Foto: Archivo Presidencia

Vargas Lleras y Uribe Vélez, muy distanciados.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras , le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su acusación sobre presuntas presiones en los procesos contra funcionarios de su Gobierno.

El jefe de la cartera política dijo que "la autonomía y la independencia de la rama judicial, de los organismos de control y la Fiscalía, le impiden a cualquier funcionario intervenir en un proceso en curso".

"Nos hemos abstenido en el pasado de calificar las providencias judiciales y no lo haremos cuando cursa una investigación en la Fiscalía General de la Nación", dijo Vargas, frente al caso del excomisionado Luis C. Restrepo.

"Así quisiéramos intervenir, sabe el expresidente Uribe que la doctora Viviane Morales es inabordable para cualquier asunto particular o de cualquier investigación que ella tenga bajo su cuidado", agregó.

Uribe pide a Santos ayuda para frenar persecución contra Luis C. Restrepo

“Señor Presidente Juan Manuel Santos, haga algo por favor, no permita esta venganza criminal expresada a través de persecución política”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta en twitter, con relación a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento a Luis C. Restrepo, investigado por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.

El exjefe de Estado atacó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras  al señalar que “todo se agravó por el empeño de su Ministro del Interior de cambiar la terna de la fiscalía con un mezquino ánimo político”.

Este viernes, se aplazó la audiencia de imputación de cargos en contra del ex alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo , y otras 11 personas investigadas por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del frente Cacica Gaitana de las Farc.

El fiscal Moreno señaló que la inasistencia de Restrepo y de los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Joaquín Ariza Girón no se justifica, por cuanto fueron debidamente notificados por la Administración de Justicia.

Así mismo, advirtió el funcionario que si en la próxima citación los indiciados no acuden podría hacerse uso de la figura jurídica de contumacia, mediante la cual serían conducidos por la autoridad competente. proceso.

El fiscal Moreno, coordinador de la Unidad Nacional Anticorrupción, Insistió en que no se conoce a ciencia cierta si se trata de maniobras dilatorias, y añadió que todos los ciudadanos tienen el deber de acatar las citaciones ante los jueces de la República.

Al conocer de la respuesta de Vargas, Uribe le replicó y en Twitter señaló: "Ministro del Interior coautor de la persecución política y cómplice de la venganza criminal. Además cínicos".

El exsenador Javier Cáceres (centro.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el excomandante paramilitar José Gélvez, alias 'el Canoso', señaló que en 2004 fue testigo de las continuas reuniones del expresidente del Congreso Javier Cáceres con los altos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según el ‘Canoso’ en esos encuentros, Cáceres Leal les informaba a los comandantes paramilitares en qué punto y cómo se iban desarrollando los debates por la aprobación de justicia y paz en el Congreso.

El exparamilitar explicó que el senador hacia parte de una gran grupo de congresistas a los que llamaban “amigos”, puesto que velaban por sus intereses políticos y jurídicos en el Congreso de la República.

‘El Canoso’ respondió que uno de los principales propósitos de los paramilitares era que se aprobara una ley en la que no tuvieran que reparar a las víctimas de sus acciones violentas, y “solamente” con un perdón público en un acto simbólico.

Cáceres Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y es procesado por el delito de concierto para delinquir agravado.

José Leonidas Bustos considera que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se vean los resultados en los casos de parapolítica. / Gabriel Aponte - El Espectador

José Leonidas Bustos, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, plantea por primera vez la verdadera posición del alto tribunal. Dice que sólo una interlocución directa con el presidente Juan Manuel Santos los haría volver a la mesa y que no reconoce a los ministros del Interior y de Justicia como interlocutores válidos. Anuncia prontos resultados en la investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

¿Cómo recibe las declaraciones de alias ‘Don Berna’, en las que confiesa que funcionarios del gobierno Uribe, como Bernardo Moreno, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, manejaban el complot contra la Corte Suprema de Justicia?

