El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha mostrado dispuesto a formar parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). Anunció que el proceso de acercamiento se iniciará este mes.
Este junio el Ministerio de Defensa colombiano suscribirá un acuerdo de cooperación con la Alianza, según anunció el mandatario, citado por la agencia EFE. Agregó que si el país alcanza la paz en las negociaciones que se adelantan con las FARC, el Ejército buscará también distinguirse en el ámbito internacional.
En un acto de ascensos de la Armada en Bogotá, Santos señaló que Colombia tiene derecho a "pensar en grande" y que va a buscar ser de los mejores "ya no de la región, sino del mundo entero". ... "Estamos construyendo un país seguro. Más de 1.800 miembros de FARC y ELN neutralizados en 2013 y 50 cabecillas desde el inicio de Gobierno", tuiteó el presidente minutos antes de la ceremonia.
"Si logramos esa paz, nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse ...
LA EXTREMA DERECHA QUE NO PUDO GANAR LA GUERRA, AHORA TAMPOCO QUIERE DEJAR HACER LA PAZ
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Análisis
Por Delegación de Paz de las FARC-EP
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Imagen de archivo FARC-EP
En exclusiva para este portal "Pueblo Colombiano: ¡Pa´ la mesa!", entrevista con el comandante Iván Márquez:
1. El gobierno con la amplificación de los grandes medios de comunicación ha planteado que ellos no le vanhacer larevolución a las FARC-EP en la mesa. ¿Qué opina la organización al respecto?
Iván Márquez: Esa es una postura artificial construida con palabras sonoras, pero muy huecas. Así como no estamos planteando una revolución por decreto, el gobierno debe comprender también que no puede aspirar a una paz gratis para las oligarquías. Porque no se trata -después de medio siglo de lucha- de una reinserción de la guerrilla al sistema político vigente, sin ningún cambio favorable para las mayorías. Sin cambios institucionales no habrá paz estable y duradera. La instauración de la democracia verdadera, la reforma política, judicial, el sistema electoral, el control ciudadano a los órganos de control, la salud, la justicia social, la soberanía, son temas indispensables en una discusión que se proponga la terminación de un conflicto. Con frecuencia hemos tenido que recordar en la mesa, que este es un proceso de diálogo para la paz, no un proceso de sometimiento.
2. Algunos sectores afirman que las propuestas planteadas por las FARC-EP en la mesa de conversaciones se salen del marco de la agenda ¿es esto cierto?
IM: En un cuadro comparativo entregado recientemente a los medios de comunicación, demostramos de manera irrefutable, que las Diez propuestas mínimas para la democratización real, la justicia social y la reconciliación nacional, puestas a consideración del país y de los delegados del gobierno en la mesa, se ajustan plenamente al espíritu y a la letra del Acuerdo de La Habana. La argumentación en contra, es tan inconsistente, que no sirve para cubrir la intención del gobierno de reducir la agenda a su mínima expresión. El tema que más debate ha suscitado, el de la Constituyente para la paz, se sustenta tanto en el preámbulo como en el contenido de la agenda. “La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción…”. “Es importante ampliar la democracia como condición para lograr las bases sólidas de la paz”. Eso es lo que hará la Constituyente. Una Constituyente para establecer la democracia verdadera, definir “las reformas y los ajustes institucionales para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”, aprobar o desaprobar el eventual acuerdo, dirimir los disensos, y sobre todo, rodear de legitimidad y seguridad jurídica el tratado de paz.
3. La extrema derecha ha pasado de criticar el proceso a exigir su terminación, en clara contraposición a las conclusiones del reciente foro de participación política ¿cómo ve las FARC-EP los tiempos del proceso? ¿Es posible concluir este proceso en los tiempos que el gobierno ha estipulado?
IM: Esa extrema derecha que no pudo ganar la guerra, ahora tampoco quiere dejar hacer la paz. Creen que una situación de conflicto exacerbado los blindará, al menos por un tiempo, de responder ante los estrados judiciales por sus crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Es lo que ocurre con el ex presidente Uribe.Por otra parte, esperamos que un gobierno que optó por la reelección, en esta nueva circunstancia, deje de presionar con plazos y tiempos perentorios la firma del acuerdo final. Una paz forzada con espuelas, no servirá de mucho.
