La venta del rescate como una especie de victoria, las declaraciones acerca de que fue España quien presionó a Europa para obtener las ayudas, la laxitud de las supuestas condiciones del rescate, incluso el hecho de que Mariano Rajoy se marchara a ver la Eurocopa dando la sensación de tenerlo todo bajo control: todo eso ha acabado por levantar ampollas en Europa. Atenas, a escasos días de unas elecciones cruciales para el euro, reclama unas condiciones igual de ventajosas. Dublín y Lisboa, los otros dos países rescatados, no han tardado en pedir el mismo estatus que España, un "tratamiento equivalente", según la ministra irlandesa Lucinda Creighton. Fuentes europeas aseguran que España ha puesto a toda la eurozona en una situación complicada, en medio de la incertidumbre por la crisis política griega, con los países acreedores —encabezados por Alemania y sus satélites, Finlandia, Austria y Holanda— exigiendo dureza en la condicionalidad del salvavidas a la banca española para evitar que los demás rescatados soliciten lo mismo. En fin: hay crispación en las grandes capitales europeas, en las de los países salvados por las ayudas y en Bruselas.

Y hay presión en los mercados: el rescate español no funciona, a juzgar por el alza continua de la prima de riesgo española, que solo se relajó el pasado lunes a primera hora. Desde entonces, los intereses de la deuda no han dejado de subir. Esta mañana la prima de riesgo ha abierto en los 540 puntos tras la rebaja de nota de la agencia de calificación de riesgos Moody's, que ha dejado la solvencia de España al borde del bono basura. Fuentes conocedoras de las conversaciones al más alto nivel en el Eurogrupo del sábado atribuyen el por ahora malogrado rescate a que Rajoy cedió a las presiones europeas demasiado tarde —en las últimas semanas, la prensa alemana ha atribuido esa dilación a una cuestión de orgullo patrio, como cuando Rajoy anunció que incumpliría el déficit apelando a la "soberanía nacional"— pero sobre todo a la falta de claridad. Las citadas fuentes critican la estrategia de comunicación del Gobierno español, que descarta que pueda haber condiciones fiscales (pese a que Bruselas y fuentes del Banco Central Europeo consultadas por EL PAÍS insisten en lo contrario) y ha asegurado que las ayudas ni siquiera afectarán al déficit (la agencia estadística Eurostat desmintió ayer esas declaraciones de Rajoy del pasado domingo).

Fuentes próximas a la negociación del rescate, pendiente aún de fijar las condiciones definitivas a lo largo de los próximos días, explicaron que España está en una situación difícil. La economía española y su banca es presa de errores del pasado, por la permisividad de los Gobiernos del PP y del PSOE respecto a la burbuja inmobiliaria. Pero también se ha visto perjudicada por la mala calidad de las pruebas de resistencia a la banca (que la canciller Angela Merkel relacionó el martes con el fracaso de la Autoridad Bancaria Europea, que no supo controlar a los bancos centrales nacionales). Fuentes europeas vinculan parte de los problemas con la deficiente supervisión del sistema financiero español y con las recientes reformas bancarias, que optaron por la peor solución: fusiones como la de Bankia, las cajas gallegas o las catalanas.

La situación del euro empeora a diario. Los inversores calibran la posibilidad de una fractura ante las reiteradas amenazas de la Unión sobre Grecia. Bruselas, Berlín y varias capitales han optado por la coacción, con medidas como el posible cierre de fronteras o el corralito si los resultados de las elecciones se traducen en un Gobierno que no respete las reformas impuestas por la Comisión, el BCE y el FMI. La próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno ha levantado grandes expectativas, con la esperanza de que los líderes aprueben pasos sustanciales hacia una mayor unión fiscal, la unión bancaria e incluso un calendario para los eurobonos. Pero lo más probable es que esas expectativas se defrauden: Merkel reiteró el martes que apuesta por una estrategia de largo plazo con la vista puesta en la unión política, pero sigue rechazando los eurobonos. El Bundesbank (el banco central alemán) asegura que para empezar a hablar de unión bancaria antes tienen que darse pasos definitivos en la unión fiscal. Se avecina un choque de trenes con París: el Elíseo reiteró ayer que la unión bancaria es lo primero, que debería acordarse antes que la unión fiscal.

