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General: exfuncionarios de uribe vinculados a procesos : un lunar que crece .
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 20/07/2011 14:46 |
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| Santiago Uribe en una reunión con Fabio Ochoa, uno de los jefes del Cartel de Medellín. |
Iván Márquez
Integrante del Secretariado de las FARC
Quien lea El clan de los doce apóstoles, el libro de Olga Behar, no podrá escapar a la certeza de que la Presidencia de la República de Colombia fue ejercida, durante ocho años, por un paramilitar “pura sangre”, no por sus caballos, sino por su instinto sanguinario. Álvaro Uribe Vélez era narco-paramilitar mucho antes de ser presidente. Tuvimos un gánster, un bandido, en el Palacio de Nariño.
El 25 de octubre de 1997 tuvo lugar una horrible masacre en El Aro, un pequeño poblado incrustado en la cordillera, cerca de Ituango (Antioquia). En el instante en que los paramilitares mataban a la gente y la quemaban viva, mientras violaban a las mujeres e incendiaban el caserío, 4 helicópteros sobrevolaban el área. Uno de ellos era el de la gobernación. Allí iba, personalmente, el autor intelectual de la masacre, el mismo que le había dicho a los paramilitares: “lo que tengan que hacer, háganlo”; era el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Durante seis días, 200 paramilitares permanecieron en El Aro sin que nadie los importunara. 15 ciudadanos quedaron tendidos, sin vida, en la plaza principal. Mataron a golpes a un paisano y luego le extrajeron el corazón, forzaron el desplazamiento de los 900 pobladores y se robaron el ganado de los campesinos. El ejército arreó las reses. ¿Quién atestigua esto? El jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el ejecutor de la masacre, Francisco Enrique Villalba Hernández. Personalmente el gobernador los felicitó por la hazaña sangrienta. Unos días antes de la masacre, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, y el mando de la IV Brigada del ejército, se habían reunido en una finca de Tarazá, con los cabecillas paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Alias Cobra, Noventa, Júnior y Villalba, para planificar la cobarde acción. Por este crimen de lesa humanidad fue condenado el Estado, pero los autores intelectuales continúan su veraneo en los playones imperturbables de la impunidad.
El 27 de febrero de 1998, por denunciar la masacre, previa refutación con mucha violencia verbal por parte del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue acribillado en Medellín Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Villalba, quien había denunciado el hecho ante un juez de justicia y paz, cayó asesinado en la puerta de su casa mientras pagaba pena de prisión domiciliaria. El extraditado Salvatore Mancuso confesaría más tarde a una comisión del senado colombiano que lo visitaba en una cárcel de los Estados Unidos, que no se atrevía a denunciar el papel protagónico de Uribe en el proyecto paramilitar, porque tenía miedo que le asesinara la familia.
Los Uribe, Álvaro y Santiago, son unos asesinos desalmados. Para borrar pruebas y testigos, mataron a casi todos los sicarios del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” que bajo sus órdenes empaparon en sangre la tierra de Yarumal, al norte de Antioquia. En un breve lapso el grupo mató a más de cien campesinos inocentes bajo la falsa acusación de ser guerrilleros o auxiliadores de estos. El centro de operaciones era la hacienda La Carolina, de propiedad de los Uribe, ubicada en los llanos de Cuivá, a 15 kilómetros del municipio de Yarumal. El cabecilla principal del grupo era el propio Santiago Uribe, hermano del ex presidente. Este trabajaba en perfecta coordinación con el comando de policía de Yarumal y la base del ejército de La Marconia. Cuenta el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, quien se salvó milagrosamente del plomo y la pólvora de los Uribe, que la hacienda tenía un campo de entrenamiento militar, idéntico a los que utiliza el ejército. “Mira –le dijo Santiago- aquí es donde entreno a mis muchachos”. En el lugar permanecía un grupo de hombres fuertemente armado con fusiles AK-47, Galil y AR-15. El jefe paramilitar (Santiago Uribe) se comunicaba a través de radios con el ejército, la policía y hacendados, con quienes actuaba en concierto para delinquir.
En una ocasión los paramilitares de La Carolina asesinaron a un muchacho de la región conocido como Vicente Varela. En ese entonces era comandante de la policía de Yarumal, el hoy coronel, Pedro Manuel Benavides. Requerido desde La Carolina, el policial se traslada al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Allí toma la sorprendente decisión de amarrarlo al bumper o parachoques de la Toyota roja de la SIJIN (inteligencia de la policía) y con un letrero adherido al pecho que decía: “muerto por extorsionista”, recorrió como un loco las calles de Yarumal, pitando, gozoso y triunfante, mostrándole a los pobladores, bajo el sol del medio día, su macabro trofeo. Actuaba como alicorado por la certeza de impunidad. Claro; sabían que los protegía el gobernador de Antioquia. Santiago Uribe les había asegurado que tenían “muchos amigos en la Fiscalía y mucho manejo a nivel nacional”. Y de verdad, los amparaba el Fiscal General, Camilo Osorio, luego su sucesor Mario Iguarán, y más recientemente, Guillermo Mendoza Diago, todos peleles del paramilitarismo de Uribe. Por eso se pasearon impunes con la guadaña de la muerte por los municipios de Valdivia, Angostura, Campamento, Caucasia, Santa Rosa de Osos, Anorí, dejando a su paso un reguero de muertos. Dos casos más para ilustrar la barbarie: en una acción conjunta entre paramilitares, ejército y policías, acribillaron a la familia Quintero Olarte en la Finca La Sirena, donde no solamente murió el padre de los Quintero y uno de sus hijos, sino que hirieron a varios niños. Otro crimen indignante fue el asesinato de un joven al que acusaban de guerrillero y proyectaban ejecutar en el terminal de transportes de Yarumal. Al percatarse de las intenciones del grupo, el muchacho corrió en medio de las balas en dirección al puesto policial en busca de protección. Lo mataron a escasos metros del cuartel, pero los agentes no se movieron de su sitio cumpliendo el compromiso de no interferir en las acciones del grupo de “limpieza”. Santiago Uribe les pagaba a los comandantes un millón de pesos mensuales por su complicidad. Los “Doce Apóstoles” habían montado una sede de operaciones urbanas en el sótano del comando de policía de Yarumal.
Siempre han pretendido los Uribe, darle un barniz político al instinto sanguinario y mafioso de la familia, ligándolo con una insaciable sed de venganza por la muerte de su padre, Alberto Uribe Sierra, ocurrida en 1982. Los periodistas colombianos Fernando Garavito, autor de El señor de las sombras. Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe, y Fabio Castillo, atribuyen la muerte violenta del padre de los Uribe a un ajuste de cuentas, a una vendetta del narcotráfico. No es un secreto que la familia Uribe amasó su fortuna en operaciones de exportación de cocaína a los Estados Unidos, al lado del cartel de los Ochoa. En marzo de 1984 las autoridades desmantelaron el complejo cocalero de Tranquilandia en el Yarí, de propiedad de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y el clan de los Ochoa. En dicha operación fueron incautadas 14 toneladas de cocaína y varias aeronaves, entre ellas el helicóptero Hughes 500, HK2407X, de propiedad de los Uribe. Cuando Álvaro Uribe Vélez estuvo al frente de la aeronáutica civil, autorizó la utilización de pistas o aeropuertos clandestinos en la selva, favoreciendo de esa manera, las operaciones de narcotráfico de sus socios.