Las protestas campesinas que comenzaron hace un mes en la región colombiana del Catatumbo han propiciado una oleada de manifestaciones de diversos grupos sociales que salieron a las calles de todo el país para hacer sus reivindicaciones.
Después de los bloqueos de vías de los campesinos del Catatumbo, que permanecen a la espera de soluciones tras dialogar con el Gobierno colombiano, han proliferado las protestas de indígenas, vecinos de regiones remotas y desatendidas y productores agropecuarios.
Para el analista político Alfredo Rangel, este contagio responde a “un estilo deficiente de manejo de movimientos sociales por parte del Gobierno, unido al enrarecimiento social y económico que hace que las protestas se propaguen”. “En Colombia hay protestas sociales en general debido a un descuido del Gobierno en su política social y económica y falta de comunicación e interlocución con las regiones”, añadió Rangel. El defensor del Pueblo colombiano, Jorge Otálora, alertó que el ambiente de movilización “se está generalizando a nivel nacional”, por lo que llamó “al Gobierno nacional y a los dirigentes de cada uno de los paros a que se sienten en una mesa de concertación”. El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, observó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene al frente “un test para probar su habilidad en la resolución de movilizaciones”. Según Vargas, este Gobierno no se destaca por su capacidad de anticiparse y además es “muy bogotano y poco dado a la relación con las regiones”, lo que complica su capacidad para dar respuesta al descontento social.
Convulsión en Catatumbo
La protesta más mediática es la de los campesinos del Catatumbo, convulsa y cocalera región en la frontera con Venezuela, que arrancó hace cuatro semanas en rechazo a una campaña de erradicación del cultivo de hoja de coca y por demandas sociales, que dejó cuatro jornaleros muertos y decenas de heridos. La región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, ha sido a lo largo de los últimos 40 años una de las zonas de Colombia que con mayor crudeza ha sufrido el paramilitarismo. A partir de 1999 llegaron los grupos paramilitares a la zona, cometiendo masacres sucesivas, entre las que destaca la de La Gabarra, pequeña población en la que fueron asesinadas 30 personas el 21 de agosto de 1999. Catatumbo es una de las regiones con mayor índice de pobreza en Colombia, hay una insatisfacción social recurrente. Tras varios intentos de diálogo fallidos, el Presidente Santos envió ayer dos delegaciones al Catatumbo, una de ellas a la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, formada por varios ministros, y otra de viceministros a la localidad petrolera de Tibú. Los campesinos del vecino departamento de Arauca iniciaron el lunes marchas de apoyo en las ciudades de Saravena y Arauca, así como en los municipios de Fortul, Tame y Arauquita, en respaldo a sus compañeros del Catatumbo. Los habitantes de Guapi protestan desde el 2 de julio por el mal estado de las vías, de las pésimas condiciones sanitarias, por lo que han bloqueado la vía principal y la carretera que une el hospital con el aeropuerto. Las comunidades de Curumaní, Chiriguaná y San Roque, en Cesar, bloquean las vías desde el pasado sábado en reclamo por el deficiente servicio de fluido eléctrico de Electricaribe, aunque las autoridades locales lograron convencer a los manifestantes para sentarse en una mesa de diálogo el martes. También los integrantes de la etnia indígena Awá en el departamento de Nariño realizan desde el martes pasado una manifestación en los alrededores del municipio de Ricaurte, en reclamo a su territorio. A estas movilizaciones se suma una posible jornada de huelga del sector agrícola el próximo 19 de agosto anunciada por el Movimiento por la Dignidad Cafetera, que ha convocado también a productores de leche, ganaderos, cafetaleros, cacaoteros y camioneros. AFP
Abuchean al presidente Santos durante Juegos Mundiales
Sin embargo, el mandatario no se encontraba en el estadio Pascual Guerrero cuando sucedieron los hechos.
El presidente de la República no tuvo este jueves el mejor de sus días. Le tocó acudir a la Fundación Santa Fe por recomendación de su médico, y mientras tanto en Cali, durante la inauguración de los Juegos Mundiales, fue abucheado.
Este segundo hecho se presentó en el estadio Pascual Guerrero cuando el vicepresidente Angelino Garzón pronunció su nombre: “El presidente Juan Manuel Santos, no pudo asistir por razones de salud y me solicitó que yo dirigiera unas palabras”.