El resto de capitales añaden volumen a esa cacofonía de voces. La Moncloa dio ayer a conocer una carta de Rajoy al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y al presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, en la que apuesta por transferencias de soberanía en la esfera bancaria y fiscal, a medio camino entre lo que piden Hollande y Merkel. Rajoy trata de explotar el papel de bisagra entre Francia y Alemania, por el que luchará con el primer ministro italiano, Mario Monti, en la cumbre de la semana próxima en Roma.

Por el camino de las uniones bancarias, fiscales y los eurobonos, de la cumbre de finales de junio se ha ido cayendo el pacto por el crecimiento, con el que el presidente francés, François Hollande, pretendía completar la austeridad elevada a los altares de los tratados por el Pacto Fiscal. Fuentes europeas aseguran que prácticamente ningún país tiene margen de maniobra para estimular su economía. Berlín lleva semanas alertando de que no piensa ni remotamente en sucumbir a las presiones internacionales: Washington, el FMI, el G-20 y Bruselas reclaman medidas a Alemania. Fuentes europeas aseguran que en los países que más lo necesitan, como España, tampoco tiene sentido un plan de estímulo clásico de infraestructuras, ante la sobredotación en carreteras, autovías o aeropuertos.

Grecia, como primera piedra de toque el próximo domingo, seguida de España y quizá de Italia han colocado a la Unión Europea ante una disyuntiva: ser o no ser. Nadie se atreve a aventurar qué pasará en Grecia el domingo y en los mercados el lunes, los mismos mercados que siguen presionando a España e Italia. Ante este panorama, la conclusión del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, es nítida: "Nos encontramos en un momento crucial para la integración europea y para la UE". "Tenemos un problema sistémico", prosiguió en el Europarlamento antes de dejar en el aire una asfixiante duda. "No estoy seguro de que la urgencia de esto sea plenamente comprendida en todas las capitales". Sin dar nombres, un modo de poner los focos sobre Berlín, Helsinki o Ámsterdam, que no terminan de moverse como la situación requiere.

Sin haber llegado todavía al crítico cabo de Grecia, "el mayor temor es ya lo que pasa en España e Italia", apunta Janis Emmanouilidis, politólogo del European Policy Centre, un laboratorio de ideas de Bruselas. Pero la constatación de que la incertidumbre está en máximos ya no es cosa de los expertos: "Hay una gran diferencia entre problemas y problemas existenciales. Con Grecia tenemos un problema existencial", indicó Van Rompuy. "Todo está en juego, incluida la supervivencia de la UE", cerró.

Los mercados viven estos días pendientes de la delicada salud española. Desconfían cada vez más de la capacidad de España para hacer frente a sus obligaciones de pago. Han transcurrido ya cuatro años desde que estalló la crisis financiera, que sigue sin resolverse. En ese periodo, España ha duplicado su deuda tanto en términos absolutos como relativos, según los datos divulgados este viernes por el Banco de España. Esa es precisamente una de las razones del recelo de los mercados sobre España: la rapidez con que el país ha aumentado sus necesidades financieras.

En el primer trimestre de 2008, cuando los mercados financieros comenzaban su espiral histérica, el endeudamiento de las administraciones públicas españolas alcanzaba el 35,5% del PIB, lo que se traducía en una deuda de 377.917 millones de euros, el nivel más bajo desde principios de los noventa, cuando arranca la serie histórica publicada por el Banco de España. Cuatro años después, las administraciones deben 774.549 millones de euros, el 72,1% del PIB. El nivel de deuda se acerca rápidamente al objetivo marcado por el Gobierno para final de año, fijado en el 79,8% del PIB. No obstante, el nivel de deuda registrado ya por el conjunto de las administraciones es ya el más alto desde 1913, según la serie histórica del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El rápido crecimiento de la deuda española se debe en buena parte a las comunidades autónomas. En el último año, el endeudamiento de las comunidades ha aumentado un 15,74% sobre el PIB, lo que se traduce en 19.736 millones de euros más. Las autonomías fueron las principales responsables del desequilibrio presupuestario del año pasado. El déficit de los Gobiernos autonómicos en 2011 ascendió a 3,3%, frente al 1,5% que tenían como objetivo. La dificultad de las comunidades para controlar su gasto ha empujado a los Ejecutivos regionales a tirar de deuda para financiarse. Pero la desconfianza de los mercados también hace mella en estas administraciones que acumulan vencimientos pendientes este año de 35.782 millones.

