|
|
General: exfuncionarios de uribe vinculados a procesos : un lunar que crece .
Triar un altre plafó de missatges |
|
|
| De: Ruben1919 (Missatge original) |
Enviat: 20/07/2011 14:46 |
|
|
|
|
Solicita que se mantega la pena de 30 años por el caso del Palacio de Justicia.
En un documento de más de 150 páginas, la fiscal Martha Lucía Zamora pidió a la Corte Suprema de Justicia que en la revisión de la condena de 30 años contra el coronel Alfonso Plazas Vega no dé crédito a los argumentos de la defensa del coronel y de la Procuraduría.
La Fiscalía pide que se mantenga la pena y que en su examen la Corte tenga en cuenta los recientes resultados de las pruebas de grafología practicadas al testigo Edgar Villamizar, quien luego de entregar valiosa información a los investigadores, dijo que había sido suplantado y que no sabía nada del tema.
El documento fue entregado al Tribunal Superior de Bogotá, que lo tendrá que remitir a la Corte Suprema para que se pronuncie como última instancia judicial. |
|
|
|
|
También el ministro de Defensa le dijo al presidente Uribe, a quien calificó como enemigo del actual gobierno, que no es legítimo hacer política con los cadáveres de los soldados…
Polemistas en la Internet le recordaron al presidente Uribe las cifras de los heridos y muertos de las fuerzas armadas durante su mandato, para demostrar que las cifras actuales son inferiores a las anteriores, pero también para decir que ellas no explican por sí solas el éxito o fracaso de un gobierno.
Las críticas al gobierno Santos por parte del ex presidente Álvaro Uribe se incrementaron en las últimas horas a raíz del ataque de las Farc en Caquetá
¨Mientras asesinan soldados el Congreso niega fuero militar, pero si aprueba marco jurídico d paz q da impunidad a FARC¨.
¨Expectativa de negociar a través Pte Chávez arrecia criminales FARC para llegar fuertes al “dialogo” sobre la sangre de los soldados. Rechazo¨.
¨Recuerden nuestro camino: desarticular al terrorismo: autoridad firme, reinserción sin impunidad y política social que evite reclutamiento¨.
“El presidente Uribe, a quien apreciamos, y él así lo sabe, conoce y sabe como nadie, el sacrificio que en Colombia hacen los soldados y policías al servicio del pueblo colombiano. Ellos se sacrifican, se esfuerzan todos los días, se dedican a defender al pueblo colombiano, están en una actitud ofensiva. Es importante que eso se conozca y se registre también”.
En las redes sociales se prendió el debate y varios de sus contrincantes le recordaron las cifras de los miembros de la fuerza pública muertos en combate durante su mandato
|
|
|
|
|
Jorge Noguera, el ex funcionario que pagará la condena más alta
El ex director del DAS llegó armado a varios de los interrogatorios en la Fiscalía.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El hombre que 'puso el DAS al servicio de los paramilitares' se dedica a sembrar papa en La Picota.
La noticia de que pasará las próximas dos décadas de su vida en una cárcel le llegó a Jorge Noguera Cotes once días antes de su cumpleaños número 48.
La condena fue el miércoles pasado y lo primero que hizo fue llamar a su abogado para pedirle copia del fallo de la Corte Suprema, que dice que "puso el DAS al servicio de los paramilitares". Desde ese momento, dicen sus compañeros del pabellón de los 'parapolíticos' ha mostrado "una serenidad que da escalofrío".
A diferencia de varios de sus camaradas de prisión, la disciplina de Noguera en la cárcel ha sido la constante. Este abogado javeriano que acaba de recibir la condena más alta contra un ex alto funcionario del Estado -25 años por nexos con los 'paras' y un homicidio, de los que ya pagó cuatro- poco sale de su celda y es uno de los trabajadores más juiciosos de la famosa granja del patio, donde es usual encontrárselo con una chaqueta de trabajo del Sena y botas pantaneras. Allá siembra papa y cebolla.
Lejos están los días de las gafas de sol y las fotos en revistas de farándula, en las que exhibía orgulloso su pasión por las armas de fuego.
El hombre que pasó fugazmente por uno de los consulados más apetecidos, el de Milán (Italia), es, con Teodolindo Avendaño, de los pocos inquilinos de ese pabellón que no tienen salud prepagada. En Santa Marta dicen que tuvo que entregar en dación de pago el apartamento en el que se hospedó Álvaro Uribe en el 2002, cuando Noguera fue jefe de su primera campaña presidencial en Magdalena.
De hecho, lleva semanas con la idea de crear desde su celda una venta por Internet de elementos deportivos, para apoyar económicamente a su esposa, que trabaja en un colegio de Bogotá.
"A veces se duele de ingratitud, porque el pasado gobierno no tuvo con él la solidaridad que sí ha mostrado con María del Pilar Hurtado. Pero nunca uno escucha que hable mal del ex presidente Uribe -dice un ex congresista costeño, también detenido-. Ni siquiera de Rafael García".
García, el amigo que conoció en 1995 en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y que se reencontró con él en la campaña del 2002, fue su perdición cuando decidió llevárselo para el DAS como jefe de Informática. Allá, García no le decía 'señor Director' sino 'viejo George', y varios testimonios recogidos por la Corte señalan que él y el secretario general Gian Carlo Auque mandaban más que Noguera.
En medio de ese descontrol se incubaron dos de los escándalos que terminaron por llevar al organismo de inteligencia a su liquidación, que debe concretarse antes de fin de año: el de la infiltración 'para' y el de las 'chuzadas'. Por el primero, Noguera ya fue condenado y destituido, y está llamado a juicio por el segundo.
¿Amigo de 'Jorge 40'?
En el 2006, cuando ya las aguas del escándalo le llegaban a Jorge Noguera al cuello, el ex presidente Uribe lo defendió con una frase que hizo carrera: "Me pareció un buen muchacho". Pero detrás de la pinta de niño bien que hacía suspirar a muchas mujeres se escondía, según la justicia, una ficha de los paramilitares de la Costa que incluso se prestó para sus asesinatos.
En los tres años largos que estuvo en el DAS, cargo al que llegó sin ninguna experiencia importante para una responsabilidad semejante, Noguera mostró una cara menos amable. Muchas de las demandas que perdió el DAS se debieron a traslados y destituciones que ordenó sin mayores fundamentos. Y varias de ellas, dice la Corte Suprema, afectaron a detectives que estaban empeñados en atacar a las autodefensas. Eso pasó con Sigifredo Puentes, a quien trasladó a un puesto caliente (Saravena, en Arauca), cuando se preparaba para darle un golpe de gracia a la fortuna del jefe 'para' Hernán Giraldo.
La lista de funcionarios que promovió y que terminaron salpicados por líos de los 'paras' también es larga: el mismo Rafael García; el subdirector Miguel Narváez (llamado a juicio por el asesinato de Jaime Garzón); los ex directores seccionales Emilio Vence, Rómulo Betancourt y Gloria Bornachelly y el ex DAS Javier Valle, señalado de participar en el complot que terminó en el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis. Noguera fue condenado por ese crimen.
Ante la Corte, no pudo justificar al menos dos encuentros con 'Jorge 40', máximo jefe paramilitar de la Costa, al que le puso incluso una camioneta blindada para su seguridad. Él decía que ese contacto se debía al proceso de paz, pero el ex comisionado Luis Carlos Restrepo lo desmintió. Y otro jefe 'para', Salvatore Mancuso, aseguró que el trato entre Noguera y '40' era "de bastante cariño y amistad".
Hoy, en la cárcel, se le ve más cercano a Dios, incluso rezando el rosario. Hace varios años, mientras se fumaba un habano cubano en Santa Marta, le había dicho a una amiga que no entendía cómo algunas personas "podían dejar en manos de un ser invisible toda su existencia".
DAS y 'paras' se aliaron en asesinato
El caso del sociólogo barranquillero Alfredo Correa de Andreis, asesinado por sicarios el 23 de septiembre del 2004 en la capital del Atlántico, también figura en la condena contra Noguera.
Correa de Andreis fue seguido durante un año por el detective del DAS Javier Valle Anaya, quien hizo el montaje para vincular al profesor universitario a un proceso penal por rebelión.
