Los 300 caminantes de las columnas noroeste y de Barcelona de la marcha de desempleados han llegado sobre las 13.30 a Nuevos Ministerios, en Madrid, y se han trasladado al Paseo del Prado para reunirse con parados de toda España con la intención de manifestarse esta tarde frente al Ministerio de Empleo.

Los parados catalanes, guiados por el cántico de "Parados, despertaos", han sido escoltados hasta el centro de la capital por furgones policiales. Más grupos de caminantes -entre los que, además de desempleados, hay estudiantes, jubilados, sindicalistas y miembros del 15-M- procedente de Asturias y Toledo se les están uniendo en el transcurso del día. Las columnas de Extremadura y Alicante están llegando a Madrid en autobús.

Mientras se acercaban a la plaza de Colón, Alejandro Rivera, impulsor y organizador de la marcha noroeste, se mostraba satisfecho con la acogida de los madrileños, que aplauden a su paso. "A ver si conseguimos despertar a la sociedad", reclamaba.

La asamblea de desempleados del 15-M en Madrid se ha encargado de organizar las actividades . A la una de la tarde estaba prevista la manifestación de la marcha noroeste frente al Ministerio de Empleo, en Nuevos Ministerios, pero se ha acumulado un pequeño retraso. A las dos, las diferentes marchas han comenzado a confluir en el paseo del Prado, donde se celebra una comida popular amenizada por la orquesta Solfónica, del 15-M. A las seis y media, los desempleados partirán hacia Sol, donde está previsto una asamblea sobre desempleo. Los caminantes pernoctarán en los centros sociales okupados Patio Maravillas y Casablanca y en la sede de la CGT (Confederación General del Trabajo). ¿Y después? Aún no saben lo que harán. Si algo ha caracterizado a esta marcha es la improvisación.

Hartos de días de tedio y desesperación entre las paredes de sus casas, decidieron salir a la calle, caminar hasta no poder más con la ilusión de llegar a la capital y manifestarse frente al ministerio. “Con casi seis millones de desempleados, ya era hora de que nos moviéramos”, explicaba ayer Alejandro Rivera en el polideportivo del colegio público Rosa Chacel, en la localidad madrileña de Collado-Villalba, (60.000 habitantes), donde los 70 caminantes de la ruta noroeste hicieron noche.

Una veintena de caminantes partió de Asturias el pasado 26 de junio y ha ido recogiendo a los miembros de las columnas que salieron de Salamanca, Valladolid y Ávila. Ayer por la mañana abandonaron Villalba dirección a Majadahonda (69.500 habitantes).

María Cuenca, madre de uno de los caminantes e integrante de la marcha, repartía ayer dátiles tunecinos para que los parados recuperaran fuerzas a su llegada al Rosa Chacel. Una hora antes de la entrada de la marcha noroeste a Villalba, Alejandro Rivera, organizador de la reivindicación, se encontraba con el concejal de IU para localizar el polideportivo cedido por el Ayuntamiento.

“Con casi seis millones de desempleados, ya era hora de que nos moviéramos”, sentencia Alejandro, impulsor de la idea. Pero asegura que cuando mira a su alrededor y ve cada día la llegada de los caminantes, la acogida de los vecinos del lugar, y la buena convivencia entre personas dispares que apenas conocen, siente que la locura ha merecido la pena. Rivera empezó a idear la marcha en el mes de abril. Tras un año y medio en paro, cansado de no encontrar trabajo y después de haber superado una depresión, decidió que ya era hora de movilizar a los parados. Rápidamente se puso en contacto con los desempleados de Langreo (Asturias) y con las asambleas del 15-M. Difundió la idea a través de las redes sociales y la respuesta fue inmediata. Rivera asegura que cientos de sindicatos, indignados, parados, estudiantes y jubilados respondieron a la convocatoria

El programa presupuestario 2013-2014 que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió el pasado viernes a Bruselas para garantizar su compromiso con el ahorro de gasto en todas las administraciones públicas y el aumento de ingresos vía impuestos -estima un ajuste de 102.000 millones de euros desde ahora hasta final de 2014- prevé acometer reformas legales que afectarán a la edad real de jubilación en España, principalmente restringiendo el acceso a las jubilaciones anticipadas y a las jubilaciones parciales. También se pretende adelantar la entrada en vigor de los principales parámetros del sistema (edad legal de jubilación, periodo de cómputo o sistema de revalorización), ahora previsto para 2027.

El gasto en pensiones es la principal partida del presupuesto español. Este año serán unos 120.000 millones de euros, en torno al 25% de todo el gasto y más del 10% del PIB del país. En el futuro irá a más, solo las prestaciones contributivas supondrán a mitad de este siglo en torno al 15% del PIB, según diversos estudios, por la llegada a la edad del retiro de la generación del baby boom, los nacidos en los años sesenta del siglo pasado. Eso impulsó una profunda reforma de pensiones hace apenas un año y medio. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abordó en su etapa final una reforma de enorme impacto social que elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años.

