La destitución de Petro ha hecho que la indignación contra el poder omnímodo y con frecuencia arbitrario del Procurador se vuelva tema de debate público. Fotos: Juan Pablo Pino
El fallo del Procurador contra Petro podría convertirse en la gota que rebosa la copa sobre su creciente poder. Porque si bien la del Alcalde de Bogotá es la destitución que más reacciones ha generado, Ordóñez ha inhabilitado a decenas de alcaldes, incluidos los de cuatro de las cinco principales ciudades, por asuntos que tampoco parecían tan graves.
A Samuel Moreno lo suspendió por inepto. Al alcalde de Medellín Alonso Salazar lo destituyó por participación en política por informar que personas cercanas a la campaña de Luis Pérez estaban haciendo campaña con miembros de bacrim (información que ya habían comenzado a denunciar los medios). A Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, lo suspendió por seis meses por no asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Política Social, Compos, donde se discutían aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes; al de Bucaramanga Fernando Vargas lo destituyó e inhabilitó por 10 años por contratar con una institución que no tenía ese objeto social. A Judith Pinedo, la de Cartagena, la suspendió retroactivamente por un año por venderle a un hotel un pedazo supuestamente de playa. Al único que no ha sancionado todavía es a Álex Char, de Barranquilla, a quien formuló pliego de cargos por participación en política (pero curiosamente no lo investigó por su firma contratar con el Estado siendo alcalde).
A la mayoría de estos alcaldes los sancionó cuando ya estaban terminando su período o cuando ya habían dejado de ejercer o cuando la corrupción en su administración era evidente, como en el caso de Samuel Moreno. O con sanciones mucho menores. Además, ninguno representaba lo que simboliza Petro.
El Alcalde de Bogotá es el primer desmovilizado de una guerrilla que le apostó y le cumplió a la paz y que llega a uno de los cargos más importantes del país. Y aunque no es el primer alcalde de izquierda que llega a gobernar Bogotá sí es el primero que ejerce realmente desde la izquierda.
Petro no trató de hacerle ajustes sociales al modelo de ciudad que venía como lo hizo Lucho Garzón sino que intentó cambiar el modelo emprendido por Peñalosa y continuado por los alcaldes que le sucedieron.
Petro modificó el POT para cambiar el esquema de desarrollo urbano de una ciudad que se ha venido extendiendo a una con un centro más denso; le apostó a que el Estado volviera a proveer servicios como la recolección de basuras, la educación pública o el transporte masivo; habló permanentemente de enfrentar el cambio climático y hacer una ciudad ambientalmente sostenible en contravía de megaproyectos de construcción; le dio importancia a los derechos de los animales y para garantizarlos tomó decisiones radicales como acabar los toros en la ciudad.
Aunque fue elegido solo con un treinta por ciento de los votos, Petro nunca intentó tender puentes hacia el 70 por ciento restante, y mucho menos hacia el Establecimiento. Es más, no perdió oportunidad de seguir siendo la piedra en el zapato del status quo como lo fue durante sus años como congresista estelar.
Por eso su destitución ha generado indignación en muchos sectores que la ven como un acto de persecución política.
El Síndrome de la Procuraduría
Tras la decisión del Procurador, llegó el Esmad a cuidar el edificio anticipando la protesta de ciudadanos indignados con el fallo.
El Código Disciplinario es muy amplio y muy vago y en esa medida el Procurador -cualquier procurador- tiene un alto margen de discrecionalidad, que Ordóñez ha utilizado de manera selectiva. Para citar solo un ejemplo, las intervenciones de sus procuradores en casos penales que envuelven a políticos consevadores han sido desproporcionadamente favorables frente a los de otros partidos, como mostró Juan Pablo Barrientos en una reciente columna. Esto sin contar todos los parapolíticos ya condenados a los que él ha absuelto disciplinariamente después de haber sido condenados por la Corte Suprema.
Por eso más allá de si Petro incurrió en las causales disciplinarias que han dado pie para otras destituciones menos sonoras, mucha gente lo ha interpretado como un acto político y arbitrario más de un Procurador que con frecuencia convierte la defensa de su ideología en el parámetro para sancionar. Y cuyo poder es cada vez más omnímodo, como lo detalló hace poco La Silla. Sobre todo porque no tiene una segunda instancia.
El poder de la Procuraduría
Mucha gente se agolpó en la Plaza de Bolívar a criticar la decisión del Procurador y en defensa del alcalde destituído.
Desde hace ya un tiempo han surgido voces alertando sobre el peligro del creciente poder de Ordóñez. Pero han sido aisladas. Este fallo, sin embargo, pone el tema del poder de la Procuraduría en el centro del debate público. Es muy probable que inicie con la discusión sobre la conveniencia para la democracia de que la Procuraduría pueda destituir funcionarios elegidos popularmente (en otros países solo hay control político de corporaciones colegiadas o control judicial) y termine con la eliminación de la institución.
Ya la primera reacción del Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, a la noticia de la destitución fue proponer revisar la facultad de destituír funcionarios. Pero en las redes la indignación ciudadana es contra toda el poder del Procurador.El hashtag #PaFueraProcuradorOrdoñez ya es tendencia. Si esta indignación se mantiene en la red y en la calle hasta el punto de que logre doblegar el temor al Procurador que sienten los congresistas no es impensable que estos lo consideren en la próxima reforma a la Justicia. En todo caso, a ellos les convendría hacerlo después de la destitución de Piedad Córdoba y de Eduardo Merlano.
Como lo señaló Rodrigo Uprimny en una columna de El Espectador, las tres funciones de la Procuraduría General son redundantes.
Una es la defensa de los derechos humanos, y para eso la Constitución de 1991 creó la Defensoría del Pueblo.
La segunda es la defensa del interés público y los derechos fundamentales en los procesos judiciales. Para eso cuenta con unos 700 procuradores judiciales. El problema es que sus intervenciones son episódicas (los procuradores intervienen en los procesos que discrecionalmente les parecen relevantes) y no tienen dientes, pero además son redundantes: la Fiscalía representa a la sociedad en los procesos penales, las víctimas pueden participar directamente, los procesados tienen derecho a defensores de oficio y el juez vigila el debido proceso y los derechos fundamentales.
