Con la detención de Buitrago, a instancias de la Fiscalía, ya son dos los exjefes de seguridad de Uribe sometidos a la Justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Antes que Buitrago fue detenido y extraditado el jefe policial retirado Mauricio Santoyo, condenado en diciembre de 2012 por un juez de EE.UU. a 13 años de cárcel y a pagar 125.000 dólares de multa tras haberse declarado culpable de colaboración con el narcotráfico.
De la Espriella: yo llevaba cartas de Mancuso a Uribe
Por: El Heraldo Martes, 01 Octubre 2013 07:18
Ante un magistrado de Justicia y Paz, los excongresistas Miguel De la Espriella y Eleonora Pineda, condenados por vínculos con el paramilitarismo, dijeron ayer que el expresidente Álvaro Uribe conoció el apoyo que este grupo al margen de la ley le dio para ganar las elecciones de 2002.
Los exparlamentarios afirmaron que llevaban mensajes que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso le enviaba a Uribe, situación que fue corroborada por el hoy extraditado cabecilla de las AUC quien, en intervención virtual desde EU, sostuvo que los excongresistas “fueron los enlaces entre el paramilitarismo y Álvaro Uribe durante la campaña”.
Mientras De la Espriella revelaba que las AUC aportaron en regiones de la Costa Caribe $500 millones a la elección de Uribe, para camisetas y apoyo logístico, Pineda aseguraba al magistrado que los interrogaba que el exmandatario sabía que ella era la candidata de las AUC al Congreso, y que los mensajes que llevaba a Uribe eran previamente acordados con Mancuso.
Miguel De la Espriella, quien destapó el escándalo de la parapolítica con el Pacto de Ralito por orden de Mancuso, dijo que en una reunión en la finca El Ubérrimo se le presentaron a Uribe como los aspirantes de las AUC al Congreso, y luego, en una concentración en Tierralta, le propusieron ir a una entrevista con Mancuso, pero el candidato les dijo que no era prudente porque ponía en riesgo su elección.
Las acusaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno de nexos con el paramilitarismo han ido en aumento tanto en número como en el peso específico de quien busca determinar su veracidad. Ya no se trata de anónimos e insultantes grafitis en las paredes de algunas calles en donde se lee “Uribe, paraco”, sino de tribunales de justicia. Más información. La ‘Mega-demanda’ contra Ordóñez
Capturan a otro uribista pura sangre en el norte del país
Ayer en la noche agentes de la Fiscalía capturaron a Juan Francisco Gómez, alias “Kiko Gómez”, gobernador de La Guajira, investigado por su presunta responsabilidad en múltiples crímenes, actos de corrupción y paramilitarismo
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron ayer sábado en horas de la noche al presunto criminal Juan Francisco Gómez, alias “Kiko Gómez”, señalado de ser el responsable de múltiples crímenes, concierto para delinquir, paramilitarismo y corrupción, entre otros delitos.
Según información de los medios el presunto delincuente opuso resistencia y sus escoltas conjuntamente con algunos habitantes del municipio de Barrancas, donde se encontraba, trataron de impedir la captura, pero a las 8:30 de la noche, el sujeto salió en una ambulancia acompañado de los agentes del CTI.
El 3 de abril de este año el expresidente Uribe a través de su cuenta Twitter afirmó que se había presentado un atentado con explosivos contra el gobernador de La Guajira. Santos desmintió al expresidente y dijo que "los enemigos de la paz están inventando historias para envenenar el ambiente y sabotear el proceso de paz”.
Cabe preguntarse si ¿el falso atentado era en realidad un complot orquestado por Uribe y Gómez, para desprestigiar al gobierno de Santos y atacar el proceso de paz?
A continuación apartes de del historial de “Kiko Gómez” divulgados por la revista Semana:
La historia del cuestionado gobernador
Juan Francisco Gómez Cerchar nació en Barrancas hace 54 años, en una familia liberal que se hizo rica en el sur de La Guajira sembrando arroz y algodón y engordando ganado. Forjaron la fortuna durante el auge del contrabando. “Kiko fue compañero de travesuras de Santa Lopesierra en Maicao”, cuenta una persona que lo conoce.
