El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
Los letrados de la Cámara no están convencidos de su viabilidad.
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La mayoría independentista de la Mesa del Parlamento catalán ha decidido este viernes presentar una querella contra Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que se negó a excarcelar a Jordi Sànchez, candidato la presidencia de la Generalitat, para que pudiera asistir al pleno de su investidura.
Tal como informa el diario catalán El Nacional, los letrados de la Cámara han manifestado dudas acerca de si el Parlamento catalán, como institución, es competente para llevar a cabo esta acción jurídica. Sin embargo, se han mostrado conformes sobre la supuesta existencia de una vulneración de los derechos políticos del candidato Jordi Sànchez.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en toda España y las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en cuarenta capitales de provincia. Los partidos monárquicos únicamente ganaron en nueve: Ávila, Burgos, Cádiz, Lugo, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria, Vitoria. Incluso aquellas que hoy consideramos atrasadas o reaccionarias como las gallegas o las castellanas votaron entusiasmadas por la República.
En palabras del ministro de la Gobernación la tarde de las votaciones, «las informaciones recibidas de los pueblos pequeños acusaban favorables impresiones, pero las de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas.» En Vitoria y Pamplona, donde triunfaron los jaimistas (partidarios del infante Jaime, primer hijo de Alfonso XIII), tras la proclamación de la Segunda República se repitieron las votaciones el 31 de mayo, y se obtuvieron sendas victorias republicanas. La corriente antimonárquica había triunfado en 41 capitales de provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. España se acostaba monárquica y se levantaba republicana, y así lo constató el conde de Romanones cuando aconsejó al rey Alfonso XIII que se fuera porque su pueblo no lo quería, a pesar de las consultas que aquel pretendía hacer a su Ejército.
Han transcurrido 87 años y la España que fue republicana, ilustrada, progresista, incluso socialista, acepta la monarquía, al parecer como mal menor, utilizando como chantaje la amenaza siempre presente de otra conflagración civil, cuando ninguna situación actual es comparable con la de 1936 ni existe ninguna justificación a que España, que tanto luchó por la República deba aguantar, sin esperanza de cambio, la saga de los Borbones. Al parecer hay que cumplir el dicho de que los Borbones siempre vuelven: se echó a Isabel II y regresó Alfonso XII, se echó a Alfonso XIII y aquí tuvimos a Juan Carlos I. Pero para ver la corona nuevamente reinando en Españaeste martirizado pueblo, que, como decía Bernardo López García, “no ha tenido más verdugo que el peso de su corona”,que ha librado tres guerras civiles para acabar con el feudalismo, los gobiernos corruptos, una Administración anquilosada, el amiguismo y el enchufismo, la explotación de sus trabajadores, las desigualdades de renta y la marginación y la opresión de sus mujeres, tuvo que ser derrotado trágicamente en la última y soportar 40 años de dictadura. Para encontrarse nuevamente con el reinado borbónico que mantiene los mismos privilegios que un siglo atrás.
Las generaciones crecidas en el caldo de cultivo de la dictadura primero y de la democracia después, no solo en los colegios fascistas, jesuíticos y del Opus sino también en esta escuela pública que no enseña nuestra verdadera historia, no saben nada de lo que fue aquella heroica República y los principios que defendía y que aprobó una Constitución que comenzaba diciendo que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase,” y cuyo artículo 3 afirmaba que “El Estado español no tiene religión oficial”. Como declaración de principio ratificaba en su artículo 6 que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Ya sabemos lo que duró aquella paz y cómo la traicionaron los generales que habían jurado fidelidad a la República.
Aquellos que reclaman la Mancomunidad de sus provincias bajo este Estado monárquico no parecen saber que el Artículo 10 de la Constitución republicana afirmaba que “las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor.” Y que este mismo cuerpo legal fue el que estableció las regiones autónomas y aprobó el Estatut de Cataluña y el del País Vasco.
Esa Constitución es la primera en España que establece en su artículo 25 que “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.” Con tales principios se eliminaban las discriminaciones que sufría la mujer, los privilegios de la aristocracia, las prebendas que mantenía la Iglesia católica y en dos años suprimía el mantenimiento económico de esta, así como disolvía las órdenes religiosas.
