Las clavijas del embargo a Cuba, que estaban sueltas y pospuestas, han empezado a apretar drásticamente algunas actividades que en el pasado el gobierno castigaba con amonestaciones o admitía con indiferencia.
En menos de una semana y en sintonía con la promesa electoral del presidente George W. Bush a los cubanos del sur de la Florida, el sistema judicial de Estados Unidos ha formulado cargos criminales a presuntos violadores del embargo y ha impuesto fuertes penas.
El más reciente caso ocurrió ayer y no tiene antecedentes. Dos residentes de Cayo Hueso que jugaron siete años al gato y al ratón con el embargo, en su calidad de organizadores de regatas entre los cayos floridanos y la isla, fueron arrestados.
Peter Goldsmith de, 55 años, y Michele Geslin, de 56, afrontan cargos por promover y realizar el Conch Republic Cup, sin contar con una licencia especial de servicios de viaje a Cuba del Departamento del Tesoro.
El encausamiento alega que los acusados continuaron realizando la competencia a pesar de repetidas advertencias del gobierno para que fuera cancelada definitivamente.
Es la primera vez que se impone una medida de tal severidad a promotores de esta clase de actividades.
El miércoles, un juez de Chicago sentenció a tres años de prisión a un abogado por revender en Estados Unidos tabacos cubanos. Richard Connors fue hallado culpable de contrabandear, comerciar con el enemigo, confabularse y mentir a un funcionario de inmigración.
''El embargo contra Cuba no puede ser ignorado o burlado'', declaró el fiscal federal del sur de la Florida, Marcos Jiménez. ''Las leyes de seguridad nacional, como la que aplicamos hoy, existen para proteger al pueblo de los Estados Unidos y a la misma vez disminuir los esfuerzos de regímenes comunistas que amenazan a sus pueblos oprimidos'', agregó el funcionario.
Ambos acusados en la Florida escucharon ayer en la tarde los cargos ante el magistrado Michael Moore de Cayo Hueso y solicitaron una nueva audiencia para presentarse con sus abogados, luego de pagar una fianza personal de $50,000, informó el asesor de comunicaciones del fiscal, Carlos V. Castillo.
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