Lopesierra es el famoso hombre Marlboro, que llegó al Senado en 1994, cuando ya era conocido como el zar del contrabando. Fue extraditado en 2003 y en 2007 fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por traficar más de dos toneladas de cocaína.
“Yo sí conocí a Santa. Santa es una persona normal. Todo el mundo votó por él aquí. Fue senador. Fue un hombre de bien. Y está pagando una cárcel en Estados Unidos. Normal”, le dijo el gobernador Gómez a esta revista.
La historia de Kiko Gómez en la política comenzó cuando se hizo elegir concejal de Barrancas en 1992. Desde entonces, hace ya más de 20 años, se tomó el poder de este municipio que recibía un promedio de 30.000 millones de pesos anuales por las regalías del carbón, y no lo ha soltado.
Ha sido dos veces alcalde de Barrancas (de 1995 a 1997, y de 2001 a 2003) y en los intervalos él mismo ha puesto a su sucesor. Eso ocurrió, por ejemplo, con Yandra Brito, a la cual apoyó para que lo sucediera en la Alcaldía en el periodo 2004 a 2007, como en efecto pasó.
Antes de ser concejal, en 1991 Kiko Gómez estuvo preso por un allanamiento en el que le encontraron varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína. Solo estuvo dos meses en la cárcel. Y lo curioso es que a un primo suyo, al que capturaron con él, lo dejaron preso.
Desde entonces nació un mito en La Guajira: que las denuncias contra Kiko Gómez no son investigadas. Semana le preguntó a las cabezas en Bogotá de tres agencias de investigación del Estado y en los tres casos la respuesta fue la misma: no confían en todos sus operadores en La Guajira.
En ese departamento recuerdan con nombre propio a los que han tenido la valentía, o la osadía, de enfrentarlo. El primero, el concejal Luis López Peralta, quien en febrero de 1997 dijo que tenía la prueba de que Kiko Gómez había provocado el incendio de la oficina jurídica de la Alcaldía para borrar las irregularidades de su primera administración en Barrancas.
López, un folclorista y comerciante reconocido en la región, aspiraba a la Alcaldía para el periodo que comenzaba en 1998. El 27 de febrero de 1997, dos hombres entraron a su oficina en un hotel de la ciudad y lo acribillaron.
Ese hecho coincide con la llegada de los paramilitares al sur de La Guajira de la mano de Jorge Gnecco Cerchar, pariente de Kiko Gómez Cerchar. Semana encontró en dos expedientes viejos de la Fiscalía otras denuncias que involucrarían al gobernador.
Uno, de la Fiscalía 2 de Riohacha, habla de una masacre cometida por los paramilitares el 7 de abril de 1999 en Fonseca, Guajira, y en la denuncia identifican a varios integrantes del grupo que supuestamente era comandado por Marquitos Figueroa y financiado por Kiko Gómez.
El otro, en la Fiscalía 16 de anticorrupción, reposa una denuncia también contra Gómez por nexos con paramilitares.
Otro que también se atrevió a cuestionar a Kiko Gómez fue Wilson Martínez, secretario de Gobierno y periodista de Fonseca, que denunció cómo utilizaban los recursos del municipio para gastos personales.
Según un reporte de la Fiscalía, tras sus denuncias, el 6 de abril de 2001, cuatro personas llegaron a su casa preguntando por él, dispararon contra un hermano y se llevaron a Martínez, a quien luego encontraron muerto en la vía que va de Fonseca a Barrancas.
En la investigación, el fiscal 2 especializado de Riohacha se inhibió de abrir investigación contra Figueroa.
Tras su segundo periodo en la Alcaldía, que terminó en 2003, Kiko Gómez tiene aún activas tres investigaciones en la Fiscalía por peculado y una por prevaricato.
