“La izquierda no ha fracasado en Bogotá”: Clara López

Revista Semana  

La candidata habla con Semana sobre sus propuestas para la ciudad, la convergencia de todas las fuerzas de izquierda y sus relaciones con Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

Semana: Todo el mundo le pregunta por su responsabilidad en la corrupción en el gobierno de Samuel Moreno. Ya sabemos su respuesta, pero ¿le molesta tener que contestar siempre lo mismo?

Clara López: No me molesta que me pregunten porque yo siempre respondo. Lo que me parece que sí ha sido muy insistente es el desequilibrio en endilgar culpas ajenas a una candidata. Deberían hacer lo propio con los demás. Por eso es que pienso que ha habido desequilibrio.

Semana: ¿Y a los otros no les han preguntado cosas también?

C.L.: Los han tratado de una manera muy benigna.

Semana: ¿Por qué no los ha cuestionado usted?

C.L.: Porque yo no hago la política echando agua sucia a mis contendores sino a través de las propuestas.

Semana: También le han preguntado mucho si es inconsistente ser una candidata de izquierda pero venir de un sector de la sociedad que no es de izquierda…

C.L.: Me lo explico por la manera tan libre como fui educada. En mi casa no había órdenes sino discusiones. Y el libre examen lo lleva a uno siempre a la crítica, sobre todo en una sociedad tan desigual y en la que el déficit de justicia y democracia es tan grande.

Semana: Ese discurso suena más liberal que de izquierda…

C.L.: El liberalismo colombiano tiene una corriente más amplia y avanzada que el Partido Liberal. No hay que confundir las ideas sociales con lo que se sostiene el partido, que más bien abandonó sus principales causas. Yo fui parte de ese gran equipo que con Hernando Agudelo Villa construimos el programa del Partido Liberal en los años noventa, pero justo en ese momento el partido empezó a dejar sus raíces y a adoptar posturas traídas de afuera, con un fundamentalismo de mercado, que desdibujaron su posición frente al país.

Semana: ¿Liberales de su familia, como López Pumarejo, representaban dentro del liberalismo ideas semejantes como las que usted hoy promueve en el Polo?

C.L.: Desde luego. López Pumarejo fue el presidente de la función social de la propiedad y de la ley de tierras, y le abrió el campo al sindicalismo, y generó debates fundamentales sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Fue el hombre más grande del siglo XX, pero lo que él planteó rápidamente se echó para atrás o quedó como una simple norma constitucional.

Semana: ¿Lo echó para atrás Eduardo Santos, el tío abuelo del actual presidente?

C.L.: Pues el gobierno de López Pumarejo se llamaba la ‘Revolución en Marcha’, y el de Santos, la ‘Pausa’.

Semana: ¿Y el Santos actual?

C.L.: Santos está reivindicando al país entero con el proceso de paz. De nosotros depende que esta paz no sea solo desarme, desmovilización y reintegración, sino ampliación de la democracia y de los cambios estructurales que necesita Colombia.

Semana: ¿Se arrepiente de la foto que se tomó con Juan Manuel Santos para apoyarlo en la segunda vuelta del año pasado?

C.L.: A uno le cobran todas las fotos. Pero no me arrepiento de esta. Uno tiene que tener valor civil para seguir sus principios y su conciencia, así no todo el mundo lo entienda. Los encuentros recientes en La Habana demuestran que no nos equivocamos.

Semana: ¿Cuál fue el punto en el que los liberales abandonaron sus ideas y entonces usted optó más bien por la militancia de izquierda?

C.L.: En el Nuevo Liberalismo. Yo entré esperanzada en el Nuevo Liberalismo y en la inconformidad de Galán. Pero cuando empezó la guerra sucia contra los dirigentes sociales y de la izquierda, yo me puse del lado de los que estaban siendo masacrados, por reacción en contra de una sociedad que era indolente frente a lo que estaba sucediendo. Por eso voté por Jaime Pardo Leal en 1986. En 1988 fui candidata a la Alcaldía de Bogotá, en una confluencia de candidatos de izquierda y alternativos. Fue una plataforma de denuncia, más que un intento real de llegar a la Alcaldía.

Semana: Durante mucho tiempo se dijo que a la democracia le faltaba que la izquierda llegara al poder, pero llegó en Bogotá y el balance es negativo para la opinión pública…

C.L.: Ha habido muchos errores. El más doloroso, el de la corrupción, y otro preocupante, el de problemas de gestión. Pero también ha faltado un debate que deje ver que la percepción de seguridad debe tener en cuenta la inseguridad económica y sus repercusiones laborales. La respuesta no puede ser infundir miedo para que la gente renuncie a las libertades. Las últimas administraciones de la izquierda en Bogotá han hecho una política de seguridad fundamentada en las libertades. Buscamos una sociedad libre de miedo, pero también libre de carencias, y en eso en Bogotá se ha logrado un momento extraordinario que nadie quiere reconocer. No es cierto que la izquierda haya sido un fracaso en Bogotá.

Semana: Usted es una candidata de izquierda, que normalmente significa apoyar el cambio, en una ciudad que quiere cambio, pero contra la izquierda…

C.L.: El verdadero cambio, en clave de paz, es que una mujer gobierne con una perspectiva de convivencia, de equidad, con la atención debida a la problemática urbana pero principalmente para afianzar una cultura de paz que reemplace la cultura de violencia y de enfrentamiento.

Semana: Pero la izquierda genera polarización.

C.L.: Nunca es más oscuro que antes del amanecer. La polarización política, esta pugnacidad, está a punto de dar el cambio de tercio hacia la busca de objetivos comunes, que se necesita para sacar adelante el proceso de paz.

Semana: Pero el gobierno nacional maneja la paz. ¿Qué le corresponde a un alcalde en este tema?

C.L.: Ponerle nombres concretos: ampliación de la democracia. Manejar la movilización social y política con democracia y civilizadamente, como lo hice en los seis meses en que estuve encargada de la Alcaldía. La paz también es educación, salud, techo y trabajo.

Semana: ¿Se puede hacer una política contra la inseguridad, que todo el mundo pide, y al mismo tiempo tener un gobierno conciliador?