Valle Anaya tenía vínculos con el jefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias 'don Antonio', que ordenó la muerte del profesor.
Ese detective fue condecorado y ascendido en tiempos de Noguera.
justicia@eltiempo.com
|
|
|
|
|
Fiscal General dice que dictará medidas contra 60 dirigentes políticos
Por: YAMID AMAT | 8:30 p.m. | 05 de Mayo del 2012
Montealegre traerá profesores de varios países para entrenar a los funcionarios.
Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO
Investigaciones fueron por nexos con paramilitares. La decisión se tomará la próxima semana.
Medidas de aseguramiento contra mas de 60 dirigentes políticos, por relaciones con el paramilitarismo, dictará la próxima semana la Fiscalía. El fiscal, Eduardo Montealegre, dice que en junio hará un pronunciamiento sobre "relaciones de la política con las Farc, que estremecerá al país". También anuncia un revolcón en la Fiscalía y la contratación de técnicos y especialistas extranjeros para capacitar a los fiscales y agentes del CTI y de la policía judicial. Abre la entrevista comentando que el sistema penal acusatorio "no ha fracasado, pero requiere un gran impulso".
"No hay crisis, pero estamos ensayando un modelo ajeno a nuestras tradiciones jurídicas, y por lo tanto se presentan dificultades en su implementación. Tenemos que buscar nuevos mecanismos de administración, rediseños institucionales, pero sobre la base de que el sistema no tiene reversa. Es impensable que después de diez años diéramos un giro hacia estructuras procesales que ya han sido superadas", afirma. (Lea también: Fiscal General pidió dejar madurar el sistema penal acusatorio).
¿Cuáles son las dificultades del sistema?
Hay una gran dispersión en los criterios de interpretación del sistema acusatorio. No solo en la Fiscalía, sino en los jueces de garantías y en los que profieren el fallo. El ciudadano tiene derecho a que exista igualdad en la interpretación, y hasta ahora no se han logrado criterios unitarios de interpretación de la ley. Otro tema que debe corregirse es que si bien es cierto que los fiscales tienen, por Constitución, cierta autonomía, también es cierto que el Fiscal General puede impartir directrices generales de política criminal. Creo que todavía jueces y fiscales no han interpretado correctamente muchas figuras del sistema acusatorio, sobre todo para hacerlas compatibles con garantías ya consagradas en tratados internacionales.
¿Y qué piensa hacer para remediar esas dificultades?
Es necesaria una capacitación para que los fiscales hagan compatible el modelo acusatorio con los tratados internacionales. He encontrado que no hay coordinación entre los fiscales y el Cuerpo Técnico de Investigación. El sistema acusatorio está estructurado sobre un papel muy destacado de la policía judicial, pero en coordinación con los fiscales.
Parece dar a entender que la Fiscalía requiere una gran reforma...
Se necesitan rediseños administrativos, establecer mecanismos de coordinación interna, porque existen una cantidad de unidades, pero cada una actúa como si fuera el Llanero Solitario. Esto parece la novela de Daniel Defoe sobre Robinson Crusoe, cada unidad es una isla y no tiene comunicación con las demás.Voy a impartir directrices sobre el rediseño de la Fiscalía. Colombia ha pasado de la criminalidad individual a la gran macrocriminalidad, las graves violaciones a los derechos humanos se han producido por estructuras organizadas de poder que funcionan de manera distinta a la delincuencia individual y, por lo tanto, hay que rediseñar la Fiscalía para responder a esas nuevas formas de criminalidad. (Lea acá: Eduardo Montealegre anuncia revolcón en unidades claves de la Fiscalía)
¿Cómo definiría ese rediseño?
Vamos a dar un verdadero revolcón, con los instrumentos administrativos que tenemos. Voy a modernizar la escuela judicial, para enseñar sobre la investigación científica. El soporte de las investigaciones debe ser la prueba técnica; hay que llevar la tecnología a la investigación. Me propongo convertir la escuela judicial en un organismo de nivel universitario, donde se realice la capacitación de los funcionarios de la Fiscalía.
¿Quiénes dictarán las cátedras?
Buscaré cooperación internacional para que los investigadores del CTI aprendan las técnicas modernas de investigación, sobre todo cuando se trata de asumir investigaciones masivas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahí habrá un impulso muy grande, un rediseño integral de la escuela judicial.
¿Dónde va a funcionar?
Vamos a aprovechar la antigua sede del DAS en Aquimindia para formar fiscales y miembros del cuerpo técnico que tengan como carrera exclusiva la investigación y el conocimiento del derecho penal. Queremos constituir un centro universitario y que en el futuro se convierta como condición necesaria para ingresar a la Fiscalía haber obtenido título y capacitación muy avanzada en la escuela judicial, en técnicas de investigación. Ahí tenemos que hacer una gran reformulación. Si la familia nos autoriza, queremos hacerle un homenaje a Enrique Low Murtra llamando con su nombre la nueva escuela.
¿Qué tipo de cooperación internacional es la que busca?
Cooperación tecnológica y catedrática en Estados Unidos y Europa. Los holandeses suministran capacitación muy importante en formación de analistas del cuerpo técnico de policía judicial. Los ingleses han aportado gran ayuda tecnológica en lucha contra la corrupción. Los norteamericanos tienen una tradición enorme en aplicación de la tecnología a la investigación criminal. Los alemanes han contribuido muchísimo a la justicia transicional. El Consejo Noruego para los Refugiados tiene una gran experiencia en investigaciones de desplazamiento forzado.
¿La idea es contratar técnicos y profesores de esos países?
Sí. Vamos a contratar capacitadores de esos países para que vengan a preparar especialmente a la Policía Judicial. Tenemos que introducir la tecnología en la investigación penal, mientras no lo hagamos no podremos dar grandes saltos en la lucha contra la criminalidad. Vamos a usar la universidad a distancia para llevar esa capacitación a la periferia, y que no se quede solo en Bogotá.
Este gran revolcón interno que anuncia me conduce a la conclusión de que encontró deficiencias en fiscales e investigadores...
Obviamente hay deficiencias. Hemos avanzado muchísimo en técnicas de investigación, pero estamos lejos de alcanzar las metas. Todavía estamos en una etapa en la que las investigaciones giran alrededor del testimonio y la realización de preacuerdos. Es decir, operan con base en unas fuentes de investigación que no son lo suficientemente fiables, al menos en este país, como es cifrar todo en un testimonio. Tenemos que lograr la modernización del CTI para que los investigadores conozcan técnicas modernas.
También lo advertí preocupado por la Policía Judicial...
Sí. Creo que el eje central del sistema acusatorio está en la Policía Judicial, y me parece que los investigadores del CTI, los investigadores de la Policía Judicial, tienen que ser personas con una gran formación en derecho penal, en la teoría del delito, en la estructura general de imputaciones del derecho penal nuestro y el derecho penal internacional. Un investigador puede orientar correctamente un proceso cuando tiene un conocimiento muy serio de cómo son las estructuras de imputación, cómo opera el sistema penal y cuáles son las categorías del sistema penal en las que se pueden aplicar las técnicas de investigación. Ahí falta una gran capacitación
¿El gran revolcón lo va a aplicar en el CTI y la Policía Judicial?
Sí. Son los dos pilares del gran revolcón, conjuntamente con el rediseño de la escuela judicial. Una de las labores que he realizado en este primer mes de gestión es hablar intensamente con la comunidad internacional para lograr cooperación de investigación de Inglaterra, Holanda, Noruega, Alemania y Estados Unidos. Encontré una gran receptividad para ayudar a Colombia. Me atrevería a anticipar que la lograré.
¿Cuántos fiscales tiene el país?
Hay 11.352.
¿Y cuánta gente en el CTI y la Policía Judicial?
En el CTI hay 9.230 servidores, incluyendo los incorporados del DAS.
¿Todos serán sometidos a capacitación?
Gradualmente, hasta lograr una cobertura de formación integral.
¿De qué manera puede resultar afectado el ciudadano común si no hay una gran capacitación de los fiscales y agentes?
Como institución, la Fiscalía cuenta con enormes poderes y por eso tiene que actuar con gran ponderación. Si no están bien capacitados se pone en peligro uno de los derechos esenciales del ser humano: la libertad.
