Hay suficientes evidencias de vínculos de Uribe con el paramilitarismo: Polo
COLPRENSA | BOGOTÁ, COLOMBIA | Publicado el 14 de mayo de 2012 - 4:55 p.m.
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Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático.
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El Polo Democrático Alternativo dijo este lunes que hay pruebas y evidencias suficientes que implican al expresidente Álvaro Uribe Vélez y funcionarios de su gobierno con las autodefensas, sin necesidad de lasdeclaraciones dadas por Salvatore Mancuso la semana pasada.
Según la presidenta del Polo, para nadie es un secreto que cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia auspició la conformación de las bandas paramilitares conocidas como Convivir para combatir la guerrilla, lo cual terminó convirtiéndose en una justificación para cometer graves delitos de lesa humanidad.
“La ilegalidad jamás se puede combatir con ilegalidad”, enfatizó la dirigente política.
López Obregón reiteró que si bien hay elementos probatorios que vinculan a Uribe Vélez y varios de sus colaboradores con las bandas de autodefensas, ahora lo que falta es la comprobación judicial y los fallos en consecuencia.
La presidenta del Polo señaló además que su colectividad no cesará en su exigencia de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas del paramilitarismo.
“Este fenómeno del auge paramilitar y su penetración en diversos sectores económicos, políticos y sociales del país y que se enmarca dentro del conflicto interno colombiano debe dar pie para reflexionar en la conveniencia de un proceso serio de negociación que necesariamente tiene que terminar con condiciones serias de justicia transicional”, afirmó López Obregón
Así mismo, la directora del Polo aseguró que se opone a “que ahora se aproveche que estamos buscando un marco jurídico para encontrar la paz con los grupos alzados en armas, para generar unas amnistías generales a la fuerza publica por los falsos positivos y a los paramilitares por todos las graves violaciones a los derechos humanos y crimines de lesa humanidad para los cuales se les saco una ley particular que no ha tenido ningún efecto”.
La versión de Mancuso
El excomandante paramilitar dijo que en 2006 colaboró y apoyó con publicidad y dinero la reelección de Álvaro Uribe Vélez, en diferentes regiones del país.
"Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dineros que se le entregó al comandante Andrés para que contratara buses, hiciera propaganda, para la alimentación y todo este tipo de cosas", precisó en la entrevista con la alianza Caracol Radio.
Al ser precisado, el confeso dirigente paramilitar excomandante del bloque Catatumbo de las AUC no reveló detalles sobre el asunto, aunque aseguró que se reunió en diversas oportunidades con el exmandatario.
"Prefiero guardar silencio", insistió el procesado, quien se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos, tras a firmar que siente temor por la seguridad de su familia.
El excomandante paramilitar, indicó que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvo detrás de un plan de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia con el fin de eliminarla.
Esta foto de Juan Guillemo Monsalve, supuestamente en predios de la hacienda Guacharaca, es analizada por la Fiscalía. El 'para' entregó la imagen para reforzar su versión.
Uno de ellos tiene condenas por más de 40 años. Los dos han buscado cupo en Justicia y Paz.
Una investigación preliminar contra Álvaro Uribe Vélez que la Fiscalía había cerrado hace 12 años, antes de que fuera Presidente de Colombia, revivió esta semana por cuenta de las declaraciones de dos ‘paras’ que están presos y que, según la defensa del exmandatario, estarían mintiendo para buscar un cupo en Justicia y Paz.
Esta semana, un fiscal delegado ante la Corte ordenó 21 pruebas en ese expediente, para determinar si lo que le dijeron alias ‘Pedro Guerrero’ y alias ‘Guacharaco’ al congresista Iván Cepeda sobre el origen de un grupo de autodefensas del nordeste antioqueño tiene sustento. Ellos afirman que Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia (entre 1995 y 1997), patrocinó la creación de la Convivir ‘Cóndor’, de la que supuestamente surgiría después el bloque ‘Metro’ de las Autodefensas. (Lea: Álvaro Uribe responde tras reapertura de investigación en su contra).
A través de su Twitter, el exmandatario habló de “infamias de criminales presos” en su contra. Y su abogado, Jaime Granados, sostiene que la decisión del fiscal de reabrir el proceso –que es preliminar y, por lo tanto, no vincula formalmente a ninguna persona– es “inaudita y sospechosa” porque “dos testigos presos, con los peores antecedentes y condenados a penas que superan los 25 años por crímenes atroces no pueden resultar confiables para la justicia”.
‘Guerrero’, cuyo verdadero nombre es Pablo Hernán Sierra García, fue jefe del frente ‘Cacique Pipintá’ de las Auc. Está preso en la cárcel de Itagüí. Tiene tres condenas que suman 40 años: por el homicidio de cuatro líderes indígenas en Riosucio (Caldas), intento de homicidio y concierto para delinquir.
Ante Justicia y Paz, el ‘para’ había dicho que el bloque Metro tuvo su primera base en la hacienda Las Guacharacas, que era propiedad de la familia Uribe Vélez, entre los municipios de San Roque y Yolombó, y declaró también en la Comisión de Acusación de la Cámara. Uribe lo denunció por injuria y calumnia en el 2011.
‘Guerrero’ sostiene que el origen del grupo, entre 1995 y 1996, fue el robo de 600 cabezas de ganado de los Uribe y dice que los guerrilleros del Eln que robaron las reses y los ocho comerciantes que las compraron fueron asesinados por los ‘paras’.
La Fiscalía revisa los expedientes del robo de ganado y de las masacres cometidas por las Auc en esa zona y está cruzando datos con declaraciones dadas en Justicia y Paz sobre los orígenes del bloque ‘Metro’.
Contra la credibilidad de ‘Guerrero’, además de su prontuario, juega el hecho de que incumplió, en el 2005, la cita para su desmovilización y dos centenares de sus hombres en medio del proceso de paz. Fue capturado en el 2007 –en el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe– y por lo tanto perdió la posibilidad de la pena máxima de ocho años en Justicia y Paz.
El otro ex-Auc que ha hablado del caso es Juan Guillermo Monsalve, alias ‘Guacharaco’, desmovilizado del bloque Central Bolívar, pero quien no fue postulado a Justicia y Paz. Él asegura ser hijo del mayordomo de la hacienda de los Uribe. Está preso en Cómbita, pagando condena por concierto para delinquir. En la declaración que dio a Iván Cepeda, que ratificó ante la Fiscalía, confesó que participó en una de las cinco masacres que hubo en la zona entre 1995 y 1996 y que dejaron 27 muertos.
‘Guacharaco’ dice que tenía 8 años cuando llegó a la hacienda con su familia, en 1986, y que su papá estuvo de acuerdo en que integrara el grupo paramilitar que supuestamente conformaron los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez y sus socios en Guacharacas. Coincide con ‘Guerrero’ en que el origen del grupo ilegal fue golpear al Eln.
El abogado Granados sostiene que Monsalve miente y que cuando su padre fue mayordomo ya el expresidente no tenía relación con la hacienda.
Los argumentos de la Corte contra Mario Uribe Escobar
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Mario Uribe fue condenado a más de siete años de cárcel.
JUSTICIALa Corte no le dio tanta importancia a los resultados electorales del primo del expresidente Uribe, como sí a los testimonios de Mancuso, jefe paramilitar, y los excongresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda.
Lunes 21 Febrero 2011
Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a siete años y seis meses de cárcel y a pagar 3.481 millones de pesos.
Según el Código Penal, “el delito de concierto para delinquir es cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos”.
Este lunes, la Corte Suprema dio a conocer la sentencia, después de varios meses de proceso judicial que no estuvo exento de polémicas. Como cuando Uribe Escobar pidió asilo a la embajada de Costa Rica en abril de 2008, o un año después, en septiembre, cuando el Alto Tribunal decidió retomar todos los casos de congresistas que habían renunciado a su fuero para ser juzgados por la justicia ordinaria.
El fallo de la Corte, que no tiene recurso de apelación, comienza explicando los hechos.
Como en otras jurisprudencias, hace una síntesis sobre la actividad delincuencial del paramilitarismo, definido como “aparatos organizados de poder”, “bajo la siempre inconcebible pretensión de imponer el “orden” y confrontar militarmente expresiones políticas contrarias a su ideario”.