Era la primera vez también que se reconocía la igualdad de derechos de ambos sexos en el matrimonio y su disolución por mutuo disenso o con justa causa, así como terminaba con la discriminación de los hijos según fueran habidos fuera o dentro del matrimonio. Y sabemos que en ese mismo texto legal se establecía la igualdad para el hombre y la mujer en el derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto.
Con enorme valor que rayaba en una ingenua temeridad, la Constitución republicana se atrevía a declarar en su artículo 44 que“Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.” Lo que permitió que antes de un año las Cortes Republicanas aprobaran la Ley de Reforma Agraria de 1932, promulgada el 9 de septiembre, que pretendía resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España. Pues junto a los latifundios propiedad de unos centenares de familias, casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. El método que finalmente se escogió para resolver el problema fue la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.
Antes de ello, para solucionar la difícil situación de los jornaleros desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas en los llamados “Decretos agrarios” de Largo Caballero, en los que se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que las arrendaban. Se aplicaba también a los jornaleros la jornada de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales, se obligaba a contratar a jornaleros del propio municipio, y se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación, para evitar que los terratenientes boicotearan a la República dejándolas en barbecho. Era evidente que la República no podía sobrevivir ante la feroz ofensiva de los latifundistas que poseían la mayor parte de la riqueza agraria de nuestro país. Y que en alianza con la banca y la gran industria financiaron el golpe de Estado y la Guerra Civil, con las bendiciones de la Iglesia Católica.
Quizá ustedes crean que en la actualidad esa cuestión está resuelta, ya que no se menciona, pero en el día de hoy el 55 por ciento de las tierras cultivables son propiedad de los latifundistas, que son los Grandes de España de la aristocracia, igual que a principios del siglo XX, y que además hoy reciben la mayor parte de las ayudas económicas de la UE en el Plan Agrario Europeo.
Por supuesto, el Presidente de la República era “criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales” al que se podía acusar por la comisión de cualquier delito. La impunidad solo es privilegio de reyes.
Y sería bueno recordar cómo se escogía a los componentes del Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy se encuentra en estado de sospecha por su forma de elección, mientras que la República establecía una enorme variedad de participantes, desde los magistrados escogidos por el Parlamento a un representante de cada una de las regiones españolas, dos miembros nombrados por todos los colegios de Abogados de la República y cuatro profesores de las Facultades de Derecho, que hacía imposible la venalidad o la parcialidad en sus resoluciones.
Ciertamente esa República elegida en 1931 se adelantaba en medio siglo a la de muchos otros países europeos y hoy sería modelo de la que España necesita.
Manifestantes también exigen el retorno a Cataluña de otros representantes y activistas huidos de la Justicia española.
Esa concentración tiene lugar 10 días después de que un juez alemán liberara al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y seis meses después de que los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la asociación Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente —dos de las figuras principales del proceso independentista catalán— fueran puestas en prisión preventiva.
El problema catalán sigue atascado, tanto en la vía judicial como en la vía política: casi cuatro meses después de las últimas elecciones autonómicas, el Parlamento de Cataluña aún no ha propuesto un candidato presidenciable.
CATALUNYAPuigdemont, sobre su futuro: "Pasaré décadas en la cárcel o años en el exilio"
El expresident de la Generilat afirma que su "opción más realista es no tener un plan para el futuro" porque no sabe si será extraditado a España, aunque niega tener una vida clandestina.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido este sábado que no quiere hacer planes de futuro porque puede estar "muchos años en el exilio" o décadas en la cárcel.
"La opción más realista es no tener un plan para el futuro. En el peor de los casos, seré extraditado a España. Esto quiere decir que mi futuro será claro: décadas en prisión. Si no, probablemente pasaré muchos años en el exilio", ha asegurado en una entrevista en la revista británica The Times Magazinerecogida por Europa Press.
Puigdemont ha afirmado que desde el extranjero puede actuar políticamente mientras que en la cárcel se convertiría en "un rehén sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento", que ahora sí que tiene y dice que la utiliza para defender su situación y criticar la actuación del Estado.