¿Se puede esperar de la Fiscalía pronta y cumplida justicia, si no tienen sus investigadores alta capacitación? ¿La capacitación podría romper el cuello de botella de la morosidad?
Desde luego. Un número considerable de denuncias carecen de relevancia penal y muchas veces son temerarias. Hay abuso en el derecho de acceso a la justicia. Un funcionario bien capacitado puede rechazar inmediatamente las imputaciones absurdas e irresponsables.
¿Siente incapacitados a fiscales y agentes en general?
En la física, cada 500 años se produce una gran revolución, pero en el derecho, y sobre todo en el penal, cada 30 años encontramos nuevos paradigmas. La capacitación y la adquisición de conocimiento son permanentes e infinitas. Con razón Borges, en uno de sus cuentos, describió el universo como una biblioteca infinita. Queremos que estas necesidades de reorientación de investigaciones se reflejen en los exámenes que se van a hacer para la carrera judicial.
¿A qué tipo de exámenes se refiere?
A los de ingreso a la carrera. Vamos a convocar cerca de 14.000 nuevos cargos en el transcurso de dos años, cumpliendo la orden de la Corte Constitucional.
Una de las funciones fundamentales de la Fiscalía son los derechos humanos. Human Rights Watch reconoció que hay avances, pero dijo que todavía estamos muy mal... ¿Por qué no pide su asesoría?
No creo que sea una ONG que preste ese tipo de asesorías, pero voy a buscar capacitación en derechos humanos con instituciones muy reconocidas en el país. Puedo pecar por excluir muchos, pero De Justicia, una institución de análisis, integrada por juristas muy respetables, conocedores del derecho constitucional, del derecho internacional humanitario, nos podría ayudar en la capacitación que necesitamos.
¿Y cómo estamos en derechos humanos?
El conflicto armado ha implicado violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. En solo Justicia y Paz, las víctimas han denunciado más de 300 mil casos de graves violaciones a derechos humanos. Una de las tareas de la Fiscalía es trabajar con criterios prioritarios para superar la impunidad. Y le voy a revelar lo siguiente: al finalizar la próxima semana, por fuera del marco de la justicia transicional, la Fiscalía dictará más de 60 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos, por relaciones indebidas con el paramilitarismo.
¿Qué llama usted "dirigentes políticos"?
Miembros de cuerpos de elección popular de entidades territoriales.
¿Esa es no es facultad de la Corte Suprema?
No se trata de aforados constitucionales.
¿Hay exparlamentarios?
No. Exconcejales, exdiputados y actuales activistas de partidos políticos.
¿Y qué pasará con la llamada Farcpolítica?
En junio, probablemente, tendremos un pronunciamiento sobre relaciones de la política con las Farc. Si las hipótesis que trabajamos se llegan a confirmar, el país se estremecerá.
¿Qué han descubierto?
Ya lo informaremos.
¿Investiga relaciones de altos dirigentes políticos con el conflicto?
Sí.
¿Qué tan altos?
Importantes dirigentes de la política. Y no puedo decir nada más.
¿Fracasó Justicia y Paz? Desde que se aprobó se han presentado, como dice usted, 300 mil denuncias, y la Fiscalía ha fallado apenas 3 o 4...
Debemos reconocer que hay crisis en la justicia transicional. Es indudable que no ha producido los resultados que se esperaban, y eso implica necesariamente un gran rediseño en las investigaciones de Justicia y Paz. Hay que trabajar sobre criterios de priorización, para la investigación de grandes violaciones a los derechos humanos. Estamos a tiempo de salvar el proceso.
¿Pero hasta este momento el proceso ha fracasado?
Tiene enormes dificultades, pero vamos a intentar rescatarlo. Aún tenemos un tiempo razonable para darle un nuevo rumbo. Tenemos que determinar cuáles son los casos más graves, cuáles las estructuras o aparatos de poder que están detrás de esas violaciones a los derechos humanos, y establecer quiénes les daban apoyo. Hay que rediseñar la forma de investigación en Justicia y Paz. El país no puede olvidar que iniciamos un proceso de justicia transicional sin transición.
¿Cuántos desmovilizados hay con su situación en el limbo?
Unos 30 mil. A ellos no se les puede dar tratamiento de delito político, porque la Corte Suprema, con razón, lo negó. Ni se puede aplicar el principio de oportunidad, porque la Corte Constitucional no lo permite. En este momento, el marco jurídico colombiano es que todos tienen que afrontar proceso penal, y duraríamos más de 100 años en esas investigaciones. Estamos trabajando en reorganizar metodologías para realizar investigaciones también por grupos, determinar a qué estructura organizada de poder pertenece ese desmovilizado, y trabajar sobre ese criterio y no sobre casos individuales. Pero la Corte Constitucional prohibió la investigación y sentencia en grupo...
Por eso creo que hay que hacer una reinterpretación de normas procesales, para establecer la posibilidad de que estos casos se investiguen conjuntamente.
Investigación a excomisionado Restrepo sigue
A propósito de desmovilizados, ¿en qué va lo de la 'Cacica Gaitana'?
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra el general Lelio Suárez Tocarruncho, acusado de haber comprado y entregado las armas al supuesto grupo ilegal.
¿Y el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo?
La medida de aseguramiento le fue revocada por un juez de garantías, pero obviamente esa investigación continúa su curso en la Fiscalía
¿Y cómo va?
Avanzando. No podría darle más datos
¿El excomisionado fue engañado o estaba enterado?
Ese es uno de los temas de investigación, pero no puedo entrar en juicios particulares de responsabilidad en ese caso, porque es un proceso en curso.
Está satisfecho con los acuerdos en la reforma de la justicia
En primer lugar, que se suprimen las funciones jurisdiccionales del Congreso de la República. Eso significa la modificación de una tradición constitucional de más de 100 años, en la cual el Congreso podía hacer investigaciones penales y disciplinarias. Estaban fusionados equivocadamente en el Congreso la función de control político y el juzgamiento penal de los altos dignatarios del Estado. Esa estructura se justificó en los siglos XVIII y XIX, cuando los congresos tenían funciones jurisdiccionales para resguardarse, en cierta forma, de las monarquías. En segundo lugar, al quitarle la función jurisdiccional al Congreso, este puede concentrarse en los juicios de responsabilidad política contra los altos dignatarios del Estado. En tercer lugar, el nuevo rediseño administrativo de la rama jurisdiccional, con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Y en cuarto lugar, que notarios y abogados puedan administrar justicia para descongestión. Esto permitirá un mayor acceso del ciudadano a la justicia.
Estoy satisfecho. Creo que la reforma, como fue rediseñada, va a implicar grandes avances en la administración de justicia.
En caso Nule se aplicará el cambio en beneficio del preacuerdo
Usted anunció una inminente decisión sobre los Nule...
La semana entrante hay audiencia y revelaremos nuestra posición. Temas centrales son el manejo de los preacuerdos con los Nule, que están suspendidos, y el del principio de oportunidad.
No es muy amigo de los preacuerdos...
Los preacuerdos y el principio de oportunidad son mecanismos muy importantes en un sistema acusatorio. En nuestra cultura política se cree que solo hay justicia cuando se impone una pena proporcional al daño causado. Sin embargo, los sistemas acusatorios no se fundamentan solo sobre el concepto de retribución. El sistema debe servir para desarticular organizaciones criminales, desmontar aparatos de poder y descubrir a todos los responsables. La rebaja de penas es para obtener grandes resultados con denuncias de los beneficiados.
¿Qué lo condujo a suspender el acuerdo?
Quería conocer los términos en los que se estaba realizando. Me propongo expedir unas directivas generales, no solamente para el caso Nule, sobre cómo deben manejarse los casos, la filosofía del preacuerdo y del principio de oportunidad. Es decir, igualdad de los ciudadanos en la interpretación y aplicación de la ley.
¿Qué directivas piensa impartir sobre los preacuerdos?