El informe de inteligencia elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de los Estados Unidos -desclasificado por el Pentágono-, bajo el título “perfil de los narcotraficantes colombianos”, consigna en su numeral 82 lo siguiente: “Álvaro Uribe Vélez un político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar”… Ahí está pintada, de cuerpo entero, el alma narco-paramilitar de Álvaro Uribe Vélez.
Con estos antecedentes no es difícil comprender por qué Uribe, siendo presidente de la República, ordenó la operación Orión contra la Comuna 13 de Medellín, en octubre del 2002. En ese ataque desproporcionado contra la población civil actuaron conjuntamente ejército, policía y paramilitares a través de los generales Mario Montoya, Leonardo Gallego y alias Don Berna, respectivamente. El gobierno utilizó helicópteros Black Hawk artillados que dispararon sus ráfagas contra los habitantes de las colinas de Medellín. Murieron 1.500 personas. Don Berna ha confesado desde una cárcel de los Estados Unidos, que muchos de los muertos fueron sacados subrepticiamente en camiones del Gaula del ejército, vía La Pintada, donde fueron arrojados a las aguas del río Cauca.
Crímenes de lesa humanidad, como los denominados eufemísticamente “falsos positivos”, en los que ultimaron a centenares de jóvenes desempleados para presentarlos en los titulares de la prensa oficial, como “guerrilleros muertos en combate” y como señal inequívoca de la eficiencia de la política de seguridad democrática, no podían salir sino de la perfidia de un asesino compulsivo como Álvaro Uribe Vélez.
Los Uribe son expertos en delinquir sin dejar rastros. Por eso mandaron a matar a “Pelo de chonta”, a los Pemberthy, a Pitufo, al relojero, y a muchos otros sicarios de los “Doce Apóstoles”. Cuando el teniente Víctor Hugo Méndez, subcomandante de la SIJIN en Antioquia, fue remitido al comando de policía de Yarumal, en cinco días lo asesinaron, por el hecho de que su valentía y honradez lo habían impulsado a investigar la estela de sangre de los “Doce Apóstoles” en la jurisdicción de su comando. El caso tuvo ocurrencia el 6 de noviembre de 1994. Cuando sintieron que los líos jurídicos que empezaban a enredar al Mayor Meneses podría involucrarlos, los Uribe influyeron para que lo enviaran a lugares de orden público agitado donde pudieran presentar su muerte como producto de un ataque de la guerrilla. Por eso lo enviaron a Segovia, una población resentida con el ejército y la policía, por su participación con los paramilitares en la masacre del 11 de noviembre de 1988 que dejó muertos a 43 pobladores y heridos a 40. No pueden, no deben quedar impunes los autores intelectuales y promotores de los “Doce Apóstoles”. Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, el cura Gonzalo Javier Palacio que utilizaba el púlpito para lanzar arengas antisubversivas, el hacendado Álvaro Vásquez, el ganadero Emiro Pérez, Donato Vargas, y otros notables de Yarumal, deben pagar por sus crímenes.
Pocos días después de la posesión de Uribe Vélez como presidente de la República, su familia toma la decisión de vender la hacienda La Carolina, como si ese acto fariseo fuese suficiente para lavar las manos ensangrentadas y eludir responsabilidades penales. Los Uribe Vélez no son ningunas vacas sagradas. El peso de la justicia debe caer sobre ellos.
En Colombia hay muchos compatriotas con sentimiento de humanidad, como el padre Javier Giraldo del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), que desafiando los peligros, supo escuchar el dolor de las víctimas ante la sordera de las instancias judiciales y del gobierno. Gracias a la gestión del CINEP el caso de los “Doce Apóstoles” fue puesto en conocimiento del premio nobel de paz, Adolfo Pérez Esquivel, y un equipo de juristas argentinos, que no aflojarán en su empeño humanitario de recurrir a la justicia universal, a los tribunales internacionales, para evitar, tal como lo lograron en el caso argentino, que crímenes de lesa humanidad pasen de agache, protegidos por la impunidad. Tienen en su poder los valiosos testimonios del Mayor de la policía, Juan Carlos Meneses e importantes pruebas fotográficas y de audio, en las que el coronel de la policía, Pedro Manuel Benavides, involucra a los Uribe en la campaña criminal de los “Doce Apóstoles”.
El libro de Olga Behar revive la memoria de una matanza de lesa humanidad que no debe ser olvidada, y es al mismo tiempo un testimonio escrito con tinta indeleble, que no dejará de señalar con el dedo acusador a los Uribe, Álvaro y Santiago.
Colombia, más que ningún país, requiere con urgencia la solidaridad internacional para vencer la impunidad que arropa los terribles crímenes del paramilitarismo de Estado contra una población civil indefensa. Por tanto muerto, tantas viudas, tantos huérfanos, por el despojo y el desplazamiento, deben ser castigados los autores intelectuales de la hecatombe humanitaria que ha herido a Colombia. Políticos como Uribe, generales del ejército, empresarios, ganaderos, capos narco-paramilitares, banqueros lavadores de dinero de los narcos, el gobierno mismo, responsables de estos crímenes contra la humanidad, deben ser conducidos a los tribunales.
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Oficial del Ejército admite cómo participó en 'falsos positivos'
Por: JINETH BEDOYA LIMA | 8:31 p.m. | 02 de Junio del 2012
El mayor (r.) Juan Carlos Rodríguez Agudelo permanece recluido en la penitenciaría La Picota.
Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez habla de los nexos entre algunos oficiales con 'paras'.
En agosto del 2007 quedó al descubierto la más grande infiltración que la mafia le hizo al Ejército, a través del supuesto jefe de seguridad del capo Diego León Montoya, 'Don Diego'.
Las autoridades señalaron como ficha clave al mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, un destacado hombre de las Fuerzas Especiales que salió de la institución en el 2005, pese a que tenía su hoja de vida llena de felicitaciones y condecoraciones. (Siga este enlace para leer: Mayor (r) que burló detención domiciliaria es clave en infiltración de mafias en Fuerzas Militares).
Luego de una intensa persecución, la Policía lo capturó en febrero del 2008, pero siempre se negó a aceptar los delitos que lo incriminaban. Sin embargo, hace dos semanas, le confesó a la Fiscalía una serie de ilícitos que implican a varios integrantes de la Fuerza Pública y que están relacionados con la connivencia con los paramilitares y la ejecución de los llamados 'falsos positivos'.
En entrevista con EL TIEMPO, Rodríguez Agudelo, conocido como 'Zeus', admite cómo pasó de ser un héroe a ser un villano.
¿Cómo un hombre con su perfil de 'tropero' termina así?
El accionar de la guerrilla se incrementó de tal forma que hubo unas alianzas con las autodefensas para que el Ejército pudiera obtener la información y así hacer las operaciones contra las guerrillas. Ese era el sistema de los años 94, 95. Esa alianza no se puede negar y Justicia y Paz la está sacando a flote. En medio de eso, yo me dejé envolver y empecé a tener nexos con las autodefensas desde el año 1999. (Siga este enlace para leer: Piden a la CPI investigar a mandos del Ejército por 'falsos positivos').
¿Eran conductas individuales?
Era algo prácticamente impuesto. Los comandantes de compañía, estoy hablando de capitanes, mayores, tenientes, recibían guías de las autodefensas para ir a hacer operaciones en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá... Era prácticamente impuesta esa alianza entre Ejército y autodefensas. El mal se combatió con un remedio que resultó ser igual de dañino a la enfermedad.
¿Cuándo empezaron las presiones por resultados?
Para explicarlo puedo decir que en el 95 las medallas de orden público las daban con dos muertos; en el 2004, ya era con diez, y uno como militar se sentía orgulloso de lucir medallas de orden público. El sistema me llevó a mantener ese prestigio en el Ejército y cometí errores: ejecuciones extrajudiciales y lo demás.
