Cinco horas con los teléfonos ardiendo. Entre las siete de la tarde y las doce de la noche del viernes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde El Calafate, y ante las noticias que le llegaban de Bolivia, decidió impulsar una reunión urgente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que tuvo una rápida y favorable respuesta de los gobiernos de Chile, Brasil y Venezuela. Sobre la medianoche logró hablar con el principal interesado, Evo Morales, que dio su visto bueno. El encuentro de los presidentes quedó fijado para mañana a las 15 en el Palacio La Moneda, sede del gobierno de Chile.

Además de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet y de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Venezuela, Hugo Chávez, ayer a la mañana confirmaron su asistencia Alvaro Uribe, de Colombia, Fernando Lugo de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador y el propio Morales. Sólo faltaba la respuesta de los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Perú, Alan García, aunque se cree que irán a Santiago mañana.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir PáginaI12 en distintas fuentes del Gobierno y diplomáticas, la Presidenta –que luego de un acto en Trelew había viajado a El Calafate para pasar el fin de semana en su casa– se mantenía informada por el canciller Jorge Taiana de las novedades en Bolivia. Taiana, a su vez, recibía las novedades, especialmente, por el secretario general de la Presidencia de Bolivia (una suerte de jefe de Gabinete), Ramón Quintana, hombre de máxima confianza de Morales.

Lo complejo de la situación estaba dado porque grupos paramilitares (según el gobierno boliviano, también integrados por sicarios brasileños y peruanos) tenían virtualmente copado el departamento de Pando y habían asesinado a entre 15 y 30 militantes del oficialismo. Si el presidente Morales no intervenía, su debilidad pasaría a ser extrema, si lo hacía, entraba en una suerte de guerra civil. La única vía lógica era que el ejército se encuadrara y aceptara intervenir en Pando, cosa que ocurrió, pese a que el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Luis Trigo, había hecho horas antes declaraciones políticas (en las que advertía contra una hipotética intervención militar de Venezuela en el conflicto) que habían encendido una luz amarilla.

Hasta ese momento, a nivel regional estaba previsto convocar a una reunión de cancilleres de la OEA para la semana próxima, donde seguramente no saldría un documento tan enérgico como el que puede producir la Unasur. En la OEA Estados Unidos tiene un lugar decisivo y su embajador acaba de ser expulsado de Bolivia.

“Jorge, me parece que no hay que dejar pasar más tiempo. Todo indica que la fragilidad institucional en Bolivia es muy grave. Voy a hablar con Michelle y con Lula para ver si podemos reunir a la Unasur cuanto antes”, le dijo CFK a Taiana, según fuentes cercanas a la Presidenta. Allí comenzó la maratón telefónica, que terminó a medianoche con la confirmación del encuentro que oficializó ayer Bachelet como presidenta pro témpore de la Unasur. Hablando con su par chilena, la Presidenta mostró la urgencia del caso con una frase: “Si no actuamos ahora –dijo la argentina–, dentro de treinta años podemos estar viendo documentales como los que vemos ahora sobre la caída de Salvador Allende”.

Taiana había hablado con el canciller de Chile, Alejandro Foxley, y con el asesor de Lula en temas internacionales, Marco Aurelio García.

En la reunión de mañana en Santiago se prevé que los presidentes de Sudamérica emitan un fuerte comunicado de respaldo a las instituciones democráticas en Bolivia y propongan algún tipo de acción, desde el envío de una misión multinacional o el ofrecimiento para oficiar como canales de diálogo para enderezar la situación.

La Unasur ya se había pronunciado recientemente a favor de la institucionalidad en Bolivia, cuando lamentó “la prolongación de las acciones de grupos civiles que conducen a pérdidas de vidas humanas, a personas heridas, a destrucción de bienes públicos y privados, al debilitamiento institucional y riesgo para la democracia y que podrían amenazar su unidad e integridad territorial”. También Foxley había afirmado que “es el deber de esta presidencia pro témpore señalar la total disposición de Unasur de colaborar con el gobierno de Bolivia en el esfuerzo por identificar e implementar vías de diálogo bajo la conducción de las legítimas autoridades de la nación boliviana”.

En el mismo sentido, la Cancillería argentina emitió el viernes un comunicado manifestando su “pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma”. El gobierno argentino, además de repudiar “los graves hechos de violencia y sabotaje terrorista”, exhortó a “los prefectos a frenar los actos de violencia en sus respectivos departamentos y convoca a los principales dirigentes políticos y sociales de aquel país para que eviten un agravamiento de la situación y retomen el diálogo”.