Que se demuestre que la colaboración que está prestando la persona, tanto en el preacuerdo como en el principio de oportunidad, es fundamental para desarticular estructuras criminales. Examinar qué tan importante fue la colaboración, y si realmente las revelaciones conducen a la recuperación de los bienes de parte del Estado. No obtienen nada el Estado y el sistema penal imponiendo penas muy altas, si paralelamente no hay una política muy fuerte de recuperación y de extinción del dominio de los bienes adquiridos con el delito.
¿Es indispensable en los preacuerdos que los implicados delaten a sus cómplices?
Sí. El preacuerdo es una justicia de premio. Si la delación contribuye eficazmente a señalar cómo era el modus operandi de un grupo o de un aparato organizado de poder, se pueden obtener beneficios. Es indispensable saber quiénes eran los cómplices, quiénes eran los financiadores, cuál fue el destino final de los bienes, cuál era la articulación que tenía esa organización. Se trata de información que contribuya a reconstruir la verdad histórica de lo ocurrido.
En el caso de los Nule, ¿solo si confiesan con quiénes acordaron pagos, anticipos, contratos, habrá preacuerdo?
Será uno de los elementos al momento de concretar preacuerdos y principio de oportunidad.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
En su opinión, ¿cuál fue el acuerdo más importante que se logró en la cumbre de poderes frente a la reforma de la justicia? |
|
|
|
|
|
|
|
|
www.youtube.com/watch?v=R4pUjy1lzU427 Abr 2012 - 91 min - Subido por sucreranda
230412 Documental que muestra al Ex narcopresidente y a su familia como aliados de la mafia "Expediente ...
|
|
|
|
|
|
Exclusivo: entrevista con Rafael García. Dice que desde el DAS se traficaba.
Noticias Uno
Miércoles 9 de septiembre de 2009
Hace una semana les contamos que el ex director de informática del DAS, Rafael García, le entregó a las autoridades de Estados Unidos una declaración con graves señalamientos... Entre ellos que, bajo la administración de Jorge Noguera, se armaron operaciones de narcotráfico desde el DAS... Arnulfo Méndez de Noticias Uno logró hablar con Rafael García, quien ratificó estas afirmaciones y fue más allá...
García asegura además que el DAS entregó sofisticadas armas a los paramilitares, y que además hubo infiltración de esos grupos en la justicia, en la Fiscalía, en Medicina Legal y en la Registraduría.
El ex jefe de informática del DAS, Rafael García, ratificó ante un equipo de Noticias Uno que desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y bajo órdenes de Jorge Noguera, se adelantaron operaciones de narcotráfico.
“Lo único que puedo decirle es que desde el DAS en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS, es lo único que puedo decir acá”.
La primera información sobre un presunto cartel del narcotráfico en el DAS fue revelada por Noticias Uno, al dar cuenta de un documento con graves acusaciones, que García entregó a autoridades de Estados Unidos... En ese papel también se habla de lavado de activos
“Yo fui condenado por traer dinero del exterior a través del aeropuerto. Lo que ocurre es que la Fiscalía, como para variar, la Fiscalía de don Mario Iguarán, nunca investigó más allá, solamente se quedó con Rafael García”.
Según García, no fue casualidad que se adelantaran actividades ilegales desde el DAS, durante la administración de Jorge Noguera, sino que realmente él y el director eran cuotas del Bloque Norte de los paramilitares, puestos allí a través de políticos patrocinados por ellos.
“La mayoría de esos políticos como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración de llegar al Congreso, por lo tanto cuando el Presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas”.
El es jefe de informática reiteró que él mismo diseñó un fraude electoral para favorecer a políticos afines a los paramilitares en la lección parlamentaria y a Álvaro Uribe, en la elección presidencial de 2002.
“En el caso del Bloque Norte, Jorge Noguera supo que él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido, entonces buscó ese apoyo a través de mi, porque yo había trabajado en su campaña, participé del fraude electoral y todo”.
La colaboración de la cúpula del DAS con los paramilitares –según Rafael García- no se limitó a borrar antecedentes, sino que incluso fusiles del última generación comprados por el DAS terminaron en manos de paramilitares.
“Se compraron armas y se que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. Eso fue manejado por Gian Carlo, Jimmy Nasar y Jorge Noguera”.
García asegura que desde el DAS se infiltraron también otras instituciones.
“El DAS pues obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal, eso por el encargo que me hacen a mi”.
En el caso de la Registraduría Nacional, asegura que el hombre clave fue el gerente de informática.
“A través de José Morillo que era el gerente de informática de la Registraduría y él había sido puesto ahí por los Araujo, inclusive, mucho antes de que nosotros llegáramos al DAS”.
García sostiene que Jorge Noguera lo tranquilizaba, diciéndole que si era el caso el presidente y el fiscal general, para ese momento Luis Camilo Osorio, saldrían en defensa de ellos.
“Él me dijo: no te preocupes que el Presidente y el Fiscal están al tanto de eso y ellos nos protegen en su momento”.
|
|
|
|
|
Sobreviviente de 'falso positivo' relata su experiencia
Por: SAIR BUITRAGO MEDINA | 9:53 p.m. | 05 de Mayo del 2012
Por 'falsos positivos', la Fiscalía lleva casos que vinculan a 3.963 uniformados.
Foto: Rodolfo González
En el año 2006, un campesino aceptó una noche de tragos y terminó en medio de un operativo militar.
Ernesto Suárez*, un cotero de Cabrera (Cundinamarca), es el primer caso que conoce la justicia de una víctima que logró sobrevivir a uno de los 1.549 'falsos positivos' que se investigan en la Fiscalía. (Lea acá: Piden condena máxima por 'falso positivo').
El joven campesino, considerado testigo clave en el proceso contra un coronel del Ejército, por un dolor de estómago se salvó de morir en medio de un supuesto enfrentamiento en el que sí fue asesinado su primo.
Lo que inició como una fiesta con trago gratis terminó siendo parte de una misión que realizaban hombres del Batallón 39 para anotarse un par de bajas en combate. Según un reporte militar, fechado el 16 de septiembre del 2006, en la casa donde Ernesto y su primo pasaban el guayabo -después de esa noche de rumba- había sido ubicado el lugar donde las Farc supuestamente escondían secuestrados. (Lea también: A 43 años condenaron a militares por 'falso positivo' en Caldas).
"Me salvé porque me dieron ganas de ir al baño y me fui para atrás de la casa; allá estuve como tres minutos y vi unas pisadas que me llamaron la atención porque ninguno de nosotros había estado por allá. Volví a entrar a la casa por la parte de atrás y le alcancé a decir a mi primo que algo raro estaba pasando, él se asomó a la puerta y ahí nos encendieron a plomo". Ese es el último recuerdo que tiene de su primo Helver Antonio.
"Yo cogí una pistola que había en la mesa y me tiré por una ventana, cogí monte abajo y del susto no veía nada, solo recuerdo que corrí con todo y escuchaba que me venían persiguiendo. Yo no sé cuántos disparos me hicieron ni quién disparaba, lo mío era correr", dijo.
Venticuatro horas antes, Suárez estaba tomando licor en un bar con rocola frente al parque principal del municipio. A ese sitio llegó un hombre que, según la investigación, habría actuado como reclutador del 'falso positivo'.
"Ese día estábamos tomando cerveza con mi primo y llegó un muchacho 'Freddy', que me lo había presentado mi primo ocho días antes; él nos preguntó que si queríamos ir a seguir tomando en Fusa, entonces le dijimos que no teníamos plata y que estaba muy tarde, y él nos dijo que no había problema, que allá gastaban todo. Aceptamos la invitación y él llamó a alguien y le dijo que ya iba con unos muchachos", señaló Suárez.
En el expediente dice que Helver Antonio, quien murió en el operativo militar, recibió 50.000 pesos de 'Freddy' para alquilar un carro que los llevara al sitio en donde supuestamente los esperaba una fiesta con licor y mujeres.
"Ya eran como las 7 de la noche y paramos en Chinauta para comprar dos litros de aguardiente, allá estaban el 'Paisa' y el 'Costeño'; ellos eran amigos de 'Freddy', dijo el testigo. Entre trago y trago, los supuestos reclutadores hablaron varias veces por celular, y esas llamadas permitieron vincular a la investigación al coronel Luis Fernando Borja, comandante de la brigada de la zona. La Fiscalía descubrió que horas antes del operativo hubo varias llamadas entre el oficial, 'Freddy' y el 'Costeño'. Por eso, Borja, que ha aceptado su responsabilidad en al menos 50 'falsos positivos' en Sucre, fue citado a indagatoria. (Siga este enlace para vivir: Tres militares destituidos e inhabilitados por 'falso positivo').