La comunidad más endeudada sigue siendo Cataluña, cuyas obligaciones representan el 21% del PIB. La Comunidad Valenciana (20,2%), Baleares (16,7%), Castilla La-Mancha (16,6%) y Navarra (14,5%) están por encima del nivel medio de endeudamiento de las comunidades, en el 13,5%, cuatro décimas más que el trimestre anterior. Por su parte, Galicia (12,8%), Extremadura (11,7%), La Rioja (11,7%), Murcia (10,8%), Aragón (10,9%), Andalucía (10,6%), País Vasco (10,2%), Cantabria (9,8%), Asturias (9,7%), Castilla y León (9,7%), Canarias (9,1%) y Madrid (8,7%).

Por volumen de deuda, valores absolutos,Cataluña mantiene el dudoso honor de ser la autonomía con más obligaciones de pago, con 42.000 millones. La Comunidad Valenciana, con 20.832 millones; Madrid (16.572 millones) y Andalucía (15.373 millones) también acumulan pesadas cargas financieras.

Los Ayuntamientos mantienen la senda de reducción de la deuda iniciada en el segundo trimestre del año pasado.No obstante, la ciudad de Madrid sigue siendo el municipio con más endeudamiento con diferencia (6.733 millones), casi la mitad de toda la deuda del conjunto de las capitales de provincia de España, que suman 14.755 millones. Barcelona acumula 1.090 millones de obligaciones pendientes; Valencia, 880 millones; Zaragoza, 796 millones; Málaga, 760 millones y Sevilla, 457 millones.

La cotización de Bankia no encuentra suelo. Las acciones del banco en vías de nacionalización se desploman de nuevo hoy en Bolsa hasta marcar un nuevo mínimo en su año escaso de vida bursátil. Las acciones han llegado a caer hasta 0,76 euros, lo que supone un retroceso ya del 80% desde el precio de salida a Bolsa de julio de 2011, aunque luego se han recuperado ligeramente.

Unos 350.000 inversores suscribieron acciones de Bankia hace casi un año a un precio de 3,75 euros. Las acciones nunca despegaron de ese nivel, pero las pérdidas se han ido agrandando con el paso del tiempo.

El desplome se ha acelerado desde la salida de Rodrigo Rato y el anuncio de la nacionalización de su entidad y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). El nuevo equipo gestor, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, ha solicitado la conversión en acciones de los 4.465 millones en participaciones preferentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y además ha cifrado en otros 19.000 millones las necesidades adicionales de capital de BFA.

En el caso de Bankia, la ampliación de capital necesaria se ha cifrado en unos 12.000 millones de euros. Eso supone que, tomando como referencia los precios actuales, la participación de los accionistas minoritarios en Bankia puede quedar reducida a menos del 5% a menos que inviertan más dinero para que no se diluya su participación.

La sensación de que el euro se cae a trozos; la impresión de que ya no es este o aquel país, de que es el edificio europeo el que amenaza derribo. Pero primero los hechos: el Gobierno pidió este lunes formalmente el rescate para la banca a los socios de la eurozona. Grecia, Irlanda y Portugal preceden a España en esa ominosa lista de países que han acudido (con escaso éxito, por el momento) a la cicatera solidaridad europea, a la que sin solución de continuidad se suma ya una víctima adicional.

Chipre, la pequeña isla del Mediterráneo oriental, ha sido incapaz de sobrevivir al vendaval griego y pide ayuda a la desesperada. Italia es la siguiente víctima propiciatoria, y se especula incluso con que España tenga que ser intervenida con un rescate para toda la economía si la próxima cumbre, a priori tan decisiva como suelen ser las cumbres en esta crisis agónica, no consigue avances significativos. Los cinco países rescatados o en vías de rescate suman 75 millones de habitantes; una sexta parte del PIB de la Eurozona. Pero la pieza grande es España: a Bruselas le faltó tiempo este lunes para recordar al Ejecutivo que la petición lleva aparejada “en paralelo” un control estricto del ajuste del déficit y de las reformas.

