a.m. corroboró que el Gobierno del Estado recurrió a ‘coyotes’ o intermediarios y compró con engaños y amenazas las tierras a una gran parte de los ejidatarios de la comunidad de Juan Martín, ubicada al sur de Celaya.

Este método de intermediarios provocó que se encarecieran las tierras. En un inicio el Gobierno del Estado pagó 250 mil pesos por hectárea y llegó a ofrecer hasta 3 millones a los ejidatarios que no aceptaban vender.

En las tierras adquiridas pretenden desarrollar el proyecto ‘Tungsteno’, que consistiría en un parque industrial de la industria automotriz, con la planta de Honda.

Originalmente las tierras habían sido ofrecidas a la armadora japonesa de Toyota, pero el proyecto no se concretó.

Muchos propietarios se negaron a vender al especular con el precio de las tierras, pues se dieron cuenta que el Gobierno cada vez ofrecía más. Y es que de pagar en un inicio 250 mil pesos por hectárea, luego generalizó el precio a 450 mil pesos, incrementó posteriormente a 750 mil, después a 1 millón 200 mil pesos, pasó a 1 millón 500 mil pesos y luego a 2 millones.

a.m. contactó a al menos 3 ejidatarios que no han vendido sus tierras y que por seguridad pidieron mantener sus nombres en el anonimato y aseguraron que la última cifra que les ofrecieron fue de 3 millones de pesos por hectárea.

Revelaron que el ex diputado panista Juan Antonio de León Torres es el encargado de negociar la compra de los terrenos y quien ha llegado a ofrecer tal cantidad.

“Nos ofrecen 300 por metro cuadrado, pero nosotros ya no les creemos nada porque nos han venido engañando toda la vida, dicen que ya todos vendieron y que ya nada más faltamos nosotros pero es mentira porque son alrededor de 12 los que no hemos vendido”, declaró en enero a a.m. un ejidatario.

El presidente del comisariado ejidal confirmó en aquella fecha que todavía había predios para el parque industrial que no habían sido vendidos.

Les miente el Gobierno

El abogado Alfredo Ortiz Chávez, quien representa a dos de los ejidatarios, señaló que no han vendido por desconfianza en el Gobierno.

“Al parecer ya están en los últimos términos, faltarán dos o tres personas por dar por culminada la compra venta, son personas que están en régimen ejidal, no están en dominio pleno esto con el fin de que no los expropie Gobierno del Estado como lo hizo con otras parcelas que sí estaban en el dominio pleno.

“No están conformes con el precio y tienen desconfianza en vender porque desde el inicio el Gobierno del Estado y las personas que contrató les han hablado con puras mentiras”.

Realizan compra ilegal

Y es que Ortiz Chávez recordó que el Gobierno del Estado para adquirir las casi 800 hectáreas en el llamado “Ejido de Rincón de Tamayo” actuó de forma ilegal.

“Hicieron todo al revés, Gobierno del Estado se pudo haber ahorrado muchos problemas tratando la compra venta en asamblea y llegar a un precio equitativo para todos, no que a unos les pagaron desde 250 mil pesos por hectárea y ahorita andan pagando 10 veces más, es desproporcional y es el mismo ejido. Yo ahí si veo una violación a los derechos de los campesinos puesto que no los están tratando como marca la ley, una clase desprotegida.

“Incluso los mismos abogados se están aprovechando de los ejidatarios al ganarse su porcentaje, cuando han aumentado de precio han ido cayendo, les aumentan 200 ó 300 mil pesos por hectárea y van los abogados corriendo con los ejidatarios, cuando ofrecieron 1 millón 200 mil pesos cayeron muchos, anduvieron los abogados casa por casa ofreciéndoles el millón 200, asegurándoles a sus clientes que no les iban a ofrecer un quinto más que ya se dieran conformes con eso, y ahí los abogados agarraron su 20, su 10 o su 5% y fue de la manera que han ido logrando adquirir esas tierras”.