CiU fue el único grupo parlamentario que apoyó aquella reforma del sistema de pensiones; el PNV se abstuvo y el PP, junto a los grupos de izquierda, votó en contra. Los portavoces populares argumentaron entonces que la reforma del sistema de pensiones era “inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente”; censuraron al Gobierno por modificar “de emergencia y con prisas” una norma tan importante; y auguraron que endurecer el sistema de protección social lo convertiría en un sistema “más injusto”, pues conllevaría pérdidas económicas incluso trabajando más años.

Ahora, el PP no solo se conforma con aquella reforma del Gobierno socialista sino que promete a las autoridades europeas una nueva vuelta de tuerca para conseguir que los trabajadores españoles su jubilen más tarde.

La edad efectiva de jubilación en España -la edad media a la que el trabajador se retira definitivamente del mercado laboral- está en torno a dos por debajo de la edad legal. Cuando Zapatero abordó su reforma en 2010, los españoles se jubilaban de media a los 63,5 años (una de las más altas de Europa), 18 meses antes de la edad legal, que era de 65.

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende estrechar más ese margen y promete en el documento enviado a Bruselas “elevar la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad legal”.

Para conseguirlo, el Ejecutivo español asegura a las autoridades europeas que introducirá “una modificación de la jubilación anticipada de modo que facilite la sostenibilidad del sistema de pensiones, operando, según se acuerde en el seno del Pacto de Toledo [la comisión del Congreso de los Diputados donde se trata de pensiones], sobre factores tales como los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros”.

Tras la última reforma, el retiro anticipado está fijado en los 63 años y, de forma excepcional (ante despidos colectivos o crisis empresariales), en los 61. El Gobierno no explica cómo piensa hacerlo. Fuentes sindicales, tras conversaciones con responsables de la Seguridad Social, creen que lo que pretende el Gobierno es acabar con la jubilación anticipada excepcional a los 61 años.

También detalla el informe presupuestario que el Gobierno modificará la normativa de acceso a la jubilación parcial “con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma, puesto que en muchos casos ha venido a sustituir a la jubilación anticipada y, además, el coste recae en su totalidad sobre la Seguridad Social”. Dicha modificación, explica el documento, “podría articularse, igualmente en base a lo acordado en el Pacto de Toledo, a través de la modificación de la edad de acceso, el porcentaje mínimo de jornada laboral o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida, entre otros”.

El equipo de Rajoy quiere aprobar un “factor de sostenibilidad” del sistema de pensiones que permita revisar los parámetros fundamentales del sistema de la jubilación “en función de la evolución de la esperanza de vida”. Ese factor de sostenibilidad tendrá efectos “bien sobre la edad de jubilación, bien sobre la cuantía inicial de la pensión, bien sobre las condiciones de revalorización”.

Razones para manifestarse: “Porque participo en un proyecto público de investigación sobre el VIH y dependemos de las subvenciones, que dejarán de llegar” (Carolina Gutiérrez, 37 años). “Porque me han rebajado el sueldo y me han aumentado el horario, y tengo dos hijas en paro y otra eventual” (Cristóbal Crespo, 62). “Porque, desde enero, el colegio público en el que trabajo no recibe un céntimo” (María del Carmen Pascual, 58). “Porque el ferrocarril público está en peligro” (leído en las camisetas de un grupo de trabajadores de Renfe). “Porque el país se cae y mi hija, que es enfermera, traduce lengua de signos y estudia antropología, se me está planteando irse a Canadá” (José Lozano, 67). “Por la paga de Navidad... que ya es lo último de muchas cosas” (José Luis Gómez, 56, y varios funcionarios más).

Decenas de miles de personas llegadas de distintas partes de España se juntaron ayer en la plaza de Colón y alrededores, en Madrid, para protestar contra los nueve meses de recortes del Gobierno y exigir que convoque un referéndum, porque las medidas que está aprobando no son las que prometió para ganar las elecciones, y en muchos casos son las contrarias de las que prometió. Había miles de camisetas verdes por la educación pública y blancas alertando de los recortes en sanidad; funcionarios indignados porque consideran que el Gobierno les está utilizando como “caja de ahorros” y pancartas que simplemente rezaban: “Hartos” o “Euroviolencia” o “¿Crisis? Atraco”. Familias, trabajadores autónomos, jubilados con bastones, estudiantes... Muchas banderas de comunidades autónomas, algunas españolas y bastantes republicanas. Y, sobre todo, banderas, gorros, chapas, pancartas y globos con siglas sindicales.