A la vez, en la red social Twitter se convertía en trending topic la etiqueta #RechiflaNacionalParaSantos.
El mandatario no pudo asistir a la inauguración debido a que, por recomendación de su médico, tuvo que trasladarse a la Fundación Santa Fe por un rezago de bronquitis.
Sin embargo, horas más tarde el mandatario dio un parte de tranquilidad: "Acabamos de salir de examen médico. Todo bien. Simple rezago de bronquitis. Me duele no estar en Cali. Mañana en Cúcuta".
"Aquí mandan los militares, aquí no manda el Presidente": Piedad Córdoba
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Sábado, 27 Julio 2013 16:45
Asegura que Marcha Patriótica entró a los centros urbanos, que la Marcha ha movilizado tres millones de colombianos con el proceso de constituyentes por la paz, le dice al presidente que vaya y converse con los campesinos del Catatumbo y los mineros, y asegura que Uribe y Santos son lo mismo.
El movimiento político y social Marcha Patriótica, convocó el día lunes 22 de julio a una rueda de prensa a todos los medios del país en la ciudad de Neiva, con el fin de comunicar a la opinión pública el balance del primer encuentro del sector agrario de Marcha Patriótica, llevado a cabo ese día y puntualizar sobre otros varios temas de actualidad política en Colombia.
Los voceros nacionales del movimiento Confirmaron el Paro Nacional Agrario para el próximo 19 de agosto en todo el territorio nacional. La senadora Piedad Córdoba, se refirió al paro como expresión del descontento del pueblo por los proyectos minero – energéticos y los TLC. Injustos.
En cuanto a la advertencia de Santos de no tolerar bloqueos en las movilizaciones que se avecinan, comentó: “Las movilizaciones están amparadas por la constitución, gozan de garantías sociales como lo dijo el mismo fiscal general de la nación”
De allí que Marcha Patriótica exprese además su total apoyo a los paros que actualmente se cumplen en país.
“Apoyamos el paro de los mineros y ya realizamos una constituyente minera, estamos con los pequeños mineros con los barequeros. Seguimos en resistencia en el Catatumbo, respaldamos a los voceros de la organización y a César Jerez”.
Respecto a las Zonas de Reserva Campesina explicó que el pueblo solo exige que se respete la ley. “Lo que debe hacer el gobierno en lugar de salir a gritar y a amenazar a través del ministro de defensa, es darle salida a las exigencias y a todo esto.
Qué pierde el presidente en liderar la presencia en la región [Catatumbo], ninguno de los que ha mandado tiene legitimidad, porque se han volteado de un lado al otro.” Para Córdoba en el Catatumbo no hay campesinos peligrosos, hay gente que se está muriendo de miseria.
“Que coja un avioncito de esos que tiene para pasear y vaya al Catatumbo...Que se reúna con ellos y que vaya a donde los mineros”
Piedad Córdoba dio como lo llamó ella “un parte de victoria”, ante lo que fue la ronda de consolidación de las constituyentes por la paz con justicia social, que finalizó entre el 19 y el 22 de julio de este año.
Piedad Córdoba aseguró que en esta ronda de las constituyentes se han movilizado tres millones de colombianos y colombianas aproximadamente.
“Buscando rediseñar la nueva constitución con su participación, legislando en todas las regiones del país y sobre todo con miras a un gran evento en noviembre de este año, donde confluirán todas las constituyentes por la paz y lograremos un solo cuerpo de constitución hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente”.
Según la defensora de los derechos humanos, en máximo dos años este sueño será realidad. “Nosotros tenderemos ya construido todo un cuerpo de legislación popular, por primera vez en este país.”
Destacó además que Marcha Patriótica ha logrado entrar también a los centros urbanos, es decir que en ella hoy “confluyen campesinos y campesinas, con intelectuales, con estudiantes, con amas de casa, jóvenes, con todo lo que significa realmente el país”
Frente a los hechos de Arauca y el Caquetá, en los que murieron más de 20 integrantes de las fuerzas militares colombianas en combates con las FARC-EP, así como de la retención del contratista Kevin Scott Sutay por parte de este movimiento guerrillero, Piedad Córdoba, consideró que: “Esos hechos obligan precisamente a un cese bilateral del fuego”.