El abogado señaló que cuando ocurrieron las primeras reuniones entre representantes del Gobierno estatal y ejidatarios les ofrecieron pagarles a 450 mil pesos la hectárea y si incrementaban el pago a otros campesinos les ajustarían el precio.

“Tienen problemas legales, están en juicio, en el tribunal unitario agrario, muchas personas están demandando el derecho de tanto, la nulidad de la compra venta, otros están actuando de forma administrativa negociando la diferencia.

“Yo soy testigo presencial y a mí me consta que en las primeras asambleas los representantes del Gobierno les prometieron que en dado caso de que se le pagara a alguien más de 450 mil pesos se les iba a pagar la diferencia”.

Cadena de mentiras

En el transcurso de 2010, el entonces secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, declaró que las más de 700 hectáreas para el proyecto Tungsteno habían sido adquiridas por empresas privadas.

Sin embargo, agricultores y documentos de expropiación solicitados por el propio López Santillana, evidencian que los terrenos son del Gobierno del Estado.

El 5 de marzo de 2010, el funcionario declaró ante mujeres empresarias: “Es un proyecto privado. Lo que estamos haciendo es trabajando con la gente de la iniciativa privada para la localización que sea estratégica entre la nueva empresa y el libramiento ferroviario y podamos hacer sinergia; serán los industriales con los desarrolladores quienes harán realidad esto”.

En entrevista dijo que son los empresarios quienes compran las tierras pues declaró: “Gobierno del Estado no está comprando ningunos terrenos”.

El 21 de julio de 2010 nuevamente declaró: “Ese es un proyecto privado”.

Pero en contraparte, los agricultores que ya vendieron aseguraron que fueron intermediarios del Gobierno del Estado los que compraron sus tierras.

Reaparece Ubaldo

El Gobierno estatal utilizó el mismo método y al mismo personal que liberó las tierras para la fallida refinería de Salamanca en donde creó una empresa fantasma llamada ‘Cereales y Pastas Finas’, dirigida por José Ubaldo Ortiz.

En Celaya no instaló una empresa fantasma pero sí montó sus oficinas en el Uniccat (Unidad de Certificación y Capacitación para el Trabajo), institución que precisamente depende de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Ahí, luego de buscar a los agricultores en sus domicilios, los citaba para negociar el precio final que les pagaría por sus terrenos.

Agricultores aseguraron haber negociado sus terrenos con José Ubaldo, el personaje que conocieron a través del periódico y la televisión por el escándalo de ‘Cereales y Pastas Finas’.

David Flores y María Inés Flores Sánchez, ambos con propiedades por más de 10 hectáreas en el polígono ubicado para la construcción del Parque Tungsteno, confirmaron que es Ubaldo el negociador; el mismo que vieron en una entrevista en la televisión.

“Tengo una hectárea con alfalfa ahí donde andan comprando, pero ya hay guardias privados que no nos dejan entrar. Me dieron el papelito con el nombre de Ubaldo Ortiz para que me dirigiera con él o con César León que los encontraba aquí (en el Uniccat). Los guardias nos mandan con Ubaldo Ortiz que es el jefe grande”, comentó la señora María Inés Flores Sánchez, quien tiene la posesión de una hectárea.

Pero el señor David Flores llegó más lejos que ella. Él se entrevistó personalmente con Ubaldo Ortiz en el Uniccat.

“Yo me he dirigido con el jefe que es Ubaldo, me conoce bien a mí porque nos hemos estado echando unos refrescos, estuvimos aquí (en el Uniccat) pero no me dio respuesta de nada. Eso fue ya hace tiempo porque luego salió en la televisión y supimos que era él con quien estuvimos”.

El mismo abogado Alfredo Pérez Noria, quien asesora a un grupo de ejidatarios, aseguró que estuvo en la reunión con Ortiz y David Flores en días pasados en el Uniccat de Celaya.