No recibo la noticia con sorpresa, porque las investigaciones de la Fiscalía han comprobado que altos funcionarios del gobierno anterior estaban seriamente comprometidos con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Corte Suprema de Justicia, por eso el tema del complot cobra mayor demostración con las declaraciones de alias Don Berna. Creo que en el gobierno anterior altos dignatarios del Estado muy allegados al Palacio de Nariño se dedicaban a la tarea de perseguir a los magistrados para desacreditarlos, pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la justicia y, particularmente, a la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo lo hace sentir el haber sido uno de los pocos magistrados gobiernistas durante la administración Uribe, por ejemplo en su voto contra la jurisprudencia que pretendía que la Corte asumiera todos los procesos de la parapolítica?

Hay que aclarar que no fui gobiernista en ningún momento, sencillamente estuve de acuerdo con una tesis jurídica y la defendí sin importar a quién beneficiaría. La labor del juez es estudiar el tema jurídico y buscarle la mejor consideración, aquella que en su concepto considere más acertada y que resuelva el problema jurídico. En ese momento consideré que la Corte Suprema no podía continuar con las investigaciones ni con los juicios, aunque por mayoría se determinó lo contrario. Sin embargo, esa interpretación, que es eminentemente jurídica, no puede asimilarse a un respaldo al Gobierno.

Dice usted que primero trataron de acabar con la Corte a través de un complot y que ahora hacen lo mismo, pero con una reforma a la justicia para quitarles competencias...

Sí. Reflexioné sobre el tema y encontré alguna similitud entre la campaña del anterior gobierno en la que, como se ha demostrado, altos funcionarios de la Casa de Nariño se dedicaron a cometer conductas delictivas dirigidas a desprestigiar a los magistrados ante la opinión pública (interceptaciones telefónicas ilegales, seguimientos pasivos, búsqueda selectiva en bases de datos) y la gran campaña actual liderada también por altos funcionarios del Estado —seguramente varios ministros— que están dedicados a una batalla jurídica con la anuencia de algunos miembros del Congreso para, a través de esa reforma constitucional, restarle atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y, en cierto sentido, desmantelarla, lo mismo que a la Rama Judicial.

¿Se refiere a los ministros Juan Carlos Esguerra y Germán Vargas Lleras ?

No puedo precisar exactamente si se trata de estos dos ministros, pero considero que son aquellos que han estado muy pendientes de la reforma y que no han hecho lo más mínimo por persuadir a los miembros del Congreso de que es inadecuada, está fuera de contexto y que la gran mayoría de preceptos, hasta el momento aprobados, no resuelven los graves problemas en materia de justicia que vive Colombia. Si miramos los artículos aprobados encontramos que de lo que se trata es de introducir una injerencia determinante del Ejecutivo y del Legislativo en la Rama Judicial a través de su administración.

Además, busca ponerles una cortapisa a las investigaciones y los juicios adelantados por la Sala de Casación Penal, por ejemplo, creando una sala de instrucción y una de juzgamiento en primera instancia con nombramientos a través de presidentes de otras jurisdicciones. Pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia es la jurisdicción ordinaria, debería ser ésta la que designase dichas salas de instrucción y juzgamiento en primera instancia. También encuentro que los funcionarios con calidades de magistrado de Corte, que van a trabajar en la comisión de instrucción en compañía de la Cámara de Representantes, van a tener facultades de fiscales y, por tanto, la posibilidad de ordenar capturas y restringir los derechos fundamentales. No sé si es que el Congreso quiere ver a los magistrados en la cárcel, pero lo que sí debe quedar claro para Colombia es que en la historia de vida republicana del país ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado ha sido condenado por un delito.

¿Quién es para usted mejor interlocutor, Esguerra o Vargas?

