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General: exfuncionarios de uribe vinculados a procesos : un lunar que crece .
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From: Ruben1919 (Original message) |
Sent: 20/07/2011 14:46 |
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Message 133 of 237 on the subject |
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Viene ....
La inteligencia estratégica de la política de seguridad democrática
Sea lo primero señalar que bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez las labores de inteligencia y contrainteligencia se especializaron con el propósito de aportar elementos en la toma de decisión del Presidente de la República y su Ministro de Defensa. Es así como durante su gobierno se fortaleció la "Junta de Inteligencia Conjunta" que, conforme al documento POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA |10|, le corresponde coordinar la inteligencia estatal y de la cual forman parte los directores de los organismos de inteligencia del Estado.
Esta Junta tiene "la responsabilidad de producir análisis consolidados de inteligencia estratégica, para que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa tengan la información necesaria para la toma de decisiones; de traducir en requerimientos de inteligencia las políticas de seguridad del Gobierno" |11|, todo con el propósito de adelantar las labores de inteligencia y contrainteligencia de forma coordinada y sin duplicación de esfuerzos. Adicionalmente, se crearon con los mismos propósitos las juntas regionales buscando "estrechar a nivel regional la coordinación de la inteligencia, fomentando el intercambio horizontal y evitando los retrasos en la transmisión de la información que ocasiona una excesiva jerarquización en el manejo de la inteligencia" |12|.
Fue una política de Gobierno del Presidente el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia y contrainteligencia de los organismos de seguridad del Estado a los que se le prestó especial atención, fortaleciendo la capacidad técnica, el desarrollo tecnológico y la seguridad financiera para garantizar el desarrollo de una "campaña agresiva que identifique e interrumpa las fuentes que ponen en peligro la política de defensa y seguridad democrática" |13|. Especial énfasis se le dio al fortalecimiento del DAS, como agencia encargada de identificar los peligros que se ciernen sobre el Gobierno Nacional.
Además de estas fuentes documentales oficiales, a través de distintas pruebas recaudadas por la Fiscalía se puede conocer fácilmente quién era el destinatario de la información producida por el DAS. En diligencia de indagatoria, por ejemplo, aunque JORGE NOGUERA COTES |14| niega rotundamente las actividades ilegales de persecución perpetradas desde la referida entidad, sí señala categóricamente que la inteligencia estratégica estaba dirigida a informar al Gobierno Nacional de las supuestas amenazas contra él. Para tal efecto, cita el marco legal |15| que dio sustento a lo que fue en la práctica una actuación abiertamente ilegal que buscaba neutralizar a la oposición y a las organizaciones y personas de la sociedad civil que fueron definidos como "blancos" de su accionar criminal.
En esa diligencia, Noguera Cotes suministra una definición de inteligencia estratégica enfatizando su diferenciación de la inteligencia policiva, procurando efectuar una relativización de los conceptos con el propósito de dar visos de legalidad a las cuestionadas labores que se ejecutaron desde el DAS. Sobre los cambios efectuados en el DAS a raíz del Decreto 643 de 2004, dijo:
"no hubo reestructuración alguna que cambiara los objetivos y fines del DAS durante mi administración. Tal vez hubo algunos énfasis, como por ejemplo en materia de inteligencia, dedicarnos a la inteligencia estratégica, y no tanto a la inteligencia policiva que le corresponde a la policía nacional, o a la inteligencia militar o relacionada con acciones militares, que era más del resorte de las fuerzas militares" |16|
"La inteligencia estratégica estaba dirigida a informar al gobierno, y particularmente al presidente de la República sobre las amenazas, riesgos, oportunidades de la actividad del Estado, y de lo que ocurriría en el país, o incluso en el exterior pero que tuviera algún tipo de incidencia en la seguridad del país. Entendida seguridad no solo en términos de defensa, sino en términos de desarrollo, de vocación, y de otros elementos que se relacionan con la prosperidad del país. La inteligencia policiva en cambio, esta mas dirigida a detectar amenazas y riesgos a la seguridad entendida en términos de convivencia, de defensa, y de todo aquello que pueda eventualmente llegar a constituir delito"
En similar sentido, en diligencia de indagatoria el señor Carlos Alberto Arzayuz |17| da cuenta de los objetivos del Grupo Especial de Inteligencia (G3) y, ante todo, de la forma como la inteligencia estratégica estaba dirigida a informar al ALTO GOBIERNO de las actividades de la oposición, de los defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas y organizaciones de la sociedad civil para la toma anticipada de decisiones. De especial importancia resulta la justificación que dio Arzayuz sobre las actividades de persecución contra las organizaciones de derechos humanos cuando, haciendo referencia a los señalamientos públicos que hiciera Álvaro Uribe Vélez, manifestó que éstas se encuentran permeadas por el "terrorismo". Luego, ninguna duda cabe en relación a que los "blancos" de la llamada "inteligencia estratégica" eran escogidos conforme a las necesidades y orientaciones del alto gobierno.
