En eso que, a riesgo de simplificaciones, podríamos llamar el discurso del exilio, es frecuente un error que, por cierto, ha desaparecido eficazmente en el discurso de la oposición interna. Me refiero a la identificación, bajo el tópico abarcador del "problema cubano", de tres dimensiones de la realidad insular relativamente autónomas, aunque contiguas y relacionadas: las esferas del gobierno, el Estado y la sociedad. Así como la retórica oficial de La Habana identifica esas tres realidades con términos como la "Revolución" o el 

Empleados del Estado: ¿Cómplices del régimen?

"Socialismo", el viejo lenguaje del exilio las identifica con conceptos como "castrismo" o "comunismo". A continuación propongo la siguiente diferenciación de esas realidades tan próximas e imbricadas.

El gobierno cubano es una estructura de poder, esencialmente totalitaria, que tiene en la cima a la persona de Fidel Castro y la cúpula dirigente política y militar, y en la base a la burocracia baja que integra las instituciones políticas y administrativas. Dicho gobierno, como se sabe, es una negación tajante de la división de poderes, ya que los órganos judiciales y representativos están subordinados a la rama ejecutiva, la cual ni siquiera corresponde plenamente al Consejo de Estado, sino a una élite militar, ideológica y política, que rodea a Fidel Castro y que controla dicho Consejo, los ministerios, el Partido, el Ejército, la Asamblea, las provincias y los municipios.

Los contornos de esa élite del poder son tan arbitrarios y misteriosos que, al igual que en cualquier régimen totalitario comunista, pertenecer a la "burocracia", es decir, a la clase administrativa y política, no significa necesariamente pertenecer a la nomenklatura.

El Estado cubano es una esfera institucionalmente más amplia y abarcadora que el gobierno de Fidel Castro. En Cuba, casi toda la actividad social, económica, cultural y política se produce dentro de instituciones estatales. Sin embargo, esto no significa que, a pesar del incansable aparato de legitimación y propaganda, no existan espacios de sociabilidad que escapen al control estatal ni que todas las funciones sociales del Estado respondan al afianzamiento del poder.

La tendencia a la redistribución equitativa del ingreso y a la inversión social del gasto público de ese Estado, despojada de la funcionalidad populista que le asigna una política económica arbitraria e ineficiente, no debería estar reñida con una economía de mercado socialmente responsable, ni debería rechazarse como un elemento constitutivo del régimen totalitario que destruirá la democracia. Un maestro de escuela, un médico de la familia, un estudiante universitario o un obrero de cualquier fábrica, aunque empleados del Estado, no necesariamente son cómplices del régimen. ¿Cuántos de ellos engrosan las más de 25.000 firmas del Proyecto Varela?

Por último, está la esfera de la sociedad, cuyas fronteras con el Estado han comenzado a delinearse cada vez más en los últimos diez años. En un régimen totalitario, como el cubano, la distinción entre sociedad civil y sociedad política es sumamente difícil, aunque no imposible. En Cuba, a pesar de las recurrentes trabas a la autonomía económica y cultural que impone el Estado, cada vez son más los actores que eluden sigilosamente el dominio estatal.

La creatividad de ese segmento es el mejor mentís al prejuicio, tan vigente en algunas zonas del exilio, de que bajo el comunismo la sociedad pierde toda su energía creadora y se paraliza en una suerte de automatismo ideológico. El tópico que presenta a la ciudadanía de la Isla como una sociedad moralmente enferma y cívicamente inerte, que debe ser curada por la medicina política de la democracia y el liberalismo, es sumamente dañino para la oposición y el exilio, ya que son precisamente ellos, los ciudadanos de la Isla, los principales sujetos del cambio.

De este breve y simplista recorrido se desprende que las tres realidades de la Isla: el gobierno, el Estado y la sociedad, guardan una relación diferente con el régimen actual y con su posible transformación. Cualquier transición a la democracia que se inicie en Cuba deberá contemplar una resuelta descomposición de su actual estructura de gobierno: una maquinaria institucional y carismática, profundamente antirrepresentativa y concebida para garantizar la permanencia de una misma persona en el poder.

Sin embargo, un modelo cuidadoso de transición democrática podría aprovechar favorablemente ciertos elementos del Estado cubano, como su tradición de gasto público, o podría adaptarse a las condiciones morales y culturales de la sociedad cubana actual, con el fin de producir el cambio a través de sus propios valores, prácticas y costumbres, y evitar así los riesgos de una democratización autoritaria, impuesta desde patrones de comportamiento que resultan extraños y amenazantes a la ciudadanía de la Isla