Ninguno de los dos. Creí que el ministro de Justicia, como lo ha pedido la Corte Suprema o por lo menos lo había sugerido, iba a ser un interlocutor entre la justicia y el Gobierno, pero encuentro que no sólo no lo ha sido, sino que se ha opuesto a las aspiraciones y sugerencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. De pronto tuvo razón la Corte cuando no lo designó fiscal general de la Nación.

¿Estaría dispuesta la Corte a pedir una interlocución diferente en el Gobierno, por ejemplo, del propio presidente ?

Creo que el presidente, quien goza de un respaldo muy importante en el Congreso, debe liderar una reforma que realmente consulte los graves problemas de la justicia colombiana. Si en este momento ha existido un apartamiento del proceso legislativo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, esos serían fuertes motivos para que el Gobierno pensara en qué esta mal y cómo se puede corregir.

¿A través de una interlocución directa con el presidente la Corte estaría dispuesta a replantear su posición y regresar a la discusión?

Creo que sí. Ese canal no se puede cerrar. Pero así como el presidente de la República le pide a la guerrilla que dé muestras de paz soltando a todos los secuestrados que tiene en su poder, la Corte también le pediría al Gobierno que dé muestras. Por ejemplo, que en el próximo debate se introduzcan serias reformas al proyecto de acto legislativo que le permitan a la Corte volver a discutir los temas como lo venía haciendo, de manera sincera, proactiva y edificante.

¿La Corte va a insistir en el tema de subir el período de 8 a 12 años y el aumento en la edad de retiro forzoso?

En este momento a ningún magistrado le interesa el incremento del período, ese es un tema secundario, lo que importan son las acciones.

Un día después de su elección como presidente de la Sala Penal, usted dijo que había que ponerle término a la parapolítica. ¿En qué consiste ese término?

Una persona no puede permanecer indefinidamente sub judice a un proceso, porque eso viola la dignidad humana. Por eso considero que la Corte debe hacer un gran esfuerzo investigativo para que se arrojen resultados. La Corte no puede seguir desgastándose investigando la parapolítica, un fenómeno macro que considero requiere una investigación también macro. Lo ideal es que las pesquisas que se están adelantando logren profundizarse y no se dilaten en el tiempo.

¿Por qué se ha demorado tanto la investigación sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes?

Los resultados están próximos a ser conocidos por el país. La investigación sobre las conductas delictivas cometidas en el interior de la DNE, por algunos miembros del Congreso, ha sido adelantada por tres salas de instrucción. Aunque no pertenezco a ninguna de estas salas, sé que no ha sido un proceso fácil. La complejidad del caso ha requerido investigación exhaustiva de carácter documental y testimonial. Se necesita verificar información y formular hipótesis, sobre todo para demostrar un vínculo entre miembros del Congreso y la DNE.

¿Por qué se están cayendo tantos procesos por la competencia del despacho de la fiscal general de la Nación, por ejemplo el caso Maza Márquez?

Son casos particulares. De acuerdo con la Constitución, existen unos funcionarios aforados y en el caso del general Miguel Maza Márquez, la conducta que se le imputaba la habría realizado cuando se desempeñaba como director del DAS. En ese sentido, y de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución, la investigación y acusación corría a cargo del fiscal general de la Nación y no de un fiscal seccional, y el juicio obviamente tenía que adelantarlo la Corte Suprema de Justicia. Al no cumplirse esos requerimientos, la Sala de Casación Penal dispuso no solamente abocar el conocimiento de ese juicio, sino decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de instrucción para que se corrigiera el vicio señalado. Sin embargo, es importante resaltar que la Corte dejó vigentes todas las pruebas y en ese sentido la actividad investigativa y probatoria conserva su valor.

¿Cuándo va a pasar la Corte del carrusel de Bogotá al carrusel nacional?

Esto es una cuestión dialéctica. Se pasa de un estado a otro sólo si existen fundamentos.

¿Y existen esos fundamentos?

