El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
Estos días, el periodista Rubén Amón planteaba, con mucho acierto, las dificultades que conllevaría al Estado español llevar a la práctica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de declararse la independencia de Cataluña. Para ello, se basaba en la escasa estructura estatal catalana y la oposición generalizada que se encontraría. Por ejemplo, ya se está hablando de bajas médicas en determinados cuerpos o la resistencia explícita de otros.
Es en este momento cuando surgen una inmensidad de preguntas: ¿Sería posible administrar Cataluña sin que colapsara si una inmensa mayoría de funcionarios causase baja médica? ¿Si los ciudadanos se lanzan a las calles para protestar por quiénes les van a controlar? ¿Qué sucederá si los Mossos d'Esquadra se oponen de forma generalizada a los cuerpos policiales estatales cuando pretendan aplicar las medidas que se deriven del artículo 155? ¿Se enfrentarían con ellos los policías y los guardias civiles?
Obviamente, la incertidumbre es tan elevada como la amplísima variedad de preguntas que no tienen respuesta a día de hoy o la frivolidad y el desconocimiento de los que jaleaban la aplicación de ese 'martillo' llamado 155.
Agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, 2 de octubre de 2017 / Eloy Alonso/File Photo / Reuters
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas.
Ni que decir tiene, este escenario sería absolutamente apocalíptico por las imprevisibles consecuencias que se pudieran derivar, desde revueltas y protestas ciudadanas hasta un conflicto armado o una intervención internacional. Si sucediera, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas capacidad para intervenir militarmente Cataluña de forma efectiva?
Situación actual
En la actualidad, en Cataluña habría algo más de 30.000 agentes: unos 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados desde el Estado español —a los que habría que sumar aquellos que se encuentran destinados allí— y unos 16.783 Mossos, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya en 2016. Por tanto, podríamos calificar la situación como equilibrada en términos policiales. Sin tener en cuenta el apoyo ciudadano, ese equilibrio terminaría por hacer impracticable la imposición de la fuerza a corto plazo.
Ante la duda, solo habría que recordar lo imposible que resultó cumplir la misión encomendada el 1-O o las lamentables condiciones en las que se encuentran desplegados los agentes, con el consiguiente desgaste psicológico y físico que están sufriendo a medida que pasan los días.
España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
Así pues, sería en ese momento cuando la intervención militar pretendería desequilibrar la balanza hacia el Estado español. Eso es, al menos, lo que sostienen los altos mandos militares, tal y como se podía leer recientemente en 'El País': "Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad". ¿Es posible? ¿Realmente las Fuerzas Armadas de España podrían hacer valer su superioridad?
Intervención militar
Intentemos profundizar en una cuestión fundamental para acometer la intervención militar en Cataluña: el número de efectivos. Redondeando, nuestras Fuerzas Armadas disponen de algo más de 70.000 militares de tropa y unos 50.000 oficiales y suboficiales. A tenor de las cifras anteriores, se puede constatar una alarmante macrocefalia o excedente de cuadros de mando.
Esto se agravaría todavía más al comprobar que, de los 70.000 militares de tropa, solo 41.000 son soldados. Es decir, solo un tercio del total de efectivos son soldados (en la Guardia Civil, más del 80 % de los componentes tienen el rango equivalente a soldado).
Por tanto, como la cúpula militar se ha preocupado durante las últimas décadas en asegurar el puesto de trabajo de sus vástagos —es más o menos similar que cuando teníamos casi 400.000 reclutas—, ahora el Ejército español tendría serias dificultades para desplegar soldados. Para más información, se puede consultar 'El libro negro del Ejército español'.
Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento de Cataluña / Yves Herman / Reuters
Desgraciada o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar, ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos.