Mariano Rajoy defiende que el rescate solo impone nuevas condiciones a los bancos, pero el mismo día en el que se hacía oficial la petición, y en plena zozobra en los mercados, el presidente dio muestras de que el mensaje de la Comisión va a misa. “Pronto, a lo largo de este año”, dijo Rajoy, “habrá nuevas medidas económicas, por difíciles que sean”. Más sacrificios, en fin, tras dos años de reformas laborales, recortes de salarios, despidos de funcionarios y subidas de impuestos por parte de Gobiernos del PSOE y del PP, que no han impedido que España se vea obligada a pedir socorro por el enorme agujero que ha dejado en la banca el pinchazo del ladrillo.

En la carta remitida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, solo hay referencia a la “condicionalidad financiera” que conlleva el rescate. No hay nada relativo al ajuste del déficit y a la necesidad de profundizar en las reformas, cuestión que sí se reflejó en el acuerdo del Eurogrupo que dio pie a la petición del rescate. Aparentemente, la idea era evitar mezclar en el debate condiciones antiguas (al Gobierno español), con condiciones nuevas (a la banca). Aparentemente, porque las palabras de Rajoy vuelven a colocar el debate de las condiciones en primera línea.

El movimiento táctico de Rajoy —se tomarán “grandes decisiones”, “por difíciles que sean”— en un día tan señalado indica que el Gobierno tiene ya asumido que las sugerencias de Bruselas se han convertido en órdenes. El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, recordó que todas las recomendaciones europeas son obligaciones para los países con desequilibrios presupuestarios, más aún cuando un rescate les pone bajo la lupa de sus socios. Eso, traducido a la situación española, significa que el Gobierno tendrá que subir el IVA, aprobar el retraso de la edad de jubilación antes de lo previsto o, según anunció Bruselas, ceder soberanía en organismos supervisores como el Banco de España —con su credibilidad herida de muerte por los continuos ataques del propio Ejecutivo— y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay ayudas multimillonarias a cambio de nada. “Pensar que hay países que dan dinero gratis es vivir fuera de la realidad”, espetó Almunia. La Comisión, el FMI y el BCE ya estaban encima de España, en una intervención de baja intensidad que dura más de dos años y que se tradujo en una conversión a la austeridad del anterior jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a la que han seguido recortes aún más duros por parte de Rajoy. Sin éxito: aquí está el temido rescate. Muy pronto, a partir del 9 de julio, se conocerán las condiciones europeas. Y, mientras, las misiones a España no se detienen: las visitas de los hombres de negro van a ser aún más frecuentes. La próxima llegará esta misma semana.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree "altamente improbable" que la banca española vaya a necesitar hasta 62.000 millones de euros / ATLAS

“Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de España para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran”. Así arranca Guindos la misiva en la que se reafirma que la institución receptora del dinero será el Fondo para la Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), “en representación del Gobierno de España”. Esa es la mayor pega que ponen los inversores al crédito europeo para la banca española: las normas del fondo de rescate obligan a otorgarlo a través del Estado, lo que lleva a un repunte de la deuda pública española, ya muy castigada. El riesgo país español repuntó de nuevo ante el temor de los inversores. Para suavizar esa percepción, el Gobierno ha alimentado la expectativa de que es posible una inyección directa en la banca, pese a las sucesivas negativas de Alemania. Es una vía cegada en el presente, tal y como se reconoce en la carta al recalcar que el FROB actuará “en representación del Gobierno”.

Aun así, Guindos no deja de reseñar que la materialización del rescate “tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad, y aquellas que se puedan decidir en el futuro”. Un agarradero al que asirse si las discusiones en el seno de la UE sobre cómo romper el vínculo entre la deuda bancaria y la deuda pública se materializan pronto en algún tipo de acuerdo, que hoy por hoy es poco probable. Un portavoz de la Comisión señaló a este respecto que las reglas actuales de los fondos de rescate “impiden la recapitalización directa de los bancos”, a pesar de las insistentes peticiones de España e Italia. Esa cuestión volverá a ponerse sobre la mesa en la cumbre de esta semana, en el marco del proyecto de unión bancaria europea.

