El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
El nuevo mapa de Europa: ¿Quiénes apoyan la independencia de Cataluña?
Publicado: 11 oct 2017 17:57 GMT | Última actualización: 11 oct 2017 19:16 GMT
El proceso de independencia catalán ha conmocionado no solo a España, sino también al resto del continente. Varios países han dado muestras de apoyo a los independentistas.
Susana Vera / Reuters
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El complejo proceso de independencia de Cataluña ha generado todo tipo de reacciones. Varias fueron de carácter negativo, luego que ultranacionalistas españoles desataran la violencia contra quienes plantean algún tipo de apoyo a las reivindicaciones catalanas en varias partes del país, la justicia española haya enviado a detener a funcionarios de la comunidad autónoma y hasta se ha acusado —una vez más— a supuestos 'hackers' rusos de operar a favor de los independentistas.
Sin embargo el resto de Europa no es unánime en relación a este proceso y son muchos los países que, principalmente a través de sus parlamentos, han brindado algún tipo de respaldo.
La "neutral" Suiza y los escandinavos
Tanto el Parlamento suizo como el danés han aprobado mociones pidiendo una solución democrática y negociada al problema catalán. En ambos países legisladores de todos los partidos han manifestado estas posiciones.
Por su parte en el Parlamento sueco y finlandés se han creado grupos de apoyo al proceso independentista compuestos por distintos partidos. Incluso recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Timo Soini, rechazó la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad españolas contra el referéndum e instó al diálogo.
Este apoyo fue reconocido por el Gobierno catalán, que a finales de agosto inauguró en Copenhague una delegación del Govern en los países nórdicos. Algo así como una embajada en esa región de Europa.
Las islas británicas: los independentismos locales e Irlanda
En el Reino Unido existe un importante respaldo a Cataluña a pesar de la posición oficial de Londres, cuyo rechazo se sustenta, centralmente, en su miedo al independentismo escocés. Estos últimos y los independentistas de Irlanda del Norte se han mostrado partidarios del proceso.
Por su parte Irlanda, acorde con su historia, ha generado distintas medidas de apoyo centralmente impulsadas por el Sinn Fein.
Desde el Báltico llega la solidaridad
También han respaldado de una u otra forma a los catalanes las tres naciones bálticas: Estonia, Letonia y Lituania. El segundo parlamento europeo que estableció un grupo de amistad con Cataluña fue el de Estonia. A su vez, Letonia fue el primer Estado europeo en apoyar el proceso catalán, con declaraciones del primer ministro, tal como reseñó el portal VilaWeb.
Finalmente los lituanos incluyeron el año pasado una pregunta en su encuesta de opinión regular que hace el Gobierno para determinar si apoyarían el reconocimiento de una Cataluña independiente si se separara unilateralmente de España. El resultado fue favorable al reconocimiento del Estado catalán.
Dos casos particulares: Eslovenia y Bélgica
La llamada "vía eslovena" ha sido muy mencionada durante el proceso de independencia catalán. Se trata de paralelizar el proceso de Eslovenia, que en 1990 realizó un referéndum sin respaldo internacional ni del gobierno central de Belgrado, pero aun así desembocó en la separación del país del resto de Yugoslavia, con la Guerra de los Diez Días de por medio, que se produjo del 27 de junio al 3 de julio de 1991.
Además de ser este el modelo de muchos políticos de Cataluña, es efectivamente avalado por el Gobierno del país balcánico. Milan Brglez, presidente de la Asamblea Nacional de Eslovenia, sostuvo que los catalanes "tienen derecho a la autodeterminación". En el mismo sentido el expresidente de Eslovenia —primer mandatario de la independencia—, Milan Kucan, exigió al Gobierno español que detuviera "el uso de la fuerza y las amenazas de una intervención militar".