Sin embargo recordó que el presidente Santos en su discurso del 20 de julio reafirmó precisamente la política del gobierno de conversar en medio del conflicto.
“¿Y eso qué busca?” Se pregunta Piedad Córdoba: “Deslegitimar ante el país, lo que es la salida política y negociada del conflicto social y armado que vive Colombia”, responde.
Parte de ese propósito fueron por ejemplo los señalamientos de Santos contra el senador Robledo: “Calificar de peligroso a una persona como el senador Robledo es absolutamente ridículo.
Nosotros sabemos que no lo es”.-aseguró-, y en relación con el caso del mercenario estadunidense en manos de las Farc señaló que desde el DIH no es un secuestro, sino una retención.
Piedad Córdoba también dada la polémica que incluso dentro de sectores de izquierda generó su propuesta en relación a extender dos años más el actual periodo presidencial, aclaró que esta tiene una razón de ser ética: “Los dos años no son para salir a bailar con Santos.
Aquí hay un debate que tiene que ver con el principio ético más importante de este país, que es la paz, la paz no se puede supeditar, al tema electorero…es mucho más importante acordar la paz, avanzar sobre los acuerdos, definir qué se quiere en este país”.
Al referirse al tema de la llamada oposición del Uribismo a Santos, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos, no puede seguir diciendo que por encima de todo está la paz, pero continuar haciendo la guerra y seguir a Uribe “como cómplice necesario de esa propuesta”.
Aseguró, que Uribe y Santos son lo mismo. Ya que de no ser así “Santos podría parar muchas de las armas letales del discurso que hacen mucho daño a este proceso.”.
Señaló que el actual presidente y el ex -mandatario: “son como hermanos siameses el uno hace una tarea y el otro hace la otra” y añadió que al presidente se le están saliendo las cosas de la mano.
En relación a lo anterior advirtió: “De esta misma manera se juntaron las oligarquías con el pueblo para tumbar a Rojas Pinilla, aquí mandan los militares, aquí no manda el presidente.
Sin embargo la diferencia con la realidad actual según la senadora es que las oligarquías no cuentan en esta oportunidad con el pueblo”.
Vídeo rueda de prensa Piedad Córdoba el 22 de julio Neiva
Los diálogos de paz de La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano, parecen haber destapado en la tierra de Macondo una inmensa Caja de Pandora.
Solo con soñar la paz, todo se vuelve posible.
No apenas en la isla caribeña, patria de nuestro padre Fidel y de nuestra madre, la dignidad latinoamericana, cuyo 60 aniversario celebramos justo en estos días, las delegaciones han abordado el tema de la reforma agraria, eje neurálgico de la justicia social, en Colombia, desde esa misma tierra -cuya tenencia ahora el reto consiste en democratizarla, cuyo trabajo es tiempo de dignificar- desde ese mismo elemento básico de la naturaleza, surge el nuevo clamor del pueblo.
Los campesinos de esa polvorera silente que ha sido hasta hoy en día el Catatumbo, reclaman, piden y gritan por derechos ancestrales; reclaman, piden y gritan todo lo que Catatumbo está reclamando, pidiendo y gritando desde aquel nefasto 29 de mayo de 1999, cuando un estado asesino abrió las puertas de su más florida región a las garras sangrientas de su ejército aliado a la violencia paramilitar.
El mundo entonces estaba ausente o mirando por otro lado y la Caja de Pandora estaba bien serrada. La sangre corrió por las veredas, los muertos lanzados a las fosas o colgados a las ramas de los arboles, descansaron en otro momento como simples NN bajo cruces artesanales hechas por manos piadosas con lagrimas y rabia.
Colombia mientras tanto lavaba su ropa sucia en los cuarteles militares o en las salas del Palacio de Nariño.
Fueron años de despojo de tierras, mientras con ellas se iba despojando el futuro, los sueños y la vida misma del campesinado del Catatumbo.
El terror llegó con nombres difíciles: las ejecuciones extrajudiciales, palabra con la que las organizaciones humanitarias indican el crudo asesinato de inocentes, fueron casi 10 mil solo en esa región; el desplazamiento, con que se llamó el viaje sin retorno de los campesinos despojados de todo, menos que de la pobreza -que ya era entonces fiel compañera de vida- y que desde ese entonces se llamó miseria o se le agregó el adjetivo de "extrema", vio 100 mil de esos peregrinos sin retorno dirigirse hacia las ciudades; los desaparecidos -y no hay otra palabra para minimizar el drama de la muerte huérfana de una tumba donde llorarla- casi 600.