C.L.: Es que se necesita una política de seguridad integral. Cambiar el paradigma de tratar duro a los débiles y débil a los duros. Lo que se está apoderando de Bogotá es un crimen organizado de altísima sofisticación, dedicado al microtráfico y a la extorsión, a los préstamos gota a gota y al robo de celulares. Hay que darles duro a los duros, pero a los demás darles la mano tendida con oportunidades, educación, salud y trabajo. Eso es una política integral.

Semana: ¿Cuál es su posición sobre el metro?

C.L.: El metro va, palabra de mujer. ¿A quién se le ocurre que una ciudad del tamaño de Bogotá siga hablando del metro sin hacerlo? Vamos a hacer un metro subterráneo, serio. 

Semana: ¿Y sí hay plata para todo?

C.L.: Yo creo que sí. El metro es de enormes proporciones, pero el presupuesto de Bogotá es de 300.000 millones anuales, y la ciudad ha utilizado 280.000 millones para pagar el TransMilenio, de la sobretasa a la gasolina. Una parte de ella va a quedar libre, porque se termina de pagar el TransMilenio el año entrante, aunque hay otra con la que se paga la malla vial. Con ella, y con endeudamiento, el metro puede poner su parte. La parte de la nación es de 70 por ciento, recuerde.

Semana: ¿Cuál sería el mayor tema de continuidad con Petro?

C.L.: Uno central: lo social, en el sentido amplio de la palabra, que incluya el medioambiente. Es extraordinario lo que se ha venido haciendo en materia de cultura, la jornada única, el plan 40 X 40 con el enfoque de formación integral y no solo de acumulación de conocimientos. Hay que seguir en esa dirección. Y darle carta de ciudadanía a los animales: hay que proteger la vida en todas sus manifestaciones.

Semana: Petro fue elegido hace cuatro años en confrontación con un candidato del Polo. ¿Se está volviendo a unir la izquierda en torno a usted?

C.L.: En torno al programa común. En el proceso de convergencia democrática nos hemos encontrado todos los sectores de izquierda democrática: el Polo, la Unión Patriótica, el Mais, y han llegado liberales que no concuerdan con el modelo neoliberal, y dirigentes conservadores que creen en la doctrina social de la Iglesia. También han llegado los progresistas, con María Mercedes Maldonado a la cabeza, que era la candidata. Con ella firmamos un pacto de mujeres. Y un grupo de la Alianza Verde con Antonio Navarro, Luis Carlos Avellaneda y Ángela María Robledo.

Semana: Hace cuatro años, usted no votó por Petro. ¿Cree que él sí va a votar por usted?

C.L.: No puedo entrar en la conciencia de él, pero estoy convencida de que todo el progresismo que él lidera está aquí.

Revista Semana, Bogotá.

 

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Bogotá tendrá “Universidad pública, nocturna y gratuita”, anuncia Clara López

En el marco de la IV Semana Universitaria “Cultura de Paz” de la Universidad Distrital, la candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Clara López Obregón, anunnció que en su administración la gratuidad de la educación hasta el nivel profesional, será un hecho.
 

El primer eje del conversatorio, “La educación superior y su articulación con el Distrito”, al que fueron invitados los aspirantes al segundo cargo más importante del país cuestionó si los candidatos fortalecerían las carreras técnicas y tecnológicas, ante lo cual López Obregón fue contundente.

“El derecho a la educación debe ser universal, de acuerdo a la educación de cada cual”. Asimismo, en coherencia con el abanico de propuestas que ha presentado desde que inscribió su candidatura, expresó que diseñará un modelo de educación especializada en el que los últimos dos años de bachillerato, mediante el estudio de materias específicas, les sirvan a los jóvenes para encontrar su vocación.

La siguiente pregunta fue formulada por David Córdoba quien, en representación de la universidad y del Frente Amplio por la Educación, quiso saber cómo será la transferencia de mayores recursos a la comunidad universitaria desde la administración distrital. “La universidad pública tiene que fortalecerse de manera seria”, empezó diciendo la candidata para luego presentar su propuesta de construcción de la Universidad Pública y Nocturna de carácter gratuito que funcionará en la las sedes de 60 megacolegios distritales.

 Luego los candidatos fueron interpelados acerca de un posible escenario de articulación entre el sector productivo, la academia y la innovación tecnológica. En esta materia, la candidata expresó que el sistema, impulsado por la política de apertura económica de principios de los noventa, es el gran culpable de la desindustrialización del país y de la afectación del sector agropecuario, Frente a este panorama desalentador, su programa de gobierno plantea una “robusta política pública distrital de fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología con miras a generar empleo y articulación entre la educación y el mercado”.

Esta política contará con la inversión de un billón de pesos (2% del presupuesto de inversión del Distrito, según la candidata) para “echar a andar el anillo de innovación, el parque tecnológico y un ambicioso programa de capital semilla con apoyo financiero a los jóvenes innovadores porque aquí la gente no hace empresa debido a que no hay acceso a capital para los nuevos emprendedores”.
Para finalizar la ronda de preguntas, Córdoba preguntó acerca de las medidas que tomaría la administración distrital para incorporar a la sociedad a exguerrilleros en futuras instancias de posconflicto. Respecto al tema, López Obregón afirmó que le apostará a la generación de una cultura de paz desde la academia. La universidad será la encargada de sentar las bases de una nueva cultura de paz.

Una vez culminó la intervención de todos los candidatos, la candidata por el Polo Democrático Alternativo tuvo que retirarse para continuar con su agitado orden del día.

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Colombia acató todas las recetas del neoliberalismo y provocó desplazamiento de producción local: senador Iván Cepeda

Agencia Andes  

Colombia está atravesando una crisis que tiene como principal detonante el escenario global de desaceleración económica, la caída de los precios de los commodities -principalmente el petróleo- y la apreciación del dólar.

Según el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, este escenario es más complejo para el país Sudamericano porque en la última década acató toda las “recetas del neoliberalismo”, lo que provocó un desplazamiento de producción local.