Esas organizaciones, recuerda la Corte, además “decidieron influir en la conformación del poder político, no por supuesto a través de los conductos democráticos, sino mediante la afirmación ilegítima de los llamados “Estados liberados”. Aduce la Corte que no contentos con el control local que llegaron a detentar, “las autodefensas diseñaron un plan de expansión que les permitiera elegir voceros nacionales a través de aliados que o llegarían al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a sus propósitos”.
En la primera parte de la sentencia, la Corte expone los argumentos de los intervinientes en el proceso. Tal y como lo anunció la Procuraduría, este organismo pidió la absolución de Uribe Escobar por considerar que la base de la acusación, el testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, carecía de fundamento.
Otro de los argumentos de la Procuraduría consignados en la sentencia fue que el aumento de la votación de Uribe Escobar en las elecciones al Congreso en 2002 puede tener muchas explicaciones, “y no exclusiva y únicamente la intervención paramilitar, como se pretende decir”.
La sentencia recoge los argumentos con los que Uribe Escobar enfrentó la acusación. Dijo, por ejemplo, que el testimonio de Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a los Estados Unidos, era de un “psicópata” y que la mentira era “rasgo distintivo de todas sus manifestaciones”.
Mancuso, en una diligencia celebrada el año pasado, aseguró categóricamente que la orden a los paramilitares que tenían asegurados varios municipios de Córdoba fue votar por Uribe Escobar.
No obstante, el excongresista alegó que Mancuso no recordaba datos como fechas y lugares. También insistió en que sus votos en 2002 (111.635) se debieron, entre otras cosas, al “viento de cola” (impulso) que tuvo la campaña de Álvaro Uribe a la Presidencia, con la bandera de la seguridad.
La defensa de Uribe Escobar destacó “que la declaración de Salvatore Mancuso es un conjunto de contradicciones y de remisiones a terceros, del que lo único que se puede establecer con alguna coherencia es que una sola vez se reunió con el doctor Mario Uribe Escobar, muy posiblemente después de las elecciones de 2002”.
La Corte, por su parte, ratificó su competencia para juzgar a congresistas o excongresistas cuando sus delitos son cometidos en el ejercicio de sus funciones. Reafirmó que “el fuero no depende de la comisión de un delito “propio”, sino de la necesaria perturbación de la función institucional”.
La Corte Suprema recuerda cómo se diseñó la calificación de “agravado” para el concierto para delinquir en el Código Penal. Dice que esta categoría de delitos se definió para sancionar el acuerdo para “promover, financiar, armar u organizar grupos armados al margen de la ley”.
En criterio de la Corte, el aporte del “político” a la causa paramilitar, cuando pone la función púbica a su servicio, no solamente es una “disfunción institucional”, sino que es un incremento del riesgo contra la seguridad pública. Por esta razón, argumenta, su valoración no versó sobre la posible afectación de los mecanismos de participación democrática, sino sobre la alianza entre política y los grupos ilegales.
“La demostración del concierto para delinquir como acuerdo para promover a un grupo ilegal, no se puede reducir al análisis aislado de cifras electorales o conformarse con datos de esos guarismos”, dice la sentencia.
La Corte aduce, por ejemplo, que en el municipio de Motelíbano, en donde aumentó considerablemente la votación por Uribe Escobar, en 2002, no era necesario que el paramilitarismo ejerciera pleno control para influir en las elecciones. ¿La razón? La influencia electoral la podía ejercer a través de actores en “apariencia legales”.
En ese municipio Uribe Escobar obtuvo 8 votos, en 1998, y 4.087 en el 2002. En el 2006, bajó a 13.
La Corte da cuenta de la mediación que hizo Eleonora Pineda, excongresista condenada por su relación con el paramilitarismo, entre Mancuso y Mario Uribe. Recuerda testimonios de 2007 en los que Mancuso cuenta que Pineda y Uribe Escobar hicieron un acuerdo político, y que el jefe paramilitar le pidió a ella, abiertamente declarada una política al servicio del grupo ilegal, que se lo presentara personalmente.
La Corte indicó que ese acuerdo político no fue menor. Dice los “acuerdos no son una invención de última hora, sino la consecuencia de condiciones históricas que tuvieron a Eleonora Pineda, Salvatore Mancuso y Mario Uribe como protagonistas”.
La nuez de la sentencia de la Corte está en la siguiente declaración: “Bajo tales reflexiones, el análisis conjunto de la prueba permite concluir que las declaraciones de Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda, apreciadas históricamente, permiten asumir que Mario Uribe Escobar sí hizo pactos con la organización armada al margen de la ley”.
En otras palabras, la situación de Córdoba, el auge de los grupos paramilitares en la región y otros aspectos de contexto no pueden mirarse por separado.
Al final concluye: “la Sala tiene la certeza de que el doctor Mario Uribe Escobar se concertó con un grupo armado al margen de la ley y que no recibió apoyos sin contraprestación, como lo sostiene el señor Procurador”, dice la sentencia.
El alto tribunal afirma que “el concierto como delito de mera conducta y de peligro que es, surge del acuerdo y no de acciones concretas”. “Basta ese mínimo desvalor de peligro contra la seguridad pública que nace de la potencialidad de promover al grupo ilegal”, agrega.
De esta manera, la Corte cerró un capítulo que por momentos enfrentó al expresidente Uribe con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, en una entrevista con SEMANA, a mediados de octubre del año pasado, Mario Uribe aseguró que el exmandatario lo había dejado sólo. Hasta última hora de este lunes el expresidente no se había referido al tema de su primo.
En abril de 2009, apenas unos meses después de su posesión como procurador general, Alejandro Ordóñez anunció la formulación de pliego de cargos contra el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por las vergonzosas reuniones que él y el secretario de prensa de la época adelantaron con dos emisarios de los narcoparamilitares en la profanada Casa de Nariño ¿El objeto de las citas? La historia ha respondido: conspirar contra el alto tribunal que adelantaba las investigaciones por las relaciones de los políticos aliados del jefe de Estado con la mafia a la que pertenecían los interlocutores de dichos funcionarios. A pesar de que en ningún país serio el Gobierno hubiera resistido semejante escándalo, aquí no pasó nada fuera de unos titulares de prensa, las críticas de unos columnistas y las protestas de una oposición disminuida. Entonces los colombianos del común no conocían la enorme capacidad de manipular los argumentos jurídicos que posee Ordóñez y que él utiliza según le convenga a sus intereses.
Por eso le creyeron cuando en el pliego de cargos sostuvo que “Del Castillo hizo caso omiso del imperativo deber legal de formular de manera inmediata la denuncia” sobre las informaciones que los delincuentes le habían entregado acerca de un supuesto complot que la Corte Suprema prepararía contra el presidente. Pero desde ese momento, Ordóñez ya sabía de qué lado estaba. Apenas tres meses después exoneró de toda responsabilidad a Del Castillo, a pesar de que la nación entera ya conocía que el producto de esas reuniones no era lo fundamental del proceso; que lo sustancial era el verdadero complot, el de la Presidencia contra la Corte, develado en buena parte con el descubrimiento del operativo de seguimientos, montajes contra la honra personal, interceptaciones e ingresos a las cuentas bancarias que la oficina de seguridad del propio presidente, el DAS, había desplegado contra los magistrados que se negaban a inclinarse ante el régimen.
No obstante, el sabihondo del derecho se niega a mirar el bosque porque, si lo examinara, la confirmación de su decisión de absolver a Del Castillo, tomada hace poco y mantenida en reserva mientras se decidía su reelección en el Senado, se reduciría a una dimensión tan ridícula como la de esta frase, contradictoria con la del pliego de cargos: “… para… los servidores públicos, la obligación de denunciar surge, no para cualquier delito, sino para aquellos que deba investigarse de oficio”. De ahora en adelante cualquier funcionario podrá sostener que no comunicó actos delictivos porque juzgó que no lo eran. ¡Magnífica tesis!
