Operación Cóndor

La medida exacta de los crímenes

Mídia Sem Máscara, año 1, número 3, 18 de septiembre de 2002

Olavo de Carvalho

Si uno quiere tener la prueba de que los medios de comunicación brasileños son pro-comunistas, mentirosos y sin escrúpulos, basta que compare el aluvión de denuncias contra la Operación Cóndor con el total silencio acerca del que fue, ése sí, un crimen hediondo de nuestra dictadura militar: el apoyo del gobierno Geisel a la intervención cubana en Angola, que mató a 100 mil civiles y consolidó una dictadura que está en el poder hasta hoy.
Aunque los números de la contabilidad funeraria que ponen de relieve el horror de la primera operación fuesen auténticos -- y no lo son --, aún así la comparación sólo evidenciaría la diferencia entre los militares latinoamericanos, que enfrentaban la lucha armada en sus propios territorios, y una agresión extranjera que envió 57 mil soldados al otro lado del océano para intervenir en una guerra que no tenía nada que ver con Cuba excepto ideológicamente y en función de la estrategia comunista global.
La responsabilidad de la Operación Cóndor es achacada exclusivamente a los militares, asociados con el "imperialismo norteamericano", y jamás a la ingerencia armada cubana que la precedió en más de una década, desde la Conferencia Tricontinental de La Habana, que, habiendo esparcido la violencia terrorista en tres continentes, no puede razonablemente quejarse de ser tratada injustamente al depararse con una reacción de escala modestamente unicontinental. Un periodista tiene que haber alcanzado el grado máximo de insensibilización moral leninista para poder presentar el acuerdo de autodefensa establecido entonces entre los gobiernos de América Latina como una conspiración contra inocentes movimientos de oposición local. Sin embargo, ésa es la norma seguida en todos los reportajes que, en las últimas semanas, han comentado los documentos secretos sobre la Operación Cóndor que acaban de ser desclasificados por el gobierno americano.
En segundo lugar, al notar que los documentos, lejos de probar la tan repetidamente cacareada participación norteamericana en el episodio, muestran que Washington se limitó a asistir a ellos desde lejos, ¿qué hacen los desinformadores profesionales que posan como periodistas? ¿Confiesan que la izquierda ha mentido? No. Cambian el registro de la acusación y pasan ahora a condenar a Washington por "no haber hecho nada" contra la Operación Cóndor. Sea como sea, los americanos tienen que quedarse con el papel del malo.
En tercer lugar, viene la infalible manipulación de los números. Nuestra prensa afirma y reafirma que el gobierno militar argentino, él solo, "mató a 30 mil personas". Pues bien, el gobierno argentino era un detestable bando de payasos uniformados; pero ¿sería capaz de tamaña crueldad?
Oigamos a sus propios acusadores.
La famosa Comisión de los Desaparecidos, que puso en circulación internacional esa cifra macabra, la repite tal cual en la apertura de su site en internet: 30 mil muertos. Sin embargo, si vamos al link "Nombres", descubrimos que la lista de víctimas tiene varias versiones, elaboradas por diferentes entidades de "derechos humanos", y que la más extensa de ellas sólo trae 10 mil nombres.
Aún así, es un montón de gente. Pero esa cifra es sólo lo que consta en la presentación inicial. Si uno se da el trabajo de examinar la lista, verá que en ella sólo constan... 2.422 víctimas.
De un link a otro, la violencia de los militares argentinos va disminuyendo.
Sólo que, para acabar, de las 2.422 "víctimas", 1.785 no tienen nombre, lo cual suscita un pequeño problema: si ni siquiera se sabe quién es el sujeto, ¿cómo se puede asegurar que fue matado por motivos políticos?
La fe que la Comisión de los Desaparecidos exige de nosotros no es nada pequeña.
Descontadas las ampliaciones hiperbólicas, tan del gusto de la retórica comunista, nos queda un total líquido y cierto de 687 víctimas de la dictadura militar argentina. Eso basta para montar un señor proceso contra los generales, pero no para considerarlos tan criminosos como sus enemigos.
Están también, sin duda, los desaparecidos. En la lista de la Comisión, son 2.286. Pero, ¡un momento! Para aceptar a priori que cualquier agente comunista desaparecido ha sido necesariamente asesinado, hay que desconocer todo sobre el mundo del espionaje y del terrorismo internacionales, en que la circulación de personas, de nombres, de identidades y de documentos por debajo del tapete es un juego alucinante de prestidigitaciones y disfraces. No es razonable admitir que 2286 desaparecidos sean 2286 víctimas de asesinato mientras nadie se dé el trabajo de averiguar si, con otros nombres, y con un abanico de pasaportes falsos de varias nacionalidades, no reaparecieron en Cuba, en la Unión Soviética, en China, en Colombia o en Porto Alegre. Pero admitamos que todos fueron matados realmente por la dictadura argentina. Sumados a los casos comprobados, serían 2.973 -- menos de un quinta parte de la lista de víctimas de Fidel Castro (éstas, sí, conocidas con nombres y con la descripción de las circunstancias de su muerte). ¿Debemos condenar a EUA por "no haber hecho nada" contra los argentinos? ¿O contra Fidel Castro?
Pero, si Washington no hizo nada ni contra unos ni contra otros, nosotros sí que hicimos cosas a favor de Fidel. So pretexto de obtener ventajas petrolíferas que jamás se concretaron, la vanidad “nacionalistera” del presidente Geisel nos hizo cómplices del genocidio angolano, al dar ayuda económica, técnica y militar a la dictadura del MPLA que se mantenía en el poder con el apoyo armado de Cuba. Geisel fue el tipo de dictador nasserista, que ayudaba a los comunistas en el Exterior y les perseguía en casa con el único fin de robarles su papel para quedarse él solo con la gloria de un antiamericanismo que siempre ha tenido buena prensa. El episodio, analizado con más detalles en un artículo del historiador Paulo Diniz publicado en este número de MÍDIA SEM MÁSCARA, muy raramente es recordado en nuestros medios de comunicación, porque él solo basta para desenmascarar a la hipocresía izquierdista reinante y, con ella, a los propios medios de comunicación.