¿Cómo fue su primer contacto con las autodefensas?
En el Batallón Vargas, en el Meta. El coronel Pérez (comandante del batallón) me llevó a un pueblo que se llama El Dorado y me entregó un guía de las autodefensas, uniformado y con un fusil AK-47, para que hiciera una operación en El Castillo (Meta) para dar de baja al jefe de las milicias. Ahí empezaron mis nexos.
¿Y después?
Luego pasé a una unidad en Puerto Boyacá y ahí también había autodefensas y recibíamos guías que tenían la información sobre Farc y Eln. Como los superiores ya sabían que yo tenía el nexo, me buscaban para decirme que necesitaban resultados, que era buscar positivos y bajas.
¿Cuándo fue la primera vez que lo hizo?
En Puerto Asís (Putumayo) hice el contacto, me entregaron unos sujetos, supuestamente bandidos, y yo se los entregué en esa época al capitán Giraldo, que era compañero mío en la Brigada contra el Narcotráfico.
¿Con quién hizo el contacto?
Con los paramilitares 'Rafa Putumayo', 'Caicedo' y 'Paquita'. Pero hay algo, ahora otros paramilitares están negociando con la información y chantajean a los militares para "no hablar de ellos". A mí 'Tomate' (jefe 'para' de Putumayo) me pidió 500 millones, pero no los tengo. Tengo mi verdad y ya se la di a la Fiscalía.
¿Por qué se dio esa alianza?
No se tenía ni el personal ni el material bélico para enfrentar a la guerrilla.
¿Hubo apoyo en todo el país?
Claro que sí. Es indiscutible y era una orden de comando: patrullaba un 'paraco', un soldado, un 'paraco', un soldado. Si no hubiera sido así, las Farc tendrían el poder en este momento. Se asesinó a mucha gente inocente.
En su caso, ¿cómo recibía las órdenes?
La más común era cuando uno reportaba por el radio: "mi general, tengo dos bajas y tres capturados". Y la respuesta era: "ya mismo le mando el helicóptero con los del CTI para que hagan el levantamiento de las cinco bajas". Era claro que había una orden de que a los tres capturados había que asesinarlos.
¿Qué comandantes daban este tipo de órdenes?
El general Mario Montoya era uno de los que promulgaban eso. Y él sabe que le conozco muchos pecados, pero yo tengo que asegurar mi vida, y así como él hay muchos. Primero, nos pidieron botellas de sangre, y terminamos en carrotanques de sangre. Si usted era un militar que no tenía muertos, estaba por fuera del sistema. Así que el capturado no valía.
¿Les exigían los muertos?
En las relaciones la pregunta era: "coronel, ¿cuántas bajas lleva?". Cinco, mi general. Y le respondían: "¡Bien!" Y usted coronel, ¿cuántas lleva?", "15 mi general". "Bien, ese es el coronel que necesito, siga así". Luego empezaban a ridiculizarlo a uno diciéndole que estuviera pendiente para recibir las marraneras en la escuela de logística.
¿El general Montoya sabía que usted tenía contacto con las autodefensas?
Si, claro. Adentro todo se conoce y se sabe perfectamente de dónde vienen los resultados buenos y malos. Además porque los jefes paramilitares daban el aval para los comandantes en las zonas. Tan sencillo como que la toma a la comuna 13 no hubiera sido posible sin la ayuda de las autodefensas. Eso fue una alianza de 'Don Berna' con el general Montoya para poder hacer la operación Orión.
¿Por qué siempre estuvo en zona de influencia paramilitar?
Me ubicaron estratégicamente en unidades donde pudiera manejar los grupos de autodefensa. Decían que necesitaban un oficial berraco para enfrentar a la guerrilla, pero lo que necesitaban era el puente con los 'paras' porque había otros que no se le medían a eso. Lo que yo estoy contando es una realidad. En muchas zonas entrábamos 500 militares y detrás venían los paramilitares ubicándose en puntos estratégicos.
¿Todos actuaban igual?
Muchas veces a coroneles los relevaron porque no quisieron o porque no tenían bajas. Hay muchos que tomaron el camino correcto y hoy son buenos oficiales. Hubo muchísimas operaciones limpias, pero también hubo operaciones extrajudiciales.
¿Cómo termina trabajando con un capo como 'Don Diego'?
Cuando estaba en Puerto Boyacá me abordó un señor del concejo que trabajaba con las autodefensas y me lo presentó. Diego León Montoya me prometió información para dar de baja a 'Jabón' (Wílber Varela). De ahí en adelante le hicimos varias operaciones, pero a Varela lo protegía la Policía, entonces le bajamos el ritmo. 'Don Diego' tenía simpatía entre las autodefensas y ellas lo cuidaban.
¿Cómo vinculó a otros militares con la red de 'Don Diego'?
Me aprovechaba de los militares, pero no les decía qué hacía o con quién estaba. Prácticamente me volví informante porque entregaba ubicación de la guerrilla y el Ejército daba los golpes. A otros sí les decía que estaba trabajando con 'Don Diego', como el caso del mayor Gil y el sargento Porras. Ahí hay tres homicidios extrajudiciales por los que ellos tienen que responder y la Fiscalía lo sabe. Cuando entré a las filas de 'Don Diego' me enteré de muchas cosas, como que había generales que trabajaban tanto para él, como para Varela.
Entonces, ¿por qué logran capturarlo?
Porque lo entregó un primo, su hombre de confianza. Yo no caí ahí porque a mí me avisaron desde Ejército en un mensaje de texto: "señor, pendiente que aquí hay un alboroto tremendo. Cambie de posición y duerma en carpa". Yo me asusté y le avisé a 'Diego', a 'Capachivo', a la 'Camisa', me escondí y al otro día vino la noticia de su captura.
¿Los 'paras' le pagaron por sus servicios?
Jhon Freddy Bedoya, alias 'Pájaro', me dio una empresa de seguridad por los servicios prestados. Yo los movilizaba o ayudaba para que se pudieran mover sin problema por las carreteras. Así que cuando me voy a retirar en el 2005, les digo que qué me voy a poner a hacer y él me dice que le están vendiendo una empresa de seguridad, que la coja y me ponga a trabajar ahí.
¿La empresa estaba a su nombre?
Buscamos unos testaferros:Francia Gómez, Evelyn Hernández y Martha Gómez y ellas empezaron a manejarla. La empresa la extendimos por todas las zonas donde estaban las autodefensas. Se expandió a La Guajira, Santa Marta, Aguachica, Puerto Boyacá, Caquetá, Putumayo, Nariño. La empresa trabajaba lícitamente, pero nació de recursos de las autodefensas.
¿Qué pasó con esa empresa?
La entregué a la fiscalía el pasado 30 de abril, además de apartamentos y otras propiedades. También le confesé a la Fiscalía otras cosas que hacen parte del proceso, como los negocios del coronel Parra, que compraba armamento para 'Los Machos' (el ejército de 'Don Diego'). Yo le entregué todo eso a la Fiscalía porque entendí en la cárcel que eso era plata mal habida y eso tiene que servir para reparar a las víctimas.
'Muertos fueron la gloria'
'Zeus' dice que aún hay verdades por contar
¿Qué está buscando con la confesión en la Fiscalía?