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Esta “marcha sobre Madrid”, convocada por la Cumbre Social —una plataforma creada en julio por los sindicatos y 150 organizaciones civiles, que ahora son ya más de 200—, da inicio al otoño caliente que los sindicatos prometieron antes del verano y con el que el Gobierno ya cuenta. Llega, además, después de otra protesta multitudinaria, la de la Diada catalana, y cuando el Ejecutivo está en máxima tensión, deshojando la margarita del rescate. Fuentes gubernamentales mostraron incluso su alivio porque ayer en Madrid esperaban una protesta mayor; y, desde Chipre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, pinchó cualquier esperanza de cambio: “Los sacrificios son absolutamente ineludibles”, advirtió.

Varios miembros de la dirección del PSOE —no su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni la número dos, Elena Valenciano— participaron en la manifestación, que tenía este lema: Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo. “Los ciudadanos dicen ‘no’ a nueve meses de recortes y mentiras”, afirmó el secretario de Organización de los socialistas, Óscar López. También acudieron cargos públicos y orgánicos de IU.

Los convocantes no dieron cifras de asistencia, aunque calificaron la concentración de “histórica”, “trascendental” y “formidable” (y fuentes sindicales calcularon más tarde que había habido medio millón de personas); la Delegación del Gobierno habló de “hasta 65.000 manifestantes”.

Este periódico no ha hecho una estimación de asistentes; a las doce del mediodía, momento en el que las 10 columnas de manifestantes —divididos por sectores y por territorios— que habían partido de distintos puntos de Madrid debían confluir en Colón, la plaza estaba llena, aunque en algunos puntos se podía caminar. También estaba ocupada, pero no abarrotada, buena parte de las calles adyacentes (Génova, paseo de Recoletos y Castellana, Goya), según comprobaron varios redactores. Toda esa zona suma cerca de 70.000 metros cuadrados.

En todo caso, la concentración fue multitudinaria y todos los intervinientes en la ronda de discursos subrayaron que no es el final de nada, sino el principio. “El desenlace inevitable”, en palabras del secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, podría ser otra huelga general, pero no está en el horizonte inmediato. “La llave de la huelga general la tiene el presidente del Gobierno. Llegaremos tan lejos como el Gobierno quiera llegar”, anunció Toxo mientras un sector del público, sudando a mares, se inclinaba por otra reivindicación: “¡Rajoy, dimisión! ¡Elecciones ya!”. Cándido Méndez, secretario general de UGT, abundó: “Si no nos hacen caso, contemplaremos todo tipo de contestación o movilización”.

Eso será si el Gobierno no da un giro en un plazo que aún nadie ha fijado. Pero lo que sindicatos y asociaciones integradas en la Cumbre Social sí han decidido ya es exigir desde mañana mismo al Ejecutivo que convoque un referéndum sobre los recortes. “¿Qué va a pasar con el nuevo rescate? Para este Gobierno nada es intocable. ¿Qué está ocurriendo en la sanidad, la educación, los servicios sociales? ¿Qué está ocurriendo con nuestro país?”, inquirió Méndez, alertando contra la “deriva antisocial y autoritaria” por la que a su juicio se despeña Rajoy. El presidente actúa “con arrogancia y soberbia aquí”, y “con sumisión servil” ante la UE. “Nunca en tan poco tiempo y con tanta soberbia se ha hecho tanto daño a la sociedad española. El referéndum es una cláusula de salvaguardia democrática”, dijo.

Tomó el relevo Toxo y deslizó de paso una crítica a otra “deriva”, la de los dos últimos años del anterior Gobierno, del PSOE: “En mayo de 2010 se inició este camino al suicidio. El mensaje de los mercados lo interpreta la Comisión Europea y los Gobiernos, y lo padece la ciudadanía”. Contra esa “involución social”, una idea: “¡Referéndum ya!”. También los representantes de USO y CSIF y de las organizaciones en defensa de los servicios públicos insistieron: debe haber una consulta.

La Cumbre Social empezará a dar forma a esa campaña en los próximos días: la intención es montar “comités pro-referéndum en cada ciudad, en cada pueblo y en cada barrio, como se hizo con el referéndum de la OTAN en 1986”, explican desde CC OO.

La manifestación de ayer discurrió sin incidentes —unas 200 personas intentaron llegar a la sede del PP, pero la policía cortó la calle—. Hubo cuatro detenidos, en otro punto de la ciudad, por “resistencia a la autoridad” (según la Delegación del Gobierno, por no enseñar la documentación; según el 15-M, por llevar una pancarta llamando a la convocatoria Rodea el Congreso el día 25). A media tarde, quedaron en libertad, tras declarar.

Durante los discursos se produjo, eso sí, un momento de desconcierto cuando un numeroso grupo de bomberos de distintas comunidades cruzaron toda la plaza haciendo sonar bocinas y lanzando petardos, e irrumpieron a los pies del estrado portando un ataúd que pretendían subir a la tarima. Dentro del féretro, un muñeco con traje de bombero y careta de Mariano Rajoy, sonriente, enseñaba a los manifestantes el dedo corazón de su mano derecha. La gente se hizo fotos por turnos