En la lista de los que han osado confrontarlo están también el procurador de Riohacha, Wiston Araújo Ramírez, asesinado en 2006 en Valledupar; un investigador de la Policía que le contó a Semana cómo él pedía allanamientos a Kiko Gómez y ningún fiscal local se los firmaba; y un fiscal de Bogotá que recuerda cómo le ha tocado denunciar a varios operadores judiciales de La Guajira que se pasan por la faja los códigos.
Hasta Bogotá, al parecer, ha llegado a intimidar. Así le ocurrió a Carlos Fernando Galán, que cuando lo nombraron director de Cambio Radical, en una valerosa decisión, le quitó el aval.
El guajiro viajó de inmediato a Bogotá y en medio de la conversación uno de sus asesores le dijo a Galán: “A usted también le puede aparecer hoy mismo una investigación en Riohacha”.
Tampoco se escapó León Valencia, quien dio la cara por una ‘lista negra’ de candidatos que la corporación Arco Iris le entregó al gobierno en la que aparecían aspirantes cuestionados por presuntos nexos con grupos ilegales en la que figuraba Kiko Gómez.
El Espectador la publicó, y ese mismo día Marcos Figueroa citó a una investigadora de Arco Iris para que se vieran en un hotel y León Valencia recibió tres llamadas amenazantes de La Guajira. Los dos pusieron pies en polvorosa. Cabe anotar que el contendor de Kiko en las elecciones, Bladimiro Cuello, también está en el exilio.
La maldición guajira
Pero la historia que rebosó la copa del miedo que hoy se siente en La Guajira, y la que más puede enredar al gobernador, es la de los asesinatos de la exalcadesa Yandra Brito y de su esposo Henry Ustaris.
Yandra era médica y el entonces alcalde Kiko Gómez la puso como directora del hospital de Barrancas y luego la escogió para ser su sucesora para el periodo 2004-2007. Una vez como alcaldesa, la presión por burocracia y contratos fue tanta que su esposo tuvo que intervenir.
“Hubo fricciones entre ellos porque Kiko quería más. Les dijo que él necesitaba plata”, le contó una persona de Barrancas a Semana. Hubo amenazas de uno y otro lado. “Yo también tengo como matar”, le dijo Ustaris a Gómez.
En abril de 2008, en la carretera que va de Fonseca a Barrancas, como si fuera una película, desde un carro en movimiento que lo venía siguiendo le dispararon con fusiles al vehículo de Ustaris.
Murieron tanto él como su escolta. Kiko Gómez fue al funeral a dar las condolencias. Y cuando apareció, Yandra les dijo a sus hijos menores de 7 años: “Miren bien a ese señor para que no se les olvide que fue el quien mandó a matar a su papá”.
Yandra puso una denuncia penal en julio de ese mismo año en la que señaló “como autor intelectual del crimen al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”.
Hizo la denuncia porque, según escribió, ella y sus dos hermanos venían siendo “amenazados telefónicamente por secuaces al servicio de Gómez Cerchar” ya que estaban investigando los motivos del asesinato.
En la denuncia incluyó evidencias de por qué lo acusaba y dio nombres propios de todos los que habían participado en la operación. Le dijo a un investigador que Marcos Figueroa era el que había conseguido los fusiles y que había estado en la casa de Kiko Gómez diez días planeando el asesinato. La investigación no se inició.
Ese mismo año, en 2008, dos despachos de la Fiscalía en Riohacha le dictaron dos inhibitorios a Kiko Gómez, uno por la muerte de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, y otra investigación por amenazas.
Yandra Brito repitió la denuncia en abril de 2009. Su mamá también denunció, en 2011, abogando por todos sus hijos y pidiendo protección al gobierno nacional. Pero nada valió. Finalmente, a Yandra la mataron el 28 de agosto del año pasado.
El gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia. Foto: Semana.
El representante Iván Cepeda Castro formalizó su denuncia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto beneficio que recibió el exmandatario y su familia en el Distrito de Riego Mocarí.
El congresista, en sendas comunicaciones enviadas a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones, pide investigar al expresidente por el posible beneficio a los predios de la familia Uribe Moreno.