“Colombia se compró todas las fórmulas del Fondo Monetario –Internacional-, del Banco Interamericano de Desarrollo, ha promovido los Tratados de Libre Comercio de manera indiscriminada y también la explotación de sus recursos minerales y energéticos sin ninguna clase de control a las transnacionales”, aseguró Cepeda, en una entrevista concedida al programa televisivo Ecuador No Para.

Para menguar lo efectos de la crisis el país cafetero devaluó su moneda en un 60% en los últimos meses. El efecto de esta medida no ha sido la esperada, manifiesta el filósofo, para quien la devaluación ha sido un mecanismo con “un impacto negativo” porque no ha corregido lo desajustes económicos.

Aunque Colombia sea uno de los países que prevé un crecimiento mayor en este año (2,9 según el FMI) y en 2016 (3,1) la industria colombiana y la agricultura se han visto gravemente afectados, pues el país ha dejado de producir y exportar y se ha convertido en un país importador.

Colombia cerca de firmar la paz

El conflicto entre las Farc y el gobierno parece que llegará a buen término ahora que se acercan cada vez más al ansiado acuerdo de paz, que se ha convertido en una prioridad para América Latina, afirmó Cepeda.

“La paz en Colombia es una prioridad en América Latina, es una prioridad en el continente porque resuelve uno de los grandes focos de inestabilidad regional”, precisó el congresista del Polo Democrático.

El conflicto armado, que empezó en la década de los 60, y se ha convertido en uno de los más antiguos de la región, ha desplazado a “7 millones de personas y ha afectado a nuestros países de frontera: Venezuela, Brasil, Perú, incluso Panamá”.

El avance más claro fue que el pasado 23 de septiembre, en La Habana, sede de las conversaciones de paz desde 2012, las FARC y el gobierno colombiano acordaron firmar la paz en seis meses –antes del 23 de marzo de 2016- y la guerrilla debe iniciar su desarme 60 días después.

Para Cepeda, llegar a concretar este acuerdo “sería una noticia extraordinaria”, pues se terminaría uno de los conflictos más viejos y el único que existe en el hemisferio occidental y que ha sido el blanco para injerencias extranjeras, especialmente de los países desarrollados.

“Nos estamos aproximando, y esto no es un cálculo utópico, a la posibilidad de la solución del conflicto armado”, apuntó.

La participación de países como Venezuela, Chile, Cuba y Noruega ha sido fundamental para lograr este camino, reconoce el político, pues los dos primeros han intervenido en su calidad de facilitadores y los últimos como garantes de un proceso que va en su tercer intento de culminar el conflicto que, según cifras oficiales, han dejado 220.000 muertos y varios responsables del mismo.

“Las responsabilidades no son solamente de los que se han levantado en armas sino también por supuesto del Estado, sectores políticos y empresariales que deben ser objeto de un tratamiento”, dijo el senador colombiano, quien también ve con buenos ojos la intención de reparar a las víctimas con la creación de una Comisión de la Verdad.

Ecuador es una fuente de aprendizaje en materia de progreso social sobre los cambios económicos y sociales que ocurren en este país, por lo que Cepeda mira “con mucha atención el desarrollo económico, político y social”, especialmente bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, pues hay una fuente de aprendizaje y de lectura en materia de progreso social.

Ante lo que ocurre actualmente en la frontera con Ecuador, el senador del Polo ve con mucha preocupación este problema que ha afectado la economía ecuatoriana, especialmente al norte del país. A juicio de Cepeda, esto “impacta las relaciones económicas de frontera” donde hay que prestar mucha atención e implementar una política estratégica, ya que Colombia no la tiene para atender los problemas de frontera.

Agencia Andes, Quito Ecuador.

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En carta a medios de comunicación Robledo explica porqué Uber es ilegal

Citando cuatro artículos de la Constitución Nacional, tres leyes y un decreto nacional, cinco sentencias de la Corte Constitucional, un concepto del Consejo de Estado, una circular y una carta de las autoridades del gobierno nacional en materia de transporte, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo expone en carta a dirigida a diversos medios de comunicación nacionales porqué la multinacional Uber es ilegal.

La carta fue enviada a El Tiempo, El Espectador, Portafolio, La República, Caracol Radio, Blu Radio, RCN Cadena Básica, La FM, La W, Semana, Dinero, Colprensa, RCN TV y Caracol TV.

El congresista del Polo Democrático señala en la misiva que está de acuerdo con elevarle la calidad al servicio de taxis, pero que cualquier decisión al respecto se dé en el marco del respeto a las leyes nacionales.

Robledo concluye: “no hay manera de demostrar que el negocio de Uber opera ajustado a las leyes colombianas o que existe un vacío legal por el cual colar su actividad de mala fe y fraudulenta. Y constituye un hecho de gravedad extrema que en Colombia se respalde o siquiera se tolere que los muy poderosos banqueros de Goldman Sachs –propietarios de Uber– puedan venir al país a pisotearles los derechos a decenas de miles de pequeños empresarios propietarios de taxis, así como a los conductores, ellos sí vinculados legalmente a una actividad económica que debe tener la debida protección del Estado.”

El texto de la misiva es el siguiente:

Ref.: Hay pruebas de sobra en las leyes colombianas sobre la indiscutible ilegalidad del negocio de Uber.

Cordial saludo:

Se pueden tener diversas opiniones sobre la calidad del servicio de taxis en Bogotá y en Colombia y lo que debe hacerse para mejorarlo –yo comparto la idea de que hay que elevarle su calidad. Pero los hechos no pueden ser de escogencia personal. Y entre los hechos el primero irrefutable es que no hay como poner en duda la ilegalidad del negocio de Uber –el de los taxis sin autorización legal que promueve y el del uso de mala fe del internet para inducir a la violación de la ley.

Porque la Constitución, las leyes, la Corte Constitucional y otras instituciones oficiales son reiterativas y absolutamente claras en señalar que el servicio público de transporte de pasajeros solo puede prestarse, legalmente, con la previa autorización de las autoridades. Es hasta ridículo afirmar que la vieja piratería en el servicio de taxis deja de serlo porque ahora la induce una trasnacional que usa internet y tarjetas de crédito.