Las palabras duelen y asustan y la geografía colombiana pudiera describirse enteramente con palabras de horror.
El Catatumbo no es solo una riquísima y fértil región del departamento del Norte de Santander, atravesado por el rio que lleva su mismo nombre, abrazada a la línea de confín con la vecina Venezuela, no, eso no era suficiente, al Catatumbo había que abrirle sus venas y sacarle su sangre: petróleo y carbón, uranio, oro y piedras preciosas.
Los campesinos eran una componente innecesaria del paisaje. Tenían que irse y dejar el campo libre.
¿Cómo lograrlo? Transformando sus hogares en un infierno, sus pueblos en degolladeros, sus campos en cementerios.
Muchos huyeron -se "desplazaron" dirían luego las ONG- dejando el botín sobre el que estaban sentados en las manos de los halcones, de las transnacionales y sus hombres en saco y corbata, de los narcotraficantes.
Los que se quedaron sobrevivieron, fumigados por el glifosato y hostigados por los viejos y nuevos paramilitares, buscando sustento en lo único que había disponible: las plantaciones de coca, la madre de todos los negocios.
Hoy, que se vuelve a rumorear con ese concepto olvidado e innominable, que mueve golpes y magnicidios, capaz de derrumbar gobiernos y de atemorizar las oligarquías terratenientes en todo el mundo y en manera particular de nuestra Patria Grande, hoy que se vuelve a hablar y soñar con una reforma agraria, los campesinos, los que se quedaron y los que con el tiempo regresaron, hoy piden y claman por un nuevo Catatumbo.
Claman por el dialogo, por el derecho a la tierra, por subsidios estatales frente a la erradicación manual de la plantaciones de coca, por programas para desarrollar pequeñas y medianas actividades agrícolas.
Lamentablemente parece que no ser estos lo planes del gobierno.
Los hombres en saco y corbata hablan inglés y dibujan en la geografía nacional plantaciones de palma africana, concesiones mineras y petrolíferas. Su trabajo no había terminado. "Demasiado temprano están hablando de reforma agraria!" parecen gritar desde los altavoces que les presta el gobierno. "Déjenos terminar con nuestro plan!" y piden al ejército represión y mas represión. Regresarán los paracos, volarán las Aguilas Negras…
La Habana parece haber interrumpido el trabajo sucio de despojo del territorio, las venas del Catatumbo estaban abiertas y las sanguijuelas listas.
Una vez más en la tierra de Macondo los deseos y las necesidades del pueblo, del campesinado, de los indígenas van en dirección opuesta al plan nacional e internacional para Colombia.
Solo con soñar la paz -y una reforma agraria- todo se vuelve posible, y la violencia se reanuda.
Los diálogos de La Habana, en medio de sus propios sobresaltos, están en el marco del nudo de las contradicciones entre el gobierno oligárquico y la lucha popular. La búsqueda de la paz y la decisión del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP de abrir un escenario de acuerdo en La Habana, Cuba, no establece ninguna tregua en la lucha de clases. El Gobierno del presidente Santos, de conformidad con los intereses que representa, y los trabajadores y sectores populares se enfrentan en el conflicto social, porque el primero apuntala el modelo de acumulación capitalista neoliberal y los segundos adelantan la resistencia y enfrentan la represión y el autoritarismo del régimen.
El ambiente de paz, los mecanismos de participación ciudadana en los diálogos, en particular los foros agrario y de participación política, así como las mesas regionales y centenares de propuestas de organizaciones sociales y gente del común, han despertado la conciencia de amplios sectores del país de la necesidad de luchar por sus derechos. Los temas sociales y políticos de la agenda sacaron a flote cualquier cantidad de problemas insatisfechos en las regiones y comunidades, más allá de la estrecha y mezquina interpretación gubernamental de la agenda, contenida en el Acuerdo General de La Habana.