En primer lugar, habría que tener en cuenta que entre 6.000 y 9.000 efectivos son desplegados fuera de nuestro territorio anualmente (3.000 en cada rotación). En segundo lugar, habría que considerar que los efectivos del Ejército del Aire y de la Armada, así como los cuerpos comunes, serían ineficaces en este escenario o no tendrían plena capacidad para intervenir en caso de ser necesario, más allá del control del espacio aéreo y la costa catalana. Estamos hablando de un total de 45.000 efectivos, que tendrían que ser restados al total de 120.000 militares. En tercer y último lugar, habría que tener en cuenta que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (unos 5.000) no deberían utilizarse, pues son indispensables o pueden serlo en cualquier momento.
Por tanto, España podría desplegar de forma óptima un máximo de 20.000 efectivos y, de forma extrema, unos 30.000 efectivos, siempre y cuando se conserven los compromisos internacionales, se mantengan unos mínimos de Defensa Nacional y no se disuelva la UME (en cuyo caso, podría aumentarse dicha cantidad). Dicho despliegue no sería inmediato —no existe capacidad para ello, salvo en una cantidad mínima— y, por otra parte, el coste económico sería elevadísimo. Además, de estos efectivos, solo un tercio serían soldados y, en muchos casos, no se trataría de militares de combate.
Cifras, a la vista está, que se antojan completamente insuficientes; tanto, que sería necesario un mayor despliegue de policías y guardias civiles, cuyo número es superior, aunque dichos efectivos realizan un trabajo diario para la ciudadanía que se vería interrumpido.
Conclusión: misión imposible
Siempre y cuando hubiera obediencia, dicha intervención podría dar resultado. Sin embargo, ante cualquier tipo de desobediencia, rebeldía o resistencia pacífica o violenta, para las Fuerzas Armadas no sería posible mantener el orden o, al menos, sería muy complejo.
Ello se debe a lo ya mencionado: el contexto actual, el amplio y complejo espacio territorial a controlar, el volumen de ciudadanos (más de siete millones) y su distribución geográfica, factores que harían que la enorme carencia numérica de efectivos para acometer dicho control militar hiciera, a buen seguro, fracasar la intervención.
Por tanto, España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa.
Sea como fuere, una intervención militar en Cataluña sería un abismo que espero que no se produzca jamás.
Uno de los querellados, Santi Vila, queda en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Gonzalo Fuentes / Reuters
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La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado a la cárcel a Junqueras y a otros siete exmiembros del cesado Gobierno catalán. Uno de los querellados que comparecía hoy en el mismo juicio, Santi Vila, ha quedado en libertad, y evitará el ingreso en prisión si aporta una fianza de 50.000 euros.
Los exconsejeros que irán a prisión junto a Junqueras son Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.
La juez considera que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de rebelión por parte de los querellados, y estima que hay un evidente riesgo de fuga, dado que se enfrentan a una pena de prisión de hasta 30 años. La magistrada también cree, de acuerdo con lo que expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares, que existen otros riesgos, como el de la reiteración delictiva o el de destrucción de pruebas.
Puigdemont, desde Bélgica, denunció que fueron encarcelados por "sus ideas"
"Libertad a nuestros gobernantes"
Tras la detención del ex vicejefe del Gobierno Oriol Junqueras y siete ex consejeros, quienes fueron enviados a prisión incondicional, sin fianza, tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por los presuntos delitos vinculados con la declaración de la independencia, que abrió una crisis política sin precedentes en España, miles de manifestantes salieron a la calle a reclamar la liberación de los funcionarios catalanes.
Imagen: PAU BARRENA / AFP
Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex "president" Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó hoy el fiscal general.
Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del "Govern" que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza eximió de la prisión bajo una fianza de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el "Parlament" en Barcelona aprobara el viernes pasado declarar una república soberana.
Todos los miembros del "Govern" destituido estaban citados a declarar hoy como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del "Parlament" en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.
A falta de conocer el destino del ex "president", el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir hoy el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.
"Hoy encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!", escribió en Twitter la cuenta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.