Por su parte el Gobierno belga se encuentra en una situación similar debido a la presencia de los independentistas de la Nueva Alianza Flamenca en el Ejecutivo. El actual ministro del Interior del Gobierno federal, Jan Jambón, declaró hace un tiempo que en caso de declararse la independencia de Cataluña "Bélgica debería ser el primer país en reconocerla".
La declaración de independencia de Catalunya constituye el primer caso en los 60 años de existencia de la Unión Europea en el cual se proclama la división de uno de sus estados componentes, así como el cambio de régimen político (en este caso de monarquía a república).
Para resolver el problema catalán hay quienes plantean la independencia, volver al status quo español o cambiar el régimen español por uno más federal. Esta nota no aborda ese debate, sino que quiere mostrar las contradicciones de la política de la UE.
La UE y sus socios norteamericanos han rechazado la decisión del parlamento catalán y han secundado a Madrid que inmediatamente disolvió tanto a éste como a todo el gobierno catalán. No importa que estos hayan emergido de las urnas, pues el argumento que hay es que se debe defender la unidad y la legalidad españolas.
La OTAN que constantemente ha fomentado la división de Europa oriental y el cambio de régimen dentro de sus contrincantes, se niega a aceptar ello dentro de uno de sus principales integrantes.
La UE se fundó impulsando la fragmentación de las 3 federaciones socialistas de Europa del este hasta lograr que todas las 2 repúblicas federativas de Checoeslovaquia, las 7 de Yugoeslavia y las 15 de la Unión Soviética sean declaradas como Estados capitalistas soberanos. Es más, Alemania y la mayoría de la UE y la OTAN (incluyendo EEUU) han propiciado el reconocimiento internacional de Kosovo, una provincia de Serbia que nunca tuvo el rango de república autónoma.
La UE luchó por desestabilizar a los regímenes en Europa Oriental propiciando substituir a las economías nacionalizadas y planificadas por un partido único comunista por economías privatizadas abiertas al mercado global y las transnacionales y bajos democracias liberales. La República Federal de la Alemania Occidental absorbió a la República Democrática de Alemania Oriental expandiendo en ella todo su sistema.
De los 28 miembros que tiene hoy la UE, 8 son repúblicas que hace un cuarto de siglo se separaron de sus respectivos Estados. Estas son Lituania, Letonia, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bosnia.
Hasta hace 25 años atrás la mitad de los 12 países miembros de la UE eran monarquías constitucionales: España, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Dinamarca. En 1995 la corona sueca fue la séptima en integrarse a la UE. Durante todo el tiempo que estas casas reales han sido parte de dicho ente supranacional nunca nadie al interior de éstas ha proclamado una república.
Cuando en el 2014 Escocia consiguió un referendo para ver si se aceptaba o no su independencia, la corona británica se mantuvo abiertamente neutral y se llegó al compromiso de que, en caso la isla se dividiera Escocia pasaría a ser otro país regentado por Elizabeth II.
Sin embargo, España es la única monarquía occidental donde hay significativos movimientos republicanos. Los partidos anti-monárquicos sumaron un cuarto de los votos y un 30% de los diputados en las últimas elecciones generales. En el 2017 las repúblicas norteamericana, francesa, italiana y alemana que se orgullecen de su herencia de haber derrocado a sus respectivas coronas, ahora han salido en defensa de la monarquía española y de su unidad.
La UE luchó contra dictaduras no electas en Portugal, España y Grecia, pero no quiere saber nada de cualquier movimiento que desestabilice a una de las 7 monarquías que la componen, aunque los jefes de Estados de éstas nunca hayan sido electos y sean vitalicios.
La UE ha adoptado como política el que ninguna de las naciones que se separe de un estado miembro de ésta va a poder mantenerse en ésta. La única excepción es la de Irlanda del Norte en caso que ésta decida apartarse de un Reino Unido que rompe con la UE y que se unifique con la República de Irlanda. Incluso si el Reino Unido hubiese aceptado los resultados de referendo pro-independencia en Escocia, la UE hubiese vetado el que este país se mantenga en la UE (pues basta el veto de uno de sus 28 miembros para que ello ocurra).