La tercera es la de disciplinar a los funcionarios públicos. Ahí la redundancia es con las oficinas de control interno que tienen todas las instituciones y cuyos jefes son nombrados por la Presidencia desde la reforma al Estado de Santos. Para fallas menores, esas oficinas están en mejor posición que un ente externo, pues entienden el funcionamiento de la entidad, sus funciones y dificultades. Las fallas más graves son delitos, y para investigarlas está la Fiscalía. Si el problema es el manejo de los recursos públicos, está la Contraloría.
Precisamente por esta redundancia de funciones, hasta ahora la Procuraduría había sido una institución poco debatida por la sociedad. Durante años, la crítica más grande era relacionada con el famoso “síndrome de la Procuraduría”, según el cual, los militares no podían actuar porque terminaban siendo investigados por la Procuraduría.
Hoy ese síndrome dejó de existir con Ordóñez, quien ha defendido a todo pulmón a militares como Plazas Vega. En los falsos positivos, la Procuraduría ha brillado por su silencio y ha sido una acérrima defensora del fuero militar.
Sin embargo, el síndrome se ha extendido como un virus al resto de la administración pública creando una especie de parálisis. El Procurador ha destituido funcionarios por no preveer consecuencias como en el caso del Superfinanciero Gerardo Hernández; por no supervisar contratos que firman otros; por tener el mal criterio de atribuir funciones a una empresa quebrada como era Aguas de Bogotá; por alertar sobre vínculos entre un candidato y un grupo ilegal.
En fin, los casos por los que un funcionario puede hoy morir políticamente son infinitos y no taxativos. Y a esos juicios disciplinarios, se suman las mociones de censura, los embargos “preventivos” de la Contralora Morelli, las acciones de repetición.
Es una situación que se lleva comentando hace meses en los corredores de la administración pública. La destitución de Petro ofrece la oportunidad para que la discusión sobre esa reforma a los poderes de la Procuraduría se vuelva prioritaria en la agenda pública.
Vea la opinión de los de la Movida sobre la destitución de Petro.
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Cientos de trabajadores del acueducto de Bogotá marcharon para mostrar su desacuerdo con la decisión de Ordóñez y para dar un espaldarazo a Gustavo Petro. Foto: Juan Pablo Pino
Los trabajadores marcharon por diferentes vías del centro, pero mostraron su desacuerdo especialmente frente a la Procuraduría General. Foto: Juan Pablo Pino
En la plaza de Bolívar, a eso de las 4 de la tarde, había unas 10.000 personas, todas mostrando su apoyo al alcalde progresista. Foto: Juan Pablo Pino
Los asistentes utilizaron diferentes formas de expresar su apoyo a Petro. Esta mujer se robó el show dejando que los asistentes a la plaza escribieran mensajes en su cuerpo. Foto: Juan Pablo Pino
En un momento, el Secretario de Integración Social Jorge Rojas se asomó en uno de los balcones de el Palacio de Liévano dejando que los ánimos en la Plaza de Bolívar subieran. Foto: Juan Pablo Pino
Los marchantes mostraron su real desaprobación a la decisión tomada por el Procurador, gritaron fuertes arengas en su contra, incluso algunas con fuertes groserías. Foto: Juan Pablo Pino
Funcionarios de diferentes entidades del distrito hicieron presencia también en la Plaza de Bolívar. Foto: Juan Pablo Pino
Cuando entraba la noche se instaló una tarima móvil de Idartes, lo que causó apretones en las personas que esperaban a Petro frente a la Alcadía. Foto: Juan Pablo Pino
El primero de los funcionarios de Petro en tomar el micrófono fue el Secretario de Gobierno, Guillermo Jaramillo. Fue él quien anunció que en minutos Petro se dirigiría a la plaza. Foto: Juan Pablo Pino
Acompañado de su familia y de la candidata a la presidencia por la UP, Aída Abella, Gustavo Petro salió al balcón del palacio. Cuando iba a empezar su discurso su voz se entrecortó por el llanto. Foto: Juan Pablo Pino
Petro anunció que debido a o sucedido, este será el día en que empiece un movimiento de indignados en el país. Llamó a la Plaza de Bolívar "el Tahir de Colombia". Foto: Juan Pablo Pino
Cuando Gustavo Petro iba en la mitad de su discurso, apareció Antonio Navarro por detrás y se detuvo el discurso un momento para darse un fuerte abrazo. Foto: Juan Pablo Pino
Después de discursar por una hora, Petro se despidió de los asistentes. Muchos se quedaron en la plaza para un concierto gratuito, pero la mayoría abandonó el lugar. Foto: Juan Pablo Pino
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció este sábado que abrirá una investigación preliminar en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, por la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Las pesquisas contra Ordóñez buscan establecer si existió o no un exceso en las funciones del jefe del Ministerio Público. "Se averiguará primero si el Procurador tenía o no facultad para destituir al alcalde. En segundo lugar, si fue o no desproporcionada la inhabilidad contra el mandatario capitalino. Además, se determinará si se violaron o no los principios de la contratación en el caso de las basuras", dijo el Fiscal.
Frente a la inhabilitación durante 15 años del mandatario distrital, el fiscal Montealegre dijo que "allí tenemos que determinar si la sanción de inhabilidad al alcalde Petro fue o no proporcional y, además, si se violó o no el principio de igualdad frente a otras sanciones impuestas a funcionarios corruptos, la cual fue menor".
En las investigaciones se indagará también la veracidad de las declaraciones de Emilio Tapia quien aseguró que se estaría armando un complot contra Petro a raíz de la recolección de basuras en la capital de la República.
De igual manera se investigarán las declaraciones del Otty Patiño, quien aseguró que la destitución estaba 'cantada', y que desde hace algunas semanas ya se iba a proferir una decisión contra el alcalde.
Por otro lado, Montealegre dijo que se examinará si existió una violación a la ley en la decisión de la Procuraduría: "tenemos que evaluar la tesis de Petro donde dice que el Presidente es el único que lo puede destituir y así determinar si la competencia es del Procurador o del Jefe de Estado".
Frente a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, donde asegura que está en riesgo la institucionalidad, Montealegre expresó su desacuerdo con esa tesis y dijo que lo que existe es una controversia en torno a la legitimidad de las decisiones que tomó el Procurador, "no comparto las opiniones del presidente, ni que se trate de disputas de orden personal", añadió.