En este momento la investigación ha arrojado datos acerca de algunos miembros del Congreso que se encuentran seriamente comprometidos con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. A raíz de esas investigaciones la Sala de Casación Penal ha compulsado copias contra altos dignatarios del Estado, pero cuando se trate de un congresista la Corte no dudará en compulsar las copias pertinentes con el fin de que la misma sala provea la investigación.

Campaña en el alto tribunal

Hoy la Corte va a escoger al presidente del alto tribunal, ¿mantiene usted su candidatura?

Jamás he tenido una candidatura, sencillamente se dio la ocasión de que la sala, muy amable y gentilmente, me designara por unanimidad como su presidente y eso es un honor para mí. En este momento no estoy pensando en ser el presidente de la Corte, creo que hay personas que por su antigüedad merecen serlo.

¿Quiénes?

Los candidatos actualmente son: la doctora María del Rosario González Muñoz, el doctor Julio Enrique Socha Salamanca, el doctor Sigifredo Espinosa Pérez y el doctor Javier Zapata Ortiz.

La Corte y el caso Viviane Morales

¿Es cierto que la Corte está insatisfecha por los cuestionamientos que ha recibido la fiscal Viviane Morales en relación con su matrimonio con Carlos Alonso Lucio ?

Las cosas tienen que mirarse desde diferentes ópticas. El tema de la fiscal en relación con su esposo tiene dos interpretaciones: una de carácter privado, que solamente compete a la órbita de los esposos, y otra de carácter público, que le compete, obviamente, a toda la sociedad.

Hasta el momento considero que la fiscal general ha hecho un excelente papel como rectora de la función acusadora e investigadora y no me cabe ninguna duda de que se ha distinguido por su carácter, por su trabajo y por su vocación de servicio.

Pero la verdad es que la Corte no sabía que ella mantuviese esa clase de relaciones con el señor Carlos Alonso Lucio . Seguramente si los hubiese conocido, habría ameritado alguna otra reflexión.

Luis Carlos Restrepo y Carlos Alonso Lucio.

Este miércoles, ante fiscal 15 antiterrorismo, René Lemus Ospina presentará su testimonio el excomisionado de Paz Luis C. Restrepo en el caso que se adelanta contra el excongresista Carlos Alonso Lucio .

Restrepo ampliará ante el Fiscal las declaraciones que presentó ante diversos medios de comunicación el pasado 19 de diciembre, cuandoacusó a Lucio de “asesorar de manera ilegal” a un grupo de paramilitares durante el proceso de paz que se adelantó en Santa Fe de Ralito.

Sin embargo, tanto Lucio como su esposa, la fiscal General, Viviane Morales señalaron que sí fueron a Santa Fe de Ralito pero como asistentes a una serie de conferencias que estaban dando expertos internacionales sobre el conflicto armado y el derecho constitucional, negando así haber asesorado a los 'paras' que iban a entregar las armas y someterse a la justicia.

En la carta enviada por Restrepo a la fiscal General, que luego hizo pública el excomisionado de Paz, se señalaba que Lucio había buscado el apoyo del hasta hace poco dictador libio Muhammar Gadaffi, para que les entregara 100 mil dólares de apoyo para el proceso, con el apoyo del presidente venezolano, Hugo Chávez.

En los próximos días también se recibirá la declaración de Carlos Alonso Lucio  y el fiscal del caso René Lemus decidirá si abre una investigación formal para vincularlo a un proceso judicial.

Pese a los encuentros con los representantes de las cortes, las relaciones del presidente, Juan Manuel Santos, con la justicia son cada vez más tensas. / Felipe Pinzón - SIG

Sí pero no. Esa parece ser la lógica que impera en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cuanto a su percepción de las decisiones judiciales. A pesar de que hace 17 meses, cuando asumió el poder, el primer mandatario exaltó el principio constitucional de la separación de los poderes e invitó a las cortes a trabajar en completa armonía, con el paso de los días, y a raíz de polémicas determinaciones de la justicia, ha formulado comentarios de rechazo que ya generan voces críticas y malestar entre los dignatarios del poder judicial.