El Ejecutivo vuelca su limitada capacidad de presión en arrancar las condiciones que menos devalúen el valor de la deuda pública, en lograr el tipo de interés más bajo (en torno al 4%) y el plazo de devolución más amplio posible (hasta 30 años, aunque el Ejecutivo descarta esa cifra). También debe precisarse aún si se usará para esta operación el fondo de rescate permanente cuando entre en vigor, algo por lo que aboga buena parte del Eurogrupo. En las normas de ese fondo se establece la preferencia en el cobro en caso de impago, en perjuicio de los inversores privados, lo que podría llevar a un mayor castigo de la prima de riesgo. El Gobierno también pelea en ese frente.

En cuanto a la cuantía del préstamo, la referencia es el reciente dictamen de los evaluadores externos, que la semana pasada aseguraron que los bancos españoles necesitarían entre 51.000 y 62.000 millones para recapitalizarse. Puede acabar siendo menos —la estimación es el resultado de escenarios extremos, y algunas entidades pueden captar capital por sí mismas—, pero también más: a falta de las evaluaciones entidad por entidad, es posible que Economía se quiera garantizar un colchón de seguridad. La cifra final será fruto también de una negociación en la que España tiene cada vez menor margen: los hombres de negro llegarán a finales de semana a Madrid para volver a indagar en las cuentas de los bancos y empezar a hablar de condiciones. Si nada cambia, el Estado será el responsable último de esa “línea de crédito” —como gusta en llamar el Gobierno al rescate— para los bancos. El Estado es aquí una manera elegante de decir el contribuyente español.

Los analistas y la prensa internacional dictaminaron que la cumbre de la semana pasada había dejado tres ganadores —Francia, Italia y España— y una clara perdedora, la canciller alemana, Angela Merkel. Tres días antes de la reunión en la que los ministros de Finanzas del euro perfilarán los detalles del rescate a la banca española, tanto Bruselas como Berlín han querido enfriar los ánimos en Madrid. Habrá recapitalización directa, sí, pero tardará en llegar y es posible que no lo haga a tiempo para beneficiar a España.

El Gobierno de Mariano Rajoy luchó para que la inyección a los bancos se haga a través del fondo de rescate permanente (el MEDE, cuya entrada en vigor está prevista para el verano), sin pasar por el Estado.

Este matiz es de capital importancia, ya que así la ayuda no pesaría en las cuentas públicas, en un intento de romper el círculo vicioso entre deuda privada y pública. El Consejo Europeo aceptó el principio, pero a cambio de posponerlo: la recapitalización directa solo será posible cuando el BCE asuma el papel de supervisor único en la zona euro.

“Dudo de que esta variante vaya a beneficiar a la banca española, porque no estará disponible antes de 2014”, señaló una fuente europea este viernes, justo cuando España recibía un duro castigo en los mercados, con su prima de riesgo en niveles similares a los previos a la cumbre.

Ante las preguntas de los periodistas, el alto cargo matizó sus palabras. “De lo que estoy extremadamente seguro es de que el supervisor bancario único no estará listo durante la primera mitad de 2013”, concluyó.

Los jarros de agua fría también cayeron a España desde Alemania y desde Finlandia. Un portavoz de Merkel insistió en que el Estado será el garante de la ayuda a la banca, en lugar de las instituciones crediticias. “No hay atajos” para poner en marcha el rescate a través del fondo de rescate, dijo el portavoz de la canciller.

La ministra finlandesa de Finanzas endureció aún más el discurso al amenazar con abandonar el euro si se impone el reparto de cargas de la deuda, ya sea de los países o de sus bancos. En una entrevista a un periódico económico, la socialdemócrata Jutta Urpilainen aseguró que su país no está dispuesto a permanecer en la unión monetaria “a cualquier precio”.

Una portavoz del Gobierno de Finlandia, uno de los más reacios a asumir los costes de ayudar a los países del sur, matizó más tarde estas palabras al asegurar que no planean dejar el euro. Las malas noticias para España no acaban aquí. Porque, según señalaron fuentes europeas, incluso cuando el Banco Central Europeo se haya hecho cargo de la supervisión bancaria y la recapitalización directa se convierta en realidad, será el Estado el responsable de responder por las posibles pérdidas.