Es muy equivocada, entonces, la posición frecuente que pone en duda la ilegalidad de Uber, retórica que le sirve a esta empresa para insistir en actuar de mala fe y violar la ley, desconociéndoles, además, y esto es gravísimo, los derechos constitucionales y legales a los propietarios y los conductores de los vehículos de servicio público que sí cumplen con las leyes colombianas. ¿Este es el ejemplo que deben darles los poderosos a las gentes sencillas sobre cómo acatar el ordenamiento jurídico?

A continuación, les envío pruebas de sobra de la brutal violación de la ley por parte de esta empresa que, para empeorar su abuso, es extranjera:

Constitución Nacional. Las facultades del Estado para regular, intervenir, vigilar y limitar los servicios de transporte privado y público de personas y cosas y sus actividades conexas están ampliamente fundamentadas en los artículos 24, 100, 333 y 334.

Ley 105 de 1993. En sus principios, artículos 2 y 3, se señala que es el Estado el que planea, controla, regula y vigila el transporte y las actividades vinculadas, estableciendo, además, que las empresas del sector deberán estar autorizadas por el Estado.

Ley 336 de 1996. Señala que el transporte, como servicio público (artículo 4), está bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares. Artículo 5: Habla del “carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado…”. Además, los artículos 9, 11, 16, 23, 26, 29, 36, 46, y 49 de la Ley precisan cómo para prestar servicios relacionados con el transporte público de pasajeros, en todas sus modalidades, debe contarse con autorización previa del Estado. Y agrega que las tarifas tienen que ser reguladas por las autoridades.

Decreto 172 de 2001, hoy recopilado en el Decreto 348 de 2015. Su artículo 6 dice: El servicio público de taxi es “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad”. Tanto el vehículo, el propietario y su conductor como la empresa que pone en contacto al usuario con el prestador, deben estar habilitadas y contar con permiso del Estado (artículos 1, 4, 10 y 35).

Sentencia C-043 de 1998 (http://bit.ly/1heORaO): “la libre iniciativa privada no puede erigirse como un derecho absoluto ni como un obstáculo insuperable para la actividad de intervención del Estado, particularmente en materia económica y de servicios públicos”.

Sentencia C-981 de 2010 (http://bit.ly/1QNdeIX): “los operadores o empresas de transporte (…) deben tener autorización del Estado. (…) Las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados para dicho servicio (…) según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996”.

Sentencia C-468 de 2011 (http://bit.ly/1LTpGaG): “En materia de regulación de la actividad de transporte la jurisprudencia ha señalado (i) que se trata de una actividad peligrosa frente a la cual es legítima una amplia intervención policiva del Estado”.

Sentencia C-033 de 2014 (http://bit.ly/1jc9ExC): Declara exequible el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 336 de 1996, que trata sobre el deber de contratar con una empresa de transporte autorizada, cuando no se utilicen vehículos propios. Dice la Sentencia: “siempre que se trate de prestar un servicio de transporte, sea público o privado, dada la prevalencia del interés general sobre el particular, es imperativa la intervención estatal para reglamentar y controlar esa actividad, en procura de garantizar no sólo el pleno ejercicio de actividades inherentes a la economía o el desarrollo de la sociedad, sino principalmente para salvaguardar la seguridad tanto de los usuarios como de la comunidad.”

Concepto 1740 de 2006, Consejo de Estado (http://bit.ly/1iOL7y7): “En relación con la operación de transporte privado con vehículos que no son propios (…) [el] mandato legal (…) no ofrece dudas en cuanto al alcance restrictivo de la utilización de vehículos que no son de propiedad de quien realiza el transporte privado, pues no prevé la posibilidad de contratar el servicio con empresas diferentes a las de transporte público.”

Circular externa 24. Superintendencia de Puertos y Transporte contra Uber. De manera directa les dice a las autoridades de tránsito y transporte municipal, distrital y metropolitano (diciembre de 2014) que deben inmovilizar los vehículos privados y públicos que presten servicios de transporte no autorizados a través de la plataforma Uber. (Se anexa documento)

El Viceministro de Transporte y el Superintendente de Puertos y Transporte al MinTIC (Mar.30.15) llaman al ministerio de las TIC a proceder contra Uber. Por carecer de autorización del Estado para prestar el servicio de localización y disposición de servicios de transporte público en vehículos y cobrar por el servicio al usuario, de manera precisa le dicen al MinTic que debe tomar medidas para que Uber no siga “realizando actividades abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico colombiano en materia de transporte”. (Se anexa el documento)

Es falso afirmar, por tanto, como lo hace Uber, que existe un vacío legal sobre el negocio de esta esa compañía. Y es evidente su mala fe porque, basada en una mentira, alega que no existe regulación sobre su caso, cosa que, como se ha visto, constituye una notoria falsedad. Y la buena fe también es parte del ordenamiento jurídico colombiano.

Sentencia C-840 de 2001, (http://bit.ly/1OjLxs0): “Todo comportamiento deshonesto, desleal o que acuse falta de colaboración de parte de uno de los extremos de la relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.”

Ley 256 de 1996, Artículo 18, sobre competencia desleal. Uber también viola esta norma porque resulta evidente que los taxis que sí cumplen con las leyes de la república tienen que operar con costos que son notoriamente más altos que los de los vehículos que esta trasnacional incita a la violación de las normas.

En conclusión, no hay manera de demostrar que el negocio de Uber opera ajustado a las leyes colombianas o que existe un vacío legal por el cual colar su actividad de mala fe y fraudulenta. Y constituye un hecho de gravedad extrema que en Colombia se respalde o siquiera se tolere que los muy poderosos banqueros de Goldman Sachs –propietarios de Uber– puedan venir al país a pisotearles los derechos a decenas de miles de pequeños empresarios propietarios de taxis, así como a los conductores, ellos sí vinculados legalmente a una actividad económica que debe tener la debida protección del Estado.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador Polo Democrático Alternativo

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Ministerio de Vivienda pone en riesgo población recicladora, alertan congresistas Alberto Castilla y Alirio Uribe

Para los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla y Alirio Uribe Muñoz, caracterizados defensores de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esté tramitando un proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones”, que vulnera los derechos de la población recicladora.

