El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
BARCELONA (Sputnik) — Varios sindicatos de estudiantes convocaron este 1 de octubre en Cataluña una huelga para recordar el primer aniversario del referéndum unilateral de autodeterminación.
La convocatoria está realizada por la entidad Universitats per la República, que agrupa a varios sindicatos estudiantiles.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), alineado con la izquierda independentista, pidió en un comunicado que los estudiantes sean "la punta de lanza de la movilización popular".
A partir de las 12:00 horas (hora local) comenzaron manifestaciones de estudiantes con el lema "Ni olvido ni perdón" en las cuatro capitales de provincia catalanas: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
En Barcelona, los estudiantes llaman a la huelga general y cortaron el tráfico en Gran Via a la altura de la Universidad de Barcelona.
En la votación participaron 2,2 millones de personas, lo que supondría un 42% del censo, y un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorgó el derecho de constituir un Estado independiente en forma de república.
El Gobierno central, en cambio, no reconoció la validez de ese referéndum que, además de haber sido ilegalizado por el Constitucional, según Madrid, no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
Un año después del referéndum, los partidos y las entidades soberanistas convocaron diversas manifestaciones y actos conmemorativos, entre otras cosas para reclamar la libertad de sus líderes encarcelados.
hace 14 horas - ... amb les mans enlaire. Seguim vives, mobilitzades i dempeus. VISCA LA TERRA ? CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 1 de octubre de 2018 ...
hace 1 día - Jornada de movilizaciones y protestas en Catalunya con motivo del primer aniversario del 1-O. Grupos ... 1 de octubre, última hora en Catalunya y Barcelona en directo ... 01/10/2018 13:58 | Actualizado a 01/10/2018 16:23.
hace 1 día - Barcelona - Lunes, 01/10/2018 | Actualizado el 02/10/2018 a las 10:20 CEST ... y el resto de Catalunya por el aniversario del 1 de octubre.
El periodista de la Agencia Catalana de Noticias Roger Pi analiza el momento que atraviesa el movimiento secesionista.
El intento de homenajear en Cataluña a quienes intentaron llevar a cabo el referéndum del pasado 1 de Octubre de 2017 ha puesto de manifiesto importantes grietas en el seno del movimiento independentista. Si la represión policial con la que se combatió la votación hace un año provocó un cierre de filas en las fuerzas secesionistas, la celebración de su aniversario ha revelado la existencia de una importante fractura interna.
El mandato que los independentistas a pie de calle encomiendan a sus representantes es categórico: hacer efectiva la república catalana o dimitir. Así se lo hizo saber al presidente Quim Torra una multitud de manifestantes congregados a las puertas del Parlamento catalán en la noche de este lunes. Los independentistas recibieron a Torra con abucheos, imprecaciones y firmes exigencias de dimisión.
Jon Nazca / Reuters
Poco después, varios manifestantes trataron de irrumpir por la fuerza la sede del parlamento. La policía logró frustrar el intento con una dura carga que puso de relieve el clima de tensión que marca este momento social y político en Cataluña.
"El independentismo tiene un problema"
Para analizar las implicaciones de esta situación y entender mejor la difícil encrucijada política en la que se dirime el futuro de la región, hemos comentado los últimos acontecimientos con el periodista de la Agencia Catalana de Noticias Roger Pi.
En su opinión, "el independentismo tiene un problema" que consiste en que "después de la represión, y del encarcelamiento o el exilio de sus líderes, no tiene un proyecto político, no tiene quien lidere las peticiones que hace la calle".
Daniel Cole / AP
"Recordemos que en Cataluña el 80% de la gente está a favor del derecho a decidir –continúa el periodista–, de poder votar y dar una solución a este conflicto. Y eso está chocando con una realidad jurídica y política que es que cada vez que alguien intente hacer eso tendrá un problema judicial y podrá ir a la cárcel".
Mandatos desatendidos y doble discurso
Roger Pi se refiere a la fractura interna del secesionismo señalando que "tenemos una calle que está presionando a sus políticos y unos políticos que no pueden dar respuesta a lo que está pidiendo la calle". Eso, en su opinión, "explica lo que vimos ayer: unas escenas en las que toda la manifestación fue pacífica, como todo el movimiento que ha habido hasta ahora, y al final hubo algún conato de violencia por parte de gente que no entiende por qué su gobierno no está haciendo caso al mandato que tiene del Parlamento".