“El MEDE podrá adquirir acciones de un banco, pero solo con garantías plenas del país afectado”, señaló el alto cargo, que explicó que el objetivo es evitar que el préstamo dispare la deuda pública, no librar a España del riesgo de pérdidas. “Circula una mistificación según la cual el MEDE podría acabar como propietario de Bankia, con todos los riesgos en su balance. No es en absoluto el caso”, concluyó.

El Eurogrupo que se celebra el próximo lunes deberá aclarar estos flecos y establecer si los motivos de alegría para España tras la cumbre estaban justificados o no.

Cada vez son más. Una muchedumbre silenciosa y a menudo inadvertida. Son las víctimas de la pobreza. Crece en una crisis sin fondo y se instala en una normalidad quebradiza. El paro, que ya lacera a 5,6 millones de personas, es un filo que se estrecha. Las facturas siguen, los subsidios se recortan; se agotan al igual que los ahorros, y el empleo no aparece. El techo peligra. O desaparece.

La casa de los familiares y los pisos compartidos —la calle en el peor de los casos— cobijan las vidas en la estacada, suspendidas en una precariedad que se extiende sin freno y que, si faltan redes de apoyo, como la familia, conduce a la exclusión social. La bajada es cada vez más acelerada, dicen los expertos, un tobogán cuyo descenso gana velocidad y al que se asoma un número creciente de personas. Hay albergues con lista de espera.

España 2012. Más de 5,6 millones de empleos y decenas de miles de techos arrasados por el huracán de la crisis. Más de 300.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en los últimos cinco años, muchas de las cuales han derivado en desahucios —más de 100.000— a los que se suman los motivados por el impago de alquiler. Como el de Juan, el de Carmen... Los números tienen caras detrás y un detonante común: la pérdida de ingresos, el comienzo del tobogán.

“Las torres más altas pueden caer al piso”. Esa es una de las cosas que Carmen ha aprendido en los últimos tiempos. Esta mujer de 40 años era hasta hace uno y medio una empresaria de éxito. En 2005, recién llegada a España desde Estados Unidos, creó con su marido una firma de montajes eléctricos. Hasta 16 empleados llegaron a tener, relata. Tan bien iban las cosas que lograron comprarse un piso en un barrio caro de Madrid, Chamberí. Ahora la mujer almuerza cada día en un comedor social a tiro de piedra del piso que tuvo.

“Paró todo de la noche a la mañana”, reflexiona esta mujer que pide aparecer con otro nombre. La crisis de la construcción se llevó por delante su negocio. Dejó de haber cables que poner en casas o centros comerciales flamantes. “Tuvimos que despedir a los empleados, que eran como de la familia. Les dimos lo que les correspondía y un poco más. Dejamos al día las cuentas con Hacienda, con la Seguridad Social. Quedamos limpio con todos...”. Y sin un euro en el bolsillo.

Adiós a los tiempos boyantes, cuando amortizaban la hipoteca con reembolsos anticipados y vertiginosos. “En cuatro años habíamos logrado pagar 29 de los 30 años del préstamo”, relata Carmen a la entrada del comedor. Hasta que llegó el hachazo, en marzo pasado: “Nos quedaba un año por pagar, pero el banco se quedó con el piso”, explica Carmen, de origen uruguayo.

La crisis se llevó la empresa, el piso, el bienestar, pero el zarpazo no paró ahí. El hijo de Carmen está ahora en un centro de menores: “Robó para intentar ayudarnos”. El marido sobrevive en una granja, “ordeñando vacas”. Y Carmen duerme en uno de los pocos albergues que en Madrid admiten a mujeres —disponen de un cuarto de las 1.200 plazas, según el Ayuntamiento—. “Al principio crees que te vas a volver loca”, dice esta mujer que sueña con abandonar España para volver a empezar lejos con su familia. “Lo más duro de perder el nivel de vida es no tener un lugar propio, aunque fuera una habitación”, asegura. Así evitaría tener que pasar el día en la calle: el albergue cierra desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. “En mi situación se sufre mucho, pero se aprende mucho. La gente no debe olvidar que, por muy arriba que esté, se puede caer muy abajo. Todos somos seres humanos y esto le puede tocar a cualquiera”, recapitula.