Ayer fue la Corte Suprema de Justicia la que rechazó los cuestionamientos hechos por el presidente Santos al fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. A través de un comunicado, el alto tribunal calificó como preocupante la forma como se despiertan pasiones a partir de un fallo del poder judicial, ante lo cual exhortó a las autoridades competentes a brindar protección a los magistrados que profirieron la sentencia, por cuanto carecen de un esquema de seguridad.

La observación de la Corte Suprema responde a la actitud del presidente Santos, quien, ante la decisión del Tribunal de Bogotá de solicitarle a la Corte Penal Internacional que examine la conducta del expresidente Belisario Betancur y de conminar al Ejército a pedirles perdón a los familiares de las víctimas de las desapariciones en el Palacio de Justicia, dijo que, por el contrario, se les debe pedir perdón al Ejército Nacional y al exmandatario Betancur.

En opinión de la Corte Suprema, tratándose de una sentencia que no está ejecutoriada o en firme y que puede ser impugnada a través del recurso de casación, en aras de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial debe ser acatada y respetada. Previamente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura había rechazado también los comentarios del presidente Santos, manifestándole que “los jueces no pretenden ofender a nadie, sino administrar justicia”.

Esta vez la mesura de los altos tribunales parece haber tocado fondo, pero no es la primera vez que el presidente Santos, aunque en buenos términos, sale a criticar fallos que pueden ser adversos a su concepción del Estado. Así lo hizo el año anterior a raíz de dos sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado: la primera negaba la validez probatoria de los archivos encontrados en el computador de Raúl Reyes y la segunda condenaba al Ministerio de Defensa por errores militares en la toma de la base de Las Delicias.

Santos observó entonces que su propósito no era controvertir los argumentos jurídicos de estas providencias, pero sí reflexionar en torno a que se entienda que Colombia vive en una situación de conflicto interno armado y que esta realidad exige criterios modernos de interpretación de la Constitución, las leyes y las normas internacionales. Obviamente, el comentario no le cayó bien a los dignatarios de la justicia, que venían de un largo período de confrontación entre los poderes judicial y ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que en la actualidad avanza en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar y promover ajustes en el sistema de administración de justicia en Colombia, no resulta buen antecedente que el primer mandatario emita comentarios que ponen en dificultades a magistrados o jueces. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, lo resumió al apuntar que declaraciones que estimulen a la sociedad a insubordinarse ante la justicia no le hacen bien al país.

Por eso se han sumado otras voces críticas. El exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz  observó que, aunque no conoce el fallo sobre el Palacio de Justicia, de entrada es un error del presidente salir a cuestionarlo cuando él tiene una formación de economista. Gaviria agregó que es entendible que el presidente necesite el apoyo del estamento militar, pero que este respaldo no puede conseguirse a costa de desconocer la independencia del poder judicial.

De igual modo, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, agregó que las decisiones judiciales se tienen que controvertir en los estrados y que al presidente le corresponde garantizar que haya justicia, no manifestar su rebeldía frente a una decisión judicial. “Eso era lo que hacía el presidente del gobierno anterior y continúa haciendo como expresidente, con resultados graves para la democracia. Santos debería corregir esa desviación en vez de prolongarla”, puntualizó.

Se percibe un nuevo tono en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo, pero es claro que subsisten las desavenencias. Pero de cara a la reforma a la justicia, que será el principal pulso en el Congreso en la legislatura que se avecina, aumentar tensiones entre los poderes es el camino equivocado. El artículo 230 de la Carta dice que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. En otras palabras, para eso están las apelaciones y demás recursos. Los comentarios políticos de los dignatarios del Ejecutivo generalmente sobran.