Asimismo, ha reivindicado que no tiene una vida clandestina y que sigue siendo presidente: "No soy un fugitivo. No estoy viviendo una vida clandestina. Soy presidente. Tengo que reunirme con gente, actuar. No vivir en la oscuridad".
También ha rechazado que sea un mártir y ha explicado que no puede acostumbrase a su situación: "No poder besar a mis hijas cada noche, no explicarles cuentos... Es imposible acostumbrarse a esta situación".
Suspensión de la declaración de independencia
Puigdemont también ha sostenido que fue un "error" suspender la declaración de independencia el 10 de octubre, pero que lo hizo porque creía que podría haber un diálogo con el Gobierno central.
"Tenía información directa de que se podía abrir una ventana para el diálogo político si no tomábamos ninguna decisión irreversible. Siempre he priorizado dialogar como una manera de hacer las cosas y por eso la retrasé. Pero fue un error. Nunca iba a haber diálogo", ha lamentado, y ha señalado que una semana después el independentismo estaba en una peor posición.
Además, Puigdemont ha afirmado que explicaron al Gobierno que querían hacer un referéndum como el de Escocia, pero que no tuvieron "un David Cameron en el otro lado". "Esperábamos que después de 40 años de democracia y siendo miembros de la Unión Europea había una nueva generación. Estábamos equivocados", ha sentenciado.
El diputado Quim Torra cuenta ahora con las cuatro abstenciones del partido más radical del bloque independentista –la CUP– para ser investido. El candidato promete cumplir “el legado de Puigdemont” y recuperar el control de las instituciones.
“Hoy nos deshacemos del 155 y abrimos una nueva etapa de futuro”, dijo el sábado Quim Torra. Imagen: EFE
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Desde Barcelona
“Hoy nos deshacemos del 155 y abrimos una nueva etapa de futuro.” Así cerró el sábado su discurso el cuarto –y posiblemente último– presidenciable de Cataluña durante el periodo nebuloso que se abrió a partir de las elecciones del pasado diciembre. Quim Torra es el candidato finalmente elegido por el ex gobernador exiliado, Carles Puigdemont, para continuar su proyecto independentista y dirigir la región bajo sus instrucciones desde Alemania. Tras no obtener la mayoría absoluta necesaria este sábado en el Parlamento regional porque contó solo con los votos de las filas secesionistas, el nuevo postulante a la Presidencia de la Generalitat espera la segunda sesión que se celebrará hoy y en la que solo necesitaría una mayoría simple para ser investido. La posibilidad de una repetición electoral se descartó ayer con la decisión de la formación secesionista, CUP, de darle a Torra la abstención de sus cuatro diputados para facilitarle la asunción.
Quien hasta hace tres días era un desconocido para gran parte de la población catalana, el sábado bajó al estrado del Parlamento regional para postularse como sucesor del camino recorrido hacia una República independiente por los gobiernos previos y, sobre todo, por el último, cuya cúpula se encuentra entre rejas o fugada en el extranjero. El papel que este editor y abogado de 55 años profundamente comprometido con la causa soberanista pretende cumplir si resulta elegido es el de “un president de transición”, tal como lo explicitó en su discurso. “Yo hoy no tendría que estar aquí. Quien tendría que estar aquí es nuestro president, Carles Puigdemont”, dejó claro Torra no bien arrancó su comparecencia, remarcando el caracter provisional de su hipotética legislatura. Su intención es cumplir con el mandato que el jueves pasado el ex dirigente le encomendó, tras aceptar el último batacazo del Gobierno español para impedir su investidura a distancia (un recurso interpuesto a una ley impulsada por el Parlamento local con el objeto de dar vía libre a este procedimiento).