La entidad independentista Òmnium convocó una "gran manifestación" en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, criticó en Twitter: "Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias".
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de "presos políticos". "Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores", escribió en la red social.
El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales. Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar hoy en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el "Govern".
Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA, y adelantó ayer en un comunicado firmado por el "Gobierno legítimo de Cataluña" que seguiría en Bélgica para denunciar "un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia). Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).
También la presidenta del "Parlament" Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar hoy por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.
Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella.
Puigdemont por TV3: "Como presidente legítimo, exijo la liberación de los consejeros"
Publicado: 2 nov 2017 19:56 GMT | Última actualización: 2 nov 2017 20:50 GMT
El expresidente catalán Carles Puigdemont declara en la cadena TV3 que el problema de Cataluña "ya no es un asunto interno de España".
Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el 31 de octubre de 2017.
via ZUMA Press / www.globallookpress.com
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, que permanece en Bélgica hizo varias declaraciones para la cadena pública catalana TV3 este jueves, poco después de que la Fiscalía española pidiera su detención. Puigdemont afirma ser "el presidente legítimo" de Cataluña y exije la liberación de los ocho antiguos miembros de su Gobierno cesado, y que este jueves entraron en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional española.
"Como presidente legítimo, exijo la liberación de los consejeros y el fin de la represión", declaró Puigdemont en la cadena TV3.
Según el expresidente, el Gobierno español se ha situado "fuera del Estado de Derecho".
Puigdemont calificó el arresto de los exmiembros de la Generalidad de "atentado a la democracia" y afirmó que el asunto catalán "ya no es un asunto interno de España".
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, motivó el arresto de los siete exconsejeros y del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por la existencia de indicios suficientes de delito de rebelión por parte de los querellados, y por el evidente riesgo de fuga, ya que se enfrentan a una posible pena de prisión de hasta 30 años.
El expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro consejeros destituidos, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que se encuentran con él en Bélgica, no acudieron a declarar a pesar de estar citados como querellados por supuestos cargos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia de Cataluña. La jueza de la Audiencia Nacional no aceptó su declaración por videoconferencia, porque no vio ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal.
GOVERN ENCARCELADO"Huelga, huelga general", "No es justicia, es dictadura"
Miles de personas se han concentrado ante la sede del Parlament de Catalunya y de los ayuntamientos de las capitales de comarca, en la reanudación de las movilizaciones, ahora para reclamar la liberación de los miembros del gobierno catalán encarcelados este jueves. Liberación que también ha exigido el president del la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha pronosticado una "represión larga y feroz" y ha llamado a combatirla sin violencia.
Puigdemont: "Estoy dispuesto a ser candidato incluso desde el extranjero"
Publicado: 3 nov 2017 17:19 GMT | Última actualización: 3 nov 2017 18:22 GMT
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El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña sostuvo desde Bélgica que no ha "huido" del país y que se encuentra preparando su defensa.
Reuters
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Desde Bélgica, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que no escapó del país, sino que está preparando mejor su defensa ante las acusaciones realizadas por el gobierno español.
En una entrevista brindada a Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), Puigdemont aseguró también que está "dispuesto a ser candidatoincluso desde el extranjero". Según el exdirigente de la Generalitat, puede "hacer campaña en cualquier parte del mundo", porque vivimos en "un mundo globalizado".
Además, explicó que "es imposible prepararse bien" para la defensa en España. Por ese motivo enfatizó: "No he huido". No obstante, aclaró que quiere rendir cuentas "ante la verdadera Justicia [de Bélgica], no ante la Justicia española".
El pasado 30 de octubre, dos días después de la declaración de independencia de la región respecto a España, Puigdemont viajóen secreto a Bruselas, capital de la Unión Europea (UE). La noticia sembró incertidumbre en el independentismo catalán, mientras se daban a conocer las primeras medidas contra los funcionarios implicados en la declaración unilateral de independencia.