La UE está dispuesto a patrocinar la división de otras naciones fuera de sus fronteras para poder absorber a algunos de sus componentes, pero no va a tolerar la ruptura de ninguno de sus Estados componentes ni el cambio de cualquiera de sus regímenes.
Dejar que Catalunya se torne una república independiente es dar un aliciente a movimientos nacionalistas en los demás países de lengua catalana, en el País Vasco, Galicia, Bretaña, Córcega, Sicilia, Venecia, Lombardía, Baviera, Silesia, Transilvania, etc.
La Europa occidental que se reclama como la cuna de la democracia mundial aún retiene a 11 monarquías (las 7 que conforman la UE y 4 pequeñas que están rodeadas por la UE: Mónaco, Andorra, Vaticano y Liechtenstein).
La norma de la UE es mantener la estabilidad y la unidad de todos los actuales regímenes que le integran, y solo cuestionar la de sus adversarios o la de estados que se busca fragmentar a fin de poder ir incorporando a partes de ellos (tales como antes fueron las federaciones yugoslava o soviética).
Cataluña: grito de independencia y destitución exprés
En jornada ya marcada por la impactante imagen de la bandera nacional española arriada de edificios públicos, y por el tortuoso parto de la Declaración Unilateral de Independencia
BARCELONA, octubre 27.— En jornada ya marcada por la impactante imagen de la bandera nacional española arriada de edificios públicos, y por el tortuoso parto de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) de Cataluña, el presidente español, Mariano Rajoy, cesó de forma fulminante a su par autonómico Carl Puigdemont luego de que el Senado del Reino autorizara a aplicar contra los rebeldes el artículo 155 de la Constitución.
La insignia del Estado español fue retirada, entre otros lugares, de las fachadas de las sedes municipales y legislaturas de Girona, Tortosa, Figueres, Lleida y también del Parlamento catalán, frente al cual miles de simpatizantes vitorearon la proclamación de una independencia que ha tenido nulo reconocimiento internacional y plantea más interrogantes que nunca.
ANSA reportó que, tras la Declaración secesionista, Rajoy cesó a Puigdemont y a todo su equipo, aprobó la disolución del Parlamento de esa región y convocó a nuevas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.
La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros de este viernes. «Son los pasos para devolver la legitimidad democrática» a la región, enfatizó Rajoy, quien considera que los independentistas llevaron a Cataluña «a un callejón sin salida».
Rajoy anunció además el cese del director de los Mossos d’Esquadra (policía catalana), Pere Soler, así como del secretario general de la Consejería de Interior y la extinción del Consejo de Diplomacia Pública (Diplocat) y las llamadas embajadas de Cataluña en el exterior. A ello se añade el cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid. Todas las medidas entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno autorizó la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la DUI, que quedará suspendida cuando el recurso sea admitido por el Alto Tribunal.
El Senado español abrió la puerta al 155, respaldado por el Partido Popular de Rajoy, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, en decisión que se saldó con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Poco antes, en un viernes trepidante, la mayoría independentista del Parlamento catalán había proclamado una República como «Estado independiente y soberano» y propuesto negociar en igualdad con el Estado español.
Ese texto, refiere AFP, fue aprobado, en votación secreta, por 70 diputados de 135. Previamente, la mayoría de los diputados de la oposición abandonaron la Cámara, en señal de protesta, mientras otros igualmente opuestos a la independencia mostraron a los fotógrafos sus boletas marcadas por el No.
Como si los previos fueran poco, se esperan días aún más tensos. El colectivo En peu de pau (En pie de paz, en catalán) ha difundido una «estrategia no violenta de liberación» dirigida a lanzar campañas de no-cooperación a través de huelgas, boicots y desobediencia civil.
Se presume que decenas de miles de funcionarios catalanes muestren reticencia a cumplir las directrices de Madrid. «No vamos a reconocer la legitimidad de estas autoridades», dijo Marc Casanova, portavoz del sindicato IAC, mayoritario entre los funcionarios de la Generalitat.