Los recientes paros, movilizaciones y protestas en distintas regiones, sobre todo, el paro en la región del Catatumbo, están demostrando que la demagogia del gobierno de Santos no tiene atenuantes, porque por un lado abre la puerta de los diálogos con la insurgencia y, por el otro, continúa con las políticas de entrega del país al interés privado y de las transnacionales. Al mismo tiempo establece limitaciones en los alcances de la agenda de La Habana, en abierta protección del modelo económico de injusticia social, de la explotación por parte de las transnacionales de los recursos naturales, en especial de los minero-energéticos, de la propiedad terrateniente y latifundista y del gran capital, respaldado en la precariedad de la democracia y en el autoritarismo represivo.
Sin que la lucha social y popular esté en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares están dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democráticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presión del conflicto social.
Es una lástima que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en los postulados de una central clasista, esté en un letargo que la aleja de la lucha popular. Lamentables los recientes resultados de las elecciones del Comité Ejecutivo, cuyo escrutinio se demoró más de la cuenta y deja un tufillo de duda y de sospecha en el respeto a la democracia. Quedó la sensación de fraude. La CUT, entre otros vacíos, se niega a apoyar el proceso de paz, se marginó de la gigantesca movilización del 9 de abril y no participa en la lucha por la defensa de lo público, como en Bogotá, donde el alcalde Gustavo Petro es perseguido por la intolerancia reaccionaria. Está al margen de los conflictos sociales de estos días. Se cocina en su propia salsa de las disputas burocráticas por el pequeño poder. Una tarea de la izquierda es modificar la correlación de fuerzas en su dirección ejecutiva para reconstruir la central sobre las bases clasistas y populares.
El acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda de La Habana, contenida en el “Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y el logro de una paz estable duradera”, que guía los diálogos de paz, desató una enorme expectativa en el país y en el exterior, porque se creía casi imposible que las dos partes pudieran llegar a acuerdos concretos sobre el tema del “Desarrollo agrario integral”, una de las causas primarias del largo conflicto colombiano. Aunque quedaron pendientes algunas “líneas rojas”, al decir de los delegados gubernamentales, o “cláusulas Frizer”, como las define la delegación de paz de las FARC, que serán retomadas antes del acuerdo final, en el marco del principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Entre estos temas pendientes están cuestiones fundamentales que afectan al campo, como la concentración de la propiedad sobre la tierra y la extensión y número de las Zonas de Reserva Campesina, en la actualidad epicentro de las contradicciones con el régimen.
Sin embargo, llamó la atención que en medio del entusiasmo nacional e internacional, después de la visita a Colombia del vicepresidente estadounidense, míster Biden, el presidente Santos hubiera recibido en la Casa de Nariño, con bombos y platillos, a Henrique Capriles, ex candidato de la oposición en Venezuela, derrotado en las urnas, ahora cabeza visible de un proyecto desestabilizador y golpista contra el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de los diálogos de paz, y anunciara la intención de integrar a Colombia en el pacto militar agresivo de la OTAN, actos peligrosos e inadmisibles, además de inamistosos con los países garantes y acompañantes, que en el caso de América Latina promueven procesos autónomos, soberanos y propios, a favor de la democracia y la independencia de la férula imperial.
Estas manifestaciones erráticas, no improvisadas ni simples errores del presidente Santos, hombre calculador a la hora de las decisiones, le metieron ruido a la mesa y mayor desconfianza a la insurgencia, ya preocupada con las presiones de los tiempos fatales y las limitaciones a la agenda, concebida, más allá de lo concreto, con fundamentos políticos y filosóficos en el preámbulo y el contexto del “Acuerdo General”.
En medio de la alteración “santista” al desarrollo de la Mesa, se inició la discusión del segundo tema de la “participación política”, con la formulación de 10 propuestas de la delegación de paz de las FARC-EP, que contienen iniciativas concretas para fortalecer la participación política, reformas al Estado en pro de la democracia y lograr garantías concretas para la oposición y para la guerrilla, convertida esta en fuerza política, una vez se alcance el acuerdo de paz estable y duradera. En dirección a la refrendación de los acuerdos, prevista en el punto seis de la agenda, los voceros farianos propusieron la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente.
De nuevo el presidente Juan Manuel Santos, con pocos argumentos, rechazó los 10 puntos y la Asamblea Nacional Constituyente, porque según su criterio están por fuera de la agenda y significan una inaceptable reforma del Estado. Salta de bulto el habitual pánico que la clase dominante tiene por la democracia, sin la cual será difícil allanar el camino a la paz.