Ayer ya había menos nerviosismo que el viernes a la noche. Desde La Paz llegaba información que indicaba que se habían comenzado a abrir canales de diálogo entre el gobierno boliviano y los prefectos (gobernadores) de los cinco departamentos rebeldes.

Según transmitieron funcionarios bolivianos a sus pares argentinos, entre la madrugada y la mañana de ayer, el vicepresidente Alvaro García Linera y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, llegaron a un principio de acuerdo para abrir el diálogo sobre algunos de los puntos a los que se oponen los prefectos rebeldes, como el del sistema de autonomías que propone el oficialismo, el impuesto para favorecer a los ancianos y la distribución de las regalías petroleras. El único prefecto que dijo que no aceptaría el diálogo es Leopoldo Fernández, de Pando, el departamento donde rige el estado de sitio luego del masivo asesinato de militantes del oficialismo (ver página 7). “Si el único que queda aislado es Fernández es una buena noticia para Evo”, evaluaban anoche en la Cancillería argentina.

La Presidenta y Taiana partirán mañana a la mañana hacia Santiago y al terminar la cumbre regresarán a Buenos Aires.

                                           SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                          (Gran Papiyo)

Dio pena ver por televisión esta semana a jóvenes clasemedieros bolivianos armados con palos, piedras, pistolas y escopetas tomando aeropuertos, canales de televisión y todo tipo de instituciones públicas, destruyendo mercados populares y apaleando a campesinos, en decenas de acciones de choque repartidas entre Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, coordinadas y previamente concertadas por los gobernadores, con un diplomático estadounidense actuando como facilitador, acciones que culminaron con la masacre de quince líderes indígenas ametrallados a la vera de un camino en Pando, asesinados por un escuadrón de la muerte que respondería al gobernador, Leonel Fernández, hoy buscado por genocidio.

Bolivia te rompe el corazón. Tanto odio, tanta destrucción, tanta impotencia escenificada en una especie de pueblada burguesa en contra de los indígenas y los campesinos para mantener viejos privilegios, ante la pasividad del gobierno, de su policía y de las fuerzas armadas. El presidente Evo Morales, recientemente ratificado por dos tercios del voto, debe tragar saliva ante cada nueva embestida para evitar dar la orden que lleve al baño de sangre.

Bolivia está al borde de la guerra civil. Aunque el gobierno y los líderes de la oposición acordaron sentarse a negociar esta tarde, las rebeliones son muy difíciles de controlar una vez que se desatan, y su propia inercia las lleva a radicalizarse. No hay salida política posible cuando se desconoce la ley, las autoridades legítimamente elegidas y las reglas de juego de la democracia. Cuando las disputas se dirimen a través del uso de fuerza, ganan los que tienen más fierros.

En Bolivia los fierros pesados son de las fuerzas armadas. Por algo sus cuarteles y destacamentos son prácticamente las únicas instituciones federales que las patotas autonomistas no han atacado. Los militares en actividad han dado muestras de lealtad al gobierno de Morales. Se trata de una cuestión cultural. El 90 por ciento de los soldados bolivianos son indígenas. El servicio militar es obligatorio, pero muchos blancos consiguen libretas médicas. “El indígena que no hace cuartel (colimba) es mal visto en su comunidad, como que no se hizo hombre. Evo es el primer presidente que hizo cuartel desde la dictadura y eso los militares lo respetan”, cuenta uno de sus asesores.

Cuando asumió en el 2006, Morales pasó por alto una promoción de generales, presuntamente involucrados en una compra irregular de misiles, para nombrar a su cúpula militar. Desde entonces no ha habido intrigas ni complots dentro de la fuerza y la cúpula se ha mantenido intacta, a pesarde los esfuerzos de algunos militares retirados vinculados a la oligarquía cruceña.

Los autonomistas dicen que no van a devolver los edificios federales que tomaron, sino que los van a reconvertir en entes provinciales, y así van a empezar a aplicar los estatutos autonómicos que votaron el año pasado.

Pero no es lo mismo tomar el edificio de la dirección impositiva que capturar los ingresos que esa oficina percibía antes de la toma, por la sencilla razón de que el gobierno redireccionó a los grandes contribuyentes para que paguen sus impuestos y tributos directamente en La Paz. Así como los estatutos fueron declarados ilegales de antemano por la Corte Electoral y desconocidos por la comunidad internacional, lo mismo pasa con las instituciones que surgen de su aplicación.