Para el representante Alirio Uribe,  "estas medidas van en contradicción de las consideraciones de la Corte Constitucional, que ha calificado a los recicladores como una población sujeto de especial protección del Estado, ordenando medidas de protección especial  en su favor"

Según los legisladores, una vez promulgado este acto, los recicladores independientes perderían el reconocimiento vía tarifaria que vienen recibiendo por parte de la UAESP, como reconocimiento a la labor de las y los recicladores en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los mandatos de la Corte Constitucional. De otro lado, se pretende implementar un mecanismo de mercado y libre competencia, en el cual las organizaciones de recicladores quedarían en franca desventaja frente a empresas grandes y consolidadas. Impone también medidas de previsión financiera especialmente sobre las organizaciones de recicladores, dificultando aún más su operación.

Los congresistas del Polo Democrático le recordaron al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que el contenido del proyecto de decreto señalado es potencialmente regresivo en tanto éste desconoce los avances que se han dado en el reconocimiento de los derechos a esta población, en particular aquellos reconocidos en el bloque de sentencias proferidas por la Corte Constitucional desde el año 2003, que ha declarado a la población recicladora como sujeto de protección especial de derechos. Asimismo le advirtieron que de acuerdo con el ordenamiento legal, cualquier medida de carácter administrativo que contraríe lo dispuesto en una o más sentencias, potencialmente podría significar fraude a  resolución judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el senador Castilla considera necesario que se escuchen las propuestas de las organizaciones de recicladores, y que en ningún caso, se adopten medidas que resulten regresivas y/o generen vulneraciones a los derechos de esta población. La construcción de la reglamentación del servicio público de aprovechamiento de que trata el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y que tiene una incidencia nacional, no debe realizarse sin concertar con la población que devenga su sustento de esta actividad. Por lo tanto, le solicita al ministro que se amplíen los términos de la consulta de este proyecto de decreto, o en su defecto, que tal proyecto de reglamentación sea descartado.

Los congresistas recalcaron que preocupa la influencia del exministro de Vivienda y actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en este ministerio y su estrecha relación con los empresarios de los servicios públicos. Como su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, perteneciente al gremio de las empresas de servicios públicos. Otra de las amistades cercanas es Alberto Ríos, empresario del aseo y uno de los principales financiadores de las campañas políticas de Vargas Lleras. Con el poder de intervenir en la contratación de los servicios de basura, agua y alcantarillado que  otorgó la Ley de Vivienda, a esta cartera en el 2012, donde se permite al Ministerio de Vivienda asignar y otorgar Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para entregarle la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los privados, con este nuevo decreto que se encuentra en consultas, se estaría beneficiando una vez más a los amigos y allegados al Ministerio y dejando en situación de indefensión  a la población recicladora.

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Senador Alberto Castilla celebra reconocimiento de los derechos del campesinado por parte de Naciones Unidas

Sobre el avance logrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al haber presentado durante su 30 periodo de sesiones un proyecto de declaración reconociendo los derechos fundamentales de los campesinos y otras personas que laboran en las zonas rurales en el mundo, el congresista del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla dejó la siguiente constancia en la plenaria del Senado de la República:

La semana pasada se celebró el 30º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).

Este Consejo, que tiene la misión de promover los derechos humanos alrededor del mundo, discutió el progreso hecho por el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de negociar, finalizar y presentar al Consejo de Derechos Humanos un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Este grupo ha venido trabajando en una Declaración de derechos para el campesinado que reconozca las especificidades de este grupo social y que reconozca, asimismo, nuevos derechos como la tierra, el territorio y las semillas.

En suma, se trata de un instrumento internacional que reconozca al campesino y a la campesina como sujeto específico, y que a la vez adapte los derechos ya reconocidos universalmente a las necesidades del campesinado, particularmente derivadas de su situación de exclusión y discriminación y a la imposición de un modelo agroindustrial que atenta contra la economía y la cultura campesina. Asimismo que reconozca derechos que ya son ejercidos por el campesinado pero que infortunadamente no tienen un reconocimiento legal expreso.

El movimiento internacional Vía Campesina, que agrupa a cerca de 164 organizaciones campesinas alrededor del mundo, junto con organizaciones de derechos humanos como FIAN Internacional, se hicieron presentes en este período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tales organizaciones  respaldaron los avances de la Declaración, expresaron su postura sobre la dirección que debe tomar este instrumento y solicitaron la extensión del mandato del Grupo de Trabajo para facilitar la continuidad del proceso de adopción de la Declaración, solicitud que fue aprobada en el seno del Consejo de Derechos Humanos.    

Las comunidades campesinas colombianas, que se hicieron presentes en calles y campos en las movilizaciones de 2013 y 2014, están exigiendo su reconocimiento como sujeto específico de derechos y cambios en un modelo para el campo que los agobia. Aún siguen vigentes las demandas contra el acaparamiento de tierras, los impactos en el derecho a la alimentación debido a los tratados de libre comercio, la privatización de semillas y la elevada concentración de la tierra que impide el desarrollo de propuestas alternativas que garanticen la soberanía alimentaria de los pueblos.

Siguen asimismo vigentes las exigencias de respeto hacia el movimiento campesino y sus líderes. El pasado 23 de septiembre fue agredido en el aeropuerto de Fortaleza el reconocido líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile, con consignas violentas en su contra que ejemplifican el desprecio que las sociedades aún manifiestan contra los luchadores sociales, especialmente si estos luchan por el derecho a la tierra y por condiciones de vida digna para los pueblos. La semana pasada, diversas organizaciones del movimiento ambiental del Tolima recibieron amenazas firmadas por el grupo paramilitar Águilas Negras, las cuales tienen como fin amedrentar a las organizaciones que en ese departamento defienden la vida, el territorio y la cultura campesina de proyectos extractivistas como el de La Colosa, de propiedad de la Anglo Gold Ashanti. Nuestra solidaridad está con estos dirigentes sociales y con todos los campesinos y campesinas que día a día se movilizan por sus derechos y luchan por transformaciones sociales.