Pero eso, como digo, no es lo esencial. Lo es, sí, que el señor Ordóñez, con el fin de cumplir con su propósito de liberar de culpa a Del Castillo, “olvidó” convenientemente o no hizo allegar al proceso, como era su obligación, las pruebas, declaraciones judiciales y confesiones de los siguientes condenados por el mismo hecho y otros conexos al que produjo la “inocencia” de su protegido: Marta Leal, subdirectora del DAS, protagonista de la persecución a la Corte y de los encuentros del secretario jurídico con alias Job (el que llamó a la sede de gobierno “Casa de Nari”); Fernando Tabares, jefe de Leal en el DAS, quien además señaló a Bernardo Moreno, compañero de Del Castillo, como líder visible del grupo que seguía a la Corte; Jorge Alberto Lagos, de Contrainteligencia; Don Berna, jefe de alias Job, quien, por cierto, fue asesinado tres meses después de sus visitas a “Nari”, y El Tuso Sierra, amigo de negocios de Mario y Santiago Uribe, primo y hermano presidenciales, entre otros. De acuerdo con la hermosa teoría de la escuela ordoñista, nada de lo anterior era indicio de falta gravísima del secretario jurídico. Que así quede establecido en su era. Ya veremos cuando pase, como pasó la de Uribe.
Víctima recuerda la 'Operación Génesis', por la que Estado podría ser condenado este lunes en CIDH.
El sol resplandecía en el caserío de Bijao, en el municipio de Río Sucio (Chocó), ese fatal 25 de febrero de 1997. Las mujeres lavaban ropa a la orilla del río Cacarica y los niños jugaban con botellas plásticas dentro del agua cuando, a la 1:10 de la tarde, se escuchó el primer disparo y todos salieron corriendo.
La historia la cuenta Bernardo, que prefiere no mencionar sus apellidos, porque teme que le nieguen la visa: espera viajar hoy a Costa Rica para atestiguar este lunes, en nombre de las víctimas, en el proceso Marino López y otros-Operación Génesis, por el que Colombia podría ser condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Lea: Ante Corte Interamericana, Estado negará alianza Auc-Ejército en Urabá).
“Dos días después, yo estaba amarrado a un árbol, de espalda, con los brazos hacia atrás... Enfrente mío descuartizaron a Marino y luego presencié cómo jugaban fútbol con su cabeza”. Así recuerda Bernardo la escena más atroz del delito de lesa humanidad que juzga ese alto tribunal.
Bernardo, que llegó a Bogotá el jueves, procedente de una zona humanitaria en Cacarica, tiene miedo, pero está dispuesto a superarlo con tal de contarle al mundo lo que vio. Su temor no es infundado: en la zona donde vive, junto con buena parte de los 4.000 desplazados que dejó el ataque, han sido asesinadas 99 personas y se han reportado nuevas amenazas y presencia de hombres armados en los últimos días.
“Espérate sigo con la historia –dice con un marcado acento monteriano–. El caserío estaba medio deshabitado, porque mucha gente se había marchado por el anuncio, un día antes, de que llegaban los ‘paras’. El primer disparo se escuchó a la 1:10 p.m. (reitera) y la mayoría de gente logró salir corriendo para el monte. Lanzaban granadas contra los techos de las casas y contra las puertas, y el miedo a las balas nos hizo devolver a los que estábamos corriendo. Rápido acordonaron el caserío y cuando la ‘plomera’ terminó, nos obligaron a irnos a la escuela, para una reunión; mientras unos estaban allá, otros saqueaban el pueblo. El río se llenó de televisores, máquinas de coser y enseres que tiraban los paramilitares. Lo que no se robaban lo destruían, mientras gritaban frases contra la guerrilla. Yo estaba confundido porque, aunque todos tenían insignias de las Auc, a algunos se les corría y se podía leer Infantería de Marina, Brigada 17. Esa incursión tomó una hora y media y la comandó en Bijao un ‘para’ que se hacía llamar Richard”.
Después del horror, Bernardo se refugió, junto con 700 familias, en el coliseo de Río Sucio (otros se fueron para Turbo), donde vivió tres años.
“Aunque era común ver en el pueblo a algunos ‘paras’, no había vuelto a ver a Richard. Pero un día cualquiera, jugando dominó cerca del coliseo, con Asprilla –un soldado de la Brigada del que me había hecho amigo–, lo veo venir. Yo iba a salir corriendo, sin decirle una palabra, y cuando me iba a parar Asprilla me miró y me dijo: ‘No te muevas, que no te va a pasar nada’. Richard llegó, le dio la mano a Asprilla, se sentó, se comió un pescado y se fue”.
“Cuando se fue, le pregunté: ‘¿Cómo? ¿Tú conoces a este tipo? Ese fue el que me amarró y el que mató a Marino’, y el soldado me respondió: ‘Si serás bobo... ¿Recuerdas el primer disparo en Bijao? Lo hice yo, para avisarles. Agradézcanme, porque si no habrían matado unos 40 o 50 ese día’. Luego me contó que en el pueblo vivía una tía suya y que por eso lanzó el aviso”.
Colombia dice que en Urabá no hubo alianzas con las Auc
La defensa de Colombia argumentará que Génesis fue una acción legítima y que en Urabá el Ejército no tuvo alianzas con paramilitares. Igualmente, enfatizará en que la condena contra el general Rito Alejo del Río fue apelada y está pendiente de un juez de segunda instancia, por lo que aún “no hay verdad definitiva”. Este lunes, el Estado cuestionará las versiones de ‘exparas’, que considera, no han sido comprobadas.
Reabren investigación contra Uribe por presunto paramilitarismo Por: Camilo Raigozo
La Fiscalía reabrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe, alias “El número uno de la ‘Casa de Nari’”, por la existencia de nuevos testimonios que lo involucran con la estrategia paramilitar cuando fue gobernador de Antioquia.
Como era de esperarse la defensa del presunto bandido dijo estar sorprendida por la determinación de la Fiscalía y aseveró que era absurdo pensar que Uribe promovió la delincuencia, según la prensa capitalina.
El año pasado el congresista Iván Cepeda obtuvo denuncias de los paramilitares desmovilizados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, en los que relataron cómo el entonces gobernador Uribe apoyó la creación del Bloque Metro de los paramilitares en Antioquia.
Esta es la primera vez que la justicia ordinaria abre una investigación contra el presunto bandido Álvaro Uribe, por delitos que están relacionados con crímenes e incluso con varias masacres en Antioquia.
La reapertura de la investigación puso a “trinar” a Uribe y a su abogado, Jaime Granados, vía twitter.
El primero trinó con desespero que las declaraciones de los dos paramilitares eran “infamias de presos manipulados” , mientras que Granados respondió que las declaraciones de Sierra y Monsalve son "temerarios relatos" aparentemente promovidos "por otras personas con oscuros intereses".
El representante a la Cámara Iván Cepeda ya había instaurado denuncias contra Uribe por las chuzadas del DAS para espiar a magistrados, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores políticos al régimen, entre otras víctimas.
Otras personas muy cercanas a alias “el número uno de la ‘Casa de Nari’”, han sido encarceladas por paramilitarismo, como su primo Mario Uribe, su jefe de seguridad, el narcoparamilitar Mauricio Santoyo, general de la Policía, entre otros.
El paramilitarismo es una demencial estrategia del régimen y su llamada Fuerza Pública para exterminar a la oposición política, someter al pueblo colombiano, desplazar a los campesinos y garantizar la hegemonía de las oligarquías nacional y extranjera, entre otras bellaquerías.
En los lomos de los expedientes que reposan en los atiborrados anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el nombre que más aparece es el de Álvaro Uribe Vélez. Está impreso 261 veces, en igual número de procesos inconclusos, en los renglones reservados a los datos del ‘presunto sindicado’.
El caso relacionado con las ‘Chuzadas’ del DAS es al que más le apuntan los medios cada vez que Uribe tiene que comparecer a esa Comisión. Pero no el único proceso. Congresistas de oposición, abogados, representantes de ONG y hombres y mujeres del común figuran entre los denunciantes y han promovido en su contra causas de toda índole.
A esa Comisión llegan serias denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la Nación o quejas disciplinarias remitidas por la Procuraduría General porque no son los órganos competentes para investigar al mandatario.
En una revisión de los 261 procesos que cursan contra Uribe, hay desde once denuncias anónimas enviadas vía correo electrónico, hasta serias acusaciones interpuestas por congresistas y excongresistas, presidentes de partidos y exmagistrados, todos convencidos de que algunas actuaciones de Uribe traspasaron la frontera de la legalidad. Todos los procesos se encuentran en ‘Instrucción’.
Este el caso de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Luis Carlos Avellaneda; el exconcejal Bruno Díaz; el presidente del partido Liberal, Rafael Pardo; los excongresistas Yidis Medina, Jesús Piñacué, Gloria Cuartas, Wilson Borja, y el concejal Antonio Sanguino, entre muchos otros.