Por último, fue claro en indicar que la decisión en el caso de la destitución la tiene el Primer Mandatario. "Yo creo que la llave de todo este problema institucional mientras se pronuncia la justicia, la tiene el presidente de la República, quien tendrá que decidir si la competencia de destituirlo la tiene el Procurador o el Jefe de Estado", puntualizó
CRISISEl reemplazo de Gustavo Petro tendrá que ser escogido en las urnas. El próximo año los bogotanos se encontrarían con elecciones presidenciales, de Congreso y de alcalde.
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Foto: SEMANA
La principal pregunta que hoy se hacen los bogotanos, tras la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, es quién será el nuevo alcalde de la ciudad.
Como el fallo disciplinario admite el recurso de reposición, el cual, muy seguramente, será interpuesto por los abogados del alcalde, Petro seguirá en el Palacio de Liévano hasta tanto este se resuelva. La Procuraduría tiene como término treinta días para decidirlo.
Si la destitución se mantiene Gustavo Petro tendría que abandonar su cargo de forma inmediata, generando así la falta absoluta del gobernante.
Y según la Constitución del 91, si la falta absoluta se presenta a más de 18 meses de la terminación del periodo, el presidente de la República deberá convocar a elecciones atípicas para escoger alcalde para el periodo que reste.
Ese es el escenario que enfrentará la ciudad tras la destitución de Petro. El alcalde de Bogotá terminaría su periodo el 31 de diciembre del 2015, en consecuencia aún le quedan algo más de 24 meses de mandato. La fecha clave para la realización de nuevas elecciones es el 30 de junio del 2014. Cualquier decisión de destitución antes de esta fecha obliga a convocar a elecciones.
En el caso de Petro, todo apunta a que este será el escenario. Como el recurso de reposición al fallo no superará los 30 días, y como tiene que ser resuelto por el propio procurador general, se presume que la destitución sería confirmada.
En el momento en que esta decisión esté ratificada, el presidente, por decreto, deberá hacer la convocatoria a las elecciones, las cuales se deben realizar durante los siguientes dos meses.
Mientras se hacen las elecciones, el jefe de Estado nombrará un reemplazo temporal. La ley colombiana tiene un vació frente a faltas temporales, pues no establece que el encargado tenga que salir de una terna de candidatos enviada por el mismo partido político del alcalde destituido. Petro fue escogido por el movimiento Progresistas, que hoy está fusionado en el partido Alianza Verde.
El presidente solo está obligado a nombrar como reemplazo a una persona del mismo grupo político del alcalde destituido cuando esta sanción se produzca a menos de 18 meses de terminar el periodo. En ese caso sí tendría que respetar el origen político.
Esta interpretación de la norma podría darle posibilidades al presidente Juan Manuel Santos de nombrar funcionarios de su confianza en la administyración de la capital. En su gobierno trabajan dos excandidatos a la Alcaldía, Gina Parody, actual directora del SENA, y David Luna, actual consejero presidencial para las regiones.
Todo este dilema se resolverá en el momento en que la decisión disciplinaria, que incluso fue controvertida por el gobierno nacional, quede en firme. En el momento en que se produzca se determinará la convocatoria y la fecha a las elecciones.
Por eso, tras la decisión de Ordóñez, el 2014 será un año inédito en materia política, pues además de las elecciones a Congreso y a Presidente de la República, se colara en la campaña las elecciones por el segundo cargo de elección popular más importante del país.
Una circunstancia que podría modificar aún más el ajedrez político de la campaña, ya que la alcaldía de Bogotá es uno de los botines más preciados, y algunas de las figuras de los partidos con miras a las elecciones legislativas, podrían modificar su decisión para apostarle a la Alcaldía.
El ajedrez político
Por eso, en el momento de que se confirme la destitución, según la Registraduría la citación a elecciones debe hacerse en los 55 días siguientes de haber sido decretada la falta absoluta. Los cálculos advierten que en el primer trimestre se podrían realizar estas elecciones atípicas.
Eso podría cambiar el panorama para muchos partidos políticos. En las elecciones atípicas, que son campañas muy cortas, estarían determinadas por el reconocimiento de los candidatos en la opinión pública, y por eso, quienes disputaron las elecciones del 2011 en teoría tendrían más posibilidades a la hora de conquistar al electorado.
En principio, Alianza Verde, que integró al movimiento Progresistas de Gustavo Petro, querrá defender el poder que conquistó en la capital en el 2011. Su principal carta sería Antonio Navarro Wolf quien fuera el primer secretario de gobierno de la administración de Petro.
Navarro se inscribió como candidato al Senado, con el propósito de jalonar con su votación a que la Alianza Verde mantenga su personería juríodioca, pero este fallo podría cambiar su panorama. Las listas al Congreso pueden ser modificadas hasta el 9 de febrero.
En este mimso partido milita uno de los mayores contradictores del alcalde Petro, precisamente el exalcalde Enrique Peñalosa. Aunque el dirigente se inscribió como precandidato a la consulta Verde para elegir candidato presidencial, podría modificar sus planes, toda vez que su fuerza electoral se concentra en la capital y su trabajo se ha concentrado en la ciudad. Es el mejor ambiente donde se desenvuelve, y fue candidato en las elecciones del 2011 donde fue derrotado por Petro.
En este escenario el nombre de Antanas Mockus podría convertirse en un jugador determinante. Su decisión de no aspirar al Senado, el Palacio de Liévano podría ser un escenario para jugar dentro de la política.
Otro de los que están en campaña para las elecciones legislativas, pero que sería una carta para la capital, es el jefe de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien fue candidato a este cargo en el 2011. Si este partido quiere disputar el segundo cargo de elección popular, no tendría liderago diferente al de Galán.
Pero para otros partidos también puede ser esta una nueva posibilidad política. El uribismo, quer aunque había apoyado a Peñalosa para derrotar a Petro, también tien tres cartas de peso para disputar el poder en la capital. Miguel Gómez, el representante a la Cámara que promivió la revocatoria al mandato de Petro, decidió no aspirar a una curul en el Congreso y ahora sus intereses podrían ubicarlo como un posible candidato a la Alcaldía.