Es por ello que lograr que Naciones Unidas adopte una Declaración de derechos propia para el campesinado es uno de los pasos hacia el reconocimiento de la valía que tenemos los campesinos y campesinas en el mundo, del importante lugar que ocupamos en nuestras sociedades y del derecho que tenemos a defender nuestros territorios. En esa misma dirección también trabajamos con el movimiento campesino colombiano, construyendo reformas constitucionales que nos pongan en sintonía con los avances del derecho internacional, y sobre todo con las luchas campesinas de hoy día.

Celebro las recientes decisiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ellas nos permiten insistir en la importancia  del reconocimiento de los derechos de las personas que alimentan  a la nación, que protegen el ambiente y recrean la cultura colombiana. Celebro este paso dado hacia el reconocimiento de los derechos del campesinado, y seguiré trabajando para que en Colombia lo alcancemos plenamente. 


ALBERTO CASTILLA
Senador de la República

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“Procurador es un vocero de la prolongación del sufrimiento”: Iván Cepeda

RCN Radio  

El senador Iván Cepeda hizo fuertes críticas contra el procurador Alejandro Ordóñez y aseguró que causa indignación y estupor que el jefe del Ministerio Público se oponga a los avances del proceso de paz.

Cepeda calificó a Ordóñez de ser promotor del sufrimiento en el país luego de que asegurara que el país lleva 3 meses en un cese el fuego bilateral ‘disfrazado’.

“El estupor se transforma en indignación y ya hemos dicho que el Procurador se ha ido convirtiendo en un vocero de la prolongación del sufrimiento en Colombia y que cada una de sus afirmaciones y declaraciones públicas lo único que muestran es a un funcionario empeñado en obstruir, denigrar, ensombrecer los importantes avances que está habiendo en Colombia con relación a la paz“, aseguró Cepeda.

El Senador del Polo Democrático además acusó al procurador de ser un “enemigo de la reconciliación nacional”.

El Frente Amplio por la Paz, del cual hace parte el senador Iván Cepeda, reveló que las Farc han cumplido el cese el fuego unilateral iniciado el pasado 20 de julio. Sin embargo, el informe revela un “incumplimiento del gobierno frente al fin de las fumigaciones con glifosato”.

RCN Radio, Bogotá.

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En respuesta a solicitud de Clara López, Consejo Nacional Electoral abre investigación por manipulación a firmas encuestadoras y medios de comunicación

En respuesta a la solicitud formulada por la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este miércoles 7 de octubre la apertura de investigación administrativa contra las firmas encuestadoras Gallup, Datexco y Cifras y Conceptos por serias irregularidades en el proceso metodológico utilizado para realizar sus respectivos sondeos de opinión.

Igualmente el máximo organismo rector en materia electoral informó mediante un comunicado de prensa que también “abrió investigación a varios medios de comunicación, tanto impresos, radiales, de televisión y portales web.

El Tiempo, El País de Cali, diario La República de Bogotá, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Colombiano de Medellín, entre otros, a los que se les encontró falencia a la hora de divulgar la información”.

Frente a la evidente manipulación de firmas encuestadoras y medios de comunicación en la actual campaña proselitista, el CNE determinó asimismo prohibir la difusión de sondeos de opinión ocho días antes de las elecciones.

También ordenó a los diversos medios de comunicación que en los debates políticos que realicen con motivo de la actual campaña, deben ser invitados todos los candidatos sin excepción. 

El CNE hizo un llamado de atención a los medios de comunicación masivos para que se garantice y proteja el derecho del elector a recibir información veraz e imparcial.

La apertura de estas investigaciones, señalaron los magistrados del CNE, se realiza por la expresa petición que hiciera la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón y por denuncias presentadas por ciudadanos respecto a la manipulación mediática de las encuestas en la actual campaña electoral con miras a los comicios del 25 de octubre.

Las irregularidades encontradas por el CNE en la difusión de los estudios de demoscopia son: “publicación incompleta de la ficha técnica, distorsión de la información publicada puesto que se detecta carencia de información relevante para dar un análisis objetivo frente a los resultados que producen dichos estudios y encuestas presentas por firmas no inscritas ante el Registro Nacional de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral, las cuales carecen de inspección en cuanto a la rigurosidad de su práctica”.

Las sanciones que el Consejo Nacional Electoral interpondrá a quienes realicen y divulguen encuestas o sondeos de opinión de carácter político o electoral, sin el lleno de los requisitos legales, irán desde $16.108.750 hasta $25.774.000, o con la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.

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Clara López solicita a Consejo Nacional Electoral investigar distorsión informativa de firmas encuestadoras y garantizar criterios mínimos de confiabilidad

Abrir investigación sobre distorsión informativa de las firmas encuestadoras Datexco, Cifras y Conceptos e Invamer Gallup, solicitó en carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), la aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón, en razón a que estos estudios de demoscopia publicados en las últimas 48 horas no solo se contradicen entre sí respecto a las supuestas preferencias de los ciudadanos en la competencia electoral en la capital de la República, sino que además, se han convertido “en un instrumento de propaganda y manipulación electoral destinado a mover las preferencias electorales hacia un candidato determinado”.

“Es evidente que las encuestas afectan las posibilidades que tienen de ser elegidos los candidatos, por cuanto se ha comprobado en diferentes estudios de comportamiento electoral que, a la vista de los resultados de las encuestas, en muchas ocasiones los electores deciden no votar a su candidato preferido sino a otro al que las encuestas otorgan posibilidades de victoria”, señala López Obregón en su misiva dirigida a los magistrado del CNE.

Igualmente, la candidata del Polo Democrático Alternativo dirigió una carta al director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, en la que reclama transparencia y veracidad en la publicación de los sondeos de opinión, tras la evidente manipulación de la encuesta difundida el pasado 4 de octubre por este medio periodístico, la cual fue realizada por la firma Datexco, y cuya metodología utilizada deja muchas dudas de rigurosidad y transparencia.

“Los medios de comunicación social tienen una responsabilidad aumentada en el respeto al juego limpio y en la garantía del derecho ciudadano a una información veraz y completa, que permita el libre ejercicio de la participación política y la deliberación, en una sociedad libre y democrática”, expresa López Obregón en su misiva al director del mencionado diario capitalino.