El senador Luis Carlos Avellaneda, el excomisionado José Noé Ríos y el presidente del partido Liberal, Rafael Pardo han interpuesto quejas disciplinarias contra Uribe que no han prosperado.
Pero nadie da un voto de confianza en esas investigaciones. Se trata de denuncias que se abandonan al olvido en atiborrados anaqueles y nunca prosperan. Son el fiel reflejo de la burocracia y la desidia.
Las quejas o investigaciones remitidas a esta dependencia están fechadas entre 2004 y 2010. Todas, según el listado conocido por Kien&Ke, tienen el rótulo de “preliminares” y a la mayoría no se le ha practicado pruebas. En otros casos los expedientes no aparecen y en la mayoría el delito está por establecer.
Es el caso del expediente rotulado con el número 1932 del 18 de mayo de 2006. Se trata de una queja disciplinaria interpuesta en la Procuraduría por el entonces senador del partido Liberal Rafael Pardo. Según los datos, Uribe quiso relacionar al dirigente liberal con un presunto complot, orquestado por las Farc, contra su gobierno. A juzgar por las pruebas, esto lo habría hecho Uribe a instancias del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Este viejo proceso se encuentra en etapa de verificación y en la Comisión ni siquiera han podido establecer el delito.
Lo mismo ocurre con el proceso 2117 de febrero 8 de 2007, una denuncia interpuesta por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo contra el exmandatario por presunta traición a la patria. En dicho proceso, Robledo declara que las actividades del gobierno de Uribe en favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos menoscaban la soberanía del país. La investigación pasó por las manos de tres congresistas en el periodo pasado y ahora se desconoce su estado.
Nadie sabe qué ha ocurrido con los expedientes de quejas disciplinarias interpuestas por el senador Luis Carlos Avellaneda contra Uribe por la ‘Yidispolítica’. Lo mismo acontece con la denuncia del concejal Antonio Sanguino, que se declaró víctima de las ‘Chuzadas’, y con la que interpuso el exconcejal Bruno Díaz en la Fiscalía, por considerar que el gobierno de Uribe no enfrento cómo debía la crisis de la salud y las EPS. Dicha denuncia fue remitida a esa Comisión. Tampoco se sabe de la queja disciplinaria que interpuso contra Uribe el exsecretario general del partido Liberal José Noé Ríos por su presunta participación en política.
En la Comisión de Acusaciones aparecen denuncias hechas por Ramiro Bejarano y el exmagistrado César Julio Valencia que no fueron interpuestas por ellos.
Otro tema que se deprende en la Comisión de Acusaciones es el desorden que allí se genera cuando se clasifican los procesos. En el listado donde reposan todos los expedientes, hay uno rotulado con el número 3042 del 25 de noviembre de 2010, cuyo denunciante es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Cesar Julio Valencia. En comunicación con Kien&Ke, Valencia aseguró que nunca ha denunciado al expresidente y que lo único que hizo fue interponer una queja disciplinaria en la Procuraduría contra Cesar Mauricio Velásquez, el exjefe de prensa de la Casa de Nariño, por hacer aseveraciones en su contra a través de boletines de prensa oficiales.
Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Comisión de Acusaciones entendieron que se trataba de una denuncia directa contra Uribe y así aparece en los archivos abiertos de esa Comisión.
Un caso similar ocurre con el abogado Ramiro Bejarano. En la Comisión se halla en averiguación el proceso radicado con el número 2606 del 24 de marzo de 2009, en el que Bejarano aparece denunciando al expresidente Uribe; sin embargo, Bejarano lo niega y dice que en algún momento envió un derecho de petición solicitando información sobre unos procesos. Al parecer, en la Comisión se le dio un alcance de denuncia a su solicitud. “Eso demuestra lo ineficaz e incompetente de esa dependencia”, dijo el jurista.
Es tal el desbarajuste, que en otro proceso aparece como denunciante de Uribe el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño Edmundo Del Castillo. Pero no hay tal. Sólo se trata de una denuncia contra su exjefe que llegó a Presidencia en mayo de 2010. Al recibirla, del Castillo la remitió a la Comisión de Acusaciones, por el fuero que ésta tiene para investigar al exmandatario. Aún así, Del Castillo sigue apareciendo como denunciante.
El secretario general de la Comisión de Acusaciones, Gonzalo Pinzón, reconoce que hay problemas inocultables. Asegura que el tema es tan crítico, que los quince congresistas que la conforman, catorce de ellos nuevos, han tenido que arrancar de cero la instrucción de los procesos que dejaron sus antecesores. Además, deben asumir responsabilidades en otras comisiones a las que pertenecen, como la Constitucional y la de Presupuesto.
El tema es tan dramático que ni las investigaciones que se adelantan contra Uribe, exfiscales generales de la Nación y magistrados, tendrán viabilidad. Esto se debe a que durante la semana, los congresistas permanecen en su oficina máximo tres de los cinco días.
Hay otros problemas, considerados menores, que hacen que esta Comisión sea inviable. Pinzón asegura que no hay ni siquiera una fotocopiadora o tinta suficiente para reproducir el material de las denuncias y repartirlas entre los congresistas. “El expediente de las ‘chuzadas’, por ejemplo, tiene 17.000 folios, y en ocasiones no hay ni para sacarles fotocopia”, dice Pinzón, quien dice estar haciendo esfuerzos para mejorar esa dependencia. “Incluso hay una propuesta en curso para que los congresistas que la integran tengan dedicación exclusiva a ella”, agrega.
La pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta dónde es sostenible una Comisión que se limita a acumular expedientes?
Abril 5. ANNCOL: Los hijos de Uribe en nuevo escándalo "empresarial". Los laberintos de la familia Uribe en narcoparamilitarismo, mafia y negocios dudosos
Escrito por ANNCOL/Bogotá
Publicado el Viernes, 05 Abril 2013 11:53
Los hijos de Uribe en nuevo escándalo:
Los laberintos de la familia Uribe en narcoparamilitarismo, mafia y negocios dudosos
ANNCOL, redacción Bogota
BOGOTA, 2013-04-05 / Nuevamente sale la familia Uribe en un nuevo escándalo. Ahora han sido desenmascarado los dos hijos, Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno de ser dueños de una "empresa de maletín",Asia America Investment Corporationen las Islas Vírgenes Británicas.
El eterno defensor y abogado de la familia Uribe, Jaime Lombana, salió a asegurar que la empresa no operaba, que la ubicación de la empresa en esa isla donde los ladrones empresarios, mafiosos y políticos corruptos invierten es pura coincidencia. Por que los hijos Uribe tiene un amigo colombiano que vive en esa isla desde 14 años. Solo faltaba decir que por pena al amigo no querían colocar la oficina de su empresa en Bogota o Medellín.
En un comunicado, los Uribitos juran que "se trata de una persona absolutamente decente y respetable”. Y la pregunta lógica que hace ANNCOL es ¿por qué el amiguito vive entre ladrones y evasores de impuestos? ¿Y por qué no revelan nombre y apellido del socio, por que mientras no lo hace, nadie va a creer su versión.
Mientras el papá, durante su mandato como presidente, aumentó los impuestos de guerra ("2,3,4 por mil"), quitaba las horas extras de los trabajadores colombianos, aumentó la jornada laboral, hacia el costo de vida mucho más caro, al mismo tiempo facilitaba para los patronos la explotación de los trabajadores, pues sus hijos evadían la obligación ciudadana de pagar impuesto.
Tuvo que serelConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ),que comenzó a cavar en la podredumbre para encontrar los hijos del ex presidente colombiano entre mafia, ladrones, asesinos en fuga y personajes que jamás en su vida han hecho una labor honesta para levantar su propia patria, pagar impuesto para que los hijos de los obreros y los desempleados puedan estudiar, para que los niños de Ciudad Bolívar, Nelson Mandela o Agua Blanca, que sufren de los lombrices en sus barrigas no puedan asistir a la salud pública, por que no hay plata para los hospitales.
Y podríamos seguir enumerando el deber de cada ciudadano. Pero entre aquellos honestos colombianos que día a día pagan sus impuestos, no encontramos a los Uribes.
¡QUE VERGUENZA!