Así, a la disolución del Parlamento de Cataluña, anunciada por el presidente Mariano Rajoy, le siguió la anulación de la declaración de independencia por parte del Tribunal Constitucional. Finalmente, este jueves fueron detenidos y puestos en prisión el exvicepresidente y otros siete funcionarios del gobierno autonómico.
La juez dicta orden europea de búsqueda y captura para Puigdemont y sus consejeros huidos a Bélgica
Publicado: 3 nov 2017 19:11 GMT | Última actualización: 3 nov 2017 20:32 GMT
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La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordena detener al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsejeros que permanecen en Bélgica.
A la petición de la Fiscalía, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado este viernes la busca y captura nacional e internacional del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros de la Generalidad que viajaron con él a Bruselas.
Puigdemont y los cuatro consejeros que viajaron con él a Bélgica no comparecieron este jueves ante la Justicia para responder por los delitos de rebelión y sedición que se le imputan.
La juez rechazó la posibilidad de que los imputados declararan por videoconferencia, considerando que no había razón que justificara su ausencia en el tribunal.
Antes de que fuera emitido la orden de arresto, Puigdemont declaró a una cadena belga que no ha escapado del país, sino que que está preparando mejor su defensa ante las acusaciones formuladas por la Justicia española. Aseguró también que está "dispuesto a ser candidatoincluso desde el extranjero". Según el exdirigente de la Generalitat, puede "hacer campaña en cualquier parte del mundo", porque vivimos en "un mundo globalizado".
Un fiscal belga ha anunciado que "estudiarán" la orden de arresto de Puigdemont, informa AFP. La euroorden es un mecanismo de cooperación en materia jurídica entre países de la UE que obliga a otro país a extraditar a un acusado al país que emitió la orden.
Puigdemont y sus exconsejeros se presentan voluntariamente en una comisaría de Bruselas
Publicado: 5 nov 2017 12:43 GMT | Última actualización: 5 nov 2017 13:27 GMT
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La Audiencia Nacional de España había ordenado este viernes la busca y captura nacional e internacional del expresidente catalán y de los cuatro exconsejeros de la Generalidad que viajaron con él a Bélgica.
Rafael Marchante / Reuters
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí Lluís Puig y Meritxell Serret, se han presentado voluntariamente en una comisaría policial en la capital belga, Bruselas, informa 'El País'. De esta manera, los exfuncionarios pretenden evitar la imagen de la detención, de acuerdo con el medio.
Durante una rueda de prensa, el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe, informó de que los seis políticos se entregaron a la policía federal en presencia de sus abogados, donde fueron oficialmente notificados de la orden europea de arresto.
Anteriormente, medios españoles habían reportado, citando a fuentes del Ministerio Público, que la Fiscalía de Bruselas iba a ordenar la detención de los cinco exdirigentes del Gobierno catalán antes de nombrar a un juez de instrucción que les tomara declaración. El magistrado designado debe decidir sobre las euroórdenes emitidas por España en contra de los acusados.
Sin embargo Dejemeppe, confirmó que los cinco políticos permanecerán en las dependencias policiales hasta que hablen con el juez. El magistrado, por su parte, tendrá 24 horas para decidir si acepta o no la euroorden. De esta manera, los políticos catalanes estarán privados de la libertad hasta que se tome la decisión.
Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica. Foto: EFE.
El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), han sido puestos a disposición judicial este mediodía.
A las 9.17 horas, los cinco junto a su equipo legal se han personado en la Comisaría de Policía de la Rue Royale 202, donde está la dirección general de la Policía Federal. Sobre las 13.30 horas, Paul Bekaert, el letrado contratado el lunes, entró a pie en la sede de la Fiscalía de Bruselas, en el número 4 de la Rue de Quatre Bras, frente al Palais de Justice de la capital, donde los periodistas llevan montando guardia desde la mañana del sábado. Y unos minutos después, en varios coches, el resto de la comitiva llegó al mismo edificio.