La candidata a la Alcaldía de Bogotá considera que en  el actual proceso electoral es evidente que las “encuestas están menoscabando los derechos constitucionales de participación política y a la información veraz y completa de los ciudadanos, así como el derecho de sufragio pasivo de quien suscribe”.

En ambas comunicaciones, López Obregón sustenta una serie de consideraciones en virtud de las cuales solicita al máximo órgano rector en materia electoral del país “especial vigilancia” en el manejo de la información, revisando de inmediato los procesos y metodologías utilizadas por las distintas firmas encuestadoras que publican a través de los medios de comunicación, sus sondeos sobre la competencia por la Alcaldía de Bogotá.

Texto de la carta al Consejo Nacional Electoral

Bogotá, 5 de octubre de 2015.
Señores
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
E.        S.        M.

Señora Magistrados y Señora Magistrada:

Por medio de la presente, me permito elevar ante ustedes la solicitud para que, en ejercicio de la competencia de “especial vigilancia” establecida en el artículo 30 de la Ley 130 de 1994, procedan de inmediato a revisar las encuestas de intención de voto  las elecciones a la Alcaldía de Bogotá 2015, que vienen publicando los medios de comunicación.

Tales encuestas están menoscabando los derechos constitucionales de participación política y a la información veraz y completa de los ciudadanos, así como el derecho de sufragio pasivo de quien suscribe.

El derecho de participación política comprende el derecho a participar en los asuntos públicos de manera indirecta a través de representantes (art. 40.1 CP). En la medida en que las aspiraciones de un candidato se vean afectadas por la publicación de encuestas que no cumplen  unos requisitos mínimos de confiabilidad, no solo se está afectando el derecho “a ser elegido” del candidato en cuestión, sino también el derecho a participar a través de representantes de los electores ya que, como ha establecido el Tribunal Constitucional español en múltiples Sentencias (SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2;28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6 y 40/2003, FJ 2, entre otras), dicho derecho incluye el derecho a ser representado por el candidato de su preferencia, en una competición electoral igualitaria.

Es evidente que las encuestas afectan las posibilidades que tienen de ser elegidos los candidatos, por cuanto se ha comprobado en diferentes estudios de comportamiento electoral que, a la vista de los resultados de las encuestas, en muchas ocasiones los electores deciden no votar a su candidato preferido sino a otro al que las encuestas otorgan posibilidades de victoria[1]. Por eso las encuestas pueden convertirse en un instrumento de propaganda y manipulación electoral destinado a mover las preferencias electorales hacia un candidato determinado. 

Para evitarlo, debe exigirse que todos y cada uno de los aspectos técnicos relacionados con las encuestas cumplan estándares rigurosos de fiabilidad y transparencia, como es el caso de la reforma político-electoral realizada en México en 2014, cuya intención era, precisamente, evitar la utilización de las encuestas como propaganda, como llegó a ocurrir en las elecciones de 2012[2].

Resulta alarmante la disparidad de resultados que muestran las múltiples encuestas sobre intención de voto a la Alcaldía de Bogotá. En solo las últimas 48 horas se han dado a conocer tres encuestas correspondientes a Datexco publicada por El Tiempo, Cifras y Conceptos por Caracol Radio  e Invamer Gallup por Caracol Televisión que son contradictorias entre sí.  Ni siquiera la tendencia en dirección al alza o disminución en la intención de voto de los candidatos coincide entre una y otra encuesta.

No cabe duda que la demoscopia no es una ciencia exacta, pero existen criterios universales de calidad y de buenas prácticas establecidos por las asociaciones internacionales de encuestadoras tales como la WAPOR (Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública), ESOMAR (Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados y AAPOR (Asociación Norteamericana de Investigación de Opinión Pública). Debería comprobarse que todas las firmas cuyas encuestas reciben difusión pública cumplan los estándares de calidad y de ética establecidos por estas asociaciones. Porque, en otro caso, podría concluirse que la distancia entre encuestas no es el resultado de legítimas opciones de técnica demoscópica, sino manipulaciones conscientes de los resultados brutos para conseguir escenarios preestablecidos.

La Corte Constitucional en su Sentencia C-89 de 1994, estableció que la vigilancia de las encuestas está destinada a preservar la autenticidad y objetividad de las mismas sin que puedan “dar pábulo a la distorsión informativa.” Precisamente el control de los criterios de calidad y de los estándares éticos son lo único que puede evitar esa distorsión.

No parece que la práctica existente en nuestro país de contratar en exclusiva una compañía encuestadora para un determinado medio o alianza de medios de comunicación sea lo más adecuado a efectos de impedir la “distorsión informativa”. Tampoco es plausible que la decisión final de publicar o no y de determinar la fecha de publicación de una encuesta, corresponda en exclusiva al medio o medios que la contratan.

Observando los resultados de las encuestadoras y los resultados oficiales de las dos últimas elecciones para la Alcaldía de Bogotá y la última elección para la Presidencia de la República, tenemos que concluir que existe una distancia enorme entre la situación que pintan la mayoría encuestas y la realidad. Y que en esta distancia cabe precisamente esa distorsión informativa que la vigilancia del CNE está llamada a evitar según la Corte Constitucional.

Además, resulta alarmante comprobar que esa distancia tiene un sesgo favorable a un candidato determinado que se ha presentado a todas as elecciones analizadas: Enrique Peñalosa.

En el caso de Datexco, en 2007, después de ir dando como ganador a Enrique Peñalosa hasta el mes de octubre, tuvieron un error de más de 5 puntos respecto al resultado final. En 2011, también dieron como ganador a Enrique Peñalosa hasta el mes de octubre, momento en el que lo desplazaron al tercer lugar, por detrás de Gina Parody. El error esta vez fue de entre 6 y 8 puntos respecto a los resultados finales, con Enrique Peñalosa en segundo lugar. En las elecciones presidenciales de 2014, pusieron a Enrique Peñalosa por delante de mí hasta la encuesta del 16 de mayo, en que pronosticaron un empate entre ambos con el 9,7% de los votos. Como es conocido, en la primera vuelta yo obtuve el 15,23% de los votos y Enrique Peñalosa, el 8,28%.