El perdón de la sociedad. El perdón de mi esposa, Andrea, y de mi hija, Ángeles, por el daño que les he causado, y decirles a los jueces que estoy arrepentido y por eso estoy entregando los bienes que tenía, además de las versiones de los homicidios que cometí, porque esos muertos representaron la gloria para el Ejército y eso está mal. Nosotros perdimos el rumbo y pensamos que, con obtener muertos, fueran inocentes o no, estábamos haciendo mucho y resulta que no. La justicia debe aclarar pronto muchos secretos que no se han contado.
Respuesta de Montoya
'Nunca estuve en una unidad con Rodríguez'
El excomandante del Ejército general (r. ) Mario Montoya Uribe le dijo a EL TIEMPO que en su carrera militar nunca tuvo bajo su mando directo al mayor Juan Carlos Rodríguez ni coincidieron en unidades militares.
"Siempre he estado dispuesto a acudir a la Fiscalía las veces que me ha requerido y esta no será la excepción. Mis actuaciones siempre fueron transparentes", señaló el hombre, recordado por la operación Jaque.
El general Montoya tiene activas nueve investigaciones en la Fiscalía.
JINETH BEDOYA LIMA
Subeditora de Justicia
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Víctimas de masacre de Apartadó pedirán más captura de militares implicados
 Foto: dhcolombia.com
Luego de la declaración del General (r) Ospina, la defensa de las víctimas considera que la Fiscalía puede ordenar más capturas en el caso de la masacre de San José de Apartadó.
Caracol | Mayo 14 de 2013
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La diligencia fue realizada por la Fiscalía desde el Consulado de Colombia en Washington, dado que el General Ospina reside en la capital estadounidense, en donde está vinculado a la Universidad Nacional de Defensa.
Según el abogado de las víctimas, Jorge Molano, con la información obtenida en esta audiencia la Fiscalía debería ordenar la captura de varios militares implicados: los generales Héctor Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata; así como los coroneles Néstor Iván Duque, José Fernando Castro y José Orlando Acosta Cely.
“Después de escuchar al General Ospina, tenemos la certeza de que efectivamente hay una serie de actos irregulares que se hicieron dentro de la Brigada XVII en relación con las coordenadas, uso de guías, y formas en que se ejercieron los mandos que se dieron en el marco de la Operación Fénix”.
Así mismo, la defensa pedirá que la Fiscalía incluya en el proceso al General Mario Montoya, quien oficiaba en esa época como Comandante de Primera División y de la Brigada Caribe. Según Molano, para ellos es claro que “se desplazó hasta la ciudad de Carepa, sede de la Brigada XVII, allí ordenó el desarrollo de la operación en medio de la cual se ejecutó la masacre”.
El abogado Molano le confirmó a Caracol Radio que los últimos detalles de este proceso están siendo socializados en el Departamento de Estado, el Congreso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. |
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Apoyé la reelección de Uribe con propaganda y dinero: Salvatore Mancuso
 FOTO: Cambio
El exjefe paramilitar aseguró que sí se reunió con el expresidente Uribe, pero no ahondó en el tema por temor a las repercusiones contra su familia.
Caracol | Mayo 11 de 2012
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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó, en diálogo con Caracol Radio, que sí se reunió con el expresidente Álvaro Uribe pero es un tema que, según él, “prefiero no abordar”. “Yo entiendo los intereses de saber, pero entiéndame que para mí es complicado contar todo esto por favor entiendan….”, manifestó. El exjefe de las autodefensas advirtió que se le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita, conocido con el alias de ‘comandante Andrés’ para que contratara la logística para trasladar votantes y hacer publicidad a favor de la reelección de Álvaro Uribe en 2006. “Yo a la reelección del presidente Uribe entregué aportes para que el comandante Andrés contratara buses para que hiciera propaganda y trasladara personas para la campaña del presidente Uribe”, explicó Mancuso. El extraditado paramilitar manifestó que pese a sus revelaciones, no puede entregarlas a una autoridad judicial porque “no hay garantías ni seguridades jurídicas” para su familia y sus abogados. Sobre la relación de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, con las Autodefensas, se abstuvo de hacer cualquier pronunciamiento porque considera que lo que diga será tenido en cuenta como una venganza. “Dios santo!! …no quiero referirme a estos temas, nuestras respuesta es considerada como una respuesta de venganza lo haría dentro de las diligencias judiciales”, manifestó. En relación con la supuesta influencia de la empresaria del chance, Enilce López, conocida como ‘La Gata’, descartó que ella hubiese dado la orden para que se realizara la masacre de El Salado. Sostuvo que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y José Miguel Narváez, sí tuvieron relación con las Autodefensas y ellos fueron referenciados ante la justicia por Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso". De otra parte, Mancuso reveló que la exsenadora Piedad Córdoba lo visitó, como a otros paramilitares, ante su preocupación por el futuro de la paz. “La senadora nos ha visitado preocupada por el futuro de la paz del país y los obstáculos en su construcción. Hemos hechos algunos análisis de cuál sería el camino para que estos hechos no se repitan”, comentó. Sostuvo que el compromiso de las Autodefensas es con la verdad, pero cuando hacen revelaciones reciben los efectos adversos. “Nuestro compromiso continúa, sólo pedimos las garantías. Con la ley y como está no hay las herramientas para avanzar dentro de este proceso de paz dentro del componente judicial”, puntualizó el extraditado cabecilla de las AUC.
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Iván Cepeda insistirá en Comisión de Acusación sobre relación Uribe - Santoyo
 Foto: Colprensa
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El representante a la Cámara, Iván Cepeda, apilará la denuncia y rendirá la declaración de ratificación de la denuncia interpuesta en agosto de 2012, ante la Comisión de Acusación de la Cámara, contra el expresidente Álvaro Uribe, por el caso del general Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Cepeda en carta enviada a la Comisión les pide acelerar este proceso y valorar las revelaciones de los medios de comunicación sobre la estrecha relación del cuestionado oficial y el entonces presidente Uribe.
“Por la gravedad de estos hechos, y haciendo uso de mi investidura como congresista, les solicito que, a la mayor brevedad posible, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de representantes inicie las actuaciones a que haya lugar, tendientes a determinar la responsabilidad política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haber mantenido a Santoyo Velasco como jefe de seguridad de la Casa de Nariño mientras era investigado disciplinaria y penalmente por su presunta participación en las interceptaciones ilegales” señala el congresista.
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Parauribismo/
Tomás Uribe, hijo de alias “El número uno de la ‘Casa de Nari’”, agredió al congresista Iván Cepeda
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El representante a la Cámara Iván Cepeda fue agredido verbalmente por Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe informó la agencia Efe.
Cepeda ha sido blanco de arteros ataques por parte del expresidente Álvaro Uribe, alias “El número uno de LA ´Casa de Nari´”, por el hecho de denunciar en varias ocasiones, con pruebas sólidas, las relaciones del exmandatario con la estrategia paramilitar.
Según la información los hechos ocurrieron en el Puente Aéreo de Bogotá cuando el congresista esperaba abordar un vuelo y de repente escuchó que alguien le gritaba “¡mitómano!” y le insultaba en voz alta.
Cuando Cepeda acudió para conocer a su agresor, se encontró con que era Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, nieto de Alberto Uribe Sierra, primo del narcoparamilitar Mario Uribe Escobar, Sobrino de Santiago Uribe, primo de Ana María Uribe Cifuentes, etcétera.
Cepeda lamentó los hechos y le dijo a Efe que “Eso fue una agresión clara. Yo no cruce palabra alguna con él, yo siempre he hecho mis debates públicos, con argumentos y pruebas, me llamó mitómano y me reclamó por las denuncias que hecho contra su padre”. |
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Conozca las macabras confesiones de 'paras' por 'falsos positivos'
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 10:31 p.m. | 11 de Junio del 2012
Fiscalía investiga 1.601 casos de 'falsos positivos' en total. Archivo / CEET
Foto:
Justicia y Paz ha compulsado un centenar de copias para que investiguen alianzas de Auc y militares.