Es la demostración de cuán difícil es lograr que la oligarquía colombiana, presionada por Washington y las fuerzas militaristas que se lucran con la guerra, tenga voluntad de cambio, factor que ha impedido a lo largo de seis décadas la conquista de la paz. Nada de lo fundamental, para aquella, hace parte de la agenda. Son los inamovibles de las “líneas rojas” de la delegación gubernamental.
Son razones para fortalecer desde la orilla democrática y popular la presión para que se profundice en el debate de La Habana, con la creación de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del diálogo y exija la disposición de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del país, que requiere de democracia y justicia social. Es evidente que una Asamblea Nacional Constituyente, con representación del país político y del país nacional, puede refrendar los acuerdos a que lleguen las partes y definir los disensos porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es garantía para la paz estable y duradera.
El desafío para la izquierda y sectores democráticos es enorme. Es inaplazable la más amplia unidad, que vaya más allá del proceso electoral en marcha. Son importantes los contactos que se están adelantando, a partir de las propuestas de unidad y de las cartas que se han conocido en esta dirección porque animan el debate y lo sitúan en lo concreto, de la misma manera que las iniciativas, como las constituyentes regionales, territoriales y temáticas de Marcha Patriótica, encaminadas a rodear de apoyo la Mesa de La Habana, a promover la movilización social y la formulación de propuestas que enriquecen el debate nacional.
Policías allanan ilegalmente campamento de mineros en Caucasia
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Jueves, 01 Agosto 2013 04:54
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El martes 30 de julio del 2013, siendo las 6:05 pm en el sitio denominado Río Man a tres kilómetros de Caucasia en la salida que conduce a Medellín, los campesinos y mineros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (Aheramigua) se encontraban instalando el campamento cuando fueron hostigados por un grupo de 25 agentes de la Policía de Carreteras y la Policía Judicial (Sijin), que venían movilizados en un camión, una camioneta identificada con la placa OGB 068 (12- 331) y dos motos de placas WAX 76A y NDG 56B.
Teniendo claridad de que el sitio en el que nos encontrábamos es propiedad privada y fue alquilado por los mineros, la acción realizada por los agentes de Policía no es legal.
La actitud de los agentes fue improcedente desde el principio al ingresar al establecimiento sin ningún permiso u orden judicial, algunos de ellos encapuchados, sin identificación y además grabándonos con cámaras digitales y teléfonos celulares, ordenando a los presentes la entrega de sus documentos de identificación y desenfundando sus armas con actitud amenazante produciendo temor e incertidumbre en especial en las mujeres y niños.
También hubo agresiones hacia el equipo defensor de los derechos humanos que se encuentra haciendo acompañamiento, con señalamientos directos hacia el compañero Harrison Castañeda como ‘incitador’ al desorden público por parte de un miembro de la Policía Judicial que se encontraba de civil y, que así como los otros, nunca se identificó.
Denunciamos que hubo un previo seguimiento de nuestro traslado al lugar que se evidenció con la presencia inmediata de un operativo ilegal con clara actitud e intención de desalojarnos del sitio.
Hacemos responsable a toda la Fuerza Pública del municipio de Caucasia (Policía Nacional, Sijin) de cualquier violación a los derechos humanos que pueda presentarse contra cualquiera de los miembros presentes dentro o fuera del campamento.
Exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Personería y a la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, veeduría frente a los hechos ocurridos no solamente en el presente comunicado sino también referente a los acontecimientos desde la instalación del campamento en el barrio Caracolí, Caucasia. Y así mismo exigimos garantías frente a la defensa de los derechos humanos de los manifestantes.
Por la defensa de la tierra y la permanencia del territorio por una vida digna
"Medellín es diestra en ocultar las suyas. Más de la mitad de sus dos millones y medio de habitantes viven en la pobreza, y un cuarto, en la miseria. Eso quiere decir que para millones no está segura la comida de mañana. Apenas dan, asordinado, el dato estadístico, que ni se proclama ni se lamenta. Es fama de que tiene la mejor empresa de servicios públicos del país, pero no dicen que hoy en día 68.718 familias de la ciudad tienen cortados los servicios por falta de pago. No tienen con qué; son pobres, y es más necesario un plátano que un bombillo. Infame una ciudad en la que se da esta opción. "
Si este perro paramilitar no le gusta la ley. Es señal que Ecuador va por buen camino!!!