Otro de los disidentes de La U, y que hoy está más cerca del uribismo, es el senador Juan Lozano, quien al no aspirar al Congreso, podría convertirse en eventual candidato. Lozano además ya aspiró a la Alcaldía, fue en el año 2003 cuando fue derrotado por Luis Eduardo Garzón. Sin embargo Lozano ha confesado que de momento se marginaría de la política electoral y entre sus planes no estaría un escenario de elecciones atípicas, aunque cualquier cosa puede pasar.
Pero la otra carta del uribismo es el exvicepresidente Francisco Santos quien fue derrotado en la Convemnción del Centro Democrático que determinó que Oscar Iván Zuluaga sería el candidato presidencial. Muchos han advertido que Santos enfilaría todos sus esfuerzos a la alcaldía, aunque tendría que inscribirse mediante firmas o con el aval de un partido con reconocimiento jurídico.
Ellos tendrán que decidir. En la balanza está que las elecciones atípicas solo son para terminar el periodo constitucional, es decir el nuevo alcalde estará solamente por espacio de algo más de año y medio administrando los destinos de la ciudad. Esa circunstancia puede pesar a la hora de definir el nuevo partidor por la la Alcaldía Mayor.
Lo cierto es que la destitución de Gustavo Petro puede convertirse en un nuevo ingrediente que condimente aún más las elecciones del año próximo.
Presidente está dispuesto a ejecutar decisión de la Procuraduría apenas el Alcalde sea notificado.
Legalmente, el presidente Juan Manuel Santos tendrá hasta el 2 de febrero para ejecutar la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría ratificó este lunes contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y en el Gobierno se abre paso la decisión de aplicar la ley y la Constitución. (Vea aquí las tres faltas por las que el Procurador destituyó a Petro)
Según el artículo 107 del Código Único Disciplinario, Petro tiene 8 días calendario –contados desde ayer lunes– para notificarse personalmente de la decisión del Ministerio Público (20 de enero). Si no lo hace, la Procuraduría tiene 3 días más, hasta el 23 de enero, para notificarlo a él y al Jefe de Estado por edicto.
A partir de ese momento, si se dan estos tiempos, el presidente Santos –según el artículo 172 del mismo código– tiene 10 días para ejecutar el fallo, lo que se traduce en que tendría plazo hasta el 2 de febrero para designar a un alcalde encargado y, en el mismo decreto, convocar a elecciones para elegir al reemplazo de Petro. (Lea aquí: Los caminos que le quedan a Gustavo Petro tras su destitución)
Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez dijo este lunes en la noche que si Petro no se notifica, el 29 de enero le enviará el fallo a Santos y desde entonces correrían los 10 días para ejecutar el fallo.
Jaime Córdoba Triviño, expresidente de la Corte Constitucional, aseguró que “el Alcalde tiene que estar notificado para que el Presidente pueda ejecutar la decisión de la Procuraduría”.
El exministro y exconstituyente Jaime Castro advirtió que acatar unas medidas como las que algunos rumoran que se producirían al desconocer la sanción del Procurador abriría un agujero muy grande a la institucionalidad, no solo hacia delante, sino que cientos de exfuncionarios sancionados disciplinariamente podrían demandar al Estado y exigir cuantiosas indemnizaciones.
“Lo que tenemos que lograr los bogotanos es que esa incertidumbre no se vaya a mantener; eso requiere que el Gobierno Nacional ejecute en un término razonable y breve la decisión del Procurador y que el Movimiento Progresista presente la terna de sus candidatos para que el Presidente nombre un alcalde encargado y convoque a nuevas elecciones para escoger al alcalde que complete el periodo en curso”, dijo Castro.
El mismo procurador Ordóñez dejó claro que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a extender medidas cautelares para ‘salvar’ a Petro, estas no necesariamente son vinculantes. (¿Qué puede responder la Comisión Interamericana?, entérese aquí)
En atención al contexto que se ha ido generando entre los entendidos, al gobierno del presidente Santos no le va quedando otra alternativa que aplicar la sanción confirmada por el procurador Ordóñez.
Otros expertos han descartado que la sanción a Petro afecte el proceso de paz. Santos ha gobernado con un mensaje incluyente y de garantías para todos los sectores políticos; de hecho, esto es parte de la base de los diálogos con las Farc, por lo que su decisión es defender la institucionalidad, el cumplimiento de la ley y el acatamiento de la Constitución.
Los expertos, a propósito del momento, abundan en otras reflexiones. Si hay medidas cautelares y el Presidente determina no ejecutarlas, Santos podría consultar al Consejo de Estado sobre qué camino tomar y así tener un sustento jurídico que respalde su proceder.
Petro declaró a Bogotá en “alerta democrática”, y en una nueva “concentración permanente”, en la plaza de Bolívar con miles de sus seguidores volvió este lunes en la noche a arengar contra el procurador Ordóñez y a pedir al presidente Santos que no lo destituya.
Decisión de diciembre no cambió
Desde el pasado martes, cuando la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda negó las recusaciones contra ella y la Sala Disciplinaria, arrancó la última fase del proceso de Gustavo Petro en la Procuraduría. En total hermetismo, los procuradores de la Sala Disciplinaria Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez iniciaron el estudio de la reposición interpuesta por la defensa del alcalde y terminaron ratificando en su totalidad lo decidido el pasado 9 de diciembre: la destitución y la inhabilidad por 15 años, “por tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en Bogotá”.
La Procuraduría señaló en el fallo de reposición que “encontró probados el conocimiento de la ilicitud y que el servidor público pertenecía al nivel directivo o ejecutivo”. Así, aplicó una sanción de inhabilidad de 12 años por la primera falta a título de dolo, la amplió a 14 por el segundo cargo y la fijó finalmente en 15 años por la falta en la que hubo culpa grave.
Poco antes, el procurador Alejandro Ordóñez negó la recusación en su contra y había asegurado que una eventual medida cautelar de la CIDH frente al fallo no obligaría a Colombia.
La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue una eventual responsabilidad del alcalde en un supuesto plan para sacar del negocio de las basuras a los operadores privados.