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Del reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno
Empresarios
Detalles:Los hijos del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe. Durante los ocho años su padre en el cargo, se les acusó de tráfico de influencias en dos grandes escándalos, incluso en un caso en el que se adquirió el terreno en una zona cuyo valor se disparó luego que las autoridades le concedió exención de impuestos. Fueron absueltos, en ambos casos, pero los fiscales han comenzado a investigar nuevas pistas relacionadas con las adquisiciones de tierras.
Negocio Offshore:Los accionistas de Asia America Investment Corporation (2008) en las Islas Vírgenes Británicas.
Comentario:Un abogado de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Jaime Lombana, dijo que la compañía fue creada con el propósito de vender artesanías colombianas en el exterior, pero el negocio nunca despegó. La empresa fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, porque uno de los socios de la empresa vivió allí, dijo Lombana. La empresa, dijo, "no produjo ningún ingreso".
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De Portafolio & El Tiempo
Revelan identidad de usuarios de paraísos fiscales
Tomás y Jerónimo Uribe figuran como accionistas de una firma en las Islas Vírgenes Británicas.
Más de 120.000 empresas y 130.000 personas naturales de 170 países que ocultaron recursos en paraísos fiscales quedaron al descubierto tras una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Luego de analizar más de dos millones de correos electrónicos y centenares de documentos, el resultado fue una gran cantidad de funcionarios gubernamentales de alto nivel, directivos empresariales y multimillonarios involucrados en distintas partes del mundo.
No obstante, aclara que esto no quiere decir que actuaron de manera ilegal, “sino que utilizaron una jurisdicción que les ofrece secreto”.
En la lista que tiene el ICIJ en su sitio web, los únicos colombianos que aparecen son Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Dice el reporte que figuraron como accionistas de Asia America Investment Corporation, firma localizada en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la información del Consorcio, el abogado de los Uribe, Jaime Lombana, señaló que “la empresa fue creada con el propósito de vender artesanías colombianas en el exterior, pero que el negocio nunca despegó. La empresa fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas porque uno de los socios vivía allá”, y el documento añade que, según Lombana, la empresa “no generó ningún ingreso”.
Por otra parte, el ICIJ también incluyó al venezolano José Eliécer Pinto Gutiérrez, excomandante en el Estado Amazonas, encargado de monitorear la seguridad en la frontera con Colombia.
Según el listado publicado en el sitio web del ICIJ, Pinto es accionista, director y secretario de Romana International Holdings, también ubicado en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, no incluye mayores detalles.
Otros latinoamericanos con recursos en paraísos fiscales, y cuya identidad ha sido revelada, son los hermanos Clarice, Leo y Fabio Steinbruch, pertenecientes a una de las familias más ricas de Brasil, con negocios siderúrgicos, textiles y un banco. También está el mexicano Dionisio Garza Medina, cuya familia es propietaria del Grupo Alfa, conglomerado con participación en los sectores petrolero, alimentos y telecomunicaciones.
De otras latitudes aparecen personajes como el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyeb; el tesorero de la campaña del presidente francés François Hollande, y la baronesa española Carmen Thyssen, entre muchos otros.
Bogotá D.C., Agosto 06 de 2011. Pareciera que cada semana trajerá un nuevo sin sabor al Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ocupó el solio presidencial en Colombia por ocho años consecutivos, tras una cuestionada reelección que tiene en líos judiciales a varios de sus más cercanos escuderos, muchos de los cuales se encuentran hoy tras las rejas por otros casos de trascendencia nacional como las interceptaciones ilegales comúnmente conocidas como “las Chuzadas del DAS” o, uno de los peores escándalos de corrupción, el caso de Agro ingreso Seguro.
Esta semana el turno fue para los dos hijos del ex Presidente, Tomas y Jerónimo Uribe, mismos que han sido tan polémicos como su padre.
Los hijos de Álvaro Uribe, pasaron de ser unos “simples estudiantes de Blue Jean y camiseta” a ser pujantes y acaudalados empresarios que han incursionado en diferentes negocios, todos exitosos, que van desde una “empresita” que fabricaba manillas artesanales que luego exportaron a China, hasta ser los potentados del reciclaje en el país, pero en el intermedio de este cuento de príncipes, donde incluso tiene su papel una princesa, han protagonizado varios escándalos.
¿Quiénes son los hijos del Ex Presidente?
Tomas Uribe Moreno
Tomas Uribe Moreno, el hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez y su esposa Lina Moreno, nació el 19 de abril de 1981, contando a la fecha con treinta años de edad, estudió ingeniería química en la Universidad de los Andes.
Al comienzo del segundo periodo presidencial de su padre, Tomas, saltó a las páginas rosas de revistas y periódicos por su matrimonio, en Julio de 2008, con la Virreina del Concurso Nacional de la Belleza de 2002 y presentadora de RCN Televisión, canal de propiedad del amigo y patrocinador de las campañas de Uribe Vélez, el magnate Carlos Ardila Lulle.
Isabel Sofía Cabrales, es nacida en Mompox, departamento de Bolívar, siendo sus padres Enrique Cabrales Vives e Isabel Baquero, aunque desde hace 14 años vive en Bogotá, ciudad donde empezó sus pasos por las pasarelas del modelaje, mismos que la llevaron al Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, donde, en 2002, fue coronada virreina nacional de la belleza.
El reinado le abrió las puertas de la famosa agencia Stock Models, fabrica de beldades para los medios, y el corazón del joven hijo del recientemente elegido Presidente de Colombia por el partido que el mismo creó en torno a su figura, el Partido de la U.
Cinco años después, según cuentan, en un taxi común y corriente, (Pero en Hong Kong), el joven príncipe le propuso matrimonio a la bella modelo.
Y esto se convertiría en el matrimonio del año en Colombia, (2008), un matrimonio muy sencillo y humilde donde la ceremonia se llevo a cabo en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, fue oficiada por el arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, y la Coral Cartagena de Indias, fue la encargada de las melodías que se escucharon durante el mayor acontecimiento social del país en los últimos años.
Las medidas de seguridad fueron tan drásticas que solamente fueron superadas por las del matrimonio del multimillonario Julio Mario Santodomingo, la joven novia llegó a la catedral en un carruaje de estilo victoriano adornado con rosas blancas.
La novia uso tres trajes, dos de ceremonia y uno de fiesta, los que fueron diseñados por Hernán Zajar, uno de los más prestigiosos y costosos diseñadores de moda del país, quién a la sazón es tío de la novia. La ceremonia fue transmitida por los noticieros de televisión, al mejor estilo de la realeza europea.
El Teatro Heredia, fue el escenario final de la pequeña boda, donde se congregaron unos 180 invitados, posteriormente la pareja viajo de luna de miel a la ciudad china de Guanzhong.
El segundo de los hijos del ex Presidente, es Jerónimo Alberto Uribe Moreno, nacido el 16 de julio de 1983, contando a la fecha con 28 años de edad. Estudió Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá, en 2006, fue implicado en un intrascendental caso de “copialina”, es decir: Copiarse durante un examen, tan normal y banal, y que debió seguir siéndolo si no fuera porque el joven estudiante terminó contratando abogado, (Jaime Lombana), y sometiéndose a una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia, según relata el sitio http://colombia.indymedia.org. Jerónimo Uribe, se pronunció en ese entonces en un tono tan enérgico como el de su padre para rechazar las acusaciones, al respecto dijo “Tenemos el derecho como cualquier otro miembro de la comunidad universitaria y ciudadano en general de agotar todas las instancias para proteger nuestro buen nombre. Esto lo hemos hecho con un respeto profundo por las normas, por las instancias pero también con la convicción de no haber obrado con mala intención o dolo, tal como lo admite una de las instancias de la universidad.”.
Fue tan enérgica su defensa o tal vez por el hecho de ser uno de los hijos del entonces Presidente, que el caso casi se convierte en un incidente mayor, sin serlo. Es indudable que en ese caso alguien exageró.
Sin embargo, otra travesura juvenil terminaría en los estrados judiciales, exactamente ante el juez 14 de Bogotá quien en 2009, dictó medida de aseguramiento contra el estudiante Nicolás Castro, por haber lanzado amenazas en Facebook contra Jerónimo Uribe. Nicolás Castro, fue enviado inmediatamente a la cárcel La Picota, luego que el fiscal 12 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo, Miguel Olaya, afirmó que el joven Nicolás Castro, en ese entonces con 23 años de edad, creó el 9 de julio de 2009, un grupo en Facebook al que puso por nombre “Me comprometo a matar a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe”, lo cual configuró el delito de instigación para delinquir agravado en calidad de autor.