Cepeda puso en conocimiento de estas instancias los documentos para que sean ellas las que definen si pueden considerarse para la apertura de una investigación. (Lea más de la denuncia del legislador).
Hace unas semanas Cepeda denunció que entre los años 2007 y 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe tomó varias decisiones relacionadas con el manejo de los Distritos de Adecuación de Tierras o de Riego, que terminaron beneficiando 59 predios suyos y de su familia (1.469 hectáreas), ya que se otorgó un presupuesto mayor al distrito de riego Mocarí, del cual se benefician, con respecto a los dineros asignados a los demás distritos en otras regiones del país.
Los 59 terrenos están a nombre de la familia Uribe Moreno y de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (cuyos socios son Lina Moreno, Jerónimo y Tomás Uribe), y las zonas de influencia del Distrito de Riego en las que se encuentran ubicados recibieron alrededor de 1.410 millones de pesos para su adecuación. Se ubican en los municipios de San Carlos, Montería, Cereté y Ciénaga de Oro.
Mediante el Decreto 732 de 2008, el Gobierno se atribuye la facultad de escoger los proyectos de adecuación de tierras, con el criterio de que fueran terrenos activos en materia agropecuaria, con el fin de fomentar la generación de ingresos a las familias dueñas de los terrenos.
El propósito es explicar a la Corte Penal Internacional los acontecimientos sucedidos durante 9 años, en torno a la denuncia que Riaño presento por infiltración del paramilitarismo en las siguientes entidades: 1. Fiscalía General de la Nación 2. Policía Nacional 3. Ejército Nacional 4. Departamento Administrativo de Seguridad DAS 5. Instituto Nacional Penitenciario y Cancelario INPEC, y 6. Congreso de la Republica. Más información.
Testigo del DAS afirmó que la orden de ‘chuzar´a los magistrados provenía de la Presidencia de Uribe
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Rafael Humberto Monroy, exfuncionario del DAS aseguró ante la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia que la orden de interceptar y espiar a los magistrados provenía directamente de la Presidencia de la República en manos de Uribe Vélez.
Entre otras pesquisas ordenadas por la Presidencia estaba la de recopilar información sobre las cuentas bancarias de los magistrados con el fin de presionarlos para que actuaran de acuerdo a sus criterios en las investigaciones que adelantaban contra los políticos ‘paras’, que no ‘parapolíticos’, entre ellos el narcoparamilitar Mario Uribe, primo del Presidente.
“La orden que había no era motu propio del señor Germán Ospina ni del señor Jorge Alberto Lagos. Claramente, y lo debo decir con mucho respeto y contundencia, cuando la orden era de Presidencia, cuando la orden era de la Dirección del Departamento, debíamos correr a trabajar respecto de la orden”, señaló el testigo ante el alto tribunal según los medios.
Según las informaciones, el testigo declaró que el fin de dicha recolección de información era establecer si los juristas tenían transacciones sospechosas o relacionadas con narcotráfico, para atacarlos y de contera evitar que sus cómplices no fueran a la cárcel.
Cabe recordar que en su momento la Corte Suprema de Justicia fue de los pocos entes que no se sometieron a las andanadas de Uribe y tampoco se dejó doblegar ante diferentes tipos de ataques que sufrieron los magistrados.
"Como la orden venía del Gobierno teníamos que trabajar ágilmente para obtener lo que nos requirieron", dijo Monroy en su testimonio dentro del juicio contra Bernardo Moreno, exsecretario general de Uribe.
Moreno es investigado y procesado por su presunta participación en las llamadas chuzadas ilegales que el Das realizó a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores políticos, entre otros, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Así lo manifestó Piedad Córdoba en el proceso por la muerte del periodista.
Ante el juzgado Séptimo Especializado, en la mañana de este jueves declara la excongresista Piedad Córdoba en el proceso que se adelanta contra el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.
En su declaración, Córdoba manifestó que durante su secuestro en el año 1999 por parte de las Autodefensas, escuchó a Carlos Castaño hablar del plan para asesinar al periodista Jaime Garzón.
"Don Berna declaró muy detalladamente en la cárcel de New York que Narváez era un miembro más, podría decirse que era una pieza fundamental, pero después de la muerte de Jaime, ellos decidieron prescindir de sus servicios", dijo.
La ex congresista afirmó que "conoció de primera mano" los hechos que sucedieron alrededor de la muerte del humorista, porque durante su secuestro las Autodefensas hablaron de la orden que había dado Narváez de asesinarlo.
"Don Berna comentó que Carlos Castaño había entrado en un estado de crisis porque con la muerte de Jaime Garzón se había cometido un error (...) porque no se imaginaba la conmoción del país, por eso decidieron prescindir de los servicios de Narváez". Aseguró Piedad Córdoba.
"Yo le conté mi preocupación a Jaime Garzón por el interés de asesinarlo porque a mí me iba a pasar exactamente lo mismo" afirmó la testigo.
Córdoba aseguró que tiempo después pudo confirmar la información porque "tuvimos la posibilidad de reunirnos con Mancuso, don 'Berna', 'Báez' y el 'Alemán' y ellos aseguraron que Narváez ordenó la muerte de Jaime Garzón".
Con respecto al secuestro realizado por las Autodefensas contra Piedad Córdoba, la ex congresista afirmó que "tuve conversaciones con el 'Tuso', con don 'Berna' en Estados Unidos y en las cárceles de Colombia conversamos con 'Báez' y don 'Mario', en todas las oportunidades sindicaron que la orden de mi secuestro la dio Narváez porque yo era una persona que apoyaba el terrorismo", dijo la excongresista.
En al actualidad el expresidnete lidera el movimiento Uribe Centro Democrático. // AROLDO MESTRE – EL UNIVERSAL
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez es quien tiene el mayor número de investigaciones pendientes en la Comisión de Acusación del Congreso, según datos de un grupo no gubernamental divulgados este viernes.
Del total de 1.227 procesos que reposan en la Comisión, única instancia que puede investigar a altos funcionarios y ex funcionarios como al presidente, magistrados de las altas cortes y el fiscal general, la mayor parte son en contra de Uribe Vélez, con 276. Le siguen el ex fiscal general Mario Iguarán con 72 y el también ex fiscal general Luis Camilo Osorio, con 44, de acuerdo con la no gubernamental Misión de Observación Electoral dedicada desde 2006 al monitoreo de elecciones y del ejercicio político en Colombia.
También hay 25 investigaciones en contra del actual presidente Juan Manuel Santos, según indicó la Misión al citar los datos de la Comisión, disponibles en la página de internet de esa instancia legislativa pero actualizados sólo hasta octubre de 2011. La Misión divulgó sus datos a través de mensajes en su cuenta de la red social Twitter.
La Comisión no atendió los llamados de The Associated Pres para conocer detalles sobre los últimos procesos en los años 2012 y 2013.
La Comisión, de 15 congresistas, es conocida por su lentitud y por no producir fallos condenatorios, mientras en los últimos días ha visto como, a raíz de un escándalo de corruptelas de un magistrado, se reavivaron iniciativas para desmontar o eliminar esa instancia del Congreso e implantar reformas al criticado sistema judicial.
La Misión indicó que en el 90% de los procesos no se ha determinado aún el delito y el 94% está en la fase de "investigación preliminar".
Entre los procesos pendientes en contra de Uribe (2002-2010) están desde señalamientos por presunta celebración indebida de contratos hasta violaciones al derecho internacional humanitario, según los datos de la Comisión, que sólo enumera las denuncias, el denunciante y el presunto delito sin ofrecer otros detalles.
En el caso de Santos, la mayoría de los procesos indican que el delito está "por establecer" y entre sus denunciantes figuran desde la ex senadora Piedad Córdoba hasta el ex narcoparamilitar Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán", detenido desde 2006.
Se destapan nuevos nexos del uribismo con el paramilitarismo
Por: Contagio Radio Lunes, 09 Febrero 2015 03:36
Esta semana se hicieron efectivas varias ordenes de investigación y captura contra miembros del uribismo y funcionarios que durante el gobierno anterior colaboraron con estructuras paramilitares.
A la orden del Tribunal de Justicia Transicional de Medellín de compulsar copias en contra del ex-presidente y ahora senador Alvaro Uribe por su acción u omisión en la masacre de El Aro, en 1997 mientras era gobernador de Antioquia, se suma ahora la medida de aseguramiento en contra del ex-congresista Julio Manzur por ser colaborador de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien fuera salpicado, al igual que el expresidente Uribe, por el ex-comandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
Esta semana se conoció también que el General en retiro, Fabio Castañeda, condenado por su responsabilidad y participación en la masacre de El Nilo, municipio de Caloto, Cauca, se entregó a la justicia. A pesar de que la masacre se cometió en 1991 responsabilizando a los paramilitares por su ejecución, sólo hasta agosto del 2014 Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso vinculando a miembros de la fuerza pública que realizaban acciones en ese departamento.
Para completar el expediente de la semana, el miércoles 4 de febrero se conoció la medida de aseguramiento contra el Coronel en retiro Alejandro Robayo Rodriguez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, por ordenar la realización ejecuciones extrajudiciales en el año 2006 mientras pertenecía en el Gaula de Valledupar.
La colaboración de las fuerzas militares con estructuras paramilitares en Colombia, así como su promoción desde escenarios político-administrativos durante la gobernación y posterior presidencia Alvaro Uribe Vélez toman cada día más fuerza en las investigaciones que se adelantan en el país.
Campaña de Zuluaga se niega a entregar contrato del hacker
País - Mayo 7 de 2014, 4:07 pm
Sepúlveda, quien fue detenido el martes, podría hasta 25 años de cárcel. Foto: NoticiasRCN.com
Integrantes del equipo asesor explicaron que a Sepúlveda se le pensaba pagar a través de cuentas de cobro.
La relación contractual del hacker Andrés Sepúlveda, detenido por el delito de espionaje, con la campaña de Óscar Iván Zuluaga es un misterio. Aunque el candidato presidencial reconoció que el ingeniero prestó sus servicios en el manejo de redes sociales y seguridad informática, en la sede del candidato se niegan a entregar copia del contrato o documentos relacionados.
Integrantes del equipo asesor informaron que el esposo de la actriz Lina Luna no tenía ningún contrato con la campaña. Los pagos por los servicios de Sepúlveda se pensaban realizar a través de cuentas de cobro, sin embargo, no se alcanzó a hacer ningún desembolso a nombre del hacker, pero sí a dos personas relacionadas con él, que prestaban servicios de asesoría en imagen y publicidad.
Parte de la asesoría de Sepúlveda a la campaña consistió en revisar los computadores de la sede de campaña, descartar filtraciones o seguimientos y hacer recomendaciones de seguridad informática.
El candidato del Centro democrático señaló que para él también es un misterio el tipo de contrato que tenía el ingeniero, ya que hay personas al interior de la campaña encargadas de los procesos de contratación.
"Estoy pendiente de los detalles operativos de una campaña que es muy compleja: tenemos más de 200 personas trabajando, muchos de ellos voluntarios. Hay toda una estructura operativa que oportunamente hará esas aclaraciones", señaló Zuluaga.
Y confirmó que la oficina allanada en el norte de Bogotá ayer -desde donde, según la Fiscalía, se interceptaban correos del presidente Juan Manuel Santos y las Farc- sí tiene vínculos con su campaña.
"Mi actuación y mi actitud está basada en decir la verdad, por eso el que nada debe, nada teme", agregó el candidato, quien aseguró el explosivo caso sólo quiere debilitar su imagen en la recta final de la campaña.
Este miércoles, Sepúlveda recibió una orden de detención preventiva por los delitos de espionaje, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos, cargos de los que el pirata informático se declaró inocente.
La Fiscalía también imputará el delito de espionaje a las personas que adquirieron la información del ingeniero, quien vendía los datos por cerca de 100 millones de pesos.
Lo que se sabe hasta ahora es que Sepúlveda llegó a la campaña de Zuluaga de la mano de su esposa, la actriz y comunicadora Lina Luna, que también prestaba servicios de asesoría a la campaña presidencial.
El ente investiga ahora "cuál era su entorno", "qué pactos y de qué tipo realizó con miembros de la fuerza pública", en caso de que existieran, y "a quién iba la información", para determinar quién se lucraba de este mercado negro.
En febrero también fue desmantelado en Bogotá un centro de escuchas supuestamente ilegales de inteligencia militar, desde donde se espió a delegados de paz del Gobierno en Cuba y periodistas que cubren las negociaciones con las Farc. Caso que precipitó la salida de dos altos rangos de inteligencia del Ejército y sigue en investigación.
Este último escándalo se da a pocos días de las presidenciales del 25 de mayo, en las que Santos busca la reelección, con Zuluaga y el centrista Enrique Peñalosa como sus más fuertes competidores.
Por YOHIR AKERMAN | Publicado el 25 de agosto de 2014
La revista Semana publicó una espeluznante entrevista con Andrés Sepúlveda, el "hacker" de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Sepúlveda decide hablar porque siente que el uribismo lo dejo solo y le dio la espalda.
Sepúlveda da evidencia de muchas cosas cruciales. Ahora bien, dice otras cosas que, aunque pueden ser ciertas, son de elementos que a él le dijeron que pasaron, y no de temas que él fue testigo de primera mano.
También hay que diferenciar los hechos ilegales de los que se refiere en la nota, de los otros que son meramente graves pero no en contra de la ley. De todos habla de la misma manera y con la misma importancia, y no la tienen.
De lo que sí puede dar testimonio de primera mano es que el equipo de Zuluaga le pagaba por dos cosas: 1. manejar las campañas de desprestigio en redes sociales de los enemigos del uribismo, y 2. por conseguir información de los correos electrónicos y computadores de los negociadores de las Farc en el proceso de paz.
Lo primero no es ilegal, es sucio pero no ilegal a menos que no se caiga en injuria. Lo segundo es un delito penal y es en lo que la justicia y la investigación de la Fiscalía tiene que concentrarse.
Si manejó redes de desprestigio en contra de personajes como el expresidente César Gaviria, el alcalde Gustavo Petro o el mismo presidente Juan Manuel Santos, eso solo comprueba que durante las elecciones el uribismo siguió su modus operandi de distraer los ataques en su contra con ataques a terceros.
Lo cual no quiere decir que lo que estaba haciendo Sepúlveda no fuera peligrosísimo. Lo es, sobre todo porque la estrategia del Centro Democrático es atacar sistemáticamente la credibilidad de sus enemigos, pero no la calidad de los argumentos en su contra.
Lo mismo han hecho ahora distrayendo la atención para defenderse de las denuncias hechas por Sepúlveda. Incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe aseguró que el hacker "es un invento del Santismo para tapar dineros del narcotráfico a su campaña".
Suena increíble que esa sea la respuesta ante los graves hechos, ya que eso es tratar a la opinión pública como niños ingenuos que se creen todo lo que se les diga. Y no es así.
Pero volviendo a lo importante de la entrevista, esta confirma que el Centro Democrático estaba pagándole a Sepúlveda para obtener información clasificada, y que en esa operación ilegal estaba directamente involucrado el entonces candidato Zuluaga.
De esto hay pruebas como pagos de la campaña a Sepúlveda, el famoso video en el que se ve a Zuluaga analizando la información, y ahora la declaración del "hacker" que deja comprobado el nivel de conocimiento que había de la ilegalidad en la que incurrió este asesor informático.
Lo que es claro es que las respuestas del Centro Democrático son deficientes ante la gravedad de estos nuevos hechos. Decir que es un montaje en su contra, y atacar la credibilidad de la Fiscalía no es una defensa que puedan seguir manteniendo por mucho tiempo.
El candidato uribista a la Presidencia confesó que se reunió con él al inicio de su campaña política. Caracol Radio | 10 de Mayo de 2014
Foto: Colprensa
Continúa la polémica por el hacker, Andrés Sepúlveda. Desde Bogotá, el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, confesó que se reunió con él al inicio de su campaña política.
“Le decía a mis asesores que me recordaran mis reuniones, y me recordaron que en una oportunidad, al inicio de mi campaña, fui a visitar la oficina de quien hoy es señalado de actuar ilegalmente, fui para saludar a las personas que hacían una trabajo de apoyo social”, expresó
Zuluaga, en presencia del expresidente Uribe en pleno acto político, dijo que hay intereses oscuros que quieren enlodar su campaña política.
Aseguró que lo confiesa “con toda la franqueza y con toda la verdad, y actuando siempre de buena fe. Porque no hay otra forma de poderle decir las cosas al país”.
Finalmente dijo que hay un montaje y un complot en su contra, “no me quieren dejar ganar las elecciones”, precisó. Al tiempo que defendió el nombre de Luis Alfonso Hoyos de quien dijo que es una hombre con principios y que actúa en el marco de la legalidad.
Con la llegada de María del Pilar Hurtado a Colombia no sólo se agita el plano judicial del escándalo de las ‘chuzadas’ durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Foto: Presidencia
La entrega de la exdirectora del DAS a la Fiscalía también tiene implicaciones en el escenario político y ya puso a todos los actores, de las diferentes orillas, a asumir posturas frente a los hechos. En concreto, la arena de los enfrentamientos gira alrededor del expresidente y un espiral de punzantes declaraciones parecen conducir a la ‘judicialización’ de la política.
El país está acostumbrado a escuchar al expresidente defendiendo las actuaciones de cada uno de los funcionarios de su gobierno que han enfrentado líos con la justicia. El exministro Andrés Felipe Arias o el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo son tan sólo dos ejemplos. No obstante, pocas declaraciones han estado cargadas de tanta vehemencia como las que hizo el expresidente tras conocer de la emisión de la circular roja de la Interpol contra Hurtado y su posterior entrega a las autoridades.
Para el líder del Centro Democrático, la exdirectora del DAS es “víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de (Juan Manuel) Santos, de sectores cercanos a las Farc y del extremo izquierdismo que pretenden apoderarse de la justicia”. El calibre de las declaraciones de Uribe aumentó. Por ejemplo, en contra del senador Iván Cepeda, quien fue víctima de los hostigamientos del DAS y a quien señaló de ser “cabecilla confeso de las Farc” y de “presionar a la justicia contra María del Pilar Hurtado”.
Desde su orilla, Cepeda, así como muchas de las víctimas del DAS durante los tiempos de Hurtado, celebraron su entrega y esbozaron la posibilidad de que más temprano que tarde las eventuales confesiones de la exfuncionaria conduzcan a señalamientos de corte penal en contra de Uribe. “Esperamos que (Hurtado) pueda entregar a las autoridades información sobre las órdenes que recibía del expresidente y la información que entregaba especialmente a él con relación a todos estos procedimientos que se ejecutaban de forma criminal desde el DAS”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación el senador por el Polo.
En el mismo sentido terminaron opinando otras víctimas con fichas en el juego político, como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la exsenadora Piedad Córdoba, quienes pidieron a Hurtado ser consciente de la responsabilidad que tiene para esclarecer la verdad y a la justicia, en soterradas alusiones al expresidente Uribe, brindar garantías para que confiese quiénes son los determinadores de lo ocurrido desde el extinto organismo de inteligencia.
La Unidad Nacional, acusada por Uribe, aunque no pierde de vista cada uno de los sucesos, decidió no meterse de lleno en el avispero. El Gobierno llamó al uribismo a “dejar actuar a la justicia” y uno de los líderes de su bancada en el Senado, el exministro liberal Horacio Serpa, hizo hincapié en la independencia judicial al ser cuestionado por los supuestos intereses del oficialismo en el caso Hurtado.
Está claro que, en el juego que comienza a despuntar de cara a las elecciones locales de octubre, el futuro judicial de María del Pilar Hurtado podrá representar para algunos un arma y para otros una preocupación.
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El expresidente Álvaro Uribe y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Foto: Presidencia