La larga lista de destituciones del procurador Ordóñez
En los cinco años que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha estado al frente de esa entidad, 18 gobernadores en ejercicio, más de 800 alcaldes y 23 congresistas hacen parte de la extensa lista de los funcionarios de elección popular castigados disciplinariamente.
En el 2010 un fallo de la Procuraduría sacó de la Gobernación del Valle al polémico Juan Carlos Abadía. Fue sancionado por participar indebidamente en política.
El alcalde de Medellín Alonso Salazar y el de Bucaramanga Fernando Vargas también fueron destituidos. La sanción les llegó cuando ya habían dejado el cargo.
Nelson Mariño, gobernador de Casanare; Cielo González, del Huila y Hugo Aguilar Naranjo, de Santander también están en la lista de funcionarios elegidos sancionados por la Procuraduría.
Tan solo en el 2013, el Ministerio Público sancionó a 152 alcaldes y exalcaldes, 87 concejales y 10 gobernadores y exgobernadores.
Las fechas claves del proceso
17 de diciembre 2012
El alcalde anuncia que antiguos operadores de aseo no van más. El 18 de diciembre, Aguas de Bogotá asume el tema. El 19 de diciembre, Petro tiene que contratar a los antiguos operadores.
16 de enero del 2013
La Procuraduría informó que abrió investigación disciplinaria por la crisis de basuras que se generó en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, tras la puesta en operación del nuevo modelo de aseo.
20 de junio del 2013
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde Gustavo Petro por incurrir en una “total improvisación” y haber causado un detrimento patrimonial por su modelo de aseo.
9 de diciembre del 2013
La sala disciplinaria de la Procuraduría divulgó el fallo que destituye e inhabilita al alcalde por 15 años. El 31 de diciembre, el alcalde interpuso recurso de reposición.
13 de enero del 2014
El procurador rechazó la recusación de Petro en su contra. Acto seguido, anunció que la sala disciplinaria confirmó el fallo del 9 de diciembre que destituyó e inhabilitó al alcalde por 15 años.
El Alcalde Petro lleva dos días llamando a sus seguidores a manifestarse por su destitución. Las convocatorias han llenado la Plaza de Bolívar. Foto: Juan Pablo Pino
El lunes pasado, pocos minutos después de que se conociera que la Procuraduría había destituido e inhabilitado por 15 años al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, su copartidario Antonio Navarro exclamó: “Ahora la presión va a ser por saber en dónde me quedo yo”. Sucedió en la sede del movimiento Progresistas en la capital y se lo contó a La Silla una persona que estaba con él.
El exgobernador de Nariño acababa de inscribirse en la Registraduría como cabeza de lista al Senado de la alianza entre el Partido Verde y los progresistas y con su apunte anticipó lo que, efectivamente, comenzó a pasar ayer: dentro y fuera de su colectividad, mucha gente empieza a preguntarse si se quedará de candidato al Congreso o si renunciará para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, cuando lo más probable es que el Procurador ratifique la sanción a Petro (el recurso de reposición lo tendrá que resolver él mismo) y habrá elecciones atípicas.
Antonio Navarro es la ficha clave del progresismo. Foto: Juan Pablo Pino
Enrique Peñalosa no descarta lanzarse a la Alcaldía. Foto: La Silla Vacía
El progresismo, terminando de digerir el golpe por la destitución de su líder natural, quiere mantenerse en el poder y la figura evidente para lograrlo es Navarro. No sólo porque tiene votos, sino porque ha demostrado que su talante es gerencial, sabe tender puentes y no genera rechazo en la mayoría de sectores.
“El único que nos salva es Navarro”, le dijo a La Silla por ejemplo un líder de Progresistas, “tiene las condiciones perfectas. Es gerente y no sería un monigote de Petro porque tiene vuelo propio”.
Su aspiración genera consenso incluso en el sector verde de la Alianza Verde y entre los asprillistas, que representan lo más duro del petrismo.
El problema es que si Navarro renuncia a su puesto en la lista al Senado, la Alianza perdería la carta más fuerte que tiene para lograr los 450 mil votos necesarios para que el Partido Verde, que es el dueño, mantenga su personería jurídica. Es decir, para que siga vivo.
Otro líder de esa colectividad le dijo a La Silla que, haciendo cuentas alegres, la Alianza Verde Progresista contaba con que Navarro sumara al menos entre 100 y 150 mil votos a la lista de Senado. Un cálculo realista si se tiene en cuenta que en 2002 -la última vez que se lanzó al Senado- el también excongresista obtuvo 212 mil apoyos. La segunda votación más alta del país en esa ocasión, por debajo solo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.
Y no sólo realista, sino clave, pues en la lista verde-progresista no hay un aspirante que ostente haber sacado más votos. Sin la fallecida senadora Gilma Jiménez en esa lista, el candidato con más votos es el actual senador Jorge Londoño que sacó 81 mil en 2010.
El dilema está planteado ya en la Alianza. Por el lado de los progresistas, una fuente nos dijo que Navarro lo está pensando y que la idea de algunos es rodearlo para tratar de convencerlo de que vaya por la Alcaldía porque confían en que la analista Claudia López, que es la segunda de la lista, logre jalonar la suficiente votación de opinión como para compensar la salida de Navarro.
Consultado, Navarro por su parte sólo le dijo a La Silla: “Yo soy candidato al Senado, me inscribí ayer (lunes) y mi propuesta es que el candidato a la Alcaldía sea el concejal Carlos Vicente de Roux”.
En el progresismo, tres fuentes distintas nos dijeron que él sí lo está pensando y que es bien sabido en el movimiento que Navarro suele meditar ese tipo de decisiones hasta el último momento.
Peñalosa y una candidatura de convergencia
Antanas Mockus no podría lanzarse porque su esposa es funcionaria del Distrito. Foto: La Silla Vacía
Carlos Fernando Galán es la figura fuerte de Cambio Radical por lo que tendría el mismo dilema de Navarro para lanzarse. Foto Juan Pablo Pino
En el lado verde de la Alianza creen que el otro candidatizable en caso de elecciones atípicas en Bogotá es el exalcalde verde Enrique Peñalosa, quien, sin embargo, no cuenta con la aprobación de los progresistas. Peñalosa ha sido un duro crítico de la administración de Petro e incluso anunció que estaba dispuesto a apoyar su revocatoria. Aunque también se unió a las críticas contra el Procurador por la destitución del Alcalde.