El sector educativo se anuncia espinoso. Cataluña practica una política de inmersión lingüística que hace que casi todas las horas lectivas sean en catalán. Ramón Font, portavoz del sindicato Ustec, afirmó que «si me hacen dar en castellano una clase de historia, no lo voy a hacer».
Igual sentimiento se manifiesta en la Policía catalana. Ramón Cossío, portavoz del mayoritario sindicato policial SUP, afirmó que «sería traumático, porque no estaría bien visto que viniese un policía o alguien externo a asumir el control de los Mossos».
Alcaldes de diferentes localidades de Cataluña muestran su alegría tras aprobarse en el pleno la declaración de independencia.ALBERT GARCIAAtlas-Quality
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, comunicó el jueves desde prisión que “llega el momento de la asamblea de cargos electos”. “El mundo entenderá la voz legítima de los electos si el Estado mata a nuestro Gobierno y a nuestro Parlamento”, añadió. Sànchez se refirió de esta manera a la Asamblea de Electos de Cataluña (AECAT), un organismo que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) tiene a punto para sustituir a los poderes ejecutivo y legislativo de Cataluña en caso de inhabilitación.
La AECAT es un órgano de nuevo cuño y su autoridad no esta reconocida por ninguna ley. Está compuesto por unos 4.000 cargos electos —la gran mayoría son concejales— que, motivados por su activismo independentista, se han inscrito en una base de datos. La AMI asegura que todo está a punto para que la AECAT se constituya y releve a las instituciones políticas catalanas si estas son inhabilitadas. Sus estatutos y su funcionamiento están ya diseñados y listos para ser ejecutados, pero se mantienen en secreto. Tampoco ha trascendido cuáles serían los lugares de reunión, aunque no se descarta que la operativa dependa sobre todo de una comunicación informática a distancia.
Cada miembro de la AECAT cuenta con una tarjeta personal, con un código QR incorporado que guarda un número de identificación. La AMI está formada por 787 Ayuntamientos —de un total de 948 que hay en Cataluña—. Su presidenta, la dirigente del PDeCAT Neus Lloveras, aseguró el 23 de octubre al semanario El Temps que no creía que llegara a ser necesario constituir la asamblea de electos. La responsabilidad de convocar este foro alternativo sería de la dirección de la Asociación de Municipios por la Independencia. Carles Puigdemont fue presidente de la AMI antes de ser nombrado presidente de la Generalitat en 2016. Fuentes de la ANC indican que la AECAT ha de estar lista “por si es necesario”. “Pero el plan es mantener el Gobierno y el Parlamento operativos”.
La hoja de ruta de la ANC hasta 2018 establece que “llegado el caso de que el Govern o el Parlament no puedan ejercer libremente sus funciones, la AECAT asumirá la máxima representación legítima, soberana e institucional de Cataluña para completar el proceso de independencia, la confección, aprobación y sanción de las normas jurídicas de la nueva legalidad y la convocatoria inmediata de elecciones constituyentes”. La función de la ANC sería facilitar la operativa de la AECAT.
"Tanques en las calles de Barcelona": España y Cataluña al borde de un desenlace violento
Publicado: 28 oct 2017 02:56 GMT | Última actualización: 28 oct 2017 08:13 GMT
El analista político John Wight considera que el movimiento separatista está siguiendo un camino peligroso, en medio de la determinación de Madrid de "desatar la violencia".
Jon Nazca / Reuters
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La proclamación de independencia por parte de Cataluña este viernes, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aumentan considerablemente las posibilidades de un desenlace violento, según advirtieron políticos y analistas a RT.
La ley será insuficiente
Enric Folch, del movimiento separatista Solidaritat Catalana per la Independència (Solidaridad Catalana por la Independencia), asegura que el Gobierno de España no podrá solucionar la crisis únicamente invocando la ley, porque a los catalanes "no les importa" la anulación de su autonomía.