State Department Cable, U.S. Ambassador Robert White (Paraguay) to Secretary of State Cyrus Vance, Subject: Second Meeting with Chief of Staff re Letelier Case, October 20, 1978, Confidential, 1 p.

CIA Cable, [Brazil's Role in Operation Condor], Excerpt, August 12, 1976, 1 p. NOTE: Pages 1 and 3 of this document were not released.

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On March 6, 2001, The New York Times reported the existence of a recently declassified State Department document revealing that the United States facilitated communications among South American intelligence chiefs who were working together to eliminate left-wing opposition groups in their countries as part of a covert program known as Operation Condor. 

The document, a 1978 cable from Robert E. White, the U.S. ambassador to Paraguay, was discovered by Professor J. Patrice McSherry of Long Island University, who has published several articles on Condor.  She called the cable "another piece of increasingly weighty evidence suggesting that U.S. military and intelligence officials supported and collaborated with Condor as a secret partner or sponsor." 

In the cable, Ambassador White relates a conversation with General Alejandro Fretes Davalos, chief of staff of Paraguay's armed forces, who told him that the South American intelligence chiefs involved in Condor "keep in touch with one another through a U.S. communications installation in the Panama Canal Zone which covers all of Latin America."  This installation is "employed to co-ordinate intelligence information among the southern cone countries."  White, whose message was sent to Secretary of State Cyrus Vance, is concerned that the U.S. connection to Condor might be revealed during the then ongoing investigation into the deaths of former Chilean foreign minister Orlando Letelier and his American colleague Ronni Moffitt who were killed by a car bomb in Washington, D.C.  "It would seem advisable," he suggests, "to review this arrangement to insure that its continuation is in U.S. interest." 

The document was found among 16,000 State, CIA, White House, Defense and Justice Department records released last November on the Pinochet dictatorship in Chile, and Washington’s role in the violent coup that brought his military regime to power.  The release was the fourth and final "tranche" of records released under the Clinton Administration's special Chile Declassification Project. 

"This document opens a pandora's box of questions on the U.S. knowledge of, and role in, Operation Condor," said Senior Analyst Peter Kornbluh, director of the National Security Archive's Chile Documentation Project. 

The Archive published a second document - a page from a CIA cable regarding Brazil's role in Operation Condor - that Kornbluh said contained information that could shed light on this issue.  The undated page refers to "CondorTel" - the "communications network established by the Condor countries."  Kornbluh pointed out that the entire next line has been censored by the CIA. 

The National Security Archive called on the U.S. Intelligence Community - NSA, CIA, DIA and other Defense Department bureaus at the U.S. Southern Command - to fully divulge their files on communications assistance to the military regimes in the southern cone. 

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State Department Cable, U.S. Ambassador Robert White (Paraguay) to Secretary of State Cyrus Vance, Subject: Second Meeting with Chief of Staff re Letelier Case, October 20, 1978, Confidential, 1 p.

CIA Cable, [Brazil's Role in Operation Condor], Excerpt, August 12, 1976, 1 p. NOTE: Pages 1 and 3 of this document were not released.