El joven Castro, sostuvo “No soy ningún terrorista, me declaró inocente y no aceptó los cargos”, a lo cual el Fiscal enfatizó que al citado grupo se unieron tres guerrilleros de las FARC y pidió condena de 6 a 15 años de prisión.
El encarcelamiento del joven generó un amplio rechazo en la comunidad estudiantil algunos de los cuales consideraron exagerada la forma en que se condujo el proceso, incluso por Twitter se pidió su libertad y se organizaron marchas, algunos llamaron un “Ciber Falso Positivo” todo el episodio.
Recientemente la Revista Semana informaría que “La determinación, que prácticamente absuelve al estudiante (Nicolás Castro), se tomó luego que un juez anulara las pruebas técnicas con que la fiscalía impulsaba la acusación por estar viciadas y no haber garantizado derechos fundamentales del procesado, tal como lo demostró en esa audiencia el abogado defensor Ramón Ballesteros”.
Los abogados de Jerónimo Uribe, Jaime Lombana, (El mismo que lo defendió en el grave caso del supuesto fraude en Los Andes) y Camilo Andrés Sepúlveda, desistieron de apelar la decisión por instrucciones directas de Jerónimo.
Negocios y Escándalos
Muchos se preguntaran, ahora y entonces, cuánto costó la sencilla ceremonia que unió a Tomas e Isabel Sofía, uno de ellos fue el periodista Daniel Coronell, quien, unos meses después del sonado matrimonio, cuestionó la fortuna de la familia presidencial, lo qué hizo llover sobre su cabeza rayos y centellas, cuando en el Noticiero de televisión Noticias Uno, presentó una denuncia según la cual los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se habrían beneficiado con la valorización de terrenos de su propiedad ubicados en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), al quedar incluidos en una reglamentación de Zona Franca.
Según el periodista el 18 de diciembre de 2008, el mismo año de la boda, el director de la DIAN “expidió una resolución declarando ‘Zona Franca Permanente’ un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera. Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía”, se lee en rebelion.org.
“La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno, para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria”, indicó la Revista Semana, esto se hizo “para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)", y se aportaron los documentos que lo probaban.
En una historia de asombroso emprendimiento y capacidad de superación que nos recuerda a unos jóvenes costeños que estando aun en el colegio y en los primeros años de universidad crearon una “empresita”, los Nule, los hermanos Uribe Moreno crearon su “empresita” Residuos Ecoeficiencia, la cual fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los Uribe Moreno aún eran estudiantes universitarios, y Tomas tenía tan solo 22 años y Jerónimo 20 años. “Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.”, señaló la Revista Semana, en su momento.
Ante las acusaciones, el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, salió en defensa de los hermanos Uribe Moreno indicando la necesidad de no exagerar, (Como en la Universidad de los Andes o con del caso de Nicolás Castro), “Estamos armando una tormenta en un vaso de agua y no veo cuál es la sustancia detrás de todo esto. Tráfico de influencias hubiera existido si ellos se hubieran aprovechado de su posición o estuvieran pidiendo que se les rebajaran las condiciones. Nada de eso sucedió”, dijo en su momento a los medios, y agregó que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos de las leyes colombianas, que nunca hubo preferencias ni dádivas y que los hijos del Presidente no son socios de la Zona Franca.
En igual sentido se pronunciaron los hermanos Uribe Moreno, quienes han sido enfáticos en negar los hechos.
Por esa época, la entonces Senadora liberal Cecilia López Montaño, exigió al presidente Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos Tomas y Jerónimo, la presentación de la declaración de renta para establecer si era o no cierto que se habían lucrado gracias a un supuesto tráfico de influencias. También llovieron rayos y centellas sobre la cabeza de la Senadora.
Ante el escándalo, Tomas y Jerónimo, por esa época, comparecieron en Blue Jean y camiseta ante los medios de comunicación y sostuvieron que “no son negociantes sino empresarios con responsabilidad social y advirtieron que ahora más que nunca están apegados a la ley como se lo recomienda su padre.”, dijo al entrevistarlos Caracol Radio y agregaron que “están promoviendo un proyecto de parque industrial en Tocancipá en un lote de un millón de metros cuadrados que compraron a Bavaría en 22 mil millones de pesos.”.
También arremetieron contra el periodista Daniel Coronell “Esta columna proviene de un señor (Daniel Coronell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana) que ha sido contradictor político de mi papá durante 10 años, que ha tildado a mi familia de narcotraficante, paramilitar y corrupta (…) Esto no es para causarle daño a Tomás y a Jerónimo Uribe sino para causarle daño al Presidente de la República”.
Como sea, la mega empresa de reciclaje de los Uribe Moreno, tiene también repercusiones sociales y de empobrecimiento de sectores vulnerables como lo cuenta La Silla Vacía, en un artículo sobre la empresa de los hijos del Ex Presidente “Un grupo de recicladores llevaba cinco años haciendo la recolección de basura en las zonas francas, pero en un mes llega una empresa a hacer ese trabajo, y a las 40 personas que trabajaban les dicen que no vuelvan. Así nos damos cuenta directa que es la empresa de los hijos del Presidente”, dijo Nora Padilla, una de las líderes de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Y es que la empresa se ha convertido en un problema para los recicladores del país pues, según ellos, la entidad estaría monopolizando el negocio.
En otro episodio polémico, Tomas Uribe Moreno, habría sido testigo de una reunión que se adelantó en 2008 con Miguel, Manuel y Guido Nule, en la cual se trataron temas relacionados con la licitación de la Ruta del Sol, y en la cual estaría relacionado el senador Moreno Rojas, actualmente detenido por el escándalo de contratación en Bogotá. Tomas, seria testigo de cargo en el proceso que se adelanta al respecto.
En esa ocasión, el periodista Daniel Coronell, en un artículo revelo detalles de una reunión en Panamá entre representantes de la multinacional brasilera Odebrecht y del infortunadamente famoso Grupo Nule.
El artículo se basó en declaraciones de Miguel Nule, uno de los accionistas del conglomerado quien dijo que participó en el encuentro en las instalaciones de Odebrecht en la capital panameña a fines del 2008.
En su declaración Miguel Nule dijo que Tomás Uribe Moreno invitó a los colombianos para que se aliaran con los brasileros y participaran en un contrato de $1,200 millones para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol.
El citado contrato fue finalmente, adjudicado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a un consorcio conformado por Odebrecht y unas firmas colombianas que no pertenecían al grupo liderado por los Nule.
El Nuevo Herald, indicó, en su momento, que Tomas Uribe Moreno “negó que hubiera actuado como intermediario de una empresa de construcción brasilera y otra colombiana para que ambas participaran en una de las más cuantiosas licitaciones del gobierno de su padre. Pero el joven empresario admitió que se reunió socialmente y por una coincidencia con representantes de la firma colombiana.”
Y otro escándalo surgió cuando los hijos del Ex presidente fueron señalados de tener vínculos con el negocio de las pirámides el martes 25 de noviembre de 2008. La Revista Semana conto como en un debate en el Senado sobre el escándalo de las pirámides, la senadora Cecilia López dijo "hay un ambiente de duda porque hay demasiados vínculos de DMG con Palacio, con personas muy cercanas al Presidente, como su hijo. Pidámosle al Presidente que ayude a aclarar esta serie de dudas y que presenten él y sus hijos las declaraciones de renta de 2002 y las de 2007, con esto, si ellos pueden demostrar cómo han generado sus ingresos, se acaba esa serie de rumores".
La reacción de Uribe Vélez, no se hizo esperar, en una alocución televisiva indicó en tono dolido de padre ofendido "Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios".
Es de señalar que los Uribe Moreno también son dueños de la Empresa de Reciclaje Mundo Limpio, en el Valle de Aburra, Antioquia y además son dueños de Salvarte y Ecoeficencia S. A. También participan con su padre en las actividades de la ya célebre finca El Ubérrimo, en Córdoba, a la que ellos llaman "la empresa familiar", y son socios minoritarios con un tío del lado materno en una firma inmobiliaria que compra y vende propiedades en varias regiones del país.