Apenas un par de horas antes, Gilles Dejemeppe, portavoz de la propia Fiscalía de Bruselas (diferente a la Federal), había anunciado que los arrestos se producirían “lo antes posible” para que un magistrado pudiera ser designado. Desde mediados de semana se había especulado con la posibilidad de que el abogado belga, que asesora a los reclamados por la Justicia española, hubiera pactado una entrega en cuanto la orden fuese tramitada, precisamente para evitar el hecho de ser detenidos.
A partir de ahora, Puigdemont y sus colaboradores deben comparecer antes de 24 horas ante el juez de instrucción, que a su vez deberá decidir en otro plazo de 24 horas si los libera con ciertas condiciones (privación de viaje, una fianza u otras cautelares) o los deja en libertad mientras la corte (conocida como Chambre du Conseil) decide sobre la petición de entrega de la juez Carmen Lamela en los próximos 15 días.
Si la decisión fuera la de que permanezcan en prisión, expertos penalistas explican que las tres cárceles más probables serían las de Saint-Gilles (un enorme edificio en el medio del barrio), Forest o Haren.
Estamos preparados para acabar en cárceles españolas"
El president cesado justifica su presencia en Bruselas: según él, responde a una estrategia de "internacionalizar al máximo lo que esta pasando" y "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España".
Carles Puigdemont ha asegurado este martes desde Bruselas estar "preparado"para ser extraditado a España por la justicia belga, y que es consciente de que tanto él como los cuatro consellers huidos a Bélgica pueden "acabar en prisiones españolas".
En una entrevista concedida a Catalunya Radio desde Bélgica, Puigdemont ha indicado que los exmiembros del Govern que se encuentran en ese país"en ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad" y ha resaltado que se presentaron "voluntariamente ante la justicia belga" tras la euroorden de detención dictada por la Audiencia Nacional.
Según Puigdemont, su exilio en Bélgica responde a una estrategia de "internacionalizar al máximo lo que esta pasando" en Catalunya, de una causa que a su juicio es "de derechos humanos y de democracia" y que "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España". "Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite", ha añadido.
"Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no de los individuales, sino del Govern de Catalunya", ha considerado Puigdemont, que entiende que "si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar".
Puigdemont: "Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite"
El presidente de la Generalitat también ha asegurado que la causa abierta contra su Govern cesado a raíz del proceso independentista terminará ante instancias judiciales internacionales: "Que nadie tenga ninguna duda: todo esto acabará en los tribunales internacionales porque tenemos todo el derecho de ir e iremos". "No será la primera vez que España pase vergüenza en los tribunales internacionales, ya les pasó por las torturas del 92 y fue condenado", ha dicho.
"Lo que sería inexplicable es que hubiéramos desaparecido" y huido a un paradero desconocido, ha afirmado, por lo que ha insistido en que su Govern cesado, que considera el legítimo de Catalunya, trabaje desde la capital europea.
PUIGDEMONT EN BRUSELASPuigdemont reaparece en Bruselas en un acto con 200 alcaldes independentistas
El president de la Generalitat cesado tras la aplicación del artículo 155 ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno español aceptar los resultados del 21-D y "asegurar la normalidad democrática, sin presos políticos, policía ni represión".
Carles Puigdemont, el president de la Generalitat cesado tras la aplicación del artículo 155, ha reaparecido públicamente en Bruselas en un acto que reúne a unos 200 alcaldes independentistas que han viajado desde Catalunya este mismo martes con el objetivo de llamar la atención internacional y apoyar al cesado Gobierno catalán.
Puigdemont ha llegado al Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR) en torno a las 17:00 horas y ha hecho su entrada media hora después en la sala en la que le aguardaban los ediles, que le han recibido entre aplausos, gritos de "libertad", "Presidente" y "Puigdemont" y las varas de mando de alcalde de cada uno de ellos en alto.