"En la avenida de Las Palmas nos paró la Policía para hacernos la prueba de alcoholemia, en ese retén se quedó el 'Costeño' y dijo que arreglaba todo. Como a las 11 de la noche ya estábamos en el bar La Curva, allá compramos más aguardiente; el 'Costeño' llegó al rato", relató Suárez, que hoy tiene 35 años y se encuentra escondido. Hace una semana, consiguió trabajo y prefiere ocultar su identidad para no perder el puesto. Y recordó: "Ese día la estábamos pasando muy bueno, hablábamos de todo, ellos se ganaron nuestra confianza. Era la tercera vez que nos veíamos. Ellos nos dijeron que si queríamos entrar a un negocio para extorsionar a un comerciante, que había buena plata, pero nosotros respondimos que no sabíamos de eso, que seguro era para problemas. No volvieron a tocar el tema", indicó.
"Como a las 4 de la mañana seguimos el camino hacia una finca, nos subimos en el platón del carro y vimos que en unas lonas blancas había unas armas; les preguntamos por ellas y nos dijeron que eran para catearlas (probarlas). También había platos, vasos y una estufa, todo nuevo. De la borrachera que teníamos no hicimos más preguntas y nos acostamos a dormir encima de esos costales", dijo.
"Llegamos a un sitio que estaba muy solo. Caminamos un rato y sacaron las armas y dijeron que las iban a probar, hicieron varios disparos contra unos palos y nos preguntaron que si queríamos disparar, dijimos que no sabíamos y ellos nos dieron instrucciones; yo eché dos tiros y devolví eso. (...) Llegamos a la casa, eran como las 6 de la mañana, y en agradecimiento por todo dijimos que preparábamos el desayuno; saqué una libra de arroz de un costal e intenté poner la estufa en la mesa, pero ellos habían dejado allí unas armas". (Lea también: Gobierno admite entre 2 y 5 'falsos positivos' en 'el último tiempo').
"El 'Paisa' dijo que iba a traer agua y, un ratico después, el 'Costeño' nos dijo que se iba a asomar al filito de la loma. Nos quedamos solos en la casa y ahí es cuando me salí al baño. Lo demás es una pesadilla. Yo no sé cómo murió mi primo, si alcanzó a correr, yo lo único que recuerdo es el ruido de los disparos y el salto por la ventana". Según el relato de Suárez, permaneció escondido seis horas en un matorral y cuando salió empezó a buscar la carretera a Pasca.
"Ya no corría, pero caminaba muy rápido, muy asustado, mirando para todos lados. Antes de llegar al pueblo escondí la pistola que me había llevado y me presenté a la estación de Policía y conté todo lo que había pasado; ellos me tomaron la declaración y me dijeron que me podía ir, pero yo les decía que por nada me salía para la calle". Tres horas tardaron los familiares de Suárez en llegar al sitio. Solo cuando ellos llegaron se atrevió a abandonar el lugar.
*Nombre cambiado
Proceso
Coronel Borja, enredado
El coronel Luis Fernando Borja, que ha aceptado su responsabilidad en más de 50 'falsos positivos' cometidos por la Fueza de Tarea Conjunta de Sucre, fue vinculado a esta investigación.
"Eso era un negocio para ellos (suboficiales y soldados), y yo, como comandante, me usufructuaba..., no económicamente, sino con felicitaciones", admitió Borja en una de sus declaraciones a la Fiscalía.
En el expediente por los crímenes de Sucre aparece como modus operandi la utilización de reclutadores que conseguían a las víctimas emborrachándolas antes de ser entregadas a los uniformados.
SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor de Justicia
|
|
|
|
|
Chiquita Brands International y los paramilitares en Colombia
Por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de Febrero de 2004, Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta, lo cual significó más de 100 pagos por más de $1.7 millones de dólares. Chiquita Brands empezó a realizar estos pagos después de una reunión en 1997 entre el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño y el director general de Banadex y fueron transferido en parte a tráves de la Convivir Papagayo [2]. Cabe recordar que el Secretario de Estado de EEUU designó a la estructura paramilitar las AUC como una organización terrorista extranjera el 10 de septiembre de 2001, por lo cual se convirtió en un delito bajo el derecho estadounidense concientemente suministrar apoyo y recursos materiales a dicha organización [3]. Esta financiación, que convierte a Chiquita Brands en uno de los fundadores de las AUC, impulsó la masiva comisón de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en estas dos regiones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes [4].
Chiquita en Colombia
Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. El entonces jefe paramilitar Carlos Castaño admitió públicamente que este hecho se consistía en “su mejor gol” [5]. La mayoría de estas armas nunca fueron entregados como parte del proceso de demovilización paramilitar realizado entre 2003 y 2006. El 16 de enero de 2008 la continuación de estos crímenes patrocinados e impulsados por Chiquita Brands quedó al descubierto cuando la policía nacional incautó a la organización paramilitar del “desmovilizado” Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano mayor del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, 47 fusiles AK-47 que al parecer provenían del mismo barco Otterloo [6].
Además de estar sustentado tanto en los sistemas judiciales de Colombia y Estado Unidos, esta relación entre Chiquita Brands International y la estructura paramilitar en Colombia -y por ende la responsabilidad de esta empresa en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos- ha sido corroborado durante el último año por diferentes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón o Jota, y Éver Veloza García, alias HH [7]
El 17 de septiembre de 2007 Chiquita Brands International se declaró culpable del delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia (EEUU) y fue condenado a pagar 25 millones de dólares al respectivo Departamento de Justicia. Según el memorando de condena del Gobierno, la Corte determinó que los pagos de Chiquita a organizaciones paramilitares fueron “revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, incluyendo oficiales, directores y empleados de alto rango”. Asimismo, la Corte consideró que a más tardar de septiembre de 2000 los directivos principales de Chiquita fueron informados que “la empresa efectuaba pagos a las AUC y que las AUC eran una organización paramilitar violenta dirigida por Carlos Castaño”. Además, un abogado de Chiquita realizó una investigación sobre los pagos en agosto de 2000 y elaboró un informe, lo cual dejó en claro que “la Convivir fue una mera fachada para las AUC y describió las AUC como una ‘organización paramilitar ilegal ampliamente conocida’”. Por último, este abogado interno “presentó los resultados de su investigación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva durante una reunión en la sede del acusado Chiquita en Cincinnati [EEUU] en septiembre 2000″ [8]. A cambio de esta aceptación de responsabilidad, la Corte decidió no proseguir con cargos penales o individualizar las responsabilidades de los directivos implicados, lo cual también abrió las puertas para el avance de los procesos penales en Colombia y la eventual extradición de los responables.
A raíz de todo eso, desde hace más de un año, diferentes altos funcionarios y políticos de Colombia y Estados Unidos han declarado reiteradamente a favor de la investigación y extradición de los altos funcionarios y directivos de Chiquita Brands [9]. Inclusive, la Fiscalía General de la Nación supuestamente se ha adelantado gestiones al respecto. Según el periódico Union-Tribune de San Diego (EEUU) del 20 de marzo de 2007, el Fiscal General de Colombia dijo que exigiría la extradición de “ocho personas presuntamente involucradas en los pagos de Chiquita” [10]. Aunque ninguna persona fue identificada en este momento, el fiscal general Mario Iguaran Arana afirmó que “deberían ser juzgados en Colombia, no solo por los pagos extorsivos, sino por el transporte y almenacenamiento de 3,000 fusiles” [11]. Luego, el 7 de diciembre de 2007, el periódico El Tiempo informó que la Fiscalía General de la Nación dictó una orden para llamar a indagatoria bajo cargos de concierto para delinquir agravado y financiación de grupos armados ilegales a los siguientes directivos de Chiquita: ROBERT FISHER, STEVEN G. WARSHAW, CARL H. LINDNER, DURK I. JAGER, JEFFREY D. BENJAMIN, MORTEN ARNTZEN, RODERICK HILLS, CYRUS F. FREIDHEIM, y ROBERT OLSON [12].