Preguntado por la existencia de un "doble discurso" en los planteamientos políticos de Quim Torra, Pi explica que "se intenta llegar a acuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez para que no se caiga, porque lo que puede venir podría ser mucho peor, y también para arreglar las cosas del día a día, como la financiación económica o los servicios básicos".
"Al mismo tiempo, Torra tiene un mandato de ir más allá y hacer realidad lo que le pide el parlamento: llegar a la independencia si se puede", añade.
El presidente catalán, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. / Albert Gea / Reuters
En ese sentido, el periodista advierte que "cada vez que el Gobierno catalán intente dar un paso adelante [hacia la proclamación de la independencia], por un lado dificultará la labor de Sánchez y por otro implicará que pueden ir todos a la cárcel y sufrir una intervención del Gobierno autonómico a través de la aplicación, de nuevo, del artículo 155".
Pi resume la historia reciente del proceso separatista recordando que "el independentismo trazó una ruta pacífica a través del derecho a decidir, e intentó ejecutarla, y la respuesta fue lo que ocurrió el 1 de Octubre del año pasado", para concluir que "ese derecho a decidir no es posible ahora mismo, y no hay una alternativa", por lo que según su criterio, "no hay una salida a la vista".
Solicita la pena más alta para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros y 17 para la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell.
Miembros del Gobierno catalán destituido tras la declaración unilateral de independencia en 2017.
Susana Vera / Reuters
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha formalizado finalmente su acusación contra los líderes separatistas catalanes por los delitos de sedición y rebelión, en la que solicita penas de cárcel de hasta 25 años de cárcel.
El Ministerio Público pide así 25 años de prisión –y otros 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público– para el exvicepresidente Oriol Junqueras, al que considera el líder de la rebelión; y 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros que permanecen en prisión preventiva: Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull.
Para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones 'Assemblea Nacional de Catalunya' y 'òmnium Cultural' respectivamente, se solicita una pena de 17 años, la misma que para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Este pronunciamiento llega poco después de la decisión de la Abogacía del Estado, que acusa a los líderes soberanistas de sedición y malversación, descartando finalmente el delito de rebelión al considerar que no hubo alzamiento violento.
La rebelión más la malversación sumarían una pena de entre 15 y 30 años de cárcel. La sedición agravada con malversación implicaría un mínimo de 14 y un máximo de 27, si bien la pena se reduciría considerablemente si los acusados devuelven el dinero supuestamente malversado.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado al exmayor de los Mossos d'Esquadra [policía autonómica de Cataluña], Josep Lluis Trapero, de un delito de rebelión y pide para él una pena de 11 años de cárcel. Esa misma acusación se extiende al exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig.
El presidente de Cataluña acusa a Pedro Sánchez de ser "cómplice de la represión"
Publicado: 2 nov 2018 15:30 GMT
Quim Torra responde así a las penas solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes independentistas en prisión preventiva.
Albert Gea / Reuters
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Tras conocer la petición de condena que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado contra los líderes independentistas, en la que destaca los 25 años de cárcel para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por los delitos de rebelión agravado con malversación de caudales, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha calificado esta decisión de "inaceptable".
En una comparecencia conjunta con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, han mostrado su "inmensa indignación" ante lo que consideran "interminables penas" contra los líderes del proceso independentista, que se encuentran actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio. "La Fiscalía no actúa con anhelo de justicia, sino de venganza", ha llegado a afirmar Torrent, citado por RTVE.
Mientras, Torra señaló directamente al Gobierno socialista de Pedro Sánchez al afirmar que este perdió una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto de Cataluña y devolverlo a la política. Además, acusó al presidente del Gobierno de ser cómplice de la represión: "Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice".
En esta misma línea, los líderes independentistas criticaron a la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, al considerar que la retirada del delito de rebelión en su acusación no es suficiente: "No es un gesto, sino un menosprecio absoluto a demócratas encarcelados", enfatizó Torra.
Por su parte, Torrent ha lamentado los más de 200 años de prisión que la Fiscalía solicita contra los políticos independentistas y ha defendido que se trata de líderes demócratas y gente de paz que no cometieron ningún delito.
Tanto Torra como Torrent volvieron a dejar claro que, pese a los últimos acontecimientos, su intención es seguir por el camino establecido en el referéndum y conseguir sus objetivos: "No pararemos hasta que los presos sean libres y los exiliados vuelvan. Apelamos al espíritu del 3 de octubre para que Cataluña encuentre los grandes consensos que nos unan".
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en Manchester. 20 de octubre de 2018.
Jason Cairnduff / Reuters
Pep Guardiola, actual entrenador del equipo de fútbol inglés Manchester City, saludó a los políticos independentistas presos después de una conferencia que impartió en la prisión donde se encuentran recluidos.
El exdeportista, que colabora con actividades de reinserción del centro penitenciario, se desplazó este jueves hasta la cárcel de LLedoners, en Cataluña, para dar una charla donde participaban todos los internos.
Según informa La Vanguardia, algunos de los políticos que cumplen prisión preventiva estaban reunidos con sus asesores jurídicos, pero terminaron los trabajos para asistir a la conferencia de Guardiola.
Tras el acto, alguno de ellos han mostrado su agradecimiento a través de las redes sociales. Jordi Cuixart, presidente de la asociación civil independentista òmnium Cultural, ha publicado en Twitter una foto con Guardiola y ha valorado positivamente la actitud del técnico por mostrar que "liderazgo también es compromiso socialy solidaridad".
Por su parte, el exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha añadido un agradecimiento al técnico por sus "lecciones" y "generosidad".
El ahora entrenador es conocido por su soporte a la causa de los encarcelados por el proceso independentista catalán y no ha dudado en mostrar su apoyo luciendo en la solapa el lazo amarillo que la simboliza. Un gesto que hizo que la Federación Inglesa de Fútbol le multara con 22.500 euros, pero que no evitó que Guardiola siguiera luciéndolo bajo su abrigo.
Jordi Sànchez y Jordi Turull, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), acusan al Tribunal Constitucional de obstaculizar su acceso a la justicia internacional.
Un hombre sostiene un cartel en el que puede leerse "Stop Sánchez. Elecciones ¡ya!" durante una manifestación en Madrid (España), el 1 de diciembre de 2018.
Sergio Perez / Reuters
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Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional de Catalunya y diputado de Junts per Catalunya (JxCat), y Jordi Turull, exconsejero y diputado de JxCat, que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), han iniciado este sábado una huelga de hambre indefinida con el fin de presionar al Tribunal Constitucional para que conteste a sus recursos, ya que de otra forma no pueden acceder a la justicia internacional.
En un comunicado conjunto leído este sábado por su abogado, Jordi Pina, los dos independentistas presos denuncian "el bloqueo 'de facto'" que les impone el Tribunal Constitucional español para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al admitir a trámite el 100 % de sus recursos de amparo "para, posteriormente, no resolver ninguno".
"No pedimos al Constitucional ningún trato de favor. Pero tampoco aceptamos pasivamente ninguna discriminación ni dilación injustificada", reza el comunicado en el que Sànchez y Turull manifiestan que la huelga de hambre es "una de las pocas protestas legítimas" que les permite el hecho de estar encarcelados.
Los dos presos, cuyo juicio está previsto para enero, han comunicado la mañana de este sábado el inicio de una huelga "sin duración determinada" a la dirección de la cárcel, según fuentes penitenciarias. Ahora los médicos deberán revisar su estado de salud cada dos días, mientras que los presos deberán seguir el régimen normal del centro penitenciario, incluida la obligación de asistir al comedor.
Pedro Sánchez: "Van a tener un juicio justo"
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comentó al respecto desde Buenos Aires que "es evidente que no es una buena noticia" y que las razones que alegan los presos "no son ciertas".
Al mismo tiempo, ha asegurado que "van a tener un juicio justo", ya que España es un "Estado social y democrático de Derecho", en el que "la justicia es independiente".
Diputados de JxCat, ERC y CUP inician un ayuno de 24 horas en apoyo a los presos. (LV)
Diputados de JxCat, ERC y la CUP en el Parlament participan este jueves en el convento de los Caputxins de Sarrià de Barcelona en un ayuno de 24 horas en apoyo a la huelga de hambre de los presos soberanistas, han explicado en un comunicado este miércoles.
Los diputados se encierran en el convento desde las 9 horas del jueves a las 9 del viernes, por lo que coinciden con el 40 aniversario de la Constitución.
Pretenden “hacer de altavoz a la denuncia de los presos en huelga de hambre”
Por parte de ERC participan en la acción los diputados republicanos Sergi Sabrià, Gerard Gómez, Josep Maria Jové, Irene Fornós, Lluís Salvadó, Gemma Espigares y Ruben Wagensberg.
Esta será la primera acción de diputados en apoyo a la huelga de hambre iniciada por el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente catalán Carles Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo, así como del Gobierno catalán actual, presentaron en el teatro KVS de Bruselas el Consejo por la República catalana.
En el acto, según informa Nació Digital, participaron en torno a unas 400 personas y estuvieron presentes en él una delegación de la Generalitat (Gobierno catalán) encabezada por su presidente, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès.
El responsable del Consejo por la República, el exconsejero de Sanidad Toni Comín, aseguró que el organismo no se limitará al "simbolismo" sino que tendrá "un órgano ejecutivo para hacer valer el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo" y promoverá la acción legislativa, la "ciudadanía republicana" y también "estructuras republicanas".
También desarrollará estrategias para el reconocimiento de la República catalana, acción diplomática y movilización ciudadana.
En este capítulo, Comín destacó que el Consejo por la República pedirá la suspensión de España como miembro de la Unión Europea (UE) ya que, según él, no cumple "con los requisitos" de membresía.
El organismo apostará además por liderar una "alianza" de todos los pueblos y movimientos que "luchan por la autodeterminación."
"El Consejo es la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa", reza el texto del vídeo de la presentación, en la que se explica que "desde el primero de octubre (fecha del referéndum unilateral de autodeterminación en 2017), Cataluña ha iniciado el camino hacia la República" y que ahora "el Consejo ha de servir para culminarlo."
El Consejo por la República, cuya creación forma parte del acuerdo de coalición de gobierno en Cataluña entre Junts per Catalunya (JxCat) —la plataforma electoral que encabeza Puigdemont y de la que también es miembro Torra— y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuenta actualmente con 40.000 inscritos en su página web.
Por este motivo, el tercer partido independentista con representación en el Parlamento catalán, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), anunció a través de un comunicado que no participaría en la presentación del Consejo por la República en Bruselas, afirmando que "la organización no quiere contribuir a avalar iniciativas que parten desde una lógica simbólica, que no tienen como objetivo central la ruptura democrática con el Estado español y que no disponen de mecanismos de control democrático y popular."
"En este sentido, la CUP considera que, a partir de la información explicada, esta nueva institución alimenta el discurso simbólico en el exterior y no afronta el elemento central del conflicto que vive el país que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del territorio", continúa el comunicado al añadir que "por ahora el Consejo por la República no se constituye como una entidad que permita avanzar nacional ni socialmente."
Aunque "la CUP siempre se mostró a favor de estudiar la posibilidad de crear una institucionalidad paralela al amparo de la represión de los aparatos del Estado español, que facilitase la internacionalización del conflicto y que trabajase para trazar estrategias para ejercer el derecho a la autodeterminación, ésta ha de seguir criterios de discreción, rigor, responsabilidad, mirada larga y no han de ser espacios que respondan a estrategias de comunicación pensadas para convencer y contentar a la opinión pública catalana."
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable. Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Información y privacidad de Twitter AdsSin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
Información y privacidad de Twitter AdsEn los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
MADRID (Sputnik) — La defensa de los 18 procesados en la causa donde se investigan los posibles delitos del independentismo catalán pidieron en el Tribunal Supremo (TS) —con sede en Madrid— que su juicio sea trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Durante la vista de cuestiones previas que se desarrolla en el TS, la defensa de los procesados argumentó que, en caso de haberse producido los delitos que se les atribuyen a los líderes independentistas, estos fueron cometidos en Cataluña, por lo que el juicio debería ser trasladado allí.
"Lo único relevante para atribuir la competencia es el lugar donde se hayan cometido los hechos que constituyen el elemento del tipo penal", argumentó Marina Roig, abogada del líder social Jordi Cuixart, uno de los procesados.
En total, el Tribunal Supremo mantiene encausadas a 18 personas, a los que se les atribuyen delitos de rebelión, sedición, desobediencia o malversación por su participación en el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña el día 27 de ese mismo mes.
Entre los 18 encausados están 9 destacados líderes sociales y políticos que se encuentran hace más de un año en prisión preventiva, a la espera de que se celebre el juicio.
Entre ellos destacan figuras como el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Pedro Sánchez reunirá a su Ejecutivo en la capital catalana en el aniversario de las últimas elecciones autonómicas mientras las fuerzas independentistas se esfuerzan en boicotear la visita.
Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y otras organizaciones separatistas pretenden así "parar completamente el país", provocando una 'gran aturada' ('gran parada' en catalán) mediante distintas formas de sabotaje de la circulación.
En sus redes sociales han llamado a "maximizar la movilización independentista", y han señalado a la movilización de los 'chalecos amarillos' franceses como una fuente de inspiración.
No serán, en cualquier caso, las primeras acciones que se produzcan en el espacio público como reacción a la visita del Consejo de Ministros. Durante las últimas semanas, el independentismo a pie de calle se ha mostrado especialmente agitado y combativo.
Ya durante el segundo fin de semana de diciembre –muy cerca de la fecha en la que se celebraba, precisamente, el día de la Constitución Española–, varios miembros de los CDR mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
Esta última consigna apunta a un aspecto importante del momento político en Cataluña: la insatisfacción de los sectores más radicales del separatismo con respecto al gobierno regional, encabezado por el independentista Quim Torra. Para estos sectores, todo lo que no sea proclamar la república constituye una dilación inadmisible de los objetivos de la Generalitat.
Una decisión controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que consideró la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes. En efecto, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
"Los nacionalistas son expertos en propaganda"
En opinión de la periodista y analista política catalana Laura Fábregas, la visita del Consejo de Ministros a Barcelona, en su planteamiento inicial, fue articulada desde el Gobierno de Pedro Sánchez como "un gesto de acercamiento" para, entre otras cosas, "demostrar que España no es solo Madrid, que es un país descentralizado y que, como tal, puede celebrar los Consejos de Ministros en distintas ciudades, como ya ocurrió en Sevilla".
Manifestación a favor de la liberación de los líderes independentistas presos. Barcelona, 16 Octubre de 2018 / Albert Gea / Reuters
Con respecto al "punto de provocación" percibido desde la Generalitat, Fábregas comenta que "el nacionalismo siempre verá una provocación en cualquier cosa que implique rebajar la tensión".
Esta analista comenta la situación interna de las fuerzas soberanistas en Cataluña y la intensidad de sus reivindicaciones señalando que "hay frustración porque el proceso independentista no ha cumplido aún su finalidad de proclamar la república". Asimismo también ha querido precisar que "a veces, desde la prensa española, se exagera un poco lo que son los CDR", y explica que la mayoría ellos "no son violentos, no hacen cosas preocupantes, salvo un grupúsculo que si lleva a cabo cortes de carreteras, etcétera".
"Los CDR –explica la periodista– no son una organización vertical, sino completamente horizontal, anónima, con mucha coordinación. Y en ellos hay de todo, hay incluso madres". Fábregas subraya que los integrantes de estos grupos "son en su mayoría de personas normales y pacíficas", aunque sí existe una minoría de "elementos violentos que aprovechan cualquier excusa para generar altercados".
Fábregas no se atreve a hacer ningún pronostico sobre la probabilidad de que se aplique el artículo 155 de Cataluña, y se limita a señalar que, de momento, ni los nacionalistas parecen dispuestos a "transgredir el umbral legal volviendo a la vía de la unilateralidad", ni el Gobierno de Sánchez a aplicar el 155, por más presión que reciba diariamente desde una oposición parlamentaria en la que los partidos más conservadores (Ciudadanos y el Partido Popular) se lo reclaman con insistencia.
"Veo complicado aplicar el artículo 155 si no hay antes una vulneración de la legalidad muy flagrante", concluye Fábregas, que no obstante advierte que "la realidad catalana cambia cada día".
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