Fidel Castaño Gil.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exparamilitar del Bloque Magdalena Medio de las AUC, Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, manifestó que en la finca El Diamante, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, (sur de Magdalena) propiedad de Fidel Castaño Gil vio como “desfilaban” la mitad de los políticos del país con el fin de buscar apoyo político y electoral en todo el país.

Según el exparamilitar, entre los políticos distinguidos que vio se encontraban “el exministro de Justicia Alberto Santofimio y (Julio César) Turbay Ayala, además de otros congresistas, alcaldes y gobernadores” quienes hablaban de diferentes temas con el exparamilitar, cuya suerte se desconoce en estos momentos.

El testigo aclaró además que todos estos encuentros fueron grabados en audio y video por orden de Castaño Gil, pues era una estrategia que tenían los grupos paramilitares con el fin de demostrar en el futuro que personas los habían buscado, qué temas habían tocado y a que conclusiones o pactos se habían llegado.

“Era política grabar las conversaciones con militares, políticos y empresarios. La razón era que si se iban a echar para atrás con lo pactado se les sacaban los videos, en este país de dirigentes corridos, donde todos se lavan las manos, era necesario tener pruebas eficaces que revelará su relación con nosotros”, precisó el testigo ante las preguntas de los magistrados.

Según el exparamilitar ls políticos “hacían fila todos los días” en la finca de Fidel Castaño Gil, principalmente para hablar sobre una guerra frontal con la guerrilla “con el fin de consolidar sus proyectos políticos en el Magdalena Medio”.

Aclaró además que después de su captura le manifestó a una fiscal sin rostro identificada como ‘cuarzo 15’ el lugar dónde se encontraba una caleta en la cual estaban todos los videos y grabaciones, “además del arma con la que se asesinó a Luis Carlos Galán”.

Sin embargo, insistió, “la Fiscal tuvo miedo de investigar y nunca fue al lugar”, ante estos hechos la defensora de las víctimas de la masacre de Segovia, en la cual participó el paramilitar, le solicitó a los magistrados que llamen a declarar al exfiscal General Gustavo de Greiff.

Estas declaraciones fueron hechas en el proceso que se adelanta contra el excongresista liberal César Pérez García.

Los magistrados de la Corte Suprema fueron el blanco de los supuestos pactos entre 'Don Berna' y algunos funcionarios el Gobierno anterior. /El Espectador

Corría noviembre de 2006. La Corte Suprema de Justicia avanzaba en las primeras investigaciones sobre la parapolítica en Sucre y el país comenzaba a conocer detalles de la infiltración de las autodefensas en el poder legislativo. La lista iría creciendo con los meses. La mayoría de parlamentarios hacían parte de la coalición de gobierno. En septiembre de 2007, la Corte Suprema abrió investigación contra el influyente senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. Fue por esa época, según coinciden las investigaciones, cuando el DAS diseñó todo un plan para infiltrar a este organismo.

En octubre de 2008, en una publicitada rueda de prensa desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado denunció que el magistrado auxiliar Iván Velásquez estaría buscando desacreditarlo a través de testimonios inducidos a paramilitares condenados, en lo que fue denominado por los medios como el famoso caso ‘Tasmania’. Éste era un exintegrante de las autodefensas quien firmó una carta, elaborada por su abogado, Sergio González, en la que afirmaba que el magistrado Velásquez pretendía inculpar al presidente Uribe de un atentado al paramilitar conocido como ‘René’. Pronto se descubrió la mentira, ‘Tasmania’ rectificó y dijo que hizo lo que hizo para favorecer a unos “señores muy importantes” que le prometieron una casa para su mamá y dinero en efectivo.