Cualquiera puede ser Juan. Este madrileño de 38 años se ha instalado en un soportal de Chamberí. Su título de Formación Profesional de segundo grado no le sirve para encontrar un trabajo desde que lo perdió en 2008, cuando se encargaba de tareas técnicas en una fábrica de ladrillos. Cobró el paro hasta que se acabó. Luego fallaron las chapuzas. En 2010 perdió el piso que pagaba al banco y se instaló en el asfalto. “No hay albergues suficientes.

Me dicen que me vaya con mi hermano a su casa, pero está hasta el cuello. Va a tener que vender el camión y tiene dos hijos”, explica. Así que él sigue en la calle mientras “tres millones de pisos están vacíos”. Sí, pero la vivienda social escasea, tal como denuncia desde Cáritas España la experta Sonia Olea.

Juan comparte soportal con compañeros como Yésica y Anastasio, ella española de origen argentino, de 28 años; él, griego, de 38. Vinieron en agosto pasado, cuando desesperaron de encontrar empleo en tierras helenas. Traían una oferta de trabajo que resultó no ser tal. Cuando acabaron los ahorros solo quedó la intemperie. Cada día van por turnos —hay que vigilar los enseres— a la biblioteca pública. En los ordenadores, envían currículos y buscan trabajo. “Mando 300 y, con suerte, recibo una respuesta”, detalla Yésica. También cargan allí el móvil: hay que tenerlo listo por si, a través de la llamada, llega la esperanza. Una esperanza que “cada día se pierde más”. Cada día es igual que el anterior, sin futuro. Aunque muchos pobres lleven móvil y se manejen con Internet incluso en los albergues.

Con esas dos armas se enfrenta también un hispanoperuano que elige el alias de Bersix para hablar en el albergue San Martín de Porres, en un barrio del extrarradio madrileño. Desde que perdió el empleo pone anuncios para hacer chapuzas, esas que le salvaron un tiempo. “Cayeron las chapuzas y caí yo”, dice este universitario de 50 años que trata de aprender sueco para emigrar. Como él, en este albergue —con “tres meses de lista de espera” para poder pernoctar en él, según su director, Francisco Rodríguez— el 12% de los acogidos tienen estudios universitarios. Antes de la crisis eran “el 3% o el 4%”, recuerda el director. Y aumenta la proporción de españoles; ya son la mitad. “La gente que viene no está deteriorada. Son hombres de clase media y media baja, preparados para trabajar y que se han quedado sin empleo”, describe Rodríguez. Pero el trabajo, el bálsamo de Fierabrás, no llega. Y la pobreza crece y se cronifica.

“Cada vez hay más gente pasándolas moradas. Si esta crisis aguda dura mucho, las consecuencias pueden ser irreversibles, sobre todo para la gente joven. Una generación se queda fuera”, advierte Pedro Cabrera, experto en pobreza y estructura social en la Universidad de Comillas. Hace un diagnóstico “terrible” de la situación: “Tenemos una fiscalidad regresiva, por austeridad se recortan los servicios sociales, que no estaban medianamente dotados, y encima el mercado de trabajo no da respuesta a millones de personas”.

Así las cosas, los nuevos pobres se suman a los veteranos, porque ni siquiera en los tiempos de bonanza España erradicó la pobreza, que no es monopolio de marginados, aunque genere una enorme exclusión social. “Nunca llegó a bajar del 20% la proporción de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza [perciben menos del 60% de la renta mediana]. Ahora estamos en el 23%”, afirma Cabrera. El paro no es la fuente única de esta situación: también lo son los bajos salarios, que crean trabajadores pobres, matiza. “De cada 100 empleados, 14 son pobres. Es algo que ya ocurría antes de la crisis, pero el fenómeno se ha expandido al sector servicios [el que ofrece más empleo]”. Además, el recorte de las políticas sociales reduce la posibilidad de atenuar los efectos del deterioro económico en los ciudadanos desfavorecidos. “Se ha pasado del silencio de las Administraciones ante las situaciones de vulnerabilidad social al ‘no tenemos dinero”, denuncia Sonia Olea, responsable del programa de vivienda y personas sin hogar de Cáritas España.