"Seguiremos nuestra propia ley, nuestras propias instituciones, nuestra propia República Catalana", afirmó el activista.
Asimismo, Folch sostiene que el tiempo de dialogo con Madrid ya ha pasado, tras el rechazo de "absolutamente todas las peticiones catalanas". "Lo único que podrían hacer [Gobierno español] es actuar por la fuerza", asevera.
Por su parte, el analista John Wight opina que los líderes del movimiento separatista catalán están siguiendo un camino peligroso en esta última instancia, ya que Madrid ha demostrado su determinación de "desatar la violencia contra civiles desarmados".
Aunque Wight resalta la importancia de la Constitución en este caso, se opone a su uso como "justificación" para atacar a la población. El analista asegura que España y Cataluña claramente se dirigen hacia un conflicto. Para evitar "tanques en las calles de Barcelona", ambas partes deben dar un paso atrás, subraya.
La Unión Europea también es responsable de cualquier posible acto de violencia, ya que demostró su apoyo unánime a las acciones del Gobierno español. "Eso efectivamente le ha dado licencia a Rajoy para implementar estos métodos y medidas represivas", concluye.
Reflexión sobre el khaos como vacío que ocupa un hueco en la nada cósmica y su relación con la Declaración de Independencia de Cataluña.
La entrada en recesión de las economías mundiales en el 2008 implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza, piezas desgajadas del puzzle inconexo del caos en el que estamos ya inmersos. Por caos (Khaos o "vacío que ocupa un hueco en la nada") entendemos algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.
El citado” efecto mariposa” trasladado a sistemas complejos como la Demoscopia, Metereología, Detección y Prevención de Epidemias o la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes, con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien. Así, el Brexit, el triunfo de Donald Trump y la previsible Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña marcarán el finiquito del “escenario teleológico” en el que la finalidad de los procesos creativos eran planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado por dosis extremas de volatilidad.
Cataluña o el sueño de una noche de verano
El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada “Teoría de las Catástrofes” del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar “comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica”. Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (Monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos). En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Independencia de Cataluña), tesis defendida por los grupos independentistas catalanes PDeCAT, ERC y CUP) y que es asociada por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos.
En el supuesto de que el Govern catalán proceda a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el Estado español procederá a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la llamada Ley de Seguridad Nacional de aplicación inmediata mediante Decreto-Ley. Dicha Ley se aplicaría como respuesta a una crisis provocada por “una situación de interés para la Seguridad Nacional” con los objetivos de “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales” así como para “proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos”. Su aplicación supondría de facto la defenestración del Presidente Puigdemont y el nombramiento de una “autoridad funcional” que centralizaría la actividad y tomaría el control de los Mossos d´Esquadra al tiempo que Rajoy asumiría una serie de funciones para manejar el Gobierno de la Comunidad Catalana, lo que significará de facto un Golpe de estado blando y el finiquito de la pseudo democracia española.
¿Hacia una República Confederal?
El biólogo Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1979 afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada, momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad, tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono”. Así, la agudización de la crisis económica en el 2019, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el Golpe blando del Gobierno de Rajoy en Cataluña harán revisar la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual status quo y tras un proceso que se antoja inevitable de catarsis y posterior metanoia colectiva en el conjunto del Estado español, no sería descartable la instauración de la III República en el horizonte del 2020, escenario en el que se procederá al diseño de una nueva cartografía del Estado español con la implementación de un Estado Confederal.
"Puigdemont está a la espera de los siguientes movimientos del Gobierno"
Publicado: 28 oct 2017 16:36 GMT
La aplicación del artículo 155 en Cataluña, una comunidad con 7,5 millones de habitantes y 200.000 funcionarios, va a resultar muy complicada, según un experto.
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Yves Herman / Reuters
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El politólogo José María Pérez Medina opina que los dos eventos más importantes de este viernes, la declaración unilateral de independencia de Cataluña y el anuncio de Mariano Rajoy sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española —que significa la intervención de la autonomía catalana—, "es una doble medida que viene derivada de la lógica de los acontecimientos de los últimos meses".