Las encuestadoras Cifras y Conceptos, Gallup, Centro Nacional de Consultoría e Ipsos, en la elección presidencial de 2014 fueron dando ganador a Enrique Peñalosa sobre mi persona en las encuestas de enero, febrero y marzo, registrando al máximo un empate técnico entre ambos en las de mayo.

Como ya he afirmado, casi doblé en porcentaje de voto al candidato Peñalosa en la primera vuelta presidencial. Resulta prácticamente imposible, como la práctica política demuestra, que todos esos electores decidieran votar por mí en la última semana de la primera vuelta.

Casi es ya un adagio popular y en los medios que las encuestadoras “inflan” a Enrique Peñalosa en las elecciones a las que se presenta. Los datos recopilados parecen darle la razón. En todo caso es una práctica fraudulenta prohibida por el ordenamiento jurídico colombiano cuyo control compete a este CNE y para la que el intento de autorregulación por parte de las propias empresas encuestadoras que se encuentra en el documento de diciembre de 2014, entregado a este CNE, se ha demostrado inútil.

Por todo ello, respetuosamente

SOLICITO:

Se proceda a investigar la incursión en “distorsión informativa” por parte de las encuestas de intención de voto en las elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá 2015, publicadas en las últimas 48 horas correspondientes a Datexco publicada por El Tiempo, Cifras y Conceptos por Caracol Radio e Invamer Gallup por Caracol Televisión, y que se hagan públicos los resultados de la investigación; así como a establecer criterios mínimos de confiabilidad, transparencia y calidad que las futuras encuestas que deberán cumplir para poder ser publicadas por los medios que las han contratado.

En su defecto, solicito se ordene que se ponga a mi disposición toda la información técnica y documentos originales de las referidas encuestas para proceder a una auditoría de las mismas, cuyo procedimiento estará abierto a la veeduría ciudadana y sus resultados serán públicos.

Atentamente,

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Candidata a la Alcaldía de Bogotá

cc. Misión de Observación de la OEA, Atención Presidente Collo.

Carta a director de El Tiempo

Bogotá, 5 de octubre de 2015
Doctor
ROBERTO POMBO
Director EL TIEMPO
Ciudad.

Apreciado señor Director:

Le escribo con motivo de la publicación del diario El Tiempo del domingo 4 de octubre, relacionada con la encuesta telefónica de la firma Datexco. Como usted bien sabe, los medios de comunicación social tienen una responsabilidad aumentada en el respeto al juego limpio y en la garantía del derecho ciudadano a una información veraz y completa, que permita el libre ejercicio de la participación política y la deliberación, en una sociedad libre y democrática.

Las encuestas deben ser probabilísticas, lo que se deriva del tamaño de la muestra, su carácter proporcional respecto de los grupos sociales y el nivel de fiabilidad del método empleado para obtener la información, de suerte que resulte representativo del electorado.

En cualquier elección, las encuestas pueden tener una influencia determinante para ganar la elección, influyendo para que el elector vote una opción que no era su preferida, en la creencia errónea de que la de sus afectos no tenía posibilidades de ganar.

La responsabilidad de los medios para con la democracia es tanto mayor cuando de publicar encuestas se trata, y tanto mayor cuando las circunstancias convierten las encuestas en un poderoso instrumento de influencia electoral.

Esta influencia es un efecto que debe aceptarse en encuestas robustas, con una metodología correcta y una consolidación de datos transparente y conocida. Pero es un efecto indeseable de sondeos y consultas telefónicas que no pueden asegurar un carácter mínimamente representativo del cuerpo electoral.

Y esto es lo que ocurre con el sondeo telefónico de Datexco que ustedes publicaron el domingo.

Por una parte, resulta difícil de comprender cómo siguen trabajando con una empresa con una hoja de resultados tan cuestionada como Datexco. En 2007, después de ir dando como ganador a Enrique Peñalosa hasta el mes de octubre, tuvieron un error de más de 5 puntos respecto al resultado final. En 2011, también dieron como ganador a Enrique Peñalosa hasta el mes de octubre, momento en el que lo desplazaron al tercer lugar, por detrás de Gina Parody. El error esta vez fue de entre 6 y 8 puntos respecto a los resultados finales, con Enrique Peñalosa en segundo lugar. En las elecciones presidenciales de 2014, pusieron a Enrique Peñalosa por delante de mí hasta la encuesta del 16 de mayo, en que pronosticaron un empate entre ambos con el 9,7% de los votos. Como es conocido, en la primera vuelta yo obtuve el 15,23% de los votos y Enrique Peñalosa, el 8,28%.

La fiabilidad de Datexco fue puesta en duda por uno de sus empleados en una denuncia realizada en el portal lasillavacia.com en 2011 y comentada en una columna de Ramiro Bejarano.

Por otra parte, el sondeo telefónico es una metodología muy poco confiable en una ciudad como Bogotá, porque no puede garantizarse ni el carácter proporcional por estrato, ni por grupo de edad.

Por todo ello, tanto  los resultados del sondeo como la firma que los avala están muy lejos del rigor y el prestigio de una casa editorial de referencia en el país. Además el sondeo telefónico de Datexco fue duramente cuestionado en las redes sociales que vieron un instrumento de propaganda política y manipulación electoral, y no un mecanismo demoscópico de información a los electores.

Coincidirá conmigo que hasta tanto las instituciones nacionales regulen convenientemente las encuestas, exigiendo transparencia y estándares de calidad como hizo México en 2014, y puesto que la autorregulación propuesta por las encuestadoras colombianas no está dando frutos, deben ser los propios medios quienes se autorregulen y exijan empresas probas y metodologías transparentes para evitar que las encuestas se conviertan en propaganda.

El momento histórico que vivimos y la necesaria modernización de nuestra democracia que conlleva, así nos lo demanda.

Atentamente,


CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

 

[1] Ver, por ejemplo, las referencias en MOLINA, Blanca Olivia Peña, «Porqué la gente vota como vota? Teorías del comportamiento electoral», Revista Trayectos UABCS, Vol.1, 2007.
[2] Ver http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/03/20/las-encuestas-no-volveran-a-usarse-como-propaganda-asegura-el-ine. 

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