Inhibirse de iniciar proceso penal. Así aparece el expediente en la Justicia Penal Militar por la muerte de Raúl Chogo Estrada, un campesino que fue reportado como muerto en combate con el alias del 'Gringo', en Aguachica (Cesar).
El hecho ocurrió en marzo del 2001, en una operación de hombres del batallón Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña. Y de no ser por las declaraciones de Armando Madarica, alias 'Pica Pica' Whoris Suelta, alias 'Chómpiras' y Francisco Pacheco, 'Negro', -que aseguran haber entregado a la víctima a miembros de esta unidad militar como parte de un acuerdo-, el caso seguiría cerrado.
Ahora, los ex-Auc están a punto de convertirse en los primeros 'paras' en ser sentenciados en Justicia y Paz por un 'falso positivo'. Y las declaraciones por las supuestas alianzas con la Fuerza Pública están en manos de la justicia ordinaria. (Lea también: Oficial del Ejército admite cómo participó en 'falsos positivos').
El caso del 'Gringo' es parte de un centenar de compulsas que ha hecho la Unidad de Justicia y Paz para que se investigue la conexión entre Auc y militares para cometer 'falsos positivos' en el país.
Aunque el récord de confesiones lo tienen Daniel Rendón, 'Don Mario', y Jhon Jairo Hernández, 'Centella', -ambos han confesado más de 80 hechos ocurridos en los Llanos y Cesar-, este tipo de operaciones conjuntas apenas comienzan a descubrirse en otras regiones. Es el caso de Nariño, donde las confesiones de Guillermo Pérez o 'Pablo Sevillano', del bloque Libertadores del Sur, por supuestos nexos con miembros del batallón Boyacá, apenas comienzan a ser investigadas.
Y mientras Justicia y Paz se alista para llevar en los próximos meses un paquete de casos de 'Don Mario' a juicio -46 'falsos positivos' que incluyen a 105 víctimas- la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ya revisa 48 señalamientos de 'paras' a terceros. Todos estos casos son nuevos para la justicia, ya que en la jurisdicción militar no había rastro de irregularidad alguna.
'Escuadrón de la muerte'
En el Magdalena se llamó 'Escuadrón de la Muerte' al grupo de paramilitares que entre el 2000 y 2005, bajo las órdenes de Hernán Giraldo y miembros del batallón Córdova, con sede en Santa Marta, asesinaron a un sinnúmero de personas, que luego fueron entregadas como resultados militares. Según la versión del 'Grillo', hijo de Giraldo, ponían armas a las víctimas, que luego eran presentadas por el Ejército como material de guerra recuperado.
En otra región del país, solo por crímenes cometidos supuestamente para miembros del batallón La Popa, se habla de 39 casos en Justicia y Paz. Según 'Centella', 19 supuestos miembros del Eln, entre los quienes había una mujer que acababa de dar a luz, fueron asesinados en octubre del 2002; no eran guerrilleros sino paramilitares de bajo rendimiento que fueron entregados por las mismas Auc.
Por este y otros 'falsos positivos' es señalado el entonces comandante del batallón, coronel Pluvio Hernán Mejía, quien hoy está en juicio por sus presuntos nexos con los paramilitares.
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Iván Cepeda: “Esta no es una querella personal”
El representante por cuyas denuncias la Fiscalía reabrió investigación contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago, explica en qué consiste ese proceso y habla sobre las acusaciones que a su vez le ha formulado el expresidente.
Por: Cecilia Orozco Tascón
Cecilia Orozco Tascón.- La semana pasada, el expresidente Uribe amplió una denuncia contra usted por presunto abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Usted, a su vez, lo ha denunciado varias veces ¿Cuántos procesos son, de lado y lado, y por cuáles hechos?
Representante Iván Cepeda.- Denuncié penalmente al expresidente Uribe ante la Fiscalía, a su hermano Santiago y a otros de sus socios por homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares, tortura, desaparición forzada, entre otros delitos. De igual forma, lo denuncié ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por persecución política a través del DAS (escándalo de las ‘chuzadas’). Y el expresidente me denunció ante la Corte Suprema (por la condición de congresista) por injuria y calumnia así como por supuesta obstrucción a la justicia.
C.O.T.- Hace dos meses la Fiscalía sorprendió al reabrir una investigación preliminar en contra del expresidente, según informó la prensa pero exactamente ¿Por qué se reabrió el proceso?
R.I.C.- Por la responsabilidad que le pueda caber a los denunciados en la conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe. La investigación la conduce la Fiscalía Delegada ante la Corte contra el expresidente, en su condición de exgobernador de Antioquia. Simultáneamente, un fiscal de la Unidad contra el Terrorismo conduce la investigación contra Santiago Uribe y otros socios comerciales y amigos de ellos. En este último proceso he sido admitido como parte civil. Actualmente se practican una veintena de pruebas ordenadas por la Fiscalía.
C.O.T.- Se ha dicho que dos exparamilitares llamados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, rindieron los testimonios que producen la reapertura de la investigación ¿Quiénes son y por qué conocen esos hechos?
R.I.C.- Ambos fueron miembros del Bloque Metro y narran circunstancias en las que asistieron a actos de apoyo político a Álvaro Uribe, siendo ya paramilitares. Monsalve además creció y se crió en la finca Guacharacas, en calidad de hijo del administrador de la hacienda.
C.O.T.- La justicia requiere de mucho más que de dos testimonios de quienes, al fin de cuentas, están presos por delinquir ¿Hay otros elementos probatorios que apoyen esas versiones?
R.I.C.- En el escrito de reapertura de la investigación, la Fiscalía sostiene que existen otros testimonios rendidos por paramilitares ante la Unidad de Justicia y Paz con señalamientos similares a los de Monsalve y Sierra. Significa que múltiples personas afirman lo mismo. Además hay pruebas documentales y fotografías. Son hechos notorios públicamente. A estas alturas, esa circunstancia no debería extrañar a nadie.
C.O.T.- En la ampliación de denuncia del expresidente contra usted, él se refiere a las visitas a las cárceles que usted ha hecho para entrevistarse con estos desmovilizados y conseguir sus testimonios ¿Cuántas veces ha ingresado a los penales y para qué?
R.I.C.- He realizado múltiples visitas a Monsalve pero no con el fin de conducir o manipular su testimonio. Se realizaron esas visitas con el fin de velar por su seguridad. Juan Monsalve es tal vez el testigo más importante que hay en el país en la actualidad. Su vida es en sí misma una prueba: hijo del administrador de la hacienda de los Uribe Vélez, se convierte en su juventud en uno de los integrantes del Bloque Metro y conoce de cerca la historia de masacres, desapariciones y narcotráfico de ese grupo que, según dice, tuvo su centro de operaciones en esa hacienda.
C.O.T.- El expresidente afirma que usted visitó 21 veces a ese preso ¿Es cierto y para qué fue a verlo tantas veces?
R.I.C.- No las he contado pero insisto en que han estado ligadas a su seguridad. Monsalve ha sido víctima de dos atentados. El primero ocurrió en marzo de 2012 en la cárcel de Cómbita y motivó su traslado inmediato a otra penitenciaría. Yo denuncié esa situación en un debate de control político en la Cámara de Representantes. Hace pocos días, guardianes del Inpec encontraron una sustancia altamente venenosa en la cocina donde Monsalve prepara sus alimentos. Esa cocina es de uso exclusivo de unos pocos prisioneros recluidos en un pabellón de alta seguridad, a la cual se supone que nadie más tiene acceso. El Instituto de Medicina Legal adelanta el estudio de esa sustancia. No es la primera vez que un testigo que formula acusaciones contra Uribe y su entorno, es objeto de atentados.