“Nuestro legítimo presidente es Carles Puigdemont. Insistiremos y lo investiremos lo antes posible”, aclamó Quim Torra. “Seremos leales al mandato del 1-0: construir un Estado independiente en forma de república. La mejor manera de construir una república para proteger a los presos políticos y a los exiliados es formar un Govern”, afirmó el candidato de Junts per Catalunya (JuntsxCat), partido mayoritario dentro del grupo parlamentario secesionista. Además de la restitución de Puigdemont, el regreso de los expatriados y la libertad de los nueve ex miembros de Gobierno encarcelados, la prioridad de Torra es recuperar el control de las instituciones catalanas, en manos del Ejecutivo de Mariano Rajoy desde octubre del año pasado. “Cuando se levante el 155 no tendremos excusa para trabajar por la República. Asumiremos toda la responsabilidad de nuestros actos”, aseguró durante el primer debate, subrayando que, en el caso de ser investido, el gobierno central “ya no tendrá ningún motivo” para que esté vigente el artículo 155 de la Constitución que activó el Partido Popular (PP) con el apoyo del Socialista (PSOE) y Ciudadanos en represalia de la declaración unilateral de la independencia de Puigdemont.
Las palabras de Quim Torra también fueron coherentes con el viraje hacia la conciliación que el movimiento independentista viene llevando a cabo en los últimos meses, después de una ofensiva sin tregua de la Justicia y el Ejecutivo españoles. El candidato abogó por el diálogo con el Poder central y las instituciones europeas y se esmeró en ubicarse lejos de la desobediencia abanderada por el Govern anterior. “La Cámara tendrá que abandonar el terreno fangoso abonado al ámbito judicial y hacer política en mayúsculas”, profirió, a la vez que puso el acento en “construir un frente común contra la represión del Estado” más allá de las filas separatistas.
La mano tendida “para hablar sin condiciones” que Torra ofrece a Rajoy tampoco convenció demasiado al presidente español que, mediante un largo comunicado, calificó de “frentista, pasado y alejado de lo que la inmensa mayoría de catalanes, moderados y constructivos, quieren para el momento presente y para la Cataluña del futuro”. También le advierte el Ejecutivo del PP que “estará muy vigilante de los actos del candidato y de su posible Gobierno”, dado que “cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración de nuestro marco constitucional será respondida”.
Quim Torra no se olvidó tampoco en su discurso de otras dos figuras claves en el terreno adverso a su causa por la independencia: el rey Felipe VI y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El emisario de Puigdemont recordó al monarca su mensaje de que “Cataluña sería lo que quisieran los catalanes” para contraponerlo a la severa postura anti independentista que, finalmente, defendió tras el referéndum del 1 de octubre. “Hay presos políticos, exiliados e investigados. Votamos en octubre y el 21 de diciembre y no se respeta el resultado. Majestad, así no”, proclamó desafiante Torra, animado por el aplauso de toda la bancada secesionista. Con respecto a la máxima institución de la Unión Europea, el candidato también se mostró crítico y remarcó que “Cataluña merece una mediación por parte de la autoridades europeas”, a la vez que consideró vergonzosa la existencia de “presos políticos” en el seno de la UE.
Del otro lado del hemiciclo, los grupos parlamentarios representativos de la mitad catalana que no quiere separarse de España, vieron en el discurso de Torra un intento de contentar a la CUP, cuyos votos necesitaba para ser investido, y una interpelación- al igual que los candidatos anteriores- exclusiva hacia el sector de la población que apoya la independencia. Inés Arrimadas, líder del partido ganador en las urnas de diciembre, Ciudadanos, usó como arma arrojadiza contra el presidenciable la cita de algunos comentarios suyos en Twitter en los que, según ella, menosprecia
a quienes quieren seguir siendo parte de España. “Lo que usted representa es el nacionalismo excluyente”, le lanzó la jefa de la oposición en el Parlamento local. “Usted no vino aquí a dirigir un Govern, sino un CDR (Comité en Defensa de la República, grupos de acción ciudadana a favor de la independencia)”, acusó Arrimadas al candidato. También Xavier Doménech, número uno de la coalición integrada por Podemos, Catalunya en Comú, se mostró preocupado por las afirmaciones despectivas de Torra hacia los españoles, así como por la incertidumbre que, en su opinión, rodea al “mandato provisional” que el propio candidato dijo que ejercería. “¿Por cuánto tiempo será president? ¿Tendremos que esperar a que Carles Puigdemont lo diga?”, inquirió el representante de la formación izquierdista.
La investidura pone fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
El candadidato Quim Torra, de la formación independentista Junts per Catalunya (el grupo parlamentario de Carles Puigdemont), ha sido investido este lunes como presidente de la Generalitat de Cataluña, al obtener mayoría simple en la segunda vuelta de votaciones en el Parlamento catalán.