A Juan Manuel Santos no le gusta la Ley de Comunicación de Ecuador
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que no le gusta la Ley de Comunicación que entró en vigor en Ecuador el pasado 25 de junio, y explicó que no está “para nada de acuerdo con ningún tipo de restricción con la prensa” en la región.
Santos, quien fuera subdirector del diario bogotano El Tiempo, se refirió por primera vez en una declaración pública a la norma ecuatoriana en una entrevista con el matutino regional La Crónica del Quindío, de la ciudad de Armenia.
Preguntado por esa ley, Santos admitió conocerla “por encima” y opinó: “No me gusta”.
La familia Santos dirigió y fue propietaria de diario El Tiempo entre 1956 y 2007, cuando el grupo español Planeta compró el 55% de la casa editorial.
“Me crié en un periódico, viví toda mi vida defendiendo la libertad de prensa y eso es algo que llevo por dentro, en mi sangre”, aseguró Santos.
El mandatario detalló su relación con los medios como gobernante: “Cuando uno a veces ve injusticias que comete la prensa, yo inmediatamente hago un raciocinio: que eso es un mal muy menor frente a la posibilidad de no tener una prensa activa, crítica, que para mí, todos los días, es como una ducha de agua fría”.
No obstante, afirmó que como personaje público reconoce errores que cometió antes siendo periodista: “Muchas veces fui injusto, muchas veces fui superficial, muchas veces quise lucirme como periodista y no fui en esa situación lo suficientemente objetivo”.
“Muchas veces tuve muchos tragos amargos en juicios equivocados, acusaciones injustas, información que publiqué sin haberla confirmado y resultó falsa”, señaló el jefe de Estado colombiano.
La prensa regional hace un inmenso esfuerzo por sobrevivir porque el mundo de hoy, en cierta forma, conspira contra periódicos de todo tipo”. Juan Manuel Santos, Colombia
Una pequeña sala de audiencias del quinto piso del complejo judicial de Paloquemao, invadida por los malos olores emitidos por el sindicado, fue el escenario perfecto para otorgar una vez más la libertad a Luis Augusto Mora, un sujeto que ya completa 36 capturas por un mismo delito pero que, paradójicamente, jamás ha pisado una prisión. Mora, quien se autodenominó: “El rey de las chocolatinas” por su gran habilidad para robar este artículo y otros confetis a los medianos y grandes supermercados para después cambiarlos por droga en los tugurios más oscuros de la capital, en la mañana del viernes luego de escuchar por enésima vez a un fiscal imputarle el delito de tentativa de hurto calificado, no aceptó cargos y salió ‘campante’ por la puerta principal pese a saber que sobre él pesan tres docenas de procesos.
“Ya me volví un experto para esto, ya sé qué tengo que hacer y decir”, manifestó el sujeto de 59 años quien, según pudo conocer este medio, es un hombre de un nivel socioeconómico alto ya que cuenta con estudios profesionales, maneja otros idiomas –entre ellos el ruso– y tiene familia en el exterior.
De robo en robo Según la Fiscalía, el hombre, quien actualmente reside en el sector de Chapinero, la última vez que fue capturado robó 78.630 pesos en alimentos y golosinas al supermercado Jumbo del Centro Comercial Santa Fe. No obstante por tratarse de un delito menor que no compromete la integridad humana, no requiere de medida de aseguramiento sino hasta cuando ya haya sido condenado. “Este delito contempla una condena de 12 a 47 meses de prisión, por lo tanto de ser considerado culpable, puede cumplir su pena en la casa.
Sin embargo, sí llama la atención que una persona valiéndose de los vacíos y ‘micos’ de la justicia pueda delinquir en tantas ocasiones sin que tenga un castigo mínimo”, aseguró un abogado del complejo judicial, consultado por este medio. Mora, luego de no aceptar su culpa, tendrá que esperar en libertad una demorada citación al proceso, hasta entonces, ya que aún no tiene condena alguna por ninguno de los delitos por los que fue retenido en 36 oportunidades, su antecedente permanecerá limpio.
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