C.O.T.- Uribe y su abogado (ver parte superior de esta pág.) también aseguran que usted ofreció beneficios judiciales para que estos dos reclusos declararan contra él y que, además, habría dado dinero a cuatro testigos.
R.I.C.- La única autoridad que puede ofrecer beneficios judiciales es quien administra justicia. Yo solo puedo legislar y realizar control político. No tengo chequera y por sustracción de materia me es imposible girar cheques. Pero si la tuviese, jamás la usaría para comprar testigos. No apelo a las ‘chuzadas’, a la falsificación de pruebas o a los falsos positivos. Lo que he hecho es cumplir con mi deber.
C.O.T.- Entonces ¿por qué él afirma eso?
R.I.C.- Uribe quiere hacernos creer que sus acostumbrados montajes y calumnias constituyen un medio de prueba. Recuerde que ese es un método que ha utilizado siempre. Cuando se presentan denuncias e investigaciones que lo comprometen a él o a los suyos, se propone pasar de acusado a acusador bajo el convencimiento de que la mejor defensa es el ataque. Ha aplicado esa táctica en forma sistemática. Le doy ejemplos: el tratamiento dado al ex magistrado Iván Velásquez, a otros magistrados de la Corte Suprema, a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, al Colectivo José Alvear Restrepo, a Daniel Coronell, a León Valencia y a Hollman Morris, entre otros.
C.O.T.- Según el expresidente Uribe usted también habría ofrecido, y lo cito textualmente: “la ubicación del preso y de la familia en otro país y en otra ciudad lo que es claramente una obstrucción a la justicia” ¿Hizo esas ofertas?
R.I.C.- No está dentro de mis posibilidades ofrecer la reubicación de personas fuera del país. Además de defensor de derechos humanos, soy parlamentario y como tal tengo la obligación legal y constitucional de poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. El país sabe que he dedicado todos mis esfuerzos en favor de la verdad, la justicia y la reparación, y, en consecuencia, mal podría auspiciar mecanismos que conllevan a obstruir la administración de justicia.
C.O.T.- El expresidente también señaló que una foto que se exhibe como muestra de que el testigo Monsalve vestía uniforme paramilitar en la finca Guacharacas, era, en realidad, una imagen de él en uniforme oficial de la Brigada de Puerto Berrío. ¿Es posible que hubiera confusión entre una prenda y otra?
R.I.C.- Al parecer el expresidente reconoce que esas fotos fueron tomadas en su hacienda, y las explica con un sofisma. Dice que el traje que usa Monsalve tiene las insignias de la brigada del Ejército de la región. No obstante, se sabe que Monsalve no estuvo en el servicio militar. En el mejor de los casos, la explicación de Uribe significaría que en su propiedad había gente armada ilegalmente, que portaba prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, una práctica usual de los grupos paramilitares.
C.O.T.- ¿Por qué se menciona en la investigación contra los Uribe Vélez una convivir (empresas de vigilancia privada creadas en los 90) que se llamaba El Cóndor?
R.I.C.- Porque el entonces gobernador de Antioquia expidió la resolución No. 42378 autorizando el funcionamiento de esa convivir en la zona donde está ubicada Guacharacas. Y luego se supo que al menos tres de sus miembros -incluido Luis Alberto Villegas Uribe, su director, fundador de un cartel de gasolina y narcotráfico, asesinado en un ajuste de cuentas-, eran paramilitares del Bloque Metro en el municipio de San Roque.
C.O.T.- Con todo respeto por usted y su investidura, no es fácil creer que todo un expresidente de la República, a pesar de su conducta conocida como autoritaria y confrontadora, haya estado involucrado en crímenes ¿Cree tener pruebas suficientes?
R.I.C.- La Fiscalía tomó su tiempo, durante meses, para valorar la multiplicidad de las pruebas que aportamos. La contundencia de las mismas fue lo que permitió que se reabriera la investigación. Pero usted se sorprende por tratarse de quien fuera presidente. Regularmente, los crímenes de lesa humanidad se cometen por llegar a la cumbre del poder y mantenerse en ella. Ese aspecto insoslayable de lo que ha acontecido en Colombia tendrá que reconocerse algún día. En este caso, he presentado múltiples elementos probatorios testimoniales y documentales sobre la presunta relación de los Uribe Vélez con el paramilitarismo. Es la justicia la que debe valorarlos y decidir. No obstante, de su seriedad habla ya el hecho de que se haya reabierto una investigación, no ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino ante la Fiscalía.
C.O.T.- De usted tampoco se puede creer que se haya dedicado a inventar pruebas o pagar testigos, como dicen las denuncias en su contra ¿No es posible que la confrontación política y la guerra mediática, lo hayan obsesionado y lo hagan ver realidades donde no las hay?
R.I.C.- Esta no es una querella personal. Una sociedad es verdaderamente democrática cuando todos, incluyendo a quienes ejercen el poder político en sus más altas esferas, se someten a la ley y, si es el caso, pueden ser llevados ante la justicia. En mis polémicas públicas con el expresidente Uribe y hoy, en los procesos judiciales que se le siguen, esa es mi convicción esencial.
La defensa del expresidente
La hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, en Antioquia, tiene 2 mil hectáreas y perteneció – aunque algunos sostienen que solo fue vendida parcialmente -, a la familia Uribe Vélez. Esa finca, en donde murió Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Uribe, cuando la guerrilla trataba de secuestrarlo, es el escenario en donde se habrían cometido varios crímenes del bloque paramilitar Metro. Según la denuncia, basada, entre otros, en el testimonio del hijo del administrador de la finca, el exmandatario y su hermano Santiago habrían permitido la creación y funcionamiento de ese grupo en sus predios. La defensa de Uribe denunció, entonces, por calumnia, injuria y fraude procesal, al representante Iván Cepeda que logró la reapertura de la investigación en enero. El apoderado del exjefe de Estado, Jaime Granados, sostiene que cuando pudo contrainterrogar al testigo, este admitió que solo había visto a Uribe en actos públicos y que no le constaba que él conociera las acciones del bloque Metro. Según el abogado, el propio padre del testigo afirmó que su hijo nunca fue paramilitar y que él y su familia recibieron durante tres meses cheques por $1 millón 200 mil pesos cada vez, como beneficio por las declaraciones contra los Uribe. La XIV Brigada del Ejército que opera en Puerto Berrío apoya la versión del expresidente.
“He denunciado intimidación, robos y seguimientos”
Cecilia Orozco.- Se sabe que usted ha sido amenazado pero ¿con cuánta frecuencia?
Rep. Iván Cepeda.- Desde que llegué al Congreso he afrontado toda clase de hostigamientos e intentos de intimidación. Además de las amenazas, en algunos momentos casi que semanales, he denunciado robo de documentos de mi oficina y seguimientos contra algunos que trabajan conmigo. Hace poco, recibí información de que un grupo paramilitar habría sido contratado por los Gallón Henao para atentar en mi contra. He puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos. En Colombia, quienes se han atrevido a buscar y a decir la verdad han pagado un alto precio. Sería indigno de mi parte no estar a la altura de ese legado ético. No me dejaré intimidar.
C.O.- ¿Por qué menciona a los Gallón Henao, recordados por estar involucrados en el asesinato del jugador Andrés Escobar?