De lo dicho en esta diligencia de indagatoria resulta posible afirmar que las actividades ilegales desarrolladas desde el DAS no sólo eran de conocimiento abierto del Presidente de la República, sino que eran animadas por el primer mandatario, al punto de condecorar por su labor al subdirector de inteligencia CARLOS ALBERTO ARZAYÚZ. Sobre el G3 afirma:
"Cuando yo asumo el 19 de octubre de 2004 como subdirector de operaciones de la dirección de inteligencia, a las pocas semanas fui convidado a una reunión en el despacho del director de inteligencia ENRIQUE ARIZA, estaban presentes los otros subdirectores y el dijo que tocaba darle mucha importancia a los objetivos que se estaban trabajando , entre otros, destacó un caso conocido como TRANSMILENIO yo no tenía idea de que era eso, en el desarrollo de la reunión me enteré que se trataba de un grupo que tenía la denominación G3 y que tenía como blanco ser un observatorio de análisis y verificación con las actividades que tenían algunas ONG en esa época acá en Colombia y el exterior. El doctor ARIZA dispuso que ese grupo a partir de ese momento debía quedar adscrito a la subdirección a mi cargo, mas que todo para efectos de supervisión del personal y asignación de medios logísticos para su trabajo, me comentó que el líder de ese grupo era el Dr. FERNANDO OVALLE…me dijeron que tenía más de 15 años de trabajar en el DAS en inteligencia, a su vez que el grupo venía siendo asesorado por el Dr. JOSE MIGUEL NARVAEZ a él lo había visto en unas conferencias que dictó en el DAS a personal de inteligencia por invitación que le hiciera el señor NOGUERA sobre el tema de guerra de ideologías y tenía referencia que era oficial de reserva del ejército…habían otros muchachos y unas señoras de bastantes años de servicio en el DAS, una de ellas se llamaba ASTRID que venía trabajando con OVALLE y la asesoría de NARVAEZ y le reportaban al director de inteligencia ARIZA…yo puedo dar fe de lo que supe del grupo a partir del momento que llegué a operaciones, la orden era que todas las subdirecciones debíamos apoyarlos con la información que requerirían para el cumplimiento de su misión como quiera que dentro de las funciones de la subdirección de operaciones esta la de verificar la información dentro de lo que se conoce como el ciclo de inteligencia…le puedo decir sin lugar a equívocos que llevamos a cabo en un año más de 500 misiones de trabajo sobre todo tipo de blancos, narcotráfico, subversión, político, económico, social, son los blancos que se trabajan en inteligencia estratégica…a nosotros se nos rompió a partir de 2004 el tema de inteligencia, y se nos dijo que era de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del gobierno, que la inteligencia táctica le correspondía a los militares, la inteligencia con fines de investigación criminal a la policía o policía judicial del DAS o del CTI, para tal fin voy a allegar el plan estratégico institucional 2004 2006 del Dr. JORGE NOGUERA COTES y dice entre otros, la información de inteligencia es para prevenir y detener amenazas contra la seguridad nacional, el DAS solo produce inteligencia estratégica, el DAS es el máximo servicio de inteligencia estatal…(lee) "la dirección de inteligencia se concentrara exclusivamente en la producción de inteligencia estratégica, entendida esta como la herramienta del Estado, que provee al alto gobierno del conocimiento de las tendencias y los hechos portadores de un futuro posible para anticiparse a ellos y servir de soporte en el proceso de toma de decisiones …mediante este tipo de inteligencia se enfrentarán las organizaciones e individuos que amenazan la estabilidad del Estado en los campos político, económico, y/o militar y se identificarán los riesgos, amenazas y oportunidades derivados de intereses de actores nacionales e internacionales…" el PLAN tiene como primer objetivo "reestructurar la inteligencia desarrollada por la institución para asumir un nuevo rol orientado solo a la producción de información estratégica, útil para la toma de decisiones del alto gobierno… el alto gobierno es el presidente y Ministros" |18|
"(...) y volviendo al tema del G3 si a mi me ordenaron que debía estar adscrito a mi subdirección lo acaté, si me ordenaron que debía darle apoyo así lo hice, siempre con el convencimiento que estaba cumpliendo un deber institucional, tan de buena fe fue mi actuar que muchas de mis determinaciones como subdirector de operaciones con respecto al G3 quedaron documentadas por escrito, nunca como lo han hecho ver algunos medios de comunicación se concibió ese grupo como algo clandestino, era un grupo que operaba en el 8 piso del DAS, no era subrepticio, existen actas de reuniones a las que nos convocaba el entonces director del DAS NOGUERA, el director de inteligencia ARIZA, el que ya era subdirector del DAS y como asesor del grupo JOSE MIGUEL NARVAEZ…todas las subdirecciones, incluso las direcciones seccionales que tienen su coordinación de inteligencia apoyaban al Grupo, sabían de la existencia del Grupo y los blancos que se trabajaban. Quiero sumar algo muy importante para esta investigación, el contexto histórico del año 2004, el discurso del presidente URIBE quien por medios abiertos expresó que al parecer algunas ONG estaban permeadas o infiltradas por grupos al margen de la ley, inclusive se dijo que podían ser fachadas…por consiguiente a pesar de que no he sido un hombre de escuela e inteligencia, ni militar ni policía, entendía o interpretaba como algo lógico en el marco exclusivamente de inteligencia no con otro fin, la actividad que llevaba a cabo este grupo G3, esto es verificar y constatar que fueran organizaciones sin ánimo de lucro humanitarias y que no tenían ningún fin ilícito, siempre entendí que la actividad mía y la de mi equipo era legal, respaldada en las funciones que le competían la DAS de salvaguarda de intereses superiores de la seguridad nacional, del Estado, ciudadana pero nunca con dolo, puedo haber pecado por ignorante y de pronto no por inteligente en la inteligencia, sino por estúpido, pero ni mi equipo ni este servidor procedimos nunca porque tuviésemos algo en contra de ningún integrante de una ONG, si había que protegerlos era nuestro deber legal y constitucional"… "muchos de los temas del grupo G3 a pesar de que figuraban adscritos a mi subdirección, le eran reportados por el líder del grupo al director de inteligencia ENRIQUE ARIZA, o el señor subdirector del departamento JOSE MIGUEL NARVAEZ, que yo recuerde nosotros los apoyamos más que todo en labores de verificación que están contempladas en el manual de procesos y procedimientos de inteligencia del DAS..." |19|
"En esos documentos se entiende por operación de inteligencia: "conjunto de actividades de inteligencia como entrevistas, infiltraciones, penetraciones, vigilancias y seguimientos que permiten obtener información privilegiada para verificar , confirmar, desvirtuar o recolectar información proveniente de diferentes fuentes, con el fin de detectar, ubicar, identificar y neutralizar personas, organizaciones o acciones que puedan desestabilizar el orden público y la seguridad nacional"…por cumplir con mi deber terminé violando la ley"…Ese año -2004- por mi trabajo en esa subdirección me condecoró el presidente de la república porque siempre estuve convencido que estaba dentro del marco legal".