El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha hablado durante el acto, ha calificado la aplicación del artículo 155 de "golpe de Estado" y ha pedido a la Unión Europea (UE) y al Gobierno español el "compromiso" de aceptar los resultados electorales del próximo 21 de diciembre y "asegurar la normalidad democrática en próximas elecciones, sin presos políticos, policía ni represión".
El político catalán opinó que "la democracia está en peligro" en España y se dirigió directamente a los presidentes de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani: "Señor Juncker, señor Tajani, ¿Es ésta la Europa que nos invitáis a construir? ¿Una Europa con un gobierno encarcelado? (...) ¿Aceptarán o no los resultados de los catalanes, si deciden apoyar al Parlamento?", dijo.
Acto de los 200 alcaldes independentista que han viajado a Catalunya / REUTERS
Por su parte los exconsejeros Clara Ponsatí, Antoni Comín, Mertixell Serret y Lluís Puig reclamaron la libertad para sus compañeros encarcelados en España. "Hoy demostráis una vez más que todos somos un solo pueblo, un pueblo que defiende sus derechos, los derechos de las personas que queremos llevar adelante un proyecto político que persigue más bienestar, más progreso, un futuro de libertad y democracia", dijo a los alcaldes la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret.
Señaló que unas elecciones libres "exigen la libertad de todos los presos políticos" y pidió la liberación de los ocho miembros del cesado Gobierno catalán en prisión.En el mismo sentido, la exconsejera de Educación Clara Ponsatí instó a los dirigentes comunitarios y a los presidentes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, respectivamente, a no mirar hacia otro lado.
Los ediles asisten a este acto como parte del viaje a la capital europea organizado por la Associación de Municipios por la Independencia (AMI y la Associación Catalana de Municipios (ACM) y por el que estarán unas doce horas en Bruselas.
Puigdemont y los exconsellers continúan en libertad
Puigdemont ha estado acompañado por los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas, ciudad en la que tienen previsto permanecer hasta que la Justicia belga decida sobre las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos por la Audiencia Nacional.
Los cinco políticos catalanes están en libertad con medidas cautelares en Bruselas por decisión de un juez belga, después de que la Justicia española emitiera una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) tras ser acusados de los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros. Entre las medidas cautelares impuestas por el juez belga no hay ninguna en relación a las actividades políticas, pero sí tienen restringido salir de Bélgica, vivir en otro domicilio que el comunicado al juez o ausentarse de cualquier convocatoria ante la Justicia. Los cinco declararán ante el juez de primera instancia para decidir su entrega a España el 17 de noviembre. ;o++)r(t[o]);return>
España: Cortan carreteras y vías de tren en Cataluña por el encarcelamiento de sus líderes
Publicado: 8 nov 2017 07:26 GMT | Última actualización: 8 nov 2017 08:04 GMT
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Una docena de carreteras de la comunidad autónoma de Cataluña han sido cortadas por la acción de piquetes.
Josep Lago / AFP
Este miércoles, Cataluña está sumida en una nueva jornada de movilizaciones que de momento se manifiesta en carreteras bloqueadas y vías de tren en la región. Los manifestantes reclaman la libertad de los activistas independentistas y los exconsejeros autonómicos encarcelados.
"Un país muy autoritario y antidemocrático": arrecian las críticas a España por la crisis catalana
Publicado: 9 nov 2017 04:28 GMT
A pesar del apoyo institucional en Europa, la gestión de la crisis catalana por parte del Estado español recibe duras críticas desde instancias diversas.
Intervención de la Policía durante el referéndum del 1 de octubre
Juan Medina / Reuters
Las críticas contra la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis catalana se acumulan y llegan desde diversos frentes. Al estupor internacional que causaron las imágenes de la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a la dureza con la que el Gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española, se suma ahora la consternación por el encarcelamiento de ocho exmiembros del cesado Gobierno catalán.