La abstención de los cuatro diputados del partido independentista anticapitalista CUP ha permitido que en esta sesión Torra haya sido elegido presidente por mayoría simple, con 66 votos favorables de su grupo y de Esquerra Republicana de Catalunya frente a los 65 votos en contra del resto de grupos.
Torra es el cuarto candidato presentado por los independentistas a la Presidencia de la Generalitat, tras el propio expresidente Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull, los tres inmersos en procesos judiciales.
Este 'plan D' de los partidos independentistas ha contado con la circunstancia favorable de que Torra no tiene causas pendientes con la justicia. Además, la admisión del voto delegado de Puigdemont y Comín, los dos diputados que permanecen fuera del país, ha contribuido a reunir los votos suficientes para lograr la investidura en esta segunda ronda.
Con esta investidura se desbloquea la situación política de Cataluña, que desde las elecciones del 21 de diciembre no había conseguido tener ni Gobierno ni presidente, y deja de estar en vigor el artículo 155 de la Constitución Española, que suponía la intervención de su autonomía a manos del Gobierno central.
¿Quién es Quim Torra?
El recién nombrado presidente de la Generalitat es diputado de la formación Junts per Catalunya desde las anteriores elecciones del 21 de diciembre, en las que concurrió en la lista por Barcelona de la formación independentista.
Fue elegido vicepresidente de la asociación òmnium Cultural en abril de 2011, y accedió a la presidencia de esta entidad en julio de 2015. En diciembre de ese mismo año le sucedió Jordi Cuixart, que se halla en prisión provisional desde octubre 2017, acusado de un presunto delito de sedición.
Anteriormente, Torra, que es abogado, había trabajado en una compañía de seguros hasta el año 2007, en el que fundó una empresa editorial. Además, ha escrito siete libros, la mayoría ensayos sobre personajes públicos de Cataluña de principios del siglo XX.
Carles Puigdemont le escogió desde Alemania para ser candidato a la presidencia de la Generalitat, a través de un vídeo que hizo público el pasado jueves. Torra no está inmerso en ningún proceso judicial y su perfil –ampliamente criticado desde la oposición– es el de un independentista 'del ala dura'.
Desde que se conoció la candidatura de Quim Torra, comenzaron a difundirse unos tuits que el político escribió en 2012, cuando era vicepresidente de la organización civil òmnium Cultural. En ellos habla de manera despectiva de los españoles con frases como "Oír hablar al señor Rivera de moralidad es como oír hablar a los españoles de democracia", "vergüenza es una palabra que los españoles hace siglos que no han eliminado de su diccionario" o "los españoles solo saben expoliar
El acto ha durado poco más de tres minutos y no ha contado con la presencia de miembros del Gobierno español.
El recién elegido presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tomado este jueves posesión de su cargo en un escueto acto en el que no mencionó a la Constitución española ni al rey de España.
"Prometo cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat, con fidelidad al pueblo de Cataluña, representado por el Parlamento de Cataluña", ha declarado Torra.
El acto, que duró apenas tres minutos, no contó con la presencia de ningún representante del Gobierno de España. En cambio sí estuvo presente el presidente del Parlamento catalán y también asistieron varios familiares del propio Torra.
La Generalitat ya había informado previamente de que el acto se enmarcaría dentro de "la estricta legalidad catalana". Tras la lectura inicial del decreto de nombramiento por parte del secretario del Govern, Víctor Cullell, Torra ha procedido con su discurso de toma de posesión.
Gobierno catalán rompe relaciones protocolarias con la Corona de España
Publicado: 22 jun 2018 16:49 GMT | Última actualización: 22 jun 2018 17:05 GMT
En España, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha anunciado que la comunidad autónoma romperá las relaciones protocolarias con la Corona. Torra se pronunció así justo antes de su asistencia a la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, donde también estuvieron presentes el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Un tribunal alemán descarta el cargo de rebelión contra el expresidente catalán. Por ello Puigdemont no podrá ser juzgado en España por ese presunto delito.
El actual presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y su predecesor Carles Puigdemont asisten a una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el 15 de mayo de 2018.