Por su parte, JOSE MIGUEL NARVAEZ |20|, a quien se le conoce como uno de los mentores del G3, asesor del DAS y señalado por varios jefes paramilitares como ideólogo e instructor de las estructuras paramilitares, a pesar de negar en un primer momento la existencia de este grupo especial de inteligencia, reconoció que su actividad dentro de la Institución estuvo inspirada en la Política de Seguridad Democrática, siendo la misma una orientación para la elección de los objetivos y "blancos" de la inteligencia estratégica. Afirma que como asesor del DAS:
"el objeto de mi contrato se circunscribió a prestar mis servicios profesionales en la implementación del programa de inteligencia estratégica y como subdirector nacional del DAS las funciones para dicho cargo están contenidas en el decreto 643 de 2004.
"en el ejercicio de las funciones tanto de asesor como de subdirector tuve muy presente el documento oficial de la presidencia de la república titulado "política de defensa y seguridad democrática" que en la pagina 41 numeral 83 dice: " el DAS fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia estratégica en coordinación con los demás organismos de la Junta de Inteligencia Conjunta, desarrollará igualmente su capacidad de contrainteligencia que concentrará no solamente en las amenazas que penden sobre el gobierno, sino en todas las que afectan la gobernabilidad democrática, y, a nivel táctico, concentrará sus esfuerzos en estudiar y desmantelar las estructuras y el apoyo logístico de las organizaciones terroristas y la criminalidad organizada"(Fol 58 C4) (...)
¿Cuál fue el criterio tenido en cuenta para definir la finalidad u objetivos de los trabajos realizados a los blancos en el grupo de análisis o G3? : "...lo definido por la dirección del Departamento y la dirección General de Inteligencia sobre la base de las necesidades de análisis estratégico del país en relación con las seis líneas de acción estratégica contenidas en la política de seguridad democrática, creo pudieron haber sido los lineamientos que se tomaron en cuenta para definir los estudios que se desarrollaron en ese grupo de análisis. Es importante enfatizar que este documento de la presidencia de la república hace diferencia entre lo meramente convencional y coyuntural a favor de un gobierno de años, con las necesidades estratégicas de Estado" (Fol 70 C4)
Lo expuesto por JOSE MIGUEL NARVAEZ en la diligencia de indagatoria rendida dentro del Radicado No. 12495-11 revela una relación directa entre los actos de persecución perpetrados desde el DAS y los intereses del Alto Gobierno, enlazando claramente esta acción con la política abanderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
La diferenciación entre la inteligencia estratégica y la inteligencia policiva, aludida por Noguera Cotes, se refleja en lo dicho por OVALLE OLAZ |21|, quien ante la pregunta de si Obtuvieron información de las ONGs que implicaran riesgo o amenaza contra la seguridad nacional señaló:
"Obtuvimos información de inteligencia relacionada con actividades que constituían riesgos y amenazas contra la estabilidad de la seguridad nacional adelantadas por ONG y sus directivos a nivel nacional e internacional, en algunos casos... De los que se ha tratado en esta diligencia no se pretendió judicializar, pues se trataba de obtener información de inteligencia estratégica que permitiera asesorar al alto gobierno en la toma de decisiones para la estabilidad del orden democrático nacional"...
De tal respuesta se infiere con claridad que: (i) quienes hacían parte de la oposición no eran perseguidos a través del DAS por una presunción de la ilicitud de sus actividades, sino por el hecho mismo de pertenecer a la oposición y (ii) que las llamadas actividades de inteligencia estratégica buscaban neutralizar y si era del caso acallar cualquier tipo de disenso con el Gobierno Nacional.