I.C.- Debe tomarse en cuenta quiénes son los otros protagonistas de la historia de mis denuncias contra los Uribe Vélez: aquellos que fueron sus amigos y socios comerciales. Santiago Gallón Henao, que pertenece a un clan narcotraficante, se acogió a sentencia anticipada en 2010 y reconoció ser paramilitar. Y uno de sus hermanos fue capturado por la DEA como integrante de una red de narcotráfico. Este es otro capítulo de las relaciones de amistad de los Uribe Vélez.
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Santoyo no actuó solo y llegó con su grupo al círculo de confianza de Casa de Nariño: Cepeda
El congresista Iván Cepeda, citante al debate en la Comisión Segunda de Cámara, presentó numerosos documentos que demuestran que el caso del General (r) Mauricio Santoyo no es un hecho aislado de corrupción, sino que hizo parte de una estructura delictiva en la cual estarían implicados 7 oficiales y suboficiales de la Policía, que operó en Antioquia en los años 90, y luego en el Palacio presidencial entre 2002 y 2010.
El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.
Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas.
Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez
El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin.
Carta La Terraza
Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo.
En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"
"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida."
Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno.
Mayor Mario Fernando Herrera Ariza
Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell.
General (R) Jorge Daniel Castro
Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo.
En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.
General (R) Teodoro Campo
En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.
El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña
El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC.
Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso.
"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero".
Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo
La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo.
Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán".
El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'.
Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.
El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo
Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010.
El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica.
En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después.
La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009.
En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo.
Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte.
Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes.
Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río.
El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.
Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas.
Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez
El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin.
Carta La Terraza
Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo.
En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"
"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida."
Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno.
Mayor Mario Fernando Herrera Ariza
Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell.
General (R) Jorge Daniel Castro
Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo.
En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.
General (R) Teodoro Campo
En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.
El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña
El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC.
Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso.
"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero".
Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo
La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo.
Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán".
El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'.
Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.
El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo
Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010.
El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica.
En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después.
La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009.
En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo.
Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte.
Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes.
Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río.
FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA
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Los líos de los candidatos uribistas con los paramilitares ( Tomado de la revista SEMANA )
POLÍTICAFrancisco Santos, Luis A. Ramos y Óscar I. Zuluaga han tenido escándalos por presuntos vínculos con paras.
SEMANA.
Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Tres de los cinco aspirantes del movimiento Centro Democrático, que lidera Álvaro Uribe, y que se enfrentarán en una consulta popular para elegir el candidato presidencial, han tenido escándalos por supuestos vínculos con los paramilitares: el ex vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. En efecto, la justicia tiene abierta una investigación en contra de Santos Calderón por una presunta reunión que se dio en Valledupar entre Pacho Santos, Salvatore Mancuso y Jorge 40, entre otros. Se trata de un proceso que ha dado muchas vueltas en la Fiscalía General de la Nación. En primera instancia fue archivada al no encontrar méritos ni pruebas para señalarlo por esas alianzas. En segunda instancia, el ente acusador e investigador revocó su decisión de archivar la investigación en contra de Santos Calderón. En esta se busca establecer si es cierto que él les dijo a los jefes paras que crearan el Bloque Capital, una estructura criminal para que actuara en Bogotá.  La Fiscalía basó la reapertura del caso en el testimonio del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien reiteró que sí, que Pacho Santos los había instado a conformar un bloque en que se contaría además con el apoyo de las Fuerzas Militares. Ese testimonio fue corroborado por alias ‘Don Berna’, Diego Fernando Murillo, quien en Justicia y Paz dijo que los señalamientos contra el hoy aspirante presidencial eran ciertos. La investigación está en etapa preliminar. Así, el ente acusador tiene que definir si archiva o, por el contrario, empieza un proceso formal en su contra. Pacho Santos ha sido enfático en exigirle a la Fiscalía que actúe a fondo por lo que él considera una “gran mentira” de parte de los paramilitares. Según su testimonio, Mancuso y ‘Don Berna’ usaron semejante acusación en venganza por la dureza que mostró Uribe Vélez, quien al ver que continuaban delinquiendo los extraditó de inmediato. Cumbre en Antioquia
El otro aspirante a la Presidencia que ha tenido dificultades es el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. En la Corte Suprema de Justicia cursa una investigación preliminar en su contra por nexos con grupos paramilitares del oriente antioqueño. La investigación data de febrero del 2011. Según declararon en versiones oficiales algunos desmovilizados, ellos dicen haberse reunido con sus comandantes y el exgobernador para manifestarse un apoyo mutuo. La acusación se extiende a varios políticos de Antioquia. La Sala Penal de la Corte condenó recientemente al excongresista Óscar Suárez Mira a nueve años de cárcel al establecer que el congresista se habría reunido en el 2005 con algunos paramilitares para concertar alianzas y beneficios al parecer de la Ley de justicia y paz. En otro proceso, la Corte Suprema señala que hubo una reunión en Bello donde participaron, según la versión de los desmovilizados, Luis Alfredo Ramos, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Arboleda, “para concertar los beneficios”. Sin embargo, Ramos es categórico en negar cualquier tipo de nexos con esas organizaciones criminales de extrema derecha que durante años cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y masacres, entre otros delitos, a lo largo y ancho del país. En declaración a Noticias RCN, dijo: “Eso no es cierto, yo no hice parte de esa reunión. Sí tuve una reunión con voceros de los grupos desmovilizados en la que me limité a escuchar las preocupaciones del vocero de esos grupos y le manifesté que debían someterse a la justicia y no me adentré en ese tema”. En otra entrevista, con Blu Radio, el precandidato a la Presidencia admitió que sostuvo un encuentro en Bello (Antioquia) con Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, afirmó que se reunión se dio cuando ejercía como senador y porque ‘Báez’ ejercía en ese momento de vocero de los desmovilizados, dentro del marco del proceso que se realizó en el segundo semestre del 2004. Según su versión, durante la charla, el paramilitar ‘Ernesto Báez’ le expresó su preocupación por el futuro de los desmovilizados, que para ese entonces se sometían a la Ley de Justicia y Paz en un proceso de reinserción impulsado por el gobierno de Uribe Vélez. El exmandatario de Antioquia reconoció que en dicho encuentro estuvo Albeiro Quintero, alias ‘Patrón de Bello’, exgerente de la empresa Bellanita de Transportes y quien hoy está capturado y sindicado de financiar los grupos paramilitares. “En ese momento no me dio mala espina, estaba ejerciendo mi función como parlamentario y mi única intervención fue escuchar”, dijo en su defensa Ramos. Una foto incomodaEl tercer aspirante del uribismo que tenido escándalos por supuestos nexos con los paras es el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. En abril del 2007 la revista Cromos publicó un amplio reportaje con Maribel Galvis, en su momento la única mujer investigada formalmente como miembro de los grupos paramilitares. Como dirigente del Movimiento del Pueblo, ella apoyó varias campañas políticas de La Dorada, entre ellas la del entonces exministro de Uribe.  En esta foto, tomada en el 2003, se ve al exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, junto con Maribel Galvis (camiseta verde, a la derecha del exfuncionario) durante un acto político en La Dorada, Caldas. (Foto: Cortesía revista CROMOS)Según la explicación de Maribel Galvis, ella brindaba su apoyo a las personas que compartieran su ideario político. Por eso, estuvo en gira con Zuluaga y la excongresista Adriana Gutiérrez. Ese apoyo quedó plasmado en una serie de fotografías que Cromos divulgó. Ante la publicación, Zuluaga reaccionó y explicó que la fotografía corresponde al año 2003. En esta, aparece Maribel Galvis como candidata al Concejo del municipio de La Dorada, en una manifestación pública con Zuluaga, quien para ese entonces era senador de la República por el movimiento Nuevo Partido. Ambos están con los brazos levantados y las manos tomadas. Según Zuluaga, fue un hecho lamentable cuando después vio que esta mujer de 30 años apareció en las filas de los desmovilizados de ‘Ramón Isaza’ y su bloque de autodefensas del Magdalena Medio. Insistió, sin embargo, en que para el momento de la instantánea él no tenía ni idea de la militancia de ella en ese grupo armado ilegal. Esta fue la segunda ocasión en la que Zuluaga tuvo que defenderse por nexos con los paras. Un estudio de la Fundación Nuevo Arco Iris sobre las alianzas político-paramilitares para las elecciones legislativas, también lo vinculó. Según el análisis (dirigido por el analista León Valencia), se demostró que el exministro había sido elegido senador en el 2002 por el Movimiento Convergencia Popular Cívica, junto con Carlos Clavijo y Rocío Arias, y que Zuluaga había obtenido votaciones en zonas de Caldas donde se había presentado una importante expansión del paramilitarismo. Rocío Arias fue una de las mujeres que llevaron a Ernesto Báez, Ramón Isaza y Salvatore Mancuso para que hablaran en el Congreso de la República. Ella estuvo condenada por vínculos con los paramilitares y en su momento dijo que la dejaron sola. Los otros dos de los cinco aspirantes por el uribismo a la consulta popular son Carlos Holmes Trujillo y Juan Carlos Vélez.