Así, el conjunto de medidas tomadas por el Estado español, tanto desde el Ejecutivo como desde la Audiencia Nacional, ha promovido en el extranjero un serio cuestionamiento acerca de la salud de la democracia española. Muestra de ello es este tuit de un programa de la radiotelevisión pública británica BBC, que pregunta a sus usuarios si están de acuerdo en que "España se está comportando como un estado fascista", tras aludir a la prisión incondicional de los 8 exconsejeros catalanes.
Información y privacidad de Twitter "Creo que los catalanes tienen un derecho democrático básico a decidir si quieren un Estado independiente o no", explicó Jones.
Una violación del Estado de Derecho
Una de las críticas más contundentes y mejor articuladas que ha recibido el Estado español por su gestión del problema catalán tiene forma de carta abierta, firmada por un grupo de 188 personas –entre las que hay académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo– y remitida a dos de las máximas autoridades de la Unión Europea: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante una conferencia de prensa el pasado 20 de octubre. / Dario Pignatelli / Reuters
Publicada inicialmente en el portal 'Open Democracy', la misiva pretende expresar la "preocupación" por la manera en que España, como Estado Miembro de la UE, está procediendo frente al independentismo catalán: "constituye una violación del Estado de Derecho", afirma el documento.
El texto critica duramente el arresto y encarcelamiento de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y òmnium Cultural), calificándolo de "error judicial", y arremete también contra la actuación policial el día del referéndum.
Por todo ello, denuncian que "el Gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del Estado y la indivisibilidad de la nación, ha violado las libertades y derechos básicosgarantizados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los artículos 2 y 6 de la ley marco de la UE (el Tratado de Lisboa)". Además, recuerdan que "la violación de libertades y derechos básicos protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno".
Mariano Rajoy durante una declaración en el Palacio de la Moncloa en Madrid el pasado 27 de octubre. / Susana Vera
Esa es la razón por la que instan "a la Comisión a que examine la situación de España bajo el marco del Estado de Derecho, del mismo modo que ha hecho anteriormente con otros Estados Miembros", ya que consideran que "una interpretación tan reduccionista y mutilada del Estado de Derecho no puede convertirse en el nuevo sentido común político de Europa".
Varios jueces también cuestionan a la Audiencia Nacional
Mientras tanto, desde el sector progresista del Poder Judicial español también se critica la decisión de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, de enviar a la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete miembros del Gobierno catalán.
La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. / YouTube / Noticias 247
En concreto, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) emitió el pasado viernes un comunicado en el que muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el día anterior por la magistrada.
La Asociación afirma a este respecto su "pleno respeto a la independencia de juezas y jueces", pero también reconoce que "el presente caso es excepcional" y por ello expresan su preocupación por "una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal".
En este sentido, recuerdan que "la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción". Asimismo, hacen hincapié en que "tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional".
Los ex miembros del Gobierno catalán llegan a la Audiencia Nacional. / YouTube / LibertadDigital
Además, han señalado que "existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal, que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas".
Por último, en un párrafo que refleja la esencia de la mayoría de las críticas que el Estado español está encajando por su reacción frente al independentismo catalán, este colectivo de magistrados considera "que la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya".
La agrupación estudiantil expresó su condena al encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán. Foto: Prensa Latina.
Cataluña vive una nueva jornada de movilizaciones en rechazo a la intervención de esa región por el gobierno de España y para exigir la excarcelación de numerosos líderes independentistas.
Piquetes, bloqueos en las principales carreteras y autopistas de acceso a grandes ciudades, incluida la capital de esa comunidad autónoma, Barcelona, protagonizaron el llamado a una huelga general de organizaciones sindicales y separatistas.
La movilización fue convocada por la Intersindical-CSC (Confederación Sindical Catalana) y respaldada por las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).
El operador nacional de ferrocarriles, Renfe, informó sobre demoras o desvíos de trenes en decenas de líneas, algunas de alta velocidad, porque los manifestantes sobrepasaron los controles policiales y ocuparon las vías.