No obstante, en abril de 2008 el fiscal general Mario Iguaran Arana alegó que aún no se podía adelantar el proceso de extradición por la falta de “individualizar y judicializar” a los implicados. “Sí hay unos directivos de Chiquita Brands, pero no podremos nosotros pedirlos en extradición, sino que tenemos que tener una información que es la contentiva en ese acuerdo que celebró con la Corte norteamericana y que incluye un pacto de confidencialidad”, afirmó Iguarán [13].
Esta última afirmación sorprende aún más cuando se tome en cuenta que desde principios de enero de 2008 reposa en la Fiscalía General el Radicado No. 63.625 en el cual detalla exactamente las identidades de los directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita implicados en este caso como los responsables por los pagos o la provisión de armas a organizaciones paramilitares, y como los presuntos determinadores y patrocinadores de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidas por estas mismas [14].
Como se ve, no hay solamente “ocho personas presuntamente involucradas con los pagos de Chiquita” que se deberían investigar. Por sus cargos de dirección, auditoría, finanzas o operaciones, se deberían investigar y solicitar la extradición de por los menos 14 directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita Brands International, a saber CYRUS FREIDHEIM JR., RODERICK M. HILLS, ROBERT OLSON, MORTEN ARNTZEN, JEFFREY D. BENJAMIN, STEVEN STANBROOK, DURK I. JAGER, JAIME SERRA, ROBERT F. KISTINGER, JAMES B. RILEY, ROBERT W. FISHER, CARL H. LINDNER, KEITH LINDER, y STEVEN WARSHAW [15].
Con base en lo anteriormente expuesto, exigimos al Fiscal General Mario Igaurán adelantar los trámites procesales correspondientes, tendientes a la prosecución, captura y extradición de los mencionados empresarios de la Chiquita Brands International por los crímenes cometidos en el territorio colombiano debido a su participación en la financiación de la estructura paramilitar y el ingreso de armas.
Es claro que la Fiscalía General de la Nación no tiene por qué esperar que Estados Unidos responda a la solicitud para avanzar en la investigación de los máximos responsables de los crímenes cometidos. La Fiscalía General de la Nación debe tomar medidas oportunas y eficaces que reflejen su voluntad de lucha contra la impunidad; éstas deben ser apoyadas por los respectivos funcionarios administrativos y judiciales de ambos países.
|
|
|
|
|
Cierre del DAS derivó en feria de filtraciones secretas
Por: Elespectador.com
Así lo asegura la revista Semana en su última edición, que empezó a circular ayer.
 El DAS habría destinado varios detectives para infiltrar la Procuraduría General de la Nación.En esencia, la publicación documenta que el inminente cierre del organismo de inteligencia derivó en una filtración de operaciones encubiertas que hoy circulan en el mercado negro y que, incluso, gobiernos extranjeros obtuvieron el contenido de muchos reportes del DAS. Además, según Semana, testaferros del narcotraficante Daniel El Loco Barrera se hicieron a papeles clasificados en los que quedaron expuestos los nombres y las fachadas de cientos de detectives de la entidad.
Como si ya no fuera muy grave, la revista asegura que el DAS buscó infiltrar las Unidades de Trabajo Legislativo de parlamentarios de la oposición y que de esta maniobra estaban enterados altos funcionarios del Ministerio del Interior de Carlos Holguín Sardi . Además, se documentan operaciones contra el hoy ministro Germán Vargas Lleras . De colofón, Semana también constató informes sobre presuntos infiltrados del DAS en la Procuraduría. En síntesis, lo que se pretendía era estar todo el tiempo informados de los avances en la investigación de la yidispolítica y conocer el sentido del fallo en contra de los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio. Todo indica que el exprocurador Edgardo Maya y el hoy jefe de esa entidad, Alejandro Ordóñez, fueron seguidos e infiltrados.
De acuerdo con Semana, los nombres de más de seis mil funcionarios circulan en el mercado negro de Bogotá desde hace días. El director de la entidad, Felipe Muñoz, expresó su preocupación por esta feria de filtraciones que ponen en grave peligro la seguridad nacional y le dijo a la revista que judicializará a los responsables. En esos documentos también reportan los agentes de inteligencia sus labores de infiltración a grupos terroristas. Todas estas revelaciones deberán ser examinadas por la Fiscalía y los demás organismos de control.
|
|
|
|
|
Inicia juicio contra Valerie Domínguez por escándalo de AIS
 |
| SEMANA |
JUSTICIALa actriz afronta cargos por peculado por apropiación y falsedad en documento privado por haber recibido, de manera irregular, dineros del programa Agro Ingreso Seguro.
Lunes 28 Mayo 2012
Este lunes arranca el juicio contra Valerie Dominguez por el proceso que se le adelanta a raíz del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro.
La exreina y actriz es acusada de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, en calidad de tentativa. A pesar de que Domínguez devolvió los dineros que recibió (más de 300 millones de pesos), la Fiscalía decidió avanzar en su proceso por su eventual responsabilidad penal en el fraude.
La acusada ha manifestado que es inocente y que fue engañada por su entonces pareja, Juan Manuel Dávila, para que firmara unos documentos que permitían recibir los subsidios del cuestionado programa.
En febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá negó el pedido de la Fiscalía para citar a once testigos.
Agro Ingreso Seguro fue un programa del Ministerio de Agricultura para subsidiar a pequeños productores agropecuarios, pero según lo reveló la revista Cambio, estaba beneficiando a grandes empresarios y familias prestantes.
|
|
|
|
|
La Haya investigará el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Una ONG lleva a la Corte Internacional los 3.345 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008
La Federación Internacional de Derechos Humanos ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008. En especial, se señala el fenómeno de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, según cifras de Naciones Unidas. En su mayoría jóvenes y varones, fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército y grupos paramilitares. Las víctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación sostiene que el crimen derivó de la exigencia impuesta a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra la insurgencia. “Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos a domicilio”, señala el informe de la organización, recién presentado en Holanda, “el caso sería plenamente admisible por la CPI”.
Los falsos positivos se convirtieron en un escándalo internacional en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbación de Bogotá) se unieron para buscar a 16 de sus hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas. Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa común en Ocaña, al noreste del país, en la región andina. El Ejército los identificó como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el país denunciaron sucesos similares. Según la Federación, “la práctica adquirió carácter sistemático”. “Hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticas del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002. Había un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos insurgentes”.
El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de otro lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios “se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad”, la Federación pide a la CPI que intervenga.
Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, además de la Fuerza Pública. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en 2009 que el país figuraba en sus archivos “en fase preliminar de estudio”. Es decir, no se ha abierto una investigación oficial, pero la actuación de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los crímenes. Si bien la fiscalía de la CPI reconoce que las instituciones colombianas son fuertes, el temor es que no se avance. Que siga habiendo un desfase entre el grado de violencia y la impunidad registradas en el país. El Gobierno colombiano, sin embargo, no solo asegura que los tribunales están capacitados para llevar estos casos. Bogotá recuerda que reconoce la competencia de la CPI en su lucha contra el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no se trata de un Estado fallido necesitado de intervenciones externas.
|
|
|
|
|
Seguramente para el bobalicón kiko de la única manera que dejaría de ser yo ....uribista .... sería haciéndome trosko ...como en realidad lo es él .... jajajajajaja .. |
|
|
|
|
|
|
   |
Los falsos positivos, según sus protagonistas
 |
|
Las Madres de Soacha se convirtieron en la imagen del dolor de las familias
|
En su edición dominical, El Tiempo publicó una entrevista con el mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido en el mundo criminal como 'Zeus´. El militar preso desde febrero de 2008 reveló cuál fue su participación en los llamados “falsos positivos”.
El testimonio del mayor retirado permite conocer detalles sobre la forma como las ejecuciones extrajudiciales de civiles que después “pintaban” como guerrilleros o delincuentes eran una actividad rutinaria en las filas del Ejército.
