La situación del presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, es muy complicada. No ha podido despejar las sospechas sobre los motivos oficiales de sus largos y frecuentes viajes de fin de semana, ni desmentir que los gastos cargados al erario obedezcan a razones esencialmente privadas. Además, ha causado una división sin precedentes en el seno del Consejo y colocado a la maquinaria pública ante la tesitura de tener que protegerle, desde la Fiscalía General del Estado, que abrió y cerró rápidamente unas diligencias, hasta el pleno de la Sala Penal del Supremo, que ayer denegó la admisión de una querella contra él. Sin olvidar al grupo parlamentario del PP, que al final ha aceptado su comparecencia en el Congreso, todavía sin fecha. Demasiados esfuerzos, demasiadas tensiones para hacer frente a la evidencia de que el presidente del Poder Judicial ha podido gastar injustificadamente dinero público y, de paso, se lo ha hecho gastar al Ministerio del Interior para costear los dispositivos de escolta.

Dívar debe comprender que con su actitud daña, por encima de todo, la institución que representa. Legalmente, el Consejo podría exigir su renuncia, alegando incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo. Pero la fractura existente en su seno se suma a las sospechas más que razonables de que el presidente no es el único miembro del Consejo que se tomaba la liberalidad de usar dinero público y que practicaba la llamada semana caribeña sin necesidad de dar cuenta del porqué.

Una vez conocido el rechazo del Supremo a aceptar la querella contra su presidente, cinco miembros del Poder Judicial tratan de forzar el adelanto de un nuevo pleno para tratar sobre la situación. Dado el corporativismo y los pequeños cálculos de poder en su interior, es difícil que el Consejo acabe con esta situación. Y, sin embargo, a todos estos vocales que han contribuido al descrédito institucional les debería interesar lo que piensa la ciudadanía. La catarata de revelaciones periodísticas mancha un organismo con rango constitucional y, de paso, contribuye a ahondar un poco más el desprestigio de los jueces, considerados como el colectivo de funcionarios en el que menos confían los ciudadanos, según datos del último Barómetro del CIS.

Dívar y sus vocales deben reflexionar y hacer lo necesario para regenerar la institución. Su nombramiento surgió del pacto de 2008 en el que Gobierno y oposición acordaron la elección parlamentaria de los actuales miembros del Consejo, que formalmente designaron a Dívar como presidente, aunque la decisión correspondió en realidad a José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con Mariano Rajoy. Es por ello por lo que Gobierno y PSOE, sin menoscabo de la necesaria separación de poderes, deben sentirse interpelados por una crisis sin precedentes en una institución que debe jugar un papel básico en el funcionamiento del Estado.

A las críticas vertidas por las asociaciones de jueces por la situación creada por el enrocado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se han unido 17 jueces decanos que han suscrito un comunicado en el que reclaman al Consejo que esté “a la altura de las circunstancias” ante un escenario que califican de “grave”.

Los decanos relatan en su escrito el sentimiento de “vergüenza y tristeza” que la situación ha generado en el colectivo judicial que, además, consideran que es “gravemente perjudicial para la imagen del Poder Judicial ante los ciudadanos y afecta al mismo funcionamiento del Estado de Derecho”. El CGPJ celebra mañana un pleno extraordinario para analizar la polémica creada después de que uno de los vocales del Consejo, José Manuel Gómez Benítez, le denunciara por cargar a las arcas públicas 32 viajes a Puerto Banús (Marbella) y a otras ciudades españolas.

“Los jueces decanos abajo firmantes lamentan profundamente la situación de desprestigio que amenaza a la carrera judicial debido a los recientes acontecimientos por todos conocidos, que nada tienen que ver con el trabajo cotidiano de los 4.800 jueces y magistrados de este país, cuya labor responsable, seria y abnegada, puede quedar desprestigiada por razones que les son totalmente ajenas, máxime cuando la austeridad ha sido siempre consustancial al trabajo y a la misma actitud de los jueces", indican sin mencionar los viajes cargados al erario realizados por el presidente del CGPJ. El escrito firmado por los decanos de Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Sevilla, Valencia, Vitoria, Vigo y Zaragoza.

El comunicado también aprovecha para criticar la politización del Poder Judicial, “a menudo sumido en disputas internas alejadas de los problemas cotidianos de los jueces” y la presión que el Ejecutivo está haciendo sobre este que “no le dota de los medios humanos y materiales imprescindibles”.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha eludido esta mañana mencionar la palabra dimisión (su dimisión), pero, con la mirada puesta en el pleno previsto para el próximo jueves, ha sugerido que tomará una decisión "rotunda y contundente" ese día. Y ha insinuado que materializaría su anuncio durante el pleno extraordinario que él mismo tiene convocado el próximo día 21, jueves.

Al menos esa es la convicción con la que han abandonado al mediodía la sede del Consejo del Poder Judicial los 20 vocales que integran el pleno, y que le han retirado la confianza. El también presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras escuchar en la voz de 14 vocales que el escándalo de sus 32 viajes y su impacto en la opinión pública había generado una situación "insostenible", dejó entrever que esa "contundente" decisión será dimitir. Eso sí, ha pedido a sus colegas que le permitan seguir en el cargo hasta el jueves por "responsabilidad institucional". Y es que entre este lunes y el miércoles el Tribunal Supremo celebra su bicentenario, a cuyos fastos tienen previsto acudir el Rey de España y numerosos presidentes de cortes de justicia extranjeros.

Si no dimitiese el jueves, sus colegas (que son quienes le eligieron) activarán los mecanismos legales para destituirle. Aunque ninguno duda ya que a Dívar, la primera autoridad judicial del Estado, apenas le quedan cuatro días en el cargo. De hecho, los dos puntos que constituían el orden del día de hoy se trasladan automáticamente al pleno de jueves: uno, suscrito por cinco vocales, en el que se pedía a Dívar que dimitiera ya, sin esperar siquiera al lunes, y otro en el que se solicita su remoción / destitución y que abandera el progresista José Manuel Gómez Benítez, el vocal que ha destapado el escándalo de los viajes caribeños de Dívar a Puerto Banús (Marbella) y a otras ciudades españolas. Por unanimidad, los vocales accedieron a que posponga su dimisión hasta el jueves, lo que permitirá a Dívar acompañar al Rey y demás autoridades durante los actos del bicentenario. No todos los vocales ven adecuado que Dívar acompañe a don Juan Carlos en estos actos, pero entienden que, al fin, hay una asunción de responsabilidades por no haber explicado ni detallado los viajes ni los casi 30.000 euros de ellos cargados a las arcas del Consejo del Poder Judicial.