Lavinia Mingu y su vecina española en la cola para recoger alimentos en Chamberí lo saben bien. A la primera, que empuja el cochecito de su bebé y está separada con dos niñas, le acaban de denegar la guardería pública para la pequeña. “¿Cómo podré tener trabajo si no tengo dónde dejar a la cría?”, se pregunta. La escasez de servicios públicos es otra dificultad más para salir de la pobreza para esta mujer que carece de subsidios pero no de arrojo. En parecida situación está su compañera, que pide anonimato y tiene tres hijos a su cargo. Ha trabajado en supermercados, aunque desde hace dos años no encuentra dónde. “Intento apañarme, pero es imposible”, dice. Las dos luchan por mantener sus casas, pero sobre ellas pende la amenaza del desahucio por impago. También sobre el de otra española igualmente treintañera en esta fila abundante en carritos de la compra para transportar la comida a casa y de cochecitos de bebé. Tiene dos hijos a su cargo y un empleo de limpiadora tres horas diarias. “No me llega para el alquiler y los gastos de casa. Estoy completamente sola y tan deprimida que a veces no quiero subir a casa”. Hay, también, quien evita dar detalles en este lugar, sobre todo aquellos que acaban de pisarlo por primera vez y son incapaces de superar el sentimiento de vergüenza.

“El tobogán que lleva de ser alguien a no ser nada, a sentirse mobiliario urbano, cada vez es más corto, más rápido”, afirma Olea, experta de Cáritas. Con todo, en esta crisis, como en las anteriores, el colchón familiar es la protección más fuerte. “En muchos casos, quienes soportan la situación son los abuelos”, describe. Abuelos que acogen a hijos y nietos en casa, que tratan de cubrir también las necesidades ajenas con sus propios ingresos.

Como la madre de Gregorio, un ferrallista “en paro desde hace tres años y sin cobrar desde hace uno”. “Con los 270 euros de pensión de mi madre tenemos que vivir y ayudar a mis sobrinos, de 16 y 11 años”, relata antes de echar cuentas. “Tengo 48 años y empecé a trabajar a los 14. Tenía mi coche, iba al gimnasio. Tenía una vida normal, como cualquier ser humano. Quedarme sin empleo fue un corte radical”.

Gregorio tuvo que acabar por acudir a un comedor social de su barrio de siempre, Vallecas, donde echa una mano a las monjas de la Obra Social Santa María Josefa que lo gestionan. Organiza el acceso y ve cómo se alinean las bolsas con tarteras mientras sus dueños buscan la sombra. Antes de abrir, ya hay más de 40. Las religiosas ofrecen 600 raciones diarias, el doble que hace un año.

Españoles e inmigrantes empobrecidos acuden en masa a los servicios de atención de emergencia, como el reparto de alimentos, los comedores o la ayuda puntual para el pago de alguna factura. La red social y estas ayudas, especialmente de Cáritas y Cruz Roja, registran una demanda creciente. Son claves para intentar evitar la caída definitiva por el tobogán que acaba en la gran exclusión, un descenso impulsado por la pérdida de vivienda. “O pagan el piso, o comen”, describe la hermana Josefina, que regenta el comedor donde echa una mano Gregorio.

“No es que la gente pierda el empleo, deje de pagar la hipoteca o el alquiler y se vea a continuación en la calle, aunque hay casos, pero lo determinante para eso es que se sumen otros factores añadidos, la mochila que tiene cada uno”, dice Olea. Enumera elementos de ese petate: escasa formación, empleo previo poco cualificado, problemas de adicciones o salud mental (en el 60% de los casos), baja autoestima, pobreza o falta de red familiar y social. Este último, el gran colchón, “es cada vez menos mullido”, sobre todo por el individualismo y la falta de convivencia vecinal en las grandes ciudades, pero es aún un gran colchón, apunta Olea.

Pero el perfil de pobre ha cambiado respecto a las crisis anteriores. El título universitario ha dejado de ser un gran escudo y en un país de hipotecados, los ciudadanos tratan de mantener la vivienda a toda costa. Perderla es el último peldaño en una caída para la que muchos carecen red.