Los vínculos de los hermanos Uribe Moreno con las pirámides parecieron ser una serie de rumores y mitos urbanos tejidos en torno a los hijos de un polémico padre y tuvieron su origen en la amistad de ambos con Daniel Ángel, uno de los socios del actualmente preso en Estados Unidos David Murcia Guzmán. Tomás Uribe Moreno admitió que conoció a Ángel en Australia en 2002 y se hicieron muy buenos amigos. A mediados de 2006, Ángel le propuso a Jerónimo hacer unos documentales sobre Salvarte en todo el país para un nuevo canal llamado Body Channel, ese sería el origen de los rumores. Los hermanos Uribe Moreno nunca participaron en el Canal Body Chanel, pero continuaron asistiendo a reuniones sociales con Ángel, incluso a su matrimonio.
El último escándalo: Vínculos con paramilitares
Pero ahí no paran las apariciones públicas de los hermanos Uribe Moreno, José Gélvez Albarracín, alias 'El Canoso', ex jefe político del bloque Frente de Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, y que también fue segundo al mando de Hernán Giraldo, cuando este fue Jefe del Bloque, los señala ahora con un dedo acusador.
Alias “El Canoso”, desde cuando se desmovilizó, ha sido prolijo en señalamientos como el que hizo al afirmar que él negoció con políticos del Magdalena y sus campañas políticas, que les pidió el "sí rotundo" para el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez y que entregó la lista del 35 por ciento del Congreso que apoyó la aprobación de la Ley de Justicia y Paz a cambio de votos en las regiones.
Al periódico El Tiempo, “El Canoso” dijo en Mayo de 2011 que “Para el referendo como tal, yo dí la orden en El Difícil (supuesto pacto con alcaldes y gobernadores del Magdalena en el 2003), de que debía salir la votación toda apoyando el referendo de Álvaro Uribe. A mí la orden me la dio '40' y Mancuso. En esta reunión que yo presidí me gané todas las alcaldías menos de la Ciénaga, fue la única alcaldía que perdimos. El resto de las alcaldías las ganamos. En cabeza mía di la orden del sí rotundo para Uribe. Muestra de eso están los organismos electorales de la zona en donde reza que sacó más de 50 mil votos.”
Ese es José Gélvez Albarracín, alias 'El Canoso', que aseguró ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que los dos hijos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se habrían reunido y tuvieron negocios en el pasado con personas vinculadas a las bandas paramilitares. “El Canoso”, indicó que Tomas y Jerónimo no solo se reunieron, sino que incluso “parrandearon” con Héctor Ignacio Rodríguez, alias “Nacho”.
Y esa Unidad de la Fiscalía, fue la que tomó la decisión de compulsar copias a otra Unidad para que se investigue a Tomas y Jerónimo, en lo que fue definido como algo que “es un mero procedimiento técnico y no significa que se formulen cargos o se abra una averiguación formal en contra de alguna persona. Todos los testimonios son verificados, pero debido a que el caso involucra a los hijos del ex mandatario ha tomado relevancia en los medios.”, informo http://noticias.univision.com.
El Ente investigador colombiano tratará de indagar sí grupos de autodefensas hicieron aportes a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, por intermedio de personas de la organización política.
La coordinadora de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Elba Beatriz Silva Vargas, aclaró que por el caso no se investiga al ex mandatario colombiano.
Y agregó que "por la concesión del Parque Tayrona en el año de 2001 (Sic) se compulsaron copias a Tomás Uribe Moreno, Jerónimo Uribe Moreno (hijos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez), Jean Claude Víctor Bessudo, empresario; Trino Luna Correa, gobernador del departamento del Magdalena; Elías Jorge González, empresario; Héctor Rodríguez Acevedo, concejal de Santa Marta; Luis Fernando Bayona Ballestero, director clínica IPS Tayrona, de Buriticá; Nodier Giraldo Giraldo, comandante financiero del Bloque Resistencia Tayrona, Auc".
Esto se hace para que otras dependencias de la Fiscalía determinen si hay elementos suficientes de prueba para que se inicie una investigación sobre las personas que se relacionan en el comunicado de Elba Beatriz Silva Vargas y no quiere decir que actualmente se les acuse de nada o que exista alguna investigación en su contra.
“El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del ex presidente Uribe, Tomás y Jerónimo”, divulgaron diversos medios de comunicación.
A las afirmaciones de “El Canoso”, los hermanos Uribe Moreno, salieron al paso indicando que si conocieron a alias “El Nacho” en 2004, por amigos en común y por su labor como empresarios de artesanías, pero que “se encontraron con alias ‘Nacho’ para hablar de suministros para sus artículos y que nunca coincidieron con él en el Carnaval de Barranquilla”. Afirmaron no haber tenido conocimiento sobre las actividades delincuenciales de alias “El Nacho”.
Texto del comunicado de los hermanos Uribe Moreno:
“El paramilitar alias "El Canoso" miente en su declaración a la fiscalía. Se suma así a una serie de criminales que desde las cárceles han acusado a nuestra familia de todo tipo de delitos. Los hechos verídicos y que estamos en disposición de comprobar ante cualquier fiscal son los siguientes:
1.Conocimos al Sr. Héctor Ignacio Rodríguez, en el año 2004, por amigos comunes de Sta Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de Coco con artesanos de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al Sr. Rodríguez como a su familia los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad Samaria, entre ellas el actual Alcalde de la ciudad.
2.Sostuvimos unos 3 encuentros entre el momento que nos conocimos y su captura sorpresiva. Dos de ellos limitados a hablar del suministro de artesanías de coco elaboradas por su empresa, promocionadas además en diferentes ferias del país y por programas financiados por el por el gobierno americano. Es falso que hayamos coincidido en el carnaval de Barranquilla, al cual ninguno asistió durante los años que nuestro padre ocupó la Presidencia.
3.Jamás tuvimos indicios de la vinculación del Sr. Rodríguez con actividades ilícitas o grupos al margen de la ley. Los encuentros que sostuvimos, entre ellos un paseo de una tarde al parque Tayrona, a plena luz del día, estuvieron rodeados de personas serias como el actual alcalde de la ciudad de Sta Marta, que confiaban plenamente en el Sr. Rodríguez y pueden dar fe de la reputación que lo precedía.
En conclusión, el testimonio del criminal alias 'El Canoso' - a quién no conocemos - está plagado de mentiras: falsos encuentros y falsas intenciones, la mayor de todas, la más absurda e imposible de probar, nuestra supuesta intención de reunirnos con Hernán Giraldo, a quién jamás hemos conocido y por quién jamás hemos preguntado.
Tomás Uribe Moreno, Jerónimo Alberto Uribe Moreno”
ESCÁNDALOMilitares detenidos en Tolemaida protagonizan una insólita protesta para evitar su traslado a cárceles civiles.
En la madrugada del pasado jueves 18 de abril ocurrió algo verdaderamente insólito en las instalaciones del Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, donde están recluidos militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Alrededor de la media
noche, un grupo de soldados de la Policía Militar del fuerte, acompañados por oficiales de la Inspección General del Ejército, llegaron hasta las celdas del sargento Wilson Casallas y del soldado profesional Santiago Escudero. Les informaron que iban a ser trasladados a otro penal. Un informe de SEMANA, titulado ‘Tolemaida Tours’, revelaba que, pese a las denuncias de dos años atrás, estos dos uniformados, condenados a más de 30 años de prisión, y otros detenidos continuaban gozando de escandalosos privilegios.
Casallas y Escudero comenzaron a gritar. Cerca de 50 detenidos salieron de sus celdas, que no están cerradas con llave –otro hecho insólito, en una cárcel para personas condenadas a 30 o 40 años por crímenes horrendos–, saltaron muros y rejas y fueron a su rescate. La escena era inaudita.
En medio de una algarabía, gritos y empujones, los militares presos les quitaron los dos detenidos a los hombres de la PM y los llevaron a la celda 16, la de Casallas, para protegerlos. Dijeron que si se los querían llevar, tendrían que sacarlos a todos. Y amenazaron con contar todo lo que saben sobre quiénes estarían detrás de las graves violaciones a los derechos humanos que los tienen a ellos recluidos.
Con el paso de las horas, el motín empeoró. Ante la mirada impotente de los hombres de la Inspección y la PM un grupo de presos amenazó con asesinar a dos reclusos, el capitán Gonzalo Navarro y el sargento Juan Bautista Uribe, a quienes culpan –erróneamente– de la filtración de los privilegios que SEMANA denunció. Sacaron a empujones a “los sapos” y los entregaron a la PM. Hacia las tres de la mañana, impotentes para controlar el motín e incapaces de llevarse a Casallas y Escudero, quienes iban a efectuar los traslados optaron por retirarse.