Hasta hoy, cuatro años después de que se revelara esta práctica criminal, ya son varios los militares de todos los rangos que han confesado su participación en los 'falsos positivos', muchos de ellos para lograr rebaja de penas y otros -como Rodríguez- para lograr el perdón de su familia.
A continuación el 'top' diez de lo que se tejió alrededor de los falsos positivos, según las declaraciones de algunos de los militares responsables:
|
|
Eran un hecho rutinario. “A los dos meses de haber llegado al cargo de comandante de la Fuerza de Tarea (30 de marzo de 2007) me entero de que algunas de las bajas que se habían hecho en años anteriores y las que yo llevaba en dos meses eran montadas, 'falsos positivos'. Yo entré a hacer parte de la organización ilegal”: Coronel Luis Fernando Borja, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
“La más común era cuando uno reportaba por el radio: 'mi general, tengo dos bajas y tres capturados'. Y la respuesta era: 'ya mismo le mando el helicóptero con los del CTI para que hagan el levantamiento de las cinco bajas'. Era claro que había una orden de que a los tres capturados había que asesinarlos": Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez.
|
|
|
Órdenes superiores. “Cuando un soldado se allana a cargos y dice ‘sí, yo lo hice, yo lo maté, mi coronel no tenía conocimiento’, eso es mentira. Para hacer un falso positivo se necesita un tren logístico y una capacidad intelectual bastante amplia para poder maquinar y amarrar bien el procedimiento... es inaudito pensar que un soldado regular, cuya máxima bonificación es de $86.000, compre una pistola en el mercado negro que cuesta $700.000, o que va a dar dinero para traer víctimas desde otros departamentos, como ocurrió en el caso de Soacha... Somos los oficiales los que hacemos eso, porque uno tiene un entrenamiento y la capacidad intelectual y ha recibido cursos que dio la misma Fiscalía”: Capitán Antonio Rozo Valbuena.
"En las relaciones la pregunta era: 'coronel, ¿cuántas bajas lleva?'. Cinco, mi general. Y le respondían: '¡Bien!' 'Y usted coronel, ¿cuántas lleva?', '15 mi general'. 'Bien, ese es el coronel que necesito, siga así'. Luego empezaban a ridiculizarlo a uno diciéndole que estuviera pendiente para recibir las marraneras en la escuela de logística": Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez.
|
|
|
Se tejió una organización criminal. “Yo recibía la orden de mi coronel Borja de conseguir 'pelaos' para mostrarlos como 'falsos positivos' (...) Si una escuadra o patrulla iba a dar una baja, yo me entendía con el comandante y ahí se cuadraba cuánto valía 'el paquete', la víctima, y el armamento que se requería”: Cabo Luis Alejandro Toledo Sánchez. |
|
|
El trabajo y la rumba eran los señuelos. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros": Testigo protegido del caso de Soacha.
"En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran 'mientras llamaban a pedirlos'. Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos... Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo... Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa... Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos": Testigo protegido del caso de Soacha.
|
|
|
Hubo coordinación entre brigadas. “Fueron transportados en un helicóptero después de las 9 de la noche, que los recogió y los levo para Granada, Meta, a la brigada móvil número 12. Cinco días después, los cadáveres de los tres campesinos aparecieron en una fosa común de Granada”: Testimonio de ex soldado profesional |
|
|
Había presión para lograr positivos. El entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, visitó Corozal en abril de ese año para reunirse con las autoridades civiles y los altos mandos militares en un Consejo de Seguridad extraordinario. El Coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta de Sucre, estaba entre ellos. Santos se refirió a él y le advirtió personalmente de que debía conseguir resultados cuantitativos y medibles, o de lo contrario perdería el puesto. Testimonio resumido del Coronel Luis Fernando Borja |
|
|
Los Altos mandos sabían. “El general Mario Montoya era uno de los que promulgaban eso. Y él sabe que le conozco muchos pecados, pero yo tengo que asegurar mi vida, y así como él hay muchos. Primero, nos pidieron botellas de sangre, y terminamos en carrotanques de sangre. Si usted era un militar que no tenía muertos, estaba por fuera del sistema. Así que el capturado no valía”: Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez. |
|
|
Había recompensas. "Eso era un negocio para ellos (suboficiales y soldados), y yo, como comandante, me usufructuaba (sic) no económicamente, sino con felicitaciones": Coronel Luis Fernando Borja.
“Entre más muertos reportara una unidad, mejor se iba a ver calificada e iba a permitir que los comandantes tuvieran viajes al exterior o estímulos para sus subalternos": Capitán Antonio Rozo.
"En el 95 las medallas de orden público las daban con dos muertos; en el 2004, ya era con diez, y uno como militar se sentía orgulloso de lucir medallas de orden público. El sistema me llevó a mantener ese prestigio en el Ejército y cometí errores: ejecuciones extrajudiciales y lo demás": Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez.
|
|
|
Una sociedad criminal con los civiles y las autodefensas. "Era algo prácticamente impuesto. Los comandantes de compañía, estoy hablando de capitanes, mayores, tenientes, recibían guías de las autodefensas para ir a hacer operaciones en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá... Era prácticamente impuesta esa alianza entre Ejército y autodefensas": Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez. |
|
|
Los que participan también podían morir. "El soldado voluntario Gamboa Padilla era el encargado de matar a los reclutadores que estaban 'pintados'": Soldado condenado por falsos positivos en Córdoba.
"Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón": Testigo protegido por el caso de Soacha.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desde una cárcel del estado de Virgiina, Estados Unidos, el narcotraficante y paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el 'Tuso', detalló supuestos nexos de políticos, militares y policías con la estructura criminal. Las revelaciones fueron difundidas por el diario El Espectador.
Las revelaciones del narcotraficante Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra hechas desde una cárcel de Estados Unidos a una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, dejan en claro el poder económico y político que había adquirido la llamada ‘Oficina de Envigado’ una vez consolidó su poder criminal en el Valle del Aburrá.
De acuerdo con una versión difundida por el diario El Espectador, el ‘Tuso’ Sierra describió la manera en que actuaba esta estructura delincuencial en el área metropolitana de Medellín involucrando a diversos organismos de seguridad. Según el periódico bogotano, este narcotraficante convertido a paramilitar le explicó a la Fiscalía que “se trabajaba en llave con el CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía”.
Lo que ha dejado claro este confeso narcotraficante es que la ‘Oficina de Envigado’, creada por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pero que evolucionó a una red más compleja de narcotraficantes, bandas armadas y paramilitares, operaba con total amplitud gracias a sus conexiones con sectores de los organismos judiciales y de seguridad.
En su descripción de cómo se articulaban con agentes judiciales y de seguridad, Sierra aclaró que fue a través de pagos constantes que hacía Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quien trabajó en el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía a comienzos de la década del noventa y una vez fuera de la institución quedó con los contactos necesarios para continuar influyendo en los agentes. Varios ex funcionarios recuerdan aún los regalos en dólares que le hacía a sus compañeros en la temporada decembrina.
El ‘Tuso’ Sierra recordó también a otro ex funcionario de la Fiscalía General de la Nación, llamado Uber Duque, quien se desempeñó como Jefe de la Unidad Investigativa CTI Regional Medellín hasta mediados de 1997, cuando fue destituido por sospechas sobre sus nexos con grupos paramilitares. De acuerdo con Sierra, a él se le pagaban 5 millones de pesos mensuales. Duque fue asesinado en Medellín el 2 de marzo de 2004 y su muerte la lamentó Carlos Castaño en una nota enviada al entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. En la misiva, describió a Duque como “asesor jurídico de la dirección política de las AUC”.
En cuanto a los supuestos nexos con agentes de la Policía Nacional, Sierra dijo que tenían “en su nómina” desde coroneles hasta policías rasos. Entre los altos oficiales estaban Luis Alberto Moore, para esa época coronel y adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la versión entregada a la Fiscalía, éste oficial, que alcanzó el grado de General y pasó a retiro hace varios meses, recibía 28 millones de pesos periódicamente a cambio de información sobre operaciones, allanamientos o traslados de agentes ligados a la ‘Oficina de Envigado’.