Sin fuentes de ingresos y con las rutas cortadas, la rebelión de los ricos no puede durar mucho porque los empresarios pierden plata. Por dar un ejemplo, la feria de Santa Cruz, la más grande del país, debía arrancar en dos semanas. El año pasado reunió a 3000 empresarios de 40 países. Ahora quién sabe si se hace, ni quién va a participar, ni cómo van a llegar con las rutas cortadas y los aeropuertos tomados.

Lo más triste es que todo este caos se desató porque el gobierno impuso un recorte promedio del seis por ciento en sus transferencias a las prefecturas para pagarle una modesta jubilación a los más pobres, la llamada Renta Dignidad. Y no es que las prefecturas venían sufriendo la codicia del gobierno central, sino todo lo contrario: además de contar con uno de los sistemas fiscales más federales del mundo, la estatización de los hidrocarburos que decretó el gobierno que hoy combaten había triplicado sus ingresos en menos de tres años.

El problema principal que tienen los autonomistas es la creciente popularidad de Evo Morales. El presidente que llegó al gobierno con poco más de la mitad de los votos había prometido una reforma redistributiva pero necesitaba algún tipo de acuerdo con la oposición para sumar los dos tercios en la Asamblea Legislativa que iba a modificar la Constitución. Pero en el referéndum revocatorio del mes pasado Morales sumó más del 67 por ciento de los votos. Si repite la performance en el referéndum constitucional de principios del año que viene, entonces su Constitución habrá sido refrendada por mayoría absoluta, reelección incluida, sin necesidad de hacer concesiones.

Este es el escenario que desespera a los autonomistas. Su única esperanza es que Morales muerda el anzuelo y desate una represión feroz que los ponga en el lugar de víctimas, para así justificar su insurrección. Pero hasta ahora Morales ha hecho prevalecer su paciencia aymara, su muñeca de gremialista y su visión de estadista, prefiriendo mostrarse débil antes que entrar en la espiral de violencia.

Pero en un punto Morales es prisionero de su propio éxito. Cuanto más avanza con sus reformas, más crece su popularidad. Cuanto más crece su popularidad, más se aísla la oposición autonomista. Cuanto más se aísla la oposición, más arriesga. Perdida por perdida, sale a quemar las naves. El objetivo ya no es imponer el programa propio sino incendiar el proyecto del gobierno en un acto de destrucción mutua. Para lograrlo, los autonomistas no dudan en recurrir a lo más bajo de la política: el racismo, la xenofobia, el macartismo, la demagogia, el nacionalismo barato, los insultos, las patotas, los palos, las palizas, los saqueos, las masacres.

Entonces el pueblo agredido quiere reaccionar y el jefe de Estado intenta contenerlo. Pero no es fácil esperar que actúe la Justicia, que funcionen las instituciones, que se calmen las aguas para recuperar lo robado y rehacer lo destruido. No es fácil sentarse a ver cómo las llamas del odio se devoran rutas, oficinas, estaciones, mercados, vidas humanas y la esperanza de un futuro mejor. Te rompe el corazón.

sodonnell@pagina12.com.ar

                             SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                          (Gran Papiyo)

"Denunciamos también el intento de desestabilización de Bolivia, detrás del cual se mueven poderosos intereses de grupos inversores extranjeros y las oligarquías locales. Vemos la mano ingerente del gobierno de Estados Unidos", indicó el titular de la CTA.

El secretario General de la CTA, Hugo Yasky, dijo que mañana se transmitirá "el respaldo al gobierno boliviano de parte de un arco plural de organizaciones argentinas, referentes de partidos políticos, diputados e intendentes, y hombres y mujeres vinculados a movimientos sociales y gremiales".

Los manifestantes entregarán un documento en donde reclaman "el respeto al referéndum que hace menos de un mes respaldó al legítimo presidente de Bolivia, Evo Morales, con más del 67 por ciento de los votos".

También harán entrega de un documento de parte de centrales sindicales de América, y otro de la Coordinadora Intersindical del Mercosur, en los mismos términos.

Asimsimo, dirigentes políticos, sociales, gremiales e intelectuales publicaron hoy una solicitada donde manifiestan el "apoyo al gobierno y la democracia boliviana".

Algunos de los firmantes fueron los intendentes Martín Sabbatella (Morón), Francisco Gutiérrez (Quilmes), los dirigentes Luis Juez y Fernando "Pino" Solanas, los representantes de organismos de derechos humanos Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel; los legisladores Claudio Lozano, Miguel Bonasso y Ariel Basteiro.

Bolivia vive desde hace días una convulsión política y social que ha dejado más de 16 muertos, en medio de protestas y medidas de acciones directa de "cívicos" y prefectos (gobernadores) opositores al gobierno de Evo Morales.

                                             SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                               (Gran Papiyo)