La Comisión Europea (CE) anunció este
 jueves que presentará una demanda contra el gobierno británico por 
presunta discriminación, tras considerar como injustas las pruebas que 
se implementan para determinar si un inmigrante europeo puede cobrar 
subsidios públicos en ese país.
De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, los principios 
que aplica el Reino Unido en estos casos impiden a los extranjeros 
acceder a asistencias a las que tienen derecho, como el seguro por 
desempleo y las ayudas a los padres.
La CE, encargada de comprobar que los países 
miembros cumplan con las leyes del bloque, considera injustos los 
exámenes adicionales que el gobierno de David Cameron les hace a los 
inmigrantes de la Unión Europea (UE) para ver si les corresponden o no 
ciertos beneficios.
 
Según el Ejecutivo regional, Londres viola el 
principio de la UE sobre la residencia habitual, reafirmado por 
unanimidad en 2009 por todos los países miembros.
 
El Reino Unido decidió imponer de modo unilateral 
criterios bajo el rubro de derechos de residencia, que son cumplidos por
 todos los británicos simplemente por poseer el pasaporte local.
Sin embargo, para la CE esto significa que esa nación discrimina injustamente a los ciudadanos de otros estados miembros.
Un portavoz del gobierno británico manifestó que 
la prueba realizada a los inmigrantes “es una herramienta vital y justa 
para asegurarse de que esos beneficios solo se paguen a las personas que
 pueden vivir y trabajar en Reino Unido legalmente”.
La decisión de llevar al país ante 
los tribunales se produce después de que en 2011 la UE solicitase 
cambios al gobierno británico, que nunca modificó la situación.
El caso también ha sido llevado ante 
la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, explicó la CE, que ya 
ha recibido varias quejas de ciudadanos sobre el tema.
La contradicción con el Ejecutivo de 
la UE llega en un momento en que el euroescepticismo parece ganar 
terreno en el Reino Unido, lo que llevó a Cameron a detallar en un 
borrador las bases del referendo sobre la UE que planea convocar en 
2017.