Engañan a ejidatarios

Para convencer a los campesinos del Ejido de Rincón de Tamayo, ubicado en la comunidad de Juan Martín, en Celaya, de que vendieran sus predios para el Parque Industrial ‘Tungsteno’, el Gobierno del Estado les prometió a través de funcionarios y “coyotes” que además del pago serían beneficiados con programas sociales.

Todo fue un engaño; al final no recibieron lo prometido.

Fermín Pérez Carreño tiene inclusive un número de folio con el que Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario le daría un apoyo de $400 mil para un proyecto productivo, lo que nunca llegó

“Nos prometieron un pago de 400 mil pesos y el apoyo nunca llegó, yo tengo folio en mi casa, lo prometieron para 2009”, declaró el campesino. “Incluso nos dijo Ubaldo (Ortiz, el negociador de las tierras ejidales para la fallida refinería) que teníamos que hacer un grupo para que más fácil nos dieran los apoyos. Nada más nos hicieron gastar mucho dinero para el proyecto de una bodega de granos y silaje para el mismo ganado, y lo que nos prometieron nunca lo cumplió”.

A Fermín además le prometieron que la venta de sus tierras le dejaría buenos empleos para su familia pero sólo ha visto lo contrario.

“Vendí tres hectáreas y media, tenía alfalfa y maíz y de ahí mantenía a mi familia. Ahora estamos sentados”.

Adela Chávez Chávez aseguró que a su esposo Serafín Aguilar los compradores que mandó Gobierno del Estado le prometieron apoyos en maquinaria, y que hasta fueron a una distribuidora a seleccionar lo que pedirían, pero que todo se quedó en palabras, nada en hechos.

“Nos prometieron maquinaria de la que quisiera uno, yo metí los papeles, fuimos a ver la maquinaria incluso a ver cuál queríamos, luego metimos los papeles en el Uniccat en la colonia San Francisco porque ahí tenían sus oficinas, ahí llevé los papeles para que nos dieran la ayuda.

“Metimos una rastra y un molino para revolver el alimento, ellos no firmaron, únicamente lo prometieron, y después se fueron del Uniccat y ya no tuvimos cómo pedirles que nos cumplieran”, expuso la señora Adela.

A José Luis Ramírez Melesio le ofrecieron el pago de sus medicinas de por vida, así como un seguro de vida para él y su familia; pero nada.

“Me llevaron a la Procuraduría Agraria, me llevó el Comisariado, el Consejo de Vigilancia, el Tesorero y un espinita que andaba con ellos que se llama Serafín Núñez. Me llevaron que para que me dieran medicina a mí, que me iban a dar la medicina de por vida, para mí, para mi señora, seguro de vida, y que me dijeron que estaban trabajando en eso pero que firmara para adelantar lo de la venta pero que no me iban a fallar, y hasta ahorita estoy esperando porque no ha llegado nada”.

Expropian parte de los terrenos

El 9 de octubre de 2009, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, aparece una Resolución Gubernativa relativa al expediente número SDES-07-09 mediante el cual se expropia un predio rústico ubicado en ‘Juan Martín’, propiedad de la ciudadana María Guadalupe Maldonado Trejo en el municipio de Celaya.

Ahí se confirma que los terrenos son para reserva territorial para la instalación de industrias.

En la declaratoria de utilidad pública se acepta que los terrenos son para la creación de un parque industrial. Textualmente señala:

“La expropiación que nos ocupa resulta necesaria en razón del beneficiado social del proyecto que se desarrollará en la zona sur oriente del municipio de Celaya, Guanajuato, consistente en el establecimiento de una reserva territorial orientada a la creación y desarrollo de una zona industrial, obras complementarias, infraestructura y servicios generales inherentes a los mismos que permitirán la generación del desarrollo económico en la zona con un importante impacto regional en el municipio de Celaya y los municipios circunvecinos”, dice.