A primeras horas de la mañana de ese jueves, Casallas y Escudero llamaron desde la celda 16 a varios medios de comunicación para dar su versión de lo sucedido. Parte de los privilegios denunciados por SEMANA es que los reclusos continuaban teniendo celulares. Pese a que estos aparatos les están prohibidos por ley, nunca se les encuentran en las requisas.
Y tampoco se les han decomisado, pese a que el Ejército lleva cinco semanas adelantando una “profunda” investigación –como lo ha dicho el alto mando– y de que, desde el martes 16, hay una comisión investigadora en Tolemaida, encabezada por el general Jaime Esguerra, inspector general del Ejército, y de que, el día siguiente, la Procuraduría anunció la apertura de una otra investigación.
A Casallas y Escudero les habían informado que iban para cárceles civiles, bajo control del Inpec. Tras el motín, ellos dos y otros reclusos reiteraron sus amenazas: si los trasladan, dijeron, contarán no solo todas las irregularidades que ocurren en el CRM y en la cárcel del batallón de Policía Militar 13 de Bogotá (donde hay más militares presos), sino, además, salpicarían a coroneles y generales a los que ellos les han cubierto la espalda por “actos de guerra”.
Al menos hasta el cierre de esta edición, ese chantaje había funcionado: en la mañana del viernes, contrario a lo que se informó en algunos medios, Casallas y Escudero seguían refugiados en su celda, con sus celulares, y con la promesa de que irían a una cárcel militar, no civil.
El general Fernando Pineda, comandante de Tolemaida, y otros mandos han confirmado las irregularidades y han dicho que no se van a tolerar, insistiendo en que el caso de Casallas y Escudero es aislado. Sin embargo, como SEMANA lo constató, no solo estos dos reclusos gozan de escandalosos privilegios. Más allá del número de involucrados en este nuevo escándalo, lo que más llama la atención es el desafiante chantaje con el que estos detenidos logran enfrentar con éxito, al menos transitoriamente, una medida como el traslado, que debería cumplirse sin tropiezos.
¿Qué es lo que dicen saber condenados como Casallas y Escudero? Esta es la gran pregunta que debe responderse para saber si tiene algún sustento lo que alegan estos y otros reclusos de Tolemaida. El mando del Ejército está ante el reto de demostrar que se trata, efectivamente, de unas cuantas ‘manzanas podridas’ y no de un sistema diseñado para garantizar el silencio sobre la cadena que pudo, eventualmente, conducir a la comisión de crímenes atroces en el marco del conflicto armado.
Son tantas las circunstancias que enturbiaron el gobierno de Uribe, tantos los escándalos de corrupción, tantos sus aliados en el Congreso comprometidos en la parapolítica y tantos los funcionarios de su círculo más cercano investigados y/o juzgados por distintos delitos, que resulta difícil creer que todos, absolutamente todos los entuertos -incluidos los que urdieron en su propio beneficio-, hayan sucedido a espaldas de ese hombre de "inteligencia superior", ese microgerente que controlaba hasta la minucia y no dejaba cabo suelto.
A la ya larga lista de subalternos cercanos enredados en actividades non sanctas (tres ministros, tres directores del DAS, dos secretarios generales, un secretario jurídico y uno de prensa, un comisionado de Paz, un excomandante de las Fuerzas Armadas...), se suma ahora quien fue su jefe de seguridad en la campaña y en el primer período de gobierno: el general (r) Mauricio Santoyo, quien se declaró culpable ante una corte de los Estados Unidos de haber colaborado con la 'Oficina de Envigado' y las Auc.
Que el expresidente se declare ofendido, defraudado, que haga cara de yo no fui y pida al gobierno de los Estados Unidos que lo investigue, son sólo gestos desesperados que no lo eximen de la grave responsabilidad que le cabe por haber nombrado al oficial, a sabiendas de que desde 2001 tenía abierta una investigación en la Fiscalía por desapariciones forzadas y miles de chuzadas ilegales a teléfonos de organizaciones y defensores de derechos humanos, ocurridas cuando estaba de comandante del Gaula en Medellín (1996-1999). Dos años de este período coincidieron con la gobernación de Uribe (1995-1997), que fue cuando los dos se conocieron, y cuando las Convivir se convirtieron en mascarón de proa del paramilitarismo en Antioquia.
Pero tanto o más grave que nombrar al cuestionado oficial, fue mantenerlo en el cargo, en abierto desafío a la decisión de la Procuraduría, que en octubre de 2003 lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por las chuzadas ilegales hechas desde las oficinas del Gaula. Fue una demostración de poder y de soberbia de Uribe para darle tiempo a su cancerbero de apelar la decisión, confirmada un año después y también desacatada, pues aunque el oficial salió de la "Casa de Nari", conservó el uniforme y pasó al Ministerio de Defensa mientras impugnaba el fallo ante el Consejo de Estado, que en 2006 suspendió la destitución y le salvó el pellejo. Vendría luego el ascenso a general con el patrocinio del general Naran
Iván Cepeda solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara que compulse copias a la CPI del proceso que se adelanta en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las ‘chuzadas’
El congresista Iván Cepeda solicitó ante la Comisión de Acusación de la Cámara que compulse copias a la Corte Penal Internacional del proceso que se adelanta en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de las ‘chuzadas’, para que se le inicie un proceso penal por esos hechos.
A su juicio, Uribe Vélez dirigió una campaña de difamación y venganza en su contra por las denuncias sobre los presuntos nexos del ex mandatario con actividades delincuenciales y a que, por otro lado, en Colombia no está tipificado el delito de persecución.
“El ex Presidente no sólo orquestó una persecución abierta en mi contra a través del DAS, sino que nombró como director de esta institución a José Miguel Narváez, investigado por su relación con los grupos paramilitares y por su responsabilidad en los asesinatos de mi padre, Manuel Cepeda, y de Jaime Garzón, quienes fueron fuertes críticos suyos”, dijo el congresista.
Durante su declaración, Cepeda recordó que en 2002 un fallo de tutela ordenó retirar a la campaña de Álvaro Uribe a la Presidencia un comercial que supuestamente denigraba del extinto partido político Unión Patriótica, del cual hizo parte su padre, Manuel Cepeda.
Cepeda también exhibió documentos del DAS que darían cuenta de los seguimientos en su contra y de la campaña de desprestigio que se ejecutó contra el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.
Testigo aseguró que expresidente Uribe sí sabía sobre chuzadas del DAS
Durante el testimonio, rendido dentro del juicio que cursa contra el ex secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, William Romero afirmó que al principio les manifestaron que el exmandatario los había mandado a felicitar.
Este jueves continuó la declaración del exsubdirector de Fuentes Humanas del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), William Romero. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, sabía que esa entidad recolectaba información sobre lo que sucedía al interior del alto tribunal.
Durante el testimonio, rendido dentro del juicio que cursa contra el ex secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, afirmó que al principio les manifestaron que el exmandatario los había mandado a felicitar. Sin embargo explicó que días después Uribe estaba muy disgustado porque la operación había sido descubierta.
“Recuerdo que en 2008 me mandó a llamar la doctora María del Pilar Hurtado, con el capitán Fernando Tabares, director general de Inteligencia, para comentarnos al capitán y a mí que venía muy contenta de la presidencia porque en la mañana ese día le había presentado unos insumos al presidente y había quedado satisfecho. Y nos dijo que eso le gustaba, porque el señor presidente volvía a creer en el DAS, dijo que estaba contenta por eso, y mandó a felicitar al equipo que estaba haciendo esa operación de inteligencia”, explico Romero.
Agregó que posteriormente, el ex director de Inteligencia, capitán Fernando Tabares, los citó con el fin de expresarles que el ex presidente estaba disgustado, porque un agente había puesto al descubierto la operación.
“Fernando Tabares nos llama a los subdirectores de la dirección general de inteligencia a reunión en octubre de 2008 y nos dice que alguien de inteligencia se 'quemó', es el termino técnico que el utilizó indicándonos que alguien se había puesto en evidencia en la Corte Suprema de Justicia, mediante la utilización de un taxi que pertenecía al departamento, y que por esa razón el Presidente estaba verraco con la doctora María del Pilar Hurtado a quien le hizo al observación”, puntualizó.
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Por Cecilia Orozco Tascón 
