, Bogotá, 2002.
3. Conocido como "la violencia", este período de guerra civil provocó la muerte de 300.000 personas.
4. "Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmando la jurisdicción de España para conocer de los crímenes de genocidio y terrorismo cometidos durante la dictadura argentina", Madrid, 4-11-1998.
5. Jahel Quiroga-Carrillo, "La Unión Patriótica: el exterminio de una esperanza", en Memorias del Seminario sobre el Proceso de Búsqueda de Solución Amistosa en el Caso de la Unión Patriótica que se adelanta ante la CIDH, Procuraduría General de la Nación, Embajada de Suiza en Colombia, 2003.