Hannibal Hanschke / Reuters
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La Audiencia territorial del estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania) ha decidido extraditar a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por un presunto delito de malversación de fondos.
De esta manera el tribunal ha rechazado la extradición del político catalán por el cargo de rebelión. Por ello Puigdemont no podrá ser juzgado en España por ese presunto delito.
El fallo del tribunal no prevé medidas cautelares por lo que el expresidente de la Generalitat permanecerá en libertad.
El actual presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha calificado como una "gran noticia" la decisión de la Justicia alemana de rechazar el cargo de rebelión contra Puigdemont.
Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem.
Puigdemont fue detenido a finales de marzo al cruzar la frontera alemana en el norte del país y se ha instalado en Berlín desde que fuera puesto en libertad. El pasado 22 de mayo, el tribunal de Schleswig-Holstein se negó a incluir el cargo de rebelión en el proceso para determinar la extradición a España del expresidente catalán, a pesar de la documentación enviada por las autoridades españolas.
La Fiscalía del mismo estado federado, por su parte, solicitó el cumplimiento de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español y, a principios de junio, presentó formalmente la solicitud de entrega europea a España de Puigdemont.
Según el Tribunal Supremo, durante la jornada del 1 de octubre —cuando en Cataluña se llevó a cabo el referéndum de independencia que había sido previamente suspendido por el Tribunal Constitucional—, se registraron delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
De acuerdo con la Justicia española, Puigdemont tuvo una responsabilidad plena durante el desarrollo de los acontecimientos al ocupar el cargo más alto en la región cuando ocurrieron los hechos.
El pasado 23 de marzo, el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo de España, activóuna orden de detención internacional contra los cinco políticos catalanes que el 30 de octubre se trasladaron a Bruselas para eludir la acción de la justicia española: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
El exdirigente catalán Carles Puigdemont, que fue arrestado en Alemania el pasado 25 de marzo, fue puesto en libertad días después tras pagar una fianza de 75.000 euros. El juez alemán descartó su extradición a España por el delito de rebelión y considera "inadmisible" imputarlo por esta causa.
Carles Puigdemont crea un nuevo movimiento político para lograr la independencia de Cataluña
Publicado: 16 jul 2018 23:31 GMT
El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y otras figuras independentistas presentaron un nuevo movimiento político al que han denominado la 'Crida Nacional per la República' (Llamamiento Nacional por la República). El proyecto prevé tener un carácter transversal y acumular todas las fuerzas soberanistas.
“No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de “Cataluña”. Este es el mensaje que desde hace dos meses suena por la megafonía municipal de Vic (Barcelona). En días puntuales de la semana, y a las ocho de la tarde, el Ayuntamiento emite estas palabras desde los altavoces de la sede consistorial. La acción es una iniciativa conjunta del gobierno municipal y de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), òmnium Cultural y Procés Constituent.
El mensaje se emite precedido por un sonido intenso de campanas, un toque de campanas conocido en la historia de Cataluña como “toc de sometent”, la llamada al somatén, las unidades de civiles armados que eran convocados cuando un municipio se encontraba en peligro. Una portavoz del Ayuntamiento informa de que las campanas de somatén suenan cada día desde las pasadas Navidades; la voz del mensaje es la del actor Lluís Soler. El Ayuntamiento no informa con antelación de los días que emite la grabación.
El gobierno municipal está controlado por el PDeCAT. Arnau Martí, concejal de Vic per a Tots –coalición formada por los Comunes y de Podemos–, explica a EL PAÍS que pedirán en el próximo pleno que se ponga fin a esta iniciativa. “Me parece esperpéntico, y más en este tono de amenaza, de peligro”, dice Martí. “Eleva el tono de crispación. La institución ya ha demostrado de forma reiterada su solidaridad con los presos y creemos que no se puede utilizar la alarma municipal como si estuviéramos en un estado de sitio”, apunta Martí.
De acuerdo con el presidente del gobierno español, "lo que está en juego en Cataluña ahora no es la independencia sino la convivencia".
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Susana Vera / Reuters
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Durante una entrevista concedida este lunes en directo a la Cadena Ser, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha pronunciado a favor de que se celebre un referéndum en Cataluña sobre el autogobierno.