El abogado Sergio González fue condenado hace pocos días a más de cinco años de prisión por haber sido uno de los autores de este primer complot contra la Corte Suprema. Y aunque trascendió que Mario Uribe tenía oficina en el mismo edificio del abogado Sergio González en Medellín, y que Santiago Uribe era vecino de finca de González, además de otras coincidencias, la justicia dejó hasta ahí el expediente ‘Tasmania’. El propio Iván Velásquez exigió que la Fiscalía continuara indagando sobre quién fraguó esta emboscada al alto tribunal. Pero no sería la única. En abril de 2008 se dio el llamado encuentro en “La casa de Nari”, al que asistieron el secretario jurídico Edmundo del Castillo, el exembajador Juan José Cháux , el abogado Óscar Iván Palacio, el defensor de alias ‘Don Berna’, Diego Álvarez, y el emisario del paramilitar, Antonio López, alias ‘Job’.

Se justificó entonces ese encuentro porque supuestamente los enviados de ‘Don Berna’ iban a hacer denuncias sobre presuntas malas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Se entregaron unas grabaciones que el propio ‘Don Berna’ le hizo al ventilador del DAS, Rafael García, quien denunció cómo el paramilitarismo se había tomado la policía secreta en tiempos de la administración de Jorge Noguera. Después se supo que los paramilitares fraguaron ese plan, tal como lo denunció la revista Semana, para enrarecer aún más el ambiente entre la Corte y el Ejecutivo. Ya entonces el DAS había activado todo un plan para desprestigiar a los magistrados. La excusa para comenzar las pesquisas tenía nombre y apellido: Giorgio Sale, un empresario italiano que se movía en las altas esferas de la justicia y que fue detenido en el año 2006. No obstante, sólo un par de años más tarde se supo que era testaferro de Salvatore Mancuso.

Se elaboraron informes reservados de magistrados que tuvieron contacto con Sale, y después de todos los juristas, se indagaron sus propiedades, se verificaron viajes, se rastrearon sus movimientos financieros. Ellos quedaron bajo sospecha. Y durante la administración de María del Pilar Hurtado en el DAS se infiltró una detective de ese organismo, Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, y se grabaron sesiones reservadas del alto tribunal. Flórez convenció al entonces jefe de seguridad del Palacio para que le entregara los números telefónicos de los magistrados con el fin de ‘chuzar’ sus conversaciones. Y también logró que dos empleadas de servicios generales metieran grabadoras a las discusiones de la Sala Plena. Incluso la ‘Mata Hari’tuvo acceso a los expedientes de los llamados parapolíticos que se investigaban y destinó un dinero para tomarle copia al de Mario Uribe, pero finalmente no lo consiguió. En un reporte publicado por este diario se lee que de todos estos pasos estuvieron enterados María del Pilar Hurtado (hoy asilada en Panamá) y alguien a quien denominaron “el número 1”.

Para el DAS era muy importante, además, obtener toda la información posible de la Corte Suprema de Justicia sobre el famoso escándalo de la ‘yidispolítica’, sobre el turbio proceso de aprobación de la reelección presidencial en el Congreso. La Corte, cada vez más asediada, le pedía explicaciones al gobierno, que negaba de plano cualquier maniobra contra el alto tribunal. Hoy, con las nuevas declaraciones de ‘Don Berna’ desde una cárcel federal de Estados Unidos, se siguen conociendo más detalles del complot que se articuló para desacreditar las investigaciones que adelantaba la Corte contra las mafias del paramilitarismo enquistadas en la política. El magistrado Jaime Arrubla ha repetido que el escenario “es sencillamente delirante” y que por mucho menos el presidente Richard Nixon tuvo que salir del poder en Estados Unidos.

Mientras la justicia aclara las piezas del rompecabezas que siguen en el limbo, la Fiscalía pidió investigaciones para todas las personas que fueron señaladas por ‘Don Berna’, es decir, el exsecretario Edmundo del Castillo, el exembajador Juan José Cháux  (investigado por sus nexos con los ‘paras’) y el exsecretario general Bernardo Moreno, de quien dijo el excomandante de las autodefensas, que supo desde el principio del plan para enlodar a la Corte.