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General: Tlalnepantla ahora, después, ¿quién sigue?
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De: ATTACmx  (message original) Envoyé: 20/01/2004 18:58
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ATTAC PRAXIS MÉXICO salvo mención en contrario. Pueden ser la opinión de
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temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar
las experiencias y las ideas disponibles para poder construir juntos ese
otro mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir.


                 CIRCULAR  INFORMATIVA  ATTAC-MÉXICO #  121/01/04.


                 México D.F. Martes 20 de enero de 2004

Francisco López Bárcenas

                           Tlalnepantla ahora, después, ¿quién sigue?

   Las estrategias de dominación del gobierno cambian, los objetivos no.
Igual que el de Carlos Salinas, el de Chiapas de hace 10 años, el de Vicente
Fox y hoy el de Morelos tienen bastante claro su objetivo: no permitir que
la sociedad mexicana, y los pueblos indígenas en específico, reclamen sus
derechos y estructuren gobiernos autónomos que sean quienes los representen
y encabecen la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Los panistas, al
igual que los priístas, han demostrado que para ellos los mexicanos no somos
ciudadanos con derechos plenos, sino súbditos de un monarca sexenal en
turno, que a su vez funciona como gerente del capital internacional.

   Lo anterior se desprende de la brutalidad policiaca y de la falta de
sensibilidad política con que actuaron en el municipio de Tlalnepantla,
Morelos, la semana pasada. Frente al reclamo popular de permitir la
participación política de elección de autoridades por el método de usos y
costumbres, como de manera consuetudinaria se había venido haciendo, el
gobierno prefirió apegarse a un tecnicismo jurídico ilegítimo, tensando la
situación y obligando a los agraviados a nombrar su consejo autónomo para
que los gobernara. Sólo que a diferencia de Chiapas hace 10 años, donde el
gobierno buscaba "achicar" el problema para deslegitimar la rebelión
indígena, ahora en Morelos el gobernador lucha por agrandarlo, inventando la
existencia de campos guerrilleros para ocultar su torpeza. Aunque
diferentes, la estrategia usada en Chiapas hace una década y la utilizada
ahora en Morelos tienen los mismos objetivos: negar la justicia de los
reclamantes y someterlos por la fuerza.

   Los resultados de la falta de pericia del gobernador de Morelos, así como
la del secretario de Gobernación, tienen muchas implicaciones que reclaman
rectificación inmediata. Entre las más urgentes se encuentra restablecer el
orden constitucional y el respeto de los derechos humanos. Ni el gobierno
federal ni el estatal han demostrado que los impulsores del consejo autónomo
en Tlalnepantla cometieran delito alguno, pero sí se han colocado fuera del
marco constitucional y de las leyes vigentes al ordenar a las fuerzas
policiacas golpear y perseguir a la gente del pueblo, al grado que allanaron
domicilios sin orden judicial, y los que lograron escapar de su furia se
escondieron en el monte o buscaron refugio en municipios aledaños.

   En ese mismo sentido el secretario de Gobernación tiene el deber de
explicar a qué se refiere cuando afirma que no permitirá autoridades a
contentillo de nadie y que vigilará la vigencia del orden constitucional.
Alguien debería informar al funcionario encargado de la seguridad interior
del país que el derecho a la autonomía está reconocido en la Constitución
federal, igual que el de modificar la forma de gobierno cuando éste se
aparte de la voluntad popular, y el hecho de que ningún poder del estado
haya establecido los mecanismos para concretar ese derecho no lo anula. Los
gobernantes no tienen por qué pagar las omisiones de los poderes públicos.

   Pero tan importante como eso es que la sociedad se organice y exija que
sus derechos ciudadanos se respeten. Si esto no se hace y nos quedamos
viendo pasar los acontecimientos, pronto veremos que igual que ahora en
Tlalnepantla, la fuerza del Estado se volverá contra otros movimientos
sociales. Y eso no es bueno para nadie. Ni para el gobierno ni para los
gobernados.

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