En apoyo a la medida de fuerza de la Intersindical-CSC, los centros de altos estudios de Cataluña permanecieron cerrados y los estudiantes no asistieron a clase, una acción que contó con la adhesión de la plataforma Universidades por la República.
Además, el SEPC realizó manifestaciones bajo el lema Libertad presos políticos. No al 155, y llamó a una semana de lucha contra lo que calificó de represión franquista (dictadura de Francisco Franco) del Partido Popular (PP), del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Con esas consignas, la agrupación estudiantil expresó su condena al encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán y de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, acusados por la justicia española de varios delitos vinculados con el proceso secesionista.
También impugnaron la toma de control de esa próspera región por el ejecutivo del conservador PP, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en casi cuatro décadas de democracia en este país europeo.
Al amparo de esa cláusula, las autoridades españolas cesaron al gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvieron el parlamento autonómico y convocaron a elecciones regionales anticipadas el próximo 21 de diciembre.
Rajoy activó ese controvertido precepto constitucional para frenar las aspiraciones separatistas de esa próspera región de 7,5 millones de habitantes, cuya asamblea legislativa aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia.
Ocho miembros de la defenestrada administración catalana están en prisión por los cargos de rebelión, sedición y malversación, tras la celebración del referendo del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional, y la posterior proclamación de la independencia.
Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores se encuentran en Bruselas, a la espera de su eventual extradición por la justicia de Bélgica.
Desde la capital belga, el líder independentista acusó a Rajoy de perpetrar un golpe de Estado contra Cataluña y sus legítimos representantes, elegidos de manera democrática en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ganadas por los partidos soberanistas.
El gobernante catalán cesado se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros de su equipo, todos pendientes de la decisión de la Justicia belga acerca de la orden de detención cursada contra ellos por una jueza española
Carles Puigdemont, Gobierno catalán.Autor: ReutersPublicado: 09/11/2017 | 10:05 pm
BRUSELAS, noviembre 9.— El Gobierno catalán cesado, encabezado por Carles Puigdemont, activó este jueves una «estructura estable» desde Bruselas, en su autodenominado «exilio», para «mantener la legitimidad».
ANSA reportó que Puigdemont hizo el anuncio en un texto titulado Carta desde Bélgica, publicado en varios medios, en el que habla del «Gobierno legítimo de Cataluña».
Horas después de que el pasado 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia, el Gobierno español de Mariano Rajoy cesó a Puigdemont y a todo su equipo y convocó elecciones regionales en Cataluña para el 21 de diciembre.
Puigdemont se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros de su equipo, todos pendientes de la decisión de la Justicia belga acerca de la orden de detención cursada contra ellos por una jueza española.
El resto de los miembros de su Gobierno, investigados por rebelión, sedición y malversación, están en prisión preventiva desde el jueves, en cárceles de Madrid.
«Lo diremos tantas veces como haga falta a todo el mundo: somos un Gobierno legítimo y tenemos un Parlamento legítimo», afirma Puigdemont en la carta.
«Desde Bruselas, apoyados por una estructura estable que hoy ponemos en marcha para coordinar las acciones del Gobierno, exigiremos este compromiso cada día y en cada ocasión a la comunidad internacional, denunciando la politización de la Justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas, y reafirmando la apuesta firme del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, el diálogo y una solución acordada», sostiene.
El cesado Presidente catalán demanda al Gobierno español un referendo pactado de independencia y llama en su ausencia a votar en las elecciones regionales convocadas por Madrid en Cataluña para el 21 de diciembre «como un reto para recuperar la plena democracia».
El Gobierno central contestó a la carta de Puigdemont por medio de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien afirmó que «cuando una mentira se repite mil veces, no se convierte en realidad» y añadió que «en España no se detiene a nadie por pensar distinto; nadie va a la cárcel por ser independentista».
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España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