"La Generalitat ha sido coherente con su plan político, y el Gobierno obviamente también ha sido coherente con sus obligaciones constitucionales y su plan político", dijo el experto a RT.
Estamos ante una proclamación de la república catalana discreta o recatada
Según Pérez Medina, la aplicación del artículo 155 será compleja, ya que Cataluña es "una comunidad importante con 7,5 millones de habitantes y el número muy elevado de funcionarios, más de 200.000". Por lo tanto, cuenta con "una estructura compleja, que requiere muchísima atención y no es fácil de gestionar". De momento, el Gobierno de España optó por "descabezar" a la región destituyendo al presidente catalán y su Gobierno.
Asimismo, el politólogo señaló que un territorio que proclama su independencia primero tiene que "hacer efectivo su dominio, incluso armado, sobre la totalidad del territorio, cosa que en el caso de Cataluña, por lo menos a la fecha de hoy, no se ha producido y tampoco parece que vaya a producirse en las próximas horas".
Pérez Madina cree, por lo tanto, que "estamos ante una proclamación de la república catalana discreta o recatada, a la espera de las reacciones internacionales y los siguientes movimientos que se pueden producir".
Puigdemont asegura que no volverá a España hasta tener "garantías"
Publicado: 31 oct 2017 11:51 GMT | Última actualización: 31 oct 2017 12:29 GMT
El ex-presidente de la Generalitat ha aclarado que no está en Bruselas para pedir asilo político.
Albert Gea / Reuters
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La comparecencia de Carles Puigdemont desde Bruselas se esperaba desde que este lunes trascendiera por sorpresa la noticia de su presencia en la capital belga.
El ex-president de la Generalitat ha aclarado finalmente que no piensa pedir asilo en Bélgica. "Estamos aquí como ciudadanos europeos que tienen derecho a la libre circulación por Europa", ha puntualizao Puigdemont, en referencia al desplazamiento que ha llevado a cabo junto a 5 de sus ex-consellers.
También se ha pronunciado sobre la convocatoria de elecciones anunciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a las que se ha referido como "un reto democrático que estamos dispuestos a aceptar".
Sobre las querellas presentadas este lunes por la Fiscalía General del Estado, que acusa a Puigdemont, a los miembros de su gobierno y a varios miembros de la Mesa del Parlament de delitos tan graves como sedición y rebelión, Puigdemont ha señalado que "no piensan escapar" de la acción de la Justicia española, pero también ha criticado su politización y ha advertido que no piensan volver a España hasta que haya "garantías" suficientes.
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la p
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.
Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.
Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.
Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.
Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.
Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.
También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.
La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.
La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.
El día 27 de octubre a las 15:38 horas, el parlamento de Cataluña declaró su independencia en forma de República democrática y social. A la misma hora en el senado estatal, en Madrid, se discutía la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía de Cataluña y ponerla bajo el control del gobierno central. Al atardecer, el senado votó favorablemente con los votos en contra de nacionalistas catalanes, vascos, y del partido Podemos y sus aliados. En la noche de ese día 27 dos realidades provocaban una montaña rusa de emociones: mientras una multitud ciudadana celebraba su República en calles y plazas de Cataluña, políticos y medios de comunicación unionistas aplaudían la suspensión de la autonomía catalana y especulaban sobre cuáles serían las primeras medidas represivas.
Antes, en la mañana del viernes 27, hubo intentos intensivos de mediación para hacer del diálogo y la negociación las herramientas democráticas que deberían prevalecer. En esos momentos, el presidente Carles Puigdemont, ofreció unas elecciones anticipadas en Cataluña si el senado no votaba el 155. En ese caso no proclamaría la República. La respuesta del Gobierno centralista del derechista Mariano Rajoy fue un rotundo no, ya que solamente contemplaba la suspensión de la autonomía y la disolución del parlamento y gobiernos catalanes, así como el control de las cuentas y de los Mossos d´ Esquadra (la policía autonómica). Además, el presidente español Mariano Rajoy, anunció la celebración de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, usurpando una facultad que es exclusiva del presidente catalán.