"Queremos dialogar y resolver una crisis política. El hecho final tiene que ser una votación", ha aseverado Sánchez, insistiendo en que "ley y diálogo" es la respuesta a la crisis política en Cataluña.
Sin embargo, el líder del Ejecutivo ha subrayado que si se celebra un referéndum en Cataluña no será sobre la autodeterminación, sino sobre autogobierno. Según ha detallado Sánchez, una posible consulta popular en Cataluña se centraría en "un nuevo Estatuto".
De acuerdo con el mandatario español, "lo que está en juego en Cataluña ahora no es la independencia sino la convivencia". En ese sentido, Pedro Sánchez ha enfatizado que el Gobierno español "está en contra de todos los símbolos que dividan y separen", refiriéndose a la proliferación de los lazos amarillos (símbolo del movimiento independista catalán).
Asimismo, el presidente del Gobierno español ha instado a los líderes del independentismo catalán a acabar con "la dinámica de bloques". "La sociedad catalana está dividida, partida en dos bloques y hay que romper con esa dinámica", ha señalado Sánchez.
El alto mandatario también ha informado que antes de finalizar el año se celebrarán dos Consejos de Ministros fuera de Madrid. "Sacaremos el Consejo de Ministros de Madrid y lo llevaremos a Andalucía y a Cataluña", ha precisado Sánchez.
“Esta propuesta que hago al pueblo de Cataluña es muy sencilla: o libertad o libertad”, dijo Torra al desgranar su programa para los próximos meses en una conferencia titulada Nuestro momento, en el Teatro Nacional de Catalunya en Barcelona.
Torra abrió la mano al diálogo con Sánchez, pero no cederá en su reivindicación soberanista.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, llamó ayer a una movilización masiva de la sociedad catalana en apoyo a la independencia y en rechazo a lo que consideró el fascismo del Estado español. Además advirtió que sólo aceptará una sentencia que absuelva políticos encausados por el proceso por el proceso independentista del año anterior. “Esta propuesta que hago al pueblo de Cataluña es muy sencilla: o libertad o libertad”, dijo Torra al desgranar su programa para los próximos meses en una conferencia titulada Nuestro momento en el Teatro Nacional de Catalunya en Barcelona. “Hemos llegado más lejos que nunca en el camino de la independencia”, afirmó y aseguró que tienen un objetivo claro y es que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. “Tenemos un mandato y tenemos que superar todas los obstáculos que nos pongan para hacerlo realidad”, sentenció. Casi un año después del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 que abrió una crisis institucional sin precedentes en España, Torra abrió al mismo tiempo la mano al diálogo con el Gobierno central de Pedro Sánchez, aunque aclarando que no cederá en su reivindicación soberanista. En su exigencia más concreta, volvió a plantear a Madrid la necesidad de celebrar en Cataluña un referéndum de autodeterminación que sea acordado, vinculante y reconocido internacionalmente. “No aceptaré menos que eso, porque los catalanes tenemos los mismos derechos que los escoceses o los ciudadanos de Quebec para poder definir nuestro futuro”, insistió Torra en su conferencia. Asimismo aseguró que en ninguna democracia del mundo puede ser delito poner urnas, por lo que afirmó que no se resignará a sentencias injustas que, a su consideración, traerían más dolor, más conflicto y más represión. “Sobre humillaciones no se construir nunca nada”. Torra denunció un intento planificado de destruir el proyecto independentista, pero subrayó la resistencia del pueblo respetado sobre todo por la comunidad internacional. “Hablo de un pueblo unido contra el fascismo, que combatirá siempre con decencia y humanismo el totalitarismo”. El presidente regional aseguró que el independentismo tiene la mayoría social detrás. Esta conferencia se dio luego del anuncio del presidente de España, Pedro Sánchez, donde expresó su disposición a celebrar un referéndum sobre un nuevo Estatu, pero no sobre la independencia del pueblo catalán.
Desde que el 27 de octubre de 2017 el Parlamento autonómico catalán declaró la independencia unilateral de Cataluña, nueve líderes independentistas están en prisión preventiva. Entre ellos, Oriol Junquera, que fue vicepresidente del Ejecutivo del expresidente catalán Carles Puigdemont. Todos fueron trasladados desde cárceles en Madrid a otras de Cataluña para acercarlos a sus familias.