N. de R. Semana.com informa que en este artículo periodístico se omitió una información relevante en el caso citado sobre el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, en el cual ya hay decisiones judiciales de la Fiscalía y la Procuraduría. El ente acusador decidió "inhibirse de abrir investigación en contra" de Zuluaga, mientras el Ministerio Público determinó "decretar el archivo de la actuación adelantada en contra" del precandidato presidencial. |
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“El ex Presidente no sólo orquestó una persecución abierta en mi contra a través del DAS, sino que nombró como director de esta institución a José Miguel Narváez, investigado por su relación con los grupos paramilitares y por su responsabilidad en los asesinatos de mi padre, Manuel Cepeda, y de Jaime Garzón, quienes fueron fuertes críticos suyos”, dijo el congresista Ivan Cepeda .- |
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Yidispolítica
Continúa la declaración de Yidis Medina en proceso contra exministros
La excongresista ratificó sus declaraciones sobre prebendas y ofrecimientos para cambiar su voto a favor del proyecto releccionsita.
Por: Elespectador.com
Foto: / Herminso Ruiz - El Espectador
Este lunes, la excongresista Yidis Medina continuará entregando su declaración ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se le adelanta exministros de Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega por su presunta participación en la llamada ‘Yidispolítica’.
En la diligencia judicial el exministro del Interior y de Justicia y su defensa interrogarán a la exrepresentante a la Cámara, quien ha denunciado que recibió prebendas y ofrecimientos para cambiar su voto en el proyecto que cursaba en el Congreso de la República para abrirle la puerta a la figura de la reelección presidencial.
En la audiencia celebrada el pasado miércoles, Medina ratificó sus acusaciones en contra de los dos exministros indicando que en repetidas oportunidades la buscaron para que votara favorablemente este proyecto “y a cambio me entregaban todo lo que yo quisiera en Barrancabermeja”. (Ver Yidis Medina ratifica que recibió ofrecimientos para cambiar su voto a favor de reelección)
"Me persuadieron, casi me obligaron, me decían que era un favor que le debía hacer al presidente (Álvaro Uribe). Yo ya lo acepte, y lo pagué. ¿Pero entonces qué, el cohecho lo hice yo sola?", señaló Medina ante las preguntas del procurador del caso, en las que además aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de los órganos del Estado después de hacer sus denuncias.
En el caso del exministro de Protección Social, Yidis Medina manifestó que él le ofreció altos cargos en el Hospital de Barrancabermeja para personas cercanas a ella. (Ver Acusaciones de Yidis Medina tienen un "contenido político": Diego Palacio)
Señaló además al entonces secretario General de Presidencia, Alberto Velásquez de facilitar las reuniones con los ministros y de conocer todas las irregularidades que se estaban generando frente a este proyecto.
Por: Elespectador.com
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Yidis: “Entregaron notarías por orden de Uribe”
PROCESOAnte la Corte Suprema, la excongresista declaró que Sabas Pretelt seguía órdenes del entonces presidente.
Foto: Daniel Reina / SEMANA
Yidis Medina sigue a la ofensiva. La excongresista, tras haber sido condenada a 32 años de cárcel y estado casi un lustro tras las rejas, recientemente fue declarada inocente y denunció haber sido víctima de un complot. Ahora, ante la Corte Suprema de Justicia, Yidis tiene su cuarto de hora en el proceso que se le sigue al exministro Sabas Pretelt de la Vega y ha aprovechado para hacer fuertes señalamientos contra varios exfuncionarios del gobierno Uribe.
En un nuevo episodio que se escenificó en la sala de audiencias del alto tribunal, Medina aseguró que el Pretelt, entonces titular de la cartera del Interior, tenía pleno conocimiento de las prebendas que le ofrecieron para votar a favor el proyecto que terminaría por abrir las puertas de la relección al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. La exrepresentante a la Cámara indicó que fue Uribe quien dio las órdenes y Pretelt las ejecutó. Es decir, fue el expresidente el que planeó el cronograma de entrega de notarías a los congresistas para que votaran a favor la reelección. “En el contexto, el presidente dio las ordenes y usted las cumplió con lo que tiene que ver con las notarías, con lo de Cesar Guzmán, se hicieron todos los trámites al interior de su oficina con el doctor Hernando Angarita”, declaró Medina ante la Corte. Aseguró que sostuvo una reunión con el entonces jefe de Estado, quien le dijo que “todo lo de Barrancabermeja” iba a ser de ella si votaba por el sí. “Me llamaron las secretarias de él, funcionarios del Gobierno, Yidis Medina haga patria y todo lo que haya en Barrancabermeja e incluso que lo tenga Horacio Serpa se lo vamos a quitar y se lo damos a usted”, agregó. Las primeras acusaciones
Previamente, Medina había asegurado que sí se reunió en varias ocasiones con el exministro de Protección Social, Diego Palacio momentos antes de votarse el proyecto reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Sostuvo que Palacio le dijo, en su momento, que Uribe le había dado instrucciones de ayudarla en todo porque ella iba a votar a favor. “Usted estuvo en el recinto, solo fue un saludo. Y en el Palacio de Nariño (sic), cuando se estaba organizando para que yo votara la reelección, usted también estuvo allá. Le dieron instrucciones (de parte de) el señor presidente Álvaro Uribe de que había que ayudarme en todo lo que existía en Barrancabermeja que fuera del Gobierno Nacional”, precisó Medina. Por lo que la excongresista afirmó que si hubo reuniones con el exfuncionario para hablar sobre los nombramientos a cambio de su voto. “Telefónicamente usted me dijo ‘Yidis, por favor, haga patria, ayude a que este proyecto salga adelante yo le colaboraré, ya tengo instrucciones del mismo presidente de la República, con puestos de los que haya en Barrancabermeja que le competan al Gobierno Nacional’”, aseguró. Medina manifestó que ella no se ha contradicho en sus declaraciones y se ratifica en que el gobierno de Álvaro Uribe hizo los ofrecimientos. |
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