Sobre este particular, el ‘Tuso’ Sierra dijo que como parte de esos acuerdos lograron el traslado de un capitán de apellido Bonilla del municipio de Andes (Antioquia), de donde es oriundo este narcotraficante, “porque molestaba mucho”. Asimismo, a través del senador Mario Uribe, lograron que la Dirección de la Policía Nacional reconsiderara el traslado del mayor Francisco Rodríguez a Bogotá y fuera regresado a Medellín, pues éste era uno de los oficiales “de la nómina” de la ‘Oficina de Envigado’. Rodríguez murió en enfrentamientos de las AUC contra la banda 'La Terraza'.
El ex general Moore, quien acabó su carrera como Comandante de la Policía de Carreteras, le salió al paso a los señalamientos del narcotraficante y si bien admitió que conoció al ‘Tuso’ Sierra, fue en condiciones diferentes a las señaladas por él y negó que estuviera en la “nómina” de la ‘Oficina de Envigado’: “Me enteré que Sierra era narcotraficante cuando se desmovilizó en Santa Fe de Ralito. Nunca pensé que fueran a salir situaciones como las que están ocurriendo".
En declaraciones a la prensa, el ex oficial explicó que conoció a Sierra por circunstancias familiares, pues una madrina suya de bautizo era familiar de él. “Cuando llegué a Antioquia lo conocí como un ganadero prestante del municipio de Andes y en situaciones más de tipo familiar que en las relacionadas con la mafia”.
Sobre la ayuda brindada por el senador Uribe, el ‘Tuso’ Sierra aclaró que el congresista sabía que estaba ayudando a ilegales. “No a las autodefensas, sino a mí, y él sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos”.
El narcotraficante, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, también señaló al general Mario Montoya, para la época comandante de la IV Brigada del Ejército, sobre quien dijo que hacía parte de la “nómina” de la ‘Oficina de Envigado’ a cambio de información sobre operativos que pudieran afectar la estructura criminal.
El ‘Tuso’ Sierra también hizo referencia a las influencias políticas y reseñó el apoyo dado inicialmente a la campaña de Diego Arango Vergara al Concejo de Medellín por el movimiento Colombia Viva. Se desempeñó como concejal en el periodo 2004-2007, gracias al apoyo recibido por los reinsertados.
En lo político, también destacó el apoyo dado a Rocío Arias (también del movimiento Colombia Viva), a la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, quien resultó condenada por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con las AUC.
De acuerdo con el ‘Tuso’ Sierra, los electores en las zonas de influencia no fueron presionados ni amenazados sino seducidos con mercados, útiles escolares, fiestas barriales, juguetes y brigadas de salud. De acuerdo con su versión, el dinero para financiar estas actividades provenía de donaciones hechas por hombres de negocios y narcotraficantes. Entre ellos destacó a los hermanos Gallón Henao (reconocidos caballistas, uno de ellos, Santiago, fue condenado por vínculos con las autodefensas en febrero de este año), Luis Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’, Dagoberto Giraldo, Nicolás Bergonzoli y Rodrigo Tamayo, ex presidente del Deportivo Independiente Medellín, quien ha sido procesado por lavado de dinero.
Entre sus confesiones, el ‘Tuso’ también aludió a la cercanía que tuvo con la Gobernación de Antioquia durante la administración de Alberto Builes Ortega, entre los años 1998 y 2001, en donde, según él, “se movía como 'Pedro por su casa'”. De lo dicho por Sierra se desprende su aparente cercanía con Francisco Zapata Ospina, quien se desempeñó como Secretario General de Builes Ortega y luego como director de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia).
De hecho, confesó que recomendó a Sergio González para el cargo de Revisor Fiscal en Corantioquia. El asunto podría ser una anécdota más si no fuera porque este abogado hizo parte del montaje que preparó el ‘Tuso’ Sierra utilizando a uno de sus clientes, el paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, para que dijera que lo había presionado para que confesara que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía nexos con grupos paramilitares, asunto que luego fue desvirtuado.
Otro involucrado en las confesiones difundidas por el diario El Espectador fue Ignacio Guzmán Ramírez, fundador del movimiento Primero Antioquia, que respaldó a Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia. Durante su administración se desempeñó como Secretario Privado. De acuerdo con Sierra, Guzmán lo atendió en España cuando se desempeñaba como Ministro de Cooperación Internacional en la embajada de Colombia en ese país. El motivo de ese viaje, que hizo en compañía de Víctor Horacio Uribe, hermano del senador Mario Uribe, fue hacer negocios con narcotraficantes. “Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?”, dijo ‘el Tuso’ a la Fiscalía.
En su defensa, Guzmán Ramírez admitió que había recibido a Sierra en Madrid porque iba recomendado por el senador Uribe, pero que no conocía de los antecedentes de Sierra: “Me tocó recibir a Sierra en el aeropuerto de Bajaras, en Madrid, porque el doctor Mario Uribe me llamó días antes y me pidió el favor que recibiera a su hermano Víctor que viajaba con un amigo. Cuando llegaron le pregunté a Víctor que quién era ese señor tan feíto y me dijo y me respondió que era amigo de la familia. Como venían recomendados los atendí. Cuando regresé a Colombia me cuentan que Sierra era un muchacho que tenia negocios dudosos en Andes. Luego manifesté que no me había gustado esa situación y eso resquebrajó la relación con Mario Uribe”.
Sierra también hizo referencia al apoyo que le brindó al congresista Oscar Arboleda Palacio, Representante a la Cámara y ex presidente de esa corporación, y, coincidencialmente, Secretario de Obras Públicas de Antioquia durante la administración de Alberto Builes Correa. Sobre él, el narcotraficante dijo que le había ayudado a financiar su campaña al Congreso comprándole “muchos talonarios” de las rifas que hacía para conseguir recursos. Al respecto Arboleda Palacio declaró que sí conoció al ‘Tuso’ Sierra a través de Francisco Zapata Ospina en 1998. “Para ese momento no tenía ninguna impresión de él, hablé una o dos veces con ese señor, pero en esa época. De ahí en adelante no tuve ningún tipo de contacto con él ni relaciones económicas y políticas, tampoco ningún apoyo”.
Otro político que resultó salpicado en la versión del ‘Tuso’ Sierra a la Fiscalía fue Sergio Fajardo Valderrama, ex candidato a la Vicepresidencia de la República y ex alcalde de Medellín. De acuerdo con el narcotraficante, él estuvo presente en una reunión en la que también estuvieron el senador Mario Uribe y el paramilitar Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’. Según Sierra, Fajardo asistió en calidad de Subdirector del diario El Colombiano porque se venía hablando de que al parecer él tenía algún vínculo con la banda 'La Terraza', en ese momento en fuerte confrontación con las AUC y por eso lo iban a matar.
Según la versión de Sierra, “Mario (Uribe) mandó llamar a Sergio para aclarar la situación con 'Rogelio'”, y en ella se aclaró la situación de Fajardo Valderrama, pues según se concluyó no era su voz la que aparecía en unas conversaciones grabadas días atrás.
Una vez conoció Fajardo lo dicho por Sierra desde Estados Unidos, expidió un comunicado en el que ofrece su versión de los hechos y admite que la reunión sí se hizo en Medellín, en el apartamento de Mario Uribe, donde conoció una versión sobre supuestos seguimientos e interceptaciones de sus correos electrónicos y de las intenciones de un grupo criminal de atentar contra su vida:”Me preguntó que ‘si quería aclarar con ellos esa situación’, le respondí que no tenía nada que aclarar ni mucho menos reunirme con nadie. Nunca le pregunté sobre quiénes querían atentar contra mí, ni él me dijo algo al respecto. Le agradecí y le dije que podía repetir lo que le había dicho. Me despedí. Nunca más volví a reunirme con él”.
Conocida la versión de Juan Carlos Sierra, el coordinador de la Unidad Nacional de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, Luis González León, anunció que se estaban compulsando copias de la declaración del ‘Tuso’ a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a las direcciones seccionales de Fiscalía para que se corrobore lo dicho por el narcotraficante y se determine si se abren nuevas investigaciones contra los implicados o se unifican con los procesos que algunos de ellos afrontan.
|
|
|
|
 Primer
Anterior
58 a 72 de 237
Següent
Darrer
|
|
| |
|
|
©2025 - Gabitos - Tots els drets reservats | |
|
|