La aprobación de la República obtuvo 71 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco., siendo la mayoría absoluta 68 de los135 escaños. El voto fue secreto y no participaron en la votación 38 diputadas y diputados de la oposición.
Este escenario ha tenido a partir del lunes 30 un desarrollo acelerado. Pero sobre todos los demás, tres hechos son principales: la destitución por el gobierno central de más de cien altos funcionarios del disuelto Gobierno de Cataluña; la iniciativa del fiscal general, de José Manuel Maza, de poner una querella por rebelión y sedición contra la Mesa del cesado parlamento y los miembros del Gobierno; el viaje de Puigdemont a Bruselas, acompañado de otros siete miembros de su gobierno, desde donde ha dado una rueda de prensa ante 200 periodistas de todo el mundo anunciando que no regresará a Cataluña hasta que haya garantías de una justicia independiente.
Precisamente, la decisión del fiscal general de acusar de rebelión y sedición al presidente y ministros de Cataluña, así como a la Mesa del parlamento, ha levantado un debate entre juristas y políticos del PP y del PSOE (otro de los valedores del 155). Para los primeros todo vale con tal de ejercer venganza, mientras que entre los segundos pocos se atreven a dar su apoyo al fiscal ante la barbaridad de sus acusaciones contra quienes han liderado movimientos pacíficos y democráticos en las calles y ante las urnas el 1 de octubre. Y es que la Constitución española sólo prevé tales delitos en caso del uso de violencia, algo que nunca ha ocurrido pese las continuadas provocaciones de Madrid y de sus cuerpos policiales estatales. Para sortear esta condición, al fiscal general no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar que las manifestaciones multitudinarias, por su número indeterminado de participantes, “eran un riesgo potencial de violencia”. Semejante calificación de los hechos da la medida de cómo la división de poderes en España ha muerto. Lo que funciona es una maquinaria política que trata de infligir a Cataluña una derrota para varias generaciones. Hay que recordar que este fiscal Maza, fue reprobado por el Congreso de los Diputados el día 16 de mayo de este año. Pero ni dimitió ni fue dimitido, presentando una perfil de ultraderecha.
Por lo que puede saberse, la Unión Europea sigue apoyando la posición del gobierno central, utilizando a Mariano Rajoy como el gran policía europeo que debe impedir una independencia de Cataluña que podría ser imitada por muchas nacionalidades y regiones de diferente países de Europa. Pero, hay un dato más: la UE y algunos gobiernos han exigido a Rajoy la no utilización de la violencia y la apertura de nuevas vías que puedan dar lugar a un diálogo entre las partes. De ahí que, Rajoy, quiera evitar una ocupación alargada de Cataluña y piense que ganando las elecciones del 21 de diciembre se puede restaurar el orden vigente. Tal vez contaba con que las fuerzas independentistas renunciarían a presentar sus candidaturas, pero es un hecho que irán a las elecciones que toman como un plebiscito, una segunda vuelta del 1 de octubre.
En los próximos días los partidos deberán presentar sus candidaturas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre que por primera vez en la historia de España, desde la muerte de Franco, son organizadas por el Gobierno central siendo su ámbito autonómico. La batalla será enconada. Los unionistas, Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña (alcaldes y militantes catalanes se han dado de baja en el partido) y Ciudadanos (un partido de derechas partidario de suprimir las 18 autonomías que conforman el estado español) buscarán vencer en número de votantes y parlamentarios al bloque independentista que, a toda velocidad, trata de definir el formato de sus candidaturas, bien por partido, bien en un marco unitario. Los independentistas confían en volver a ganar y desde ya se preguntan si el gobierno español aceptará los resultados. Es la pregunta del millón y ya, por si acaso, corre el rumor de que en ese caso el 155 tendría continuidad.