Peñalosa está fuera del país, pero La Silla supo que ayer se comunicó con un copartidario para hablar del tema. Entre otras cosas dijo que podría considerar “validar” la candidatura a la Alcaldía de Navarro, siempre y cuando éste lo apoyara en su intención de llegar a la Presidencia.
Y es que Peñalosa, que también sería un candidato fuerte a la Alcaldía, parece estar más interesado en las presidenciales.
Por chat, el exalcalde le dijo a La Silla que antes de apoyar a Navarro “habría que analizar programas, proyectos, posiciones” y que de todas maneras él no le tiene cerrada la puerta a la posibilidad de ir por la Alcaldía: “En principio no (iría), pero no lo descarto totalmente”, escribió.
Otra de las opciones que se movieron ayer entre miembros del sector verde de la alianza es la de un candidato de convergencia, es decir, que pueda venir de fuera de la alianza. En concreto, se mencionó el nombre del exconcejal y director de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, un nombre que han mencionado en estos dos días como figura fuerte a la Alcaldía.
Galán, sin embargo, está jugando el mismo papel de Navarro en Cambio Radical: es la cabeza de lista al Senado y la carta más fuerte de ese partido para pasar el umbral y mantener su personería jurídica. De hecho, ayer en una reunión del partido, una persona hizo mención al tema de la aspiración de Galán en Bogotá y Germán Vargas Lleras, el jefe natural de Cambio Radical, pidió enseguida que no le desarmaran su lista.
Lo de Galán no le suena a miembros de la alianza como Claudia López, quien dice que no tendría mucho sentido que el candidato viniera del partido de Vargas Lleras, el mejor amigo de uno de los empresarios de las basuras que, según ella, “tumbaron a Petro”.
Claudia le dijo a La Silla que, no obstante, sí se podría buscar un aspirante de afuera y que ella no tendría problema en encabezar la lista, algo que ya le habían ofrecido en la Alianza y que ella había rechazado porque le parecía que con tantas listas de la izquierda la figura fuerte de Navarro debería ir de primero. “Ahora que logramos aliarnos con la UP, con las dignidades, con los verdes, y que Antanas no va, ya no está el enemigo de la dispersión que era el que hacía tan clave la figura de Navarro”.
Hablando de Antanas, en las últimas horas los verdes también han mencionado el nombre del exalcalde Antanas Mockus. Lo hizo el representante Carlos Amaya, quien dijo que Mockus podría ser un buen aspirante en las atípicas, pero él está inhabilitado debido a que su esposa Adriana Córdoba es la veedora distrital y tiene entre sus funciones la ordenación del gasto.
La semana pasada, los jóvenes del Partido Verde le llevaron serenata a Mockus a su casa, en un último intento por convencer al profesor de que ingresara a la lista a Congreso de la Alianza. No lo lograron.
El asunto de la candidatura a la Alcaldía, al menos la eventual de Navarro, tendrán que decidirlo esta semana, pues el próximo lunes vence el plazo para que los partidos puedan hacer modificaciones a sus listas a Congreso. Después de ese día, Navarro podría renunciar a su aspiración al Legislativo pero la lista verde progresista quedaría acéfala sin posibilidad de que entre otra persona.
El otro tema que seguramente pronto empezarán a definir en el partido es el de la terna, en caso de que el presidente Juan Manuel Santos la pida para designar un alcalde mientras se realizan las elecciones atípicas. Una situación que sólo se daría si el Procurador ratifica su decisión.
Al respecto, el presidente vocero de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, le dijo a La Silla que a pesar de que los verdes se fusionaron con los progresistas esa decisión sí debería quedar en manos exclusivas del movimiento de Petro.
Habrá que ver qué directriz da tanto para la terna como para la candidatura a la Alcaldía el alcalde Petro. Y si al mandatario no le salen algunas de las medidas cautelares que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde Petro denunció persecución por parte del Procurador.
El otro presidente vocero de la Alianza Verde, el senador Luis Carlos Avellaneda, le dijo a La Silla que los petristas estaban muy confiados en que la estrategia jurídica internacional tendrá efectividad “ya que en lo interno no la tendremos”.
De lograrlo, el Alcalde no sólo seguiría su mandato sino que, de paso, su colectividad no tendría el dolor de cabeza de tener que buscar un aspirante fuerte para unas elecciones atípicas.
Como se esperaba el procurador ratificó la destitución del alcalde de Bogotá. Tres fueron los ‘pecados’ del Alcalde Mayor en el proceso, según el voluminoso expediente recabado por el procurador delegado Juan Carlos Novoa Buendía y fallado por Ordóñez. El primero, en palabras del Procurador General, fue la decisión “libre, consciente y voluntaria” de “asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad (la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá)”; el segundo, violar los principios de libre competencia y empresa y el tercero, tiene que ver con las decenas de volquetas que fueron usadas en Bogotá para recoger las basuras. Esto, dice la Procuraduría: violó normas como la obligación de cubrir la carga contaminante, impedir la fuga de fluidos derivados de las basuras y tener diseños seguros para los operarios, improvisó, sometiendo a la ciudad a riesgos muy graves.
Legalmente, el presidente Juan Manuel Santos tendrá hasta el 2 de febrero para ejecutar la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría ratificó este lunes contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y en el Gobierno se abre paso la decisión de aplicar la ley y la Constitución. Según el artículo 107 del Código Único Disciplinario, Petro tiene 8 días calendario –contados desde ayer lunes– para notificarse personalmente de la decisión del Ministerio Público (20 de enero). Si no lo hace, la Procuraduría tiene 3 días más, hasta el 23 de enero, para notificarlo a él y al Jefe de Estado por edicto.
A partir de ese momento, si se dan estos tiempos, el presidente Santos –según el artículo 172 del mismo código– tiene 10 días para ejecutar el fallo, lo que se traduce en que tendría plazo hasta el 2 de febrero para designar a un alcalde encargado y, en el mismo decreto, convocara elecciones para elegir al reemplazo de Petro. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez dijo este lunes en la noche que si Petro no se notifica, el 29 de enero le enviará el fallo a Santos y desde entonces correrían los 10 días para ejecutar el fallo.