Los funcionarios de confianza del Gobierno Nacional:
El control del Alto Gobierno Nacional sobre las actividades del DAS no se restringía, como se ha observado, a la simple elección de sus directores y asesores. Es de público conocimiento que el Presidente de la República nombró como director del DAS desde agosto de 2002 al señor Jorge Noguera Cotes -hoy en juicio por el asesinato de una sindicalista, un profesor y un político - y como subdirector de esa entidad a Emiro Rojas Granados, éste último que podría ser pasible de investigación, en virtud de la compulsa de copias que ordenó un juez de la República por la intervención de funcionarios del DAS en la desviación y montaje en el caso del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero. Noguera Cotes había sido jefe de campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez en el departamento del Magdalena, lugar desde el cual, según se ha evidenciado ante la Corte Suprema de Justicia, se diseñó un sofisticado mecanismo de fraude electoral a través de un software especial creado, entre otros, por Rafael García, a la postre nombrado por Noguera Cotes como director de Informática del DAS. Dicho software permitió la toma de buena parte del Congreso de la República por personas afines al paramilitarismo, varias de las cuales hoy han sido condenadas por su pertenencia a una empresa criminal, mientras otras más esperan juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
El control absoluto de Álvaro Uribe Vélez respecto de las diversas instancias que conformaron la estructura criminal se ejerció en relación con cargos como la Dirección de inteligencia y la Subdirección de contrainteligencia, según lo señaló JOAQUÍN POLO MONTALVO en su indagatoria rendida dentro del proceso 12490 - 2, el 23 de julio de 2009, así:
"PREGUNTADO. Manifieste si los cargos que ocuparon los señores LAGOS y TABARES dentro del DAS, son de aquellos que se denominan de confianza o de de libre nombramiento y remoción. CONTESTO. Pues realmente en estos momentos yo no recuerdo como dice el decreto sobre esos cargos. En todo caso, estos cargos no sería posible proveerlos en la práctica, sin consultarlo con el Presidente de la República, por lo delicado de las funciones asignadas" (Fl. 144 y 145 C.C.7)
De tal forma, funcionarios que tenían a su cargo funciones sensibles y de trascendental relevancia dentro de la estructura del DAS y que las utilizaron para el desarrollo generalizado de acciones criminales fueron asignados por Álvaro Uribe Vélez en dichas instancias y el primer mandatario mantuvo con ellos, según lo aportado, directa y permanente comunicación. Ello permite concluir que las acciones fueron definitivamente coordinadas con el señor Presidente de la República y ponen nuevamente en evidencia su voluntad y conocimiento en la perpetración de los crímenes aquí denunciados. No resulta, en esta vía, vana coincidencia que sólo una cabeza visible se encuentre por encima de los cuatro directores del DAS que, según los resultados de las indagaciones hechas hasta el momento, realizaron los crímenes de lesa humanidad que aquí se vienen denunciando. Estos nombramientos incluyen el de una figura tan sombría como la del señor José Miguel Narváez, quien fue nombrado subdirector del DAS por Álvaro Uribe Vélez.
A su vez, las evidencias encontradas dentro de las investigaciones realizadas ha mostrado que el círculo más íntimo de colaboradores del señor Presidente de la República, como su secretario general, Bernardo Moreno, el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, su jefe de prensa, Cesar Mauricio Velásquez, el señor Jorge Mario Eastman y su asesor de cabecera, José Obdulio Gaviria, se reunieron con funcionarios del DAS en desarrollo del plan de persecución explicitado en esta denuncia.
Los "blancos" de la actividad ilegal del DAS y los intereses del Gobierno Nacional
Ahora bien, con el propósito de demostrar cómo en la definición de los "blancos" del DAS se observa la intervención del Presidente de la República y detectar la preexistencia de políticas gubernamentales, nos permitiremos enunciar los siguientes aspectos que emergen de la documentación incautada en el DAS y de las posteriores investigaciones realizadas en torno a estas situaciones:
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'Tolemaida Resort', el artículo de Semana sobre las irregularidades en ese Penal Militar
Este es el artículo que publica la Revista Semana en su edición de hoy acerca de las irregularidades que se cometen en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. Caracol | Abril 3 de 2011
Éste es el artículo que publica la Revista Semana en su edición de hoy acerca de las irregularidades que se cometen en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida y que, en parte, quedaron en evidencia en enero pasado con la fuga del mayor Maldonado, sindicado del atentado contra el ex representante Wilson Borja.
Tolemaida Resort Por: Semana
Por años, la cárcel insignia de las Fuerzas Armadas, el Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, ha parecido más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad. SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos de ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años. Hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena.
Aunque recientemente se tomaron algunas medidas, las irregularidades están lejos de ser erradicadas. El país no tiene idea del relajo que ha imperado en la cárcel más importante de los militares en Colombia. Reclusos entrevistados por SEMANA dicen que, como en el pasado, esas medidas van a ser transitorias, pues, según ellos, habría interesados de alto nivel en mantener en las mejores condiciones a quienes se untaron directamente las manos en tácticas de 'guerra sucia'.
Esas medidas se tomaron a raíz del escándalo que sacudió a la cárcel de Tolemaida el pasado 17 de enero, cuando se conocieron los privilegios de los que gozaban los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias 'Zeus', condenado a 12 años por ser el jefe de seguridad del narco del norte del Valle 'Don Diego', y César Maldonado, condenado a 25 años por participar en 2000 en el atentado contra el congresista Wilson Borja. El gobierno destituyó al comandante del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), nombre oficial del fuerte de Tolemaida, y a los encargados de la cárcel, que los militares conocen como 'Cuatro Bolas'. Aunque sus reemplazos han implementado algunas medidas con el fin de hacer cumplir la ley en el penal, que, como cualquier centro carcelario del país, se rige por normas del Inpec, lo que SEMANA descubrió prueba que los casos de 'Zeus' y Maldonado son apenas la punta del iceberg. El país no está ante "tres o cuatro sinvergüenzas", como dijo el ministro de Defensa, sino ante todo un sistema indignante de privilegios para los militares condenados por delitos atroces.