Entre tanto en las calles de ciudades y municipios como Barcelona la vida prosigue con normalidad. Justamente, del lado independentista hay un claro compromiso de expresarse pacíficamente sin caer en provocaciones del Gobierno central que ve como a su derecha grupos nostálgicos del franquismo se organizan para ejercer asaltos a locales y golpear a transeúntes que se dejen ver con símbolos catalanes. Este fervor españolista recorrer el estado español y se muestra amenazante, sabedor que cuenta con un gobierno que les da impunidad.
Lo cierto es que la aplicación del 155 revienta la democracia. En Cataluña se conservarán algunos derechos civiles vigilados, pero se ha disparado el tiro de gracia a la democracia definida en base a dos grandes valores como la libertad y la igualdad, ambas íntimamente vinculadas a la participación y al derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Si el neoliberalismo ha recortado el recorrido de la política, poniéndola al servicio del dinero, ahora, en España, la política se ha reducido a sí misma, abriéndose un escenario de restauración del autoritarismo que dinamita la división de poderes. Montesquieu ha muerto, viva Maquiavelo.
La Audiencia Nacional de España ha citado a declarar al destituido presidente catalán Carles Puigdemont y a los miembros de su Ejecutivo cesado los días 2 y 3 de noviembre.
Sede de la Audiencia Nacional, Madrid
Susana Vera / Reuters
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Tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y 13 miembros del Gobierno autonómico destituido, la Audiencia Nacional española los ha citado cita a declarar este 2 y 3 de noviembre.
Todos los querellados han sido denunciados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Además de la citación, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso este martes a todos un plazo de tres días para que depositen una fianza de 6.207,450 euros.
Para comparecer ante la justicia española, a la Audiencia Nacional ya ha llegado el cesado vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Joaquim Forn, Mertixell Borràs, Raül Romeva y Santi Vila.
A pesar de la citación, Puigdemont permanece en Bélgica y su abogado anticipó que el expresidente de la Generalidad no acudirá a la convocatoria de la Audiencia Nacional.
"Si tenemos la garantía inmediata de un tratamiento justo, si nos garantizan un juicio justo, independiente y con separación de poderes, volveríamos de forma inmediata", aseguró el cesado presidente catalán.
Además de Puigdemont, se han ausentado en la citación los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo convocó para las mismas fechas y por los mismos delitos a cinco miembros de la Mesa del Parlamento regional y a su presidenta Carme Forcadell por su participación en la declaración de independencia de Cataluña, tramitada el pasado 27 de octubre en el seno de esta institución. Sin embargo, sus declaraciones han sido suspendidas y se han aplazado hasta el 9 de noviembre a petición de sus abogados.
La jueza ha rechazado la declaración por videoconferencia propuesta por los abogados del expresidente de la Generalidad catalana.
El ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante su conferencia de prensa en el Club de Prensa Brussels Europe, en Bruselas, Bélgica, el 31 de octubre de 2017.
Yves Herman / Reuters
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La Fiscalía ha solicitado a la jueza Lamela, encargada de la querella contra los miembros del Gobierno catalán por supuestos cargos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia de Cataluña, que se ordene la busca y captura y detención internacional del expresidente Carles Puigdemont y los destituidos consejeros Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
La solicitud de la Fiscalía se basa en que los acusados han desoído la citación judicial para declarar como imputados y no se han presentado este jueves en la Audiencia Nacional en Madrid.
En el texto de la solicitud, puede leerse lo siguiente: "El querellado Carles Puigdemont Casamajó ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret Aleu, efectuar declaración por videoconfefencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero. En atención a lo expuesto, se solicita del juzgado que ordene su busca y captura y detención de ámbito nacional e internacional".
Los abogados de Puigdemont habían remitido por escrito la petición de que el expresidente declarara por videoconferencia, pero esta ha sido sido rechazada porque la jueza no ve ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal.
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