Más allá de los aspectos jurídicos de la decisión, el hecho pone de relieve dos aspectos fundamentales: La inequidad de una medida que apoyada en la ley es desproporcionada e injusta y la segunda, la expresión de una derecha ortodoxa y recalcitrante que no está dispuesta a ceder un centímetro más en el manejo del poder a la izquierda. Este evento nos da la medida de cómo serán las elecciones. En plenos acuerdo de paz, la sociedad no puede dejarse llevar por radicalismo peligrosos, ni posiciones extremas que atenten con la poca democracia que tenemos y que terminen en acciones por fuera de la ley. Es un hecho, el alcalde será destituido, se convocará a elecciones y aun no sabemos cómo se expresarán los electores en las urnas quienes se han polarizado frente a lo sucedido en Bogotá. Como siempre, la ciudad queda inerme, será difícil que la administración vuelva por su cauce normal, por lo menos esto no sucederá en los próximos tres meses.
NACIÓN El procurador general se ha convertido en un funcionario que pone a temblar a propios y a extraños.
Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación
Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA
En un país en donde el poder presidencial es inmenso, causó sorpresa cuando el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dejó entrever que buscaría su reelección desechando el guiño de Juan Manuel Santos porque no lo necesitaba.
Lo que parecía una fractura enorme en las relaciones de estos dos hombres fue saldada con un brindis cuando Santos acudió al matrimonio de la hija del procurador, un evento de características descomunales en donde se vieron a casi 750 personalidades del poder político, económico y religioso rindiéndole pleitesía.
El evento, en realidad, se convirtió en la fiesta de consagración de Alejandro Ordóñez. La boda le cayó como anillo al dedo al procurador general, apenas dos semanas después de haberse posesionado, para hacer una presentación en sociedad de su poder. Fue lo más parecido que se ha dado a una ‘coronación’, en Colombia.
Todo parecía haber sido escogido para la ocasión. La iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVII, creaba el ambiente de la monarquía en apogeo. El cardenal Rubén Salazar, la máxima autoridad religiosa, prestó los ornamentos y cálices de oro de 1700, los que solo se sacan para ocasiones muy especiales. La misa se ofició a la antigua, en latín y de espaldas a los asistentes. Y no faltó en el repertorio la Misa de Coronación, de Mozart. La misma que según cuenta la historia se interpretó en las celebraciones de la llegada al trono del emperador Leopoldo II.
Como cualquier coronación que se respete la crema y nata del poder criollo estaba allí concentrada. El país no recuerda boda tan concurrida como esta. Además del presidente Santos, estaban el vicepresidente Angelino Garzón, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, ministros del gabinete, magistrados de la Corte Suprema, casi una decena de magistrados del Consejo de Estado, algunos de la Corte Constitucional, el fiscal Eduardo Montealegre, la contralora Sandra Morelli, el registrador Carlos Ariel Sánchez.
Hasta el presidente del tribunal eclesiástico estuvo. Fue el encargado de oficiar la misa. Tantos invitados, ¿acaso estaban allí por el matrimonio de una universitaria? Se dieron situaciones tan absurdas como que Horacio Serpa o el ministro Rafael Pardo, liberales hasta el tuétano, aceptaron estoicos las cerca de dos horas de una misa en su versión más tradicional: la que impuso el Concilio de Trento, en 1570, como respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero.
Con ese acto social, Ordóñez dejó en claro la influencia que tiene. Pero, tras la destitución e inhabilidad al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por un periodo de 15 años, muchos se preguntan si hoy por hoy es el hombre más poderoso de Colombia.
El procurador general regente es un poderoso funcionario al que no le tiembla mano para sancionar cualquier desvío de la ortodoxia en la política y la sociedad.
Abogado y católico de ideología ultraconservadora, se ha convertido en un azote de los políticos, principalmente de los de izquierda, como Petro, al que, además de destituir por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras ocurrida en 2012, en la práctica lo inhabilitó para volver a ejercer cargos públicos.
Nacido hace 58 años en Bucaramanga, Ordóñez, que tiene una especialización en Derecho Administrativo e hizo carrera en la rama judicial. Fue elegido procurador general por el Senado en diciembre de 2008 para un periodo de cuatro años con una votación de 81 votos a favor y solo uno en contra.
Entre los que votaron a favor de su nombre estaba el entonces senador Gustavo Petro, hoy destituido por Ordóñez del cargo de alcalde de Bogotá.
Reelegido en 2012 para un segundo mandato, hasta 2017, Ordóñez se ha caracterizado por sus decisiones de corte ideológico en asuntos como el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo o contra políticos de izquierdas, como la exsenadora Piedad Córdoba, destituida por supuestos vínculos con las FARC, y el propio Petro, que fue guerrillero del grupo M-19.
También suspendió al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, antecesor de Petro, por un millonario escándalo de corrupción, y al exministro de Agricultura del anterior Gobierno Andrés Felipe Arias, por otro caso de malversación de fondos, así como a decenas de funcionarios públicos de distinto rangos involucrados en ilícitos.
Ordóñez también se ha caracterizado por su férrea oposición a los diálogos de paz en Cuba del Gobierno con las FARC porque considera que con las negociaciones esa guerrilla no busca el fin del conflicto sino “someter al Estado y obtener del Estado la absoluta impunidad” por sus crímenes.
Su oposición al proceso de paz lo llevó la semana pasada a La Haya, donde se entrevistó con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a quien pidió que ese tribunal intervenga si en el proceso de paz con las FARC se acuerdan mecanismos de justicia que conduzcan a la “impunidad”.
Ese supuesto significaría “una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país”, señaló.
La destitución de Petro, considerada una exageración por diferentes sectores políticos, ha puesto en la mira del Gobierno las funciones del procurador, cuyo poder para destituir a funcionarios elegidos por el voto popular fue cuestionado por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
La Procuraduría General es un organismo con funciones disciplinarias y autónomo frente a las demás ramas del Estado, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales.
Entre las atribuciones de la Procuraduría está la de representar a los ciudadanos ante el Estado y como tal es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la Personería.
La Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestaria y funciones de prevención, de intervención y disciplinarias que algunos sectores empiezan a ver con desconfianza por el uso que de esos poderes ha hecho Ordóñez. ¿Habrá alguien que se atreva a cortarle las alas? ¿O seguirá tranquilo creando los cismas políticos como el que ahora sacude al país?
hace 1 día - El alcalde de esta capital, Gustavo Petro, declaró hoy alerta ... en su contra por el edil, quien busca impedir que sea destituido del cargo. ... Juan Carlos Novoa, instancia que tiene a su cargo la investigación contra Petro.
Hoy voy a dormir tranquilo por el giro que toma el caso Petro
Votaciones de revocatoria sólo se anulan cuando Santos firme decreto de destitución
Petro le habría pedido al registrador no afanarse por anular dichas votaciones ya que “casi” que puede asegurar que el dos de marzo se abrirán las urnas.
El registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, dio a conocer este martes que las votaciones para elegir si el mandato de Gustavo Petro es revocado, sólo serán canceladas una vez que el presidente de la República firme el decreto de destitución.
Sánchez afirmó en rueda de prensa que “una vez se presente la vacancia definitiva del alcalde de Bogotá y el presidente de la República ejecute la decisión tomada por el procurador General de la Nación, comenzarán a correr los términos legales establecidos en la 1475 de 2011”.
El registrador agregó que “una vez sea notificado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, dela decisión tomada por la Procuraduría, queda suspendida la revocatoria y todo el calendario de esta jornada electoral. De producirse cualquier eventualidad debe ser un calendario nuevo el que elabore la Registraduría”.
Así mismo explicó que “El presidente de la República deberá hacer un encargo, mientras el grupo significativo de ciudadanos, en este caso que postuló al alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego, presenta una terna de la cual se escogerá para dar el encargo y simultáneamente convocará a elecciones”.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, “en caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato”.
Una vez convocada la elección atípica, corren 55 días calendario establecidos en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, entre la convocatoria, que va simultáneamente con el nombramiento de un encargado de la terna y la realización de las elecciones.
Petro le había pedido al registrador nacional que no diera por canceladas las votaciones para decidir si se revoca o no su mandato.
Según dijo el alcalde, “casi” que puede asegurar que el dos de marzo se abrirán las urnas para elegir si se revoca su mandato o no.
Petro no tardó mucho en reaccionar ante la decisión del Tribunal, y señaló con tono victorioso:
El tribunal, de acuerdo con El Espectador, a través del magistrado José María Armenta, aceptó la tutela que había interpuesto a finales del año pasado Petro.
“El Tribunal también le ordena al jefe de Estado que se abstenga de dar cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria emitida por la Procuraduría General de la Nación”, añade el diario capitalino.
Para Armenta, la decisión de la Procuraduría violó la competencia de los jueces en cuanto a que no podían destituir a un ciudadano elegido popularmente, acota Semana. "De esta manera, queda en suspenso la salida de Petro del Palacio Liévano hasta que otra autoridad defina si es ajustado a la ley el proceder de la Procuraduría", agrega la revista.
En su parte resolutoria, el fallo de tutela decreta la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario [contra Petro] del nueve de diciembre pasado y la decisión confirmatoria de este del 13 de enero de 2014, proferidos por el Procurador General de la Nación.
También ordena notificar esta providencia "por el medio mas expedito a la autoridad pública accionada" al señor Presidente de la República al accionante José Gotardo Pérez Soto y al señor Gustavo Petro Urrego [...] en su calidad de agenciado [...].
Pero, tal vez, la decisón más importante del Tribunal es que ordena al presidente Juan Manuel Santos que se abstenga de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria de destitución del alcalde Gustavo Petro, impuesta por la Procuraduría conforme a las consideraciones del fallo, en las que se establece que deberá ordenarse la vinculación del mandatario a este proceso de tutela, "en la medida en que es quien debe darle cumplimiento o ejecución a la decisión administrativa proferida por la Procuraduría".
Petro insiste: presentará nuevo recurso para evitar su destitución
Minutos antes, la defensa del alcalde de Bogotá había dicho que interpondría una acción denominada de "restablecimiento del derecho".
Será radicada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con el fin de suspender la decisión de la Procuraduría.
El exfiscal General Mario Iguarán es el encargado de presentar este recurso, refiriéndose al artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, que estipula “el restablecimiento de los derechos para cesar los efectos de la sanción penal o disciplinaria”, señaló El Espectador.
Iguarán, uno de los abogados de Petro, dice que cuando sea pertinente la Fiscalía o los jueces de la República podrán emitir medidas cautelares para que no se vulneren las garantías procesales o los derechos del Alcalde que estén siendo afectados, aseguró el diario.
En el documento también se pide una audiencia pública en la que estarán presentes un representante del ente investigador, la Procuraduría y los delegados de las víctimas, luego un magistrado estudiará el recurso y decidirá, concluyó el medio.
El grupo de defensores de Petro se reunirá este martes para analizar la situación jurídica del Alcalde, luego de confirmarse su destitución, informó El Tiempo.
15 de enero de 2014, 02:16Bogotá, 15 (PL) La suspensión temporal del fallo de la procuraduría contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, abre un nuevo derrotero a la posibilidad de que su destitución e inhabilitación queden sin efecto.
México (PL) Poco debe parecerse el México de este enero al de 85 años atrás, quizás solo en el frío, en esa temperatura que amenaza con taladrar los huesos, y en la majestuosidad permanente de numerosas construcciones.
15 de enero de 2014, 01:19Kiev, 15 ene (PL) Ucrania instó a Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a cesar de inmiscuirse en la política interna, ser observadores objetivos e imparciales y mostrar discreción en sus evaluaciones, según reportó hoy el servicio de prensa de la Cancillería.
15 de enero de 2014, 05:11Caracas, 15 ene (PL) La empresa portuguesa Cimontubo asumirá la construcción de nueve tanques de almacenamiento en la refinería venezolana de Amuay, principal instalación de ese tipo en el país, informaron fuentes del sector.
Argomento precedente
México (PL) Poco debe parecerse el México de este enero al de 85 años atrás, quizás solo en el frío, en esa temperatura que amenaza con taladrar los huesos, y en la majestuosidad permanente de numerosas construcciones.