Presos con sueldo
A lo largo de un mes, SEMANA ingresó en diferentes oportunidades a la que se supone es una de las bases militares más custodiadas del país, recorrió en varias ocasiones el complejo y el interior del Centro de Reclusión Militar y comprobó que son increíbles las irregularidades en este lugar. Esta revista tuvo acceso a más de 1.100 documentos e informes internos del Cenae y del penal militar, en donde también están consignadas todo tipo de anomalías que allí han ocurrido durante años.
Uno de los documentos es el listado que elaboró la dirección de la cárcel de Tolemaida tras el escándalo en enero, con la relación de quiénes son los militares detenidos, su situación jurídica, el tiempo que llevan y otros datos. Este listado oficial, de hace un mes, da cuenta de 269 internos, de los cuales 261 están condenados.
De esos 261, muchos de ellos con sentencia en segunda instancia, 179 siguen como miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tiene condenas que van hasta los 40 años de cárcel (ver infografía). Es decir que, a pesar de haber sido declarados culpables de los peores crímenes, esos 179 oficiales, suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Y algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel.
"No es normal que los condenados sigan recibiendo sueldo y, mucho menos, figurando como miembro activo del Ejército. Una vez la condena queda en firme ya no hace parte de la fuerza y por lo tanto no tiene derecho a ningún beneficio, menos a seguir con salario", explicó a SEMANA una exdirectora de la Justicia Penal Militar. Ese pago de los salarios a los condenados suma varios miles de millones de pesos al mes.
"Aparte del sueldo, lo que más importa es que uno siga figurando como activo por lo menos hasta que alcanza el tiempo para la pensión. Acá somos varios los que hemos llegado al tiempo de pensión estando presos. Y la pensión no se la puede quitar nadie", contó a SEMANA uno de los internos.
Negocios, negocios, negocios
Al ingresar al complejo militar de Tolemaida, pocos metros después de pasar la guardia, lo primero que se encuentra a mano derecha es un pequeño restaurante, que es de uno de los presos, el sargento viceprimero Orlando Camargo, capturado en 2006 y condenado a 38 años de cárcel.
Allí, en un terreno destapado, están estacionados taxis, microbuses y mototaxis que movilizan a la gente por toda la base, muchos de los cuales pertenecen a los presos. El valor del pasaje va de 500 a 1.500 pesos. "La buseta le puede dejar a uno entre un millón y millón y medio de ganancia al mes", cuenta uno de los internos, condenado a 20 años de prisión. Allí se ve el taxi que pertenece al sargento viceprimero Gerson Galvis, quien fue arrestado en 2006 y condenado a 28 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de unos comerciantes en Barranquilla por parte del Gaula del Atlántico, unidad a la cual pertenecía. También, el microbús que pertenece al sargento segundo Wilson Casallas, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del Batallón Pijaos de la Sexta Brigada del Ejército. Los tres mototaxis y el taxi de 'Zeus', quien fue autorizado por el director del penal para manejar uno de esos vehículos, también están en el lugar. "Los que estuvieron de malas fueron unos muchachos de la IV Brigada presos acá, a quienes la Brigada les mandó de regalo tres mototaxis nuevos para trabajar, pero con el problema de 'Zeus' les tocó dejarlas guardadas, por ahora", cuenta un interno, que manejaba un taxi. Por trabajar como 'transportadores', los detenidos recibían los beneficios de descuento de pena.
"Es completamente ilegal y está prohibido por el régimen del Inpec que los internos manejen cualquier tipo de vehículo, menos los que están con condenas altas. No solo no pueden manejar, sino que no deben incluso salir del penal. Y, obviamente, esas actividades no están contempladas como las autorizadas para reducción de pena", explicó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Tras ocho minutos de recorrido en taxi desde la entrada de Tolemaida se llega al Parque del Soldado. Allí funcionan una serie de restaurantes, un supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial para atender los requerimientos de las más de 3.000 personas que habitan el complejo militar. Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama Héroes y ofrece comidas rápidas y platos a la carta.
"Eso también está prohibido por la ley. Ningún interno, en ningún tipo de centro de detención, así sea dentro de un fuerte, puede tener o administrar un restaurante y mucho menos para lucro personal. Eso lo acabó la ley hace años a raíz de los famosos caspetes", dijo a SEMANA el funcionario del Inpec. Pulido no es el único que tenía ese tipo de privilegios.
Tolemaida: ¿club o penal?
Desde el Parque del Soldado hasta el Centro de Reclusión hay otros cinco minutos en taxi. Desde afuera, la primera impresión es que se trata de una cárcel. Muros de cuatro metros de alto, mallas y alambres de púas envuelven las instalaciones y es lo único que se alcanza a ver desde la polvorienta carretera que lleva hasta el lugar. Adentro, las cosas son muy diferentes. Tras pasar la guardia y una reja, lo primero que se ve es un amplio espacio con un pequeño letrero que dice "Área social". En medio de frondosos árboles hay una serie de cabañas, llamadas por los internos "quioscos". Son 39, a los cuales se llega por los caminos adoquinados que rodean el sitio. Si bien no son instalaciones de un Club Mediterranée, las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades. Las primeras cabañas se construyeron en 1998 y la última aún está en proceso.
Los habitantes de estos quioscos tienen condenas superiores a los 25 años. "Si usted tiene plata, puede hacer su quiosco. Eso puede costar entre 5 y 15 millones de pesos. Muchos ahorramos y los construimos. Pero desde hace como unos seis años comenzó a llegar mucha gente. Llegaron los de las Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas), de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por 'falsos positivos', o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por' falsos positivos', y los de la VI Brigada, de casos como los [del asesinato de varios campesinos, en 2004, en] Cajamarca o las masacres [una serie de 20 ejecuciones extrajudiciales, en 2003] de Viotá -cuenta uno de los internos-. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos visitaron y ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba y en qué nos ayudaban; les pedíamos y ellos hablaban con el director del Cenae y el del CRM para que no nos pusieran ningún problema", explica el interno.
Cuando estalló el escándalo de 'Zeus' y se reveló que entre los privilegios que tenía estaba una cabaña, el mayor Luis Burbano, director de la cárcel, envió ese día una carta (a la que tuvo acceso SEMANA) al director de Asistencia Social del Ejército, en la que le explicaba que esos quioscos eran simplemente para que los internos recibieran visitas conyugales y eran financiados con colectas que hacían los compañeros de los internos. Sin embargo, al lado derecho del "Área social" se encuentran diez habitaciones destinadas a visitas conyugales. En algunos casos son usadas para ese fin, pero la mayoría de las veces esos cuartos eran alquilados para que se quedaran allí durante días, e incluso semanas, los familiares y amigos de los internos que iban a visitarlos. "Por esos servicios, para que la familia se quedara, uno pagaba 8.000 pesos por el día y 16.000 si era para quedarse en la noche", cuenta uno de los suboficiales detenidos.
"Está explícitamente prohibido que familiares y amigos se queden a dormir en los centros penitenciarios. También es prohibido realizar cualquier tipo de construcción. De hecho, ni el propio Inpec lo puede hacer. Para eso existe una división, adscrita al Ministerio del Interior, que son los únicos en todo el país que pueden ejecutar cualquier tipo de construcción", confirmó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Los quioscos no son el único ni el mayor privilegio de los que disfrutaban los militares condenados. Muchos de ellos entraban y salían libremente de su prisión y de Tolemaida, e incluso se daban el lujo de vivir por fuera del penal y de la base. Un caso es el del soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia, a los que presentó como miembros del ELN muertos en combate. SEMANA corroboró con los vigilantes y administradores del conjunto residencial Campo Hermoso, en la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, que el soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto, en donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar y, obviamente, desconocían que se trataba de un preso condenado. Su caso no es el único.
A algunos de los reclusos se les suministraban carnés que los identificaban como vendedores ambulantes, con los que se movían libremente dentro y fuera del complejo para realizar negocios de venta de productos. "A nosotros nos dicen los motorratones porque andamos en motocicleta con remolque por todo lado. La cosa es simple. Usted hace o compra empanadas o avena o jugos y sale a venderlos dentro de las instalaciones o, si tiene clientes en Melgar o Girardot, también podía ir", explica uno de estos presos-vendedores. "Si a usted lo cogía la noche por fuera o se quedaba tomando cerveza en el parque, lo importante siempre era llamar y decir que no llegaba al conteo", explica.
Salir de fiesta era otra de las grandes ventajas. Uno de los sitios favoritos de reunión es Oro Sólido, ubicado en una de las salidas de Melgar. "Acá ellos venían mucho. Acá se celebraban cumpleaños, despedidas de soltero o solo venían de rumba y por los 'servicios'", contaron a SEMANA uno de los meseros y varias de las jóvenes y atractivas mujeres del sitio. "Como algunos venían muy seguido y se iban de 'amanecida', ya le cogían confianza a uno y le contaban que eran presos de Tolemaida. Otros solo decían que eran activos, y es difícil distinguirlos porque de allá venían mucho. Pero desde hace dos meses, por el brinco ese (el escándalo de 'Zeus'), como que ya no los dejan salir tanto como antes", afirmó una de las muchachas.
Celular 'de dotación'
A diferencia de lo que ocurre en cualquier cárcel del país, en la cárcel de Tolemaida los presos están obligados a tener por lo menos un celular. "Eso tiene su razón de ser. Con el celular usted puede llamar y decir que no llega o que está por fuera. Pero lo más importante es que si había una visita sorpresa y era necesario que usted volviera al quiosco o a la celda, por el celular lo ubicaban. Acá existe algo que se llama 'el mapa de riesgo' para ese tipo de cosas. Eso consiste básicamente en que si hay necesidad de estar en el CRM, el director llama al coronel (r ) Ancízar Hincapié, que es el oficial de más rango y uno de los que más tiempo lleva [preso]. Hincapié llama a otro preso y le dice que tiene que volver a la cárcel. A cada preso se le asigna llamar a un solo compañero y funciona como una cadena. Yo llamo a uno, ese a otro, y así sucesivamente. Cuando el último de los 80 vendedores que andábamos por fuera era notificado, ese debía llamar a Hincapié y ahí ya se sabía que los 80 estábamos enterados. Si usted no tenía celular o minutos para llamar, lo sancionaban con 72 horas sin poder salir", contó uno de los detenidos. "El celular es clave por eso. Para que todo quede callado y no se caliente ninguna vuelta", dijo.
Esa ley del silencio que existía entre los condenados les permitía también a muchos de ellos disfrutar de vacaciones en otras ciudades. "El que estuvo muy de malas cuando salió eso de 'Zeus' fue el soldado Torres Quintero León. El 13 de enero, él y otros cuatro se fueron a una diligencia a Medellín. Cuando salieron de la Fiscalía se fueron en un avión para pasar unos días en el Decameron de Cartagena. Cuando salió lo de 'Zeus' en la prensa, el mayor lo llamó y le dijo que tenía que devolverse. Cogieron un avión desde Cartagena a Bogotá pero perdieron unos días de playa", cuenta un compañero del soldado. Torres llegó a Tolemaida en septiembre de 2010, para cumplir una condena de 26 años de prisión por homicidio agravado y tortura cuando hizo parte de las Fuerzas Especiales Urbanas de la IV Brigada en Medellín.
"Torres estuvo muy de malas porque casi nunca se le dañan a uno las vacaciones. Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés y no tuvo problema. De allá trajo a varios unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue capturado en 2001 y condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia, cuando hacía parte del Batallón Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada.
Estas son tan solo algunas de las perlas de lo que ha ocurrido en la cárcel militar más grande del país. El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, alega que las irregularidades fueron controladas y corregidas, se destituyeron oficiales que estaban a cargo de la cárcel y se trasladaron algunos presos a La Picota (ver entrevista con María Jimena Duzán). El segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas, dijo a SEMANA: "Se van a suspender los teléfonos celulares de los internos, y se está estudiando con el Inpec la forma de conseguir teléfonos públicos. Los jueces tendrán que autorizar los permisos. Estamos mirando cómo se hace la transición de manejo individual de los negocios para convertirlos en recursos que sirvan a toda la población. Los taxis y todos los vehículos que tenían los presos ya se suspendieron". Sobre los condenados que siguen activos, y a diferencia de otras fuerzas, donde el retiro es expedito, en el Ejército "el proceso puede tomar años"dijo Vargas. Y añadió que está haciendo una revisión. "Espero no encontrarme ninguna sorpresa".
Tras el escándalo de hace dos meses y con la llegada de nuevos directores, algunos excesos como los permisos y el manejo de los vehículos han disminuido. Lo cierto es que, pese a esas medidas y a los anuncios del general Vargas, por ahora, los negocios no se han acabado, ni tampoco las cabañas con sus comodidades ni los celulares. Muchos condenados siguen activos y recibiendo sueldo. Además, los internos tienen clara una cosa. "Ahora están apretando un poco con todo. Pero eso va a pasar. Si la mitad de la gente que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá, presos con nosotros. No hay un solo comandante del Ejército que no sepa qué es lo que pasa en Tolemaida y solo es cuestión de tiempo para que llamen al director del CRM y del Cenae y todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué cree que regalan quioscos, taxis, viajes y no dejan que lo retiren a uno? Ellos son los más interesados en que nosotros sigamos bien acá. Yo llevo diez años acá. Así ha sido y así seguirá", concluye. |
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Buscarán testimonios de 'exparas' en proceso contra exsenador Martínez
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 11:15 a.m. | 26 de Octubre del 2012
Una comisión de fiscales viajará a Estados Unidos a escuchar a exjefes de las AUC.
La Fiscalía buscará los testimonios de ‘narcos’ y exparamilitares en el proceso contra el exsenador Juan Carlos Martínez, quien ya pagó una condena por parapolítica.
Martínez, una vez recobró su libertad, fue capturado por narcotráfico, proceso por el cual la Fiscalía escuchará a exjefes paramilitares.
La comisión de fiscales tendrán en cuenta los testimonios de los exparamilitares Éver Velosa, alias 'HH' y de Diego León Montoya Sánchez, alias 'Don Diego', y del narcotraficante Luis Enrique Antonio Calle.
En la diligencia también estará el abogado Alfredo Montenegro, quien defiende al excongresista vinculado a un proceso por el delito de narcotráfico. En el proceso ya se tomaron declaraciones en Colombia.
Cabe recordar que el exsenador también está vinculado a un proceso de fraude electoral en el Valle.
REDACCIÓN JUSTICIA
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El libreto de la parapolítica según Mancuso, 'El Alemán' y 'Jorge 40' |
Jueves, 01 de Noviembre de 2012 17:04 |
Una grabación muestra cómo Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’ se preparaban para destapar la parapolítica. Los paras sabían que sus revelaciones harían colapsar el sistema judicial.

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Salvatore Mancuso, 'El Alemán' y 'Jorge 40' dominaron la política y la economía en gran parte del país. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
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Meses antes de que fueran extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', se reunieron en el centro de reclusión de La Ceja con Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', para preparar el libreto que presentarían en Justicia y Paz.
A la reunión asistieron también una abogada y el asesor de los paramilitares, el argentino Juan Rubini.
Según lo afirman los tres ex jefes paramilitares en la grabación conocida por Caracol Radio, los cómplices de las autodefensas llegaron a ser tantos, que de revelarse la lista entera, colapsaría el sistema judicial y carcelario del país.
Como una ‘bomba atómica’ denominaron los desmovilizados al efecto que traería hablar de todas las personalidades que los apoyaron en la expansión paramilitar, dentro de las cuales, según la grabación, se encontraría el ex vicepresidente Francisco Santos.
“Hagamos el listado de todos los políticos, alcaldes, diputados, gobernadores a quienes pusimos o hicieron pactos con nosotros. Si hacemos eso y metemos mil políticos y 70 mil personas que nos financiaban, seguramente no los van a judicializar porque no habrá cárceles para meter a toda la gente” aseguró Mancuso, considerado uno de los 'padres' del paramilitarismo en el país.
VerdadAbierta.com analizó la grabación de dos horas en la que los ex jefes paramilitares explican cómo se tomaron el país llegando a sustituir al mismo Estado. El robo del sistema de la salud, el control sobre los gobiernos y las regalías regionales y municipales y las alianzas con políticos, empresarios y comerciantes permitieron que los tentáculos del paramilitarismo llegaran a magnitudes inimaginables.
Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo y de las Autodefensas Campesinas de córdoba y Urabá, 'El Alemán', comandante del Bloque Élmer Cárdenas y 'Jorge 40', ex jefe del Bloque Norte, fueron los cerebros que dirigieron la expansión del paramilitarismo y su infiltración en la política y la economía en conjunto con los desaparecidos Carlos y Vicente Castaño. Por esta razón, se considera que los tres ex jefes de las autodefensas guardan gran parte de la verdad acerca del paramilitarismo en el país.
Según los últimos registros, cerca de 200 congresistas de la República y 470 funcionarios de todo el país han sido salpicados por el escándalo de la parapolítica, sin embargo ante las dimensiones del fenómeno y las confesiones de los paramilitares, estas cifras se quedan cortas. (Ver artículo Sumas y restas de la justicia frente a la parapolítica).
El discurso político detrás del terror paramilitar
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La lucha antisubversiva y el control de a corrupción estatl fueron las banderas políticas con las que el paramilitarismo justificó sus acciones. Foto: Archivo Semana |
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Con la teoría de que nada funcionaba bien por la corrupción política y la ausencia Estatal que permitió la expansión guerrillera, las autodefensas crearon un discurso político con el que buscaron justificar sus acciones de terror.
El botín de los recursos públicos y la corrupción enquistada en las regiones y municipios, también fue una justificación que los nacientes paramilitares utilizaron para supuestamente, ‘purgar’ el Estado infiltrándose en todos los niveles de gobierno.
En la grabación revelada por Caracol Radio, Mancuso, ‘El Alemán’ y ‘Jorge 40’, construyeron el discurso político con el que justificaron sus acciones y la posibilidad de participar en política luego de pagar sus penas en la cárcel.
“Cuando se inició la expansión de las autodefensas descubrimos que uno de los factores generadores de violencia, además de la presencia guerrillera y la falta de presencia estatal y militar, era la falta de espacios políticos para contrarrestar la avanzada política de la guerrilla. La idea era manejar recursos estatales para responder a las necesidades de la comunidad en las zonas en las que sustituimos al Estado”, aseguró el manifiesto político de los ‘paras’.
Según la grabación, los ex jefes paramilitares hablan de un paramilitarismo de Estado que nació de la incapacidad de responder legalmente a la guerrilla. Estos señalamientos han sido reiterativos en todo el proceso de Justicia y Paz, en la que los desmovilizados han señalado que fueron utilizados por las elites políticas y económicas.
“Frente a la guerrilla, la primera respuesta fue el paramilitarismo de Estado orquestada por los gremios económicos y dirigidos por las fuerzas militares como punta de lanza. Ese tipo de paramilitarismo que desparece y asesina a la Unión Patriótica, porque aunque no eran guerrilleros, si tener ideologías de izquierda que podían calar en la población perjudicaban a las elites económicas y clases políticas tradicionales”, dice el discurso político contruido por los jefes paramilitares.
En este panorama, según el manifiesto, se tomó la decisión de ingresar a la política. “Fue Carlos Castaño que dio la orden de penetrar el poder político, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y congresistas. La idea era tomarse todos los poderes regionales para contrarrestar a la guerrilla y “sanear” los gobiernos de la corrupción. Así nace la concepción del para- Estado.
Infiltrados para robar al Estado
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Los paramilitares terminaron manipulando todo el sistema de contratación en los municipios y en las gobernaciones. Fotomontaje: VerdadAbierta |
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En el discurso político del paramilitarismo se argumentó la necesidad de ingresar a la política con el supuesto objetivo de controlar la corrupción y “generar formas de desarrollo”. Pero en la realidad los paramilitares supcionaron el presupuesto de los municipios y de las gobernaciones para financiar su guerra.
“Nosotros a los municipios no les quitábamos un peso, pero eso sí, a cada empresario que llegara a la región para enriquecerse como contratista, le gravábamos el 5% del 70% del valor de la obra”, narró ‘Jorge 40’, quien agregó que de los municipios ni de las regalías se había “comido ni un chicle”.
Supuestamente, a diferencia de la guerrilla, los paramilitares no se robaban el presupuesto de los municipios y de las gobernaciones sino que tenían impuestos para los contratistas que licitaban para las obras públicas. Sin embargo, los paramilitares terminaron manipulando todo el sistema de contratación e infiltrándose en la educación y en la salud para financiarse.
“Quiere que le cuente la verdad, nosotros peleábamos con los alcaldes que se robaban hasta el 30% de las obras, por eso era que las obras no se veían, les dijimos que no podían cobrar más del 5%. Así era un 5% para ellos y un 5% para nosotros como contraprestación a cambio de un servicio de seguridad”, señaló ‘Jorge 40’.
Este sistema de corrupción se financió la guerra paramilitar en la mayoría de las regiones del país, incluso en la zona dominada por Salvatore Mancuso que cubría el Catatumbo, Córdoba y los Montes de María.
“Cuando nombré al primer alcalde de Tierralta, Córdoba a través del ‘Granadazo’ (Acuerdo de Granadas donde se apoyó a Sigilfredo Senior Sotomayor y luego a Humberto Santos Negrete, capturados por sus nexos con los paramilitares), se tomó la decisión de empezar a cobrar el 5% sobre la contratación. Según Mancuso de los contratos que repartