El grupo parlamentario secesionista de Junts pel Si (Esquerra y la antigua Convergència) acaba de iniciar los preparativos de lo que —de prosperar— será un gravísimo golpe contra el Estatut de Cataluña y contra las libertades y derechos individuales de los ciudadanos catalanes. Supondrá además el aplastamiento de la mayoría social no secesionista a través de un fraude de ley antidemocrático, connotado de opacidad y secretismo (y desvelado por un diario nacionalista).

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En efecto, el secesionismo que sustenta al Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont ha lanzado una aparentemente inocua reforma del reglamento del Parlament de enorme trascendencia. Esa modificación permitiría votar la llamada ley de transitoriedad jurídica, que instauraría una república catalana —cuyo texto permanece secreto— rompiendo la vigencia del Estatut y de la Constitución por una vía directísima, escudándose en una pretendida urgencia: sin conocimiento previo de los diputados, sin debate de totalidad, sin discusión en comisión, sin comparecencias de expertos, sin tramitación de enmiendas, sin dictamen previo del Consejo de Garantías Estatutarias...

Todo ello apelando a una iniciativa de su grupo (proposición de ley) para evitar el compromiso individual de los miembros del Consell Executiu (firmando un proyecto de ley) y la consiguiente inhabilitación de Puigdemont y Oriol Junqueras.

Se trata de aprobar la secesión de espaldas a medio Parlamento —y a más del 52% de los ciudadanos que le votaron—, con desprecio a los derechos de los demás diputados, sin garantía ninguna, aproximadamente en una hora. Sería un golpe de leso parlamentarismo contra el Estatut, que exige para su reforma una mayoría reforzada de dos tercios de los diputados (90): el suelo que daría un barniz de legitimidad a su abrogación. Con 72, menos que los requeridos para elegir a tantos organismos (Consejo Audiovisual, Sindicatura de Cuentas), se proclamaría así la república catalana: por la vía de cambiar in voce y por sorpresa el orden del día de una sesión parlamentaria cualquiera; sin quórum; sin debate.

Se desvanecen así las promesas de una intensa participación popular, de un supuesto “proceso constituyente” democrático y transparente, de un primoroso respeto a la legalidad. Un golpe de mano así viciaría de origen cualquier construcción política con un déficit democrático radical.

El disparate jurídico es tan mayúsculo como siniestro el asalto a las libertades catalanas y al ordenamiento legal español que conlleva. Y exige respuestas tan firmes como inteligentes, que respondan a la provocación con firmeza y sin desmesura.

El secesionismo catalán, que hoy se verá confrontado en los tribunales en el mayor caso de corrupción de un partido, el saqueo del Palau —parangonable al caso Gürtel del PP—, busca legitimidad en el desprecio a la calidad de la democracia española. Olvida que esta está solemnemente homologada con las democracias más avanzadas; que CiU ha sido el tercer grupo en presencia parlamentaria e influencia de la misma; que la Generalitat es sustancia clave de esa democracia. Y que sus imperfecciones se solventan en la vía política y judicial, no con acciones propias de salteadores de caminos.