MOCIÓN PARA UN NUEVO JUICIO (I)

MOCIÓN PARA UN NUEVO JUICIO DEL ACUSADO ANTONIO GUERRERO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE LA BASE DE PRUEBAS RECIÉN DESCUBIERTAS Y EN EL INTERÉS DE LA JUSTICIA

El Acusado, ANTONIO GUERRERO, solicita respetuosamente, mediante el abogado, un nuevo juicio sobre la base del descubrimiento de una nueva evidencia y en el interés de la justicia de conformidad con el artículo 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal. Las pruebas recién descubiertas consisten principalmente de las tergiversaciones de los hechos y de la ley hechas por el Fiscal de los Estados Unidos al oponerse a la moción presentada por los acusados para un cambio de sede debido a los prejuicios que predominan en esta comunidad. A manera de resumen, la moción se basa en los hechos siguientes:

Un año después de la conclusión del juicio del señor Guerrero, el 25 de junio de 2002, el mismo Fiscal de los Estados Unidos que convenció a este tribunal para que denegara un cambio de sede en este caso a partir del argumento de que Miami-Dade es un "centro urbano" que es "extremadamente heterogéneo", "políticamente no monolítico" y con una "gran diversidad", y por consiguiente inmune a las "influencias externas", que impedirían la elección de un jurado imparcial, procedió en el caso Ramírez vs. Ashcroft, et. al., Caso No. 01-4835 Civ- HUCK, a un cambio de sede fuera de Miami-Dade, mencionando precisamente esas influencias que, según argumentó, harían "prácticamente imposible" la realización de un juicio justo en una acción de discriminación relacionada con el empleo contra el Fiscal General de los Estados Unidos. Véase la Prueba Testifical 2, adjunta, en la página 15. El caso principal citado y en que se basó el gobierno en el caso de Ramírez, Pamplin vs. Mason, 364 F.2d 1 (Quinto Circuito, 1968) fue el mismo caso utilizado por la defensa en este caso y al que el gobierno se opuso enérgicamente diciendo que no resultaba aplicable a una sede del tamaño de Miami-Dade.

Al hacerlo, el representante legal principal de los Estados Unidos presentó dos escenarios objetivos mutuamente excluyentes y asumió posiciones que van en contra de la ética con respecto a la ley predominante sobre un solo tema: ¿Se puede realizar en Miami-Dade un juicio justo de un acusado cuando el asunto en litigio se entrelaza con los prejuicios generalizados de la comunidad respecto de Cuba? Cuando los acusados eran agentes del gobierno cubano acusados de asesinato y espionaje, entre otros cargos, el Fiscal de los Estados Unidos dijo que era posible. Cuando el acusado en un pleito civil fue el Fiscal General de los Estados Unidos con cargos de discriminación en un caso de empleo relacionado indirectamente con Cuba, el gobierno argumentó que era "prácticamente imposible". Esta posición a todas luces contradictoria asumida en el caso Ramírez revela la naturaleza insincera, sino engañosa, de las tergiversaciones del gobierno en el caso inmediato.

En ambos casos, la causa del prejuicio fue la misma: el ambiente excepcionalmente emotivo en el discurso político relacionado con Cuba, engendrado por la presencia de más de medio millón de exilados cubanos estadounidenses que constituyen por lo menos el veinte por ciento de la población del distrito. La "guerra" que llevan a cabo contra el gobierno cubano desde hace 40 años y la preeminencia de la "visión de la ideología del exilio" en Miami, donde está presente la "hostilidad intransigente hacia el gobierno cubano y la intolerancia hacia criterios contrarios", saturaban toda la comunidad.

El acusado Guerrero ahora propone un nuevo juicio, en interés de la justicia, porque este cambio radical de postura por parte del Fiscal de Estados Unidos revela en este caso las reiteradas tergiversaciones de los hechos y de la ley que hizo el gobierno con vistas a garantizar una ventaja táctica sobre los acusados, violando el derecho a un debido proceso legal plasmado en la Quinta Enmienda y los derechos a tener un juicio justo frente a un jurado imparcial que aparecen en la Sexta Enmienda.

Esta moción se basará en los hechos, los documentos de prueba que aparecen en el Apéndice adjunto, y en los argumentos legales que se expresan a continuación.