Alrededor de un millón de personas, según la Guardia Urbana, llenaron ayer la Diagonal de Barcelona, entre la plaza de las Glòries y el Palau Reial, para participar en la jornada del Onze de Setembre anunciada bajo el lema “Fem la república catalana”. Fue esta la séptima manifestación consecutiva de la Diada en inequívoca clave independentista. Y, como las anteriores, acreditó el músculo del soberanismo, su capacidad de movilización y el civismo de los manifestantes. Un civismo –queremos subrayarlo– a prueba de provocaciones y refractario a propuestas extremistas. Así pues, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) redondeó un nuevo evento que, pese a sus similitudes con los de años anteriores, tuvo sus toques coreográficos particulares y volvió a atraer a soberanistas de toda Catalunya, llegados a Barcelona a bordo de distintos medios de transporte, entre ellos unos 1.500 autocares, según la ANC.
La manifestación del Onze de Setembre de este año ha estado marcada por la reivindicación de libertad para los políticos que siguen en prisión preventiva por haber quebrantado el orden constitucional hace ahora un año. También por la petición de regreso para los que prefirieron eludir la acción de la justicia y afincarse en el extranjero. Pese al lema de la marcha de ayer, mencionado en el primer párrafo, la defensa de la república y de la independencia no tuvieron más protagonismo que el mensaje de solidaridad con presos y expatriados.
Es algo comprensible. La libertad de los presos no es un anhelo privativo de los soberanistas. Lo comparte buena parte de la sociedad catalana, que considera excesiva la duración de la prisión preventiva aplicada a los presos, y que aplaudiría una revisión de los cargos que se les imputan. Incluso Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, que ha destacado por su firmeza ante el unilateralismo, aseguró ayer que preferiría ver a los encarcelados en la calle. Tiene razón Borrell. Como la tienen todos los demás partidarios de la libertad de los presos. Y no sólo por el bien de ellos y los suyos. También porque su liberación contribuiría a destensar la situación y, más importante todavía, a trabajar en pos de una solución política a un conflicto que ha dividido a la sociedad catalana, ha tenido un alto coste económico y compromete seriamente el futuro colectivo.
La Diada de 2018 ya es historia. En su haber podemos añadir, además de lo dicho hasta aquí, que se celebró en un clima acaso más sosegado que el del año anterior. En el 2017, por estas fechas, el ambiente político, tras las aciagas jornadas parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre, y en vísperas del referéndum ilegal del 1 de octubre, era considerablemente más caldeado.
Son ya siete manifestaciones del Onze de Setembre por la independencia, todas masivas. Sin duda, un motivo de orgullo para sus convocantes y para sus participantes. Pero no es ocioso recordar que a menudo se afirma en ellas, también en la de ayer, que la independencia está a la vuelta de la esquina. Pese a que la realidad se ha encargado de desmentir, hasta la fecha, esa pretensión. Entre otras razones, porque el independentismo no dispone de una mayoría suficiente para imponer su criterio. Y porque las soluciones unilaterales, como bien saben quienes están en la cárcel o en el extranjero, no van lejos ni conducen al puerto previsto.
Los despliegues callejeros cohesionan al independentismo. Pero hay que buscar soluciones más allá. Esto lo saben, y lo comparten, aunque no siempre en público, una mayoría de independentistas. Como sabe ahora el Estado que ya no es posible mirar a otro lado cuando el soberanismo expone sus reclamaciones. Tales soluciones sólo pueden buscarse con diálogo y respeto mutuo. Es decir, sin descalificaciones como las pronunciadas ayer por Aamer Anwar, letrado de la exconsellera Ponsatí, que tildó a España de “dictadura fascista”. No es ese el camino. Tras siete Diades vibrantes, pero sin los frutos prometidos, es hora de aparcar los reproches y avanzar por la vía del diálogo (ayer apuntalada por el PDECat y el PSOE), con sinceridad y voluntad constructiva, sabiendo que el maximalismo es mal consejero, y que sin concesiones por ambas partes no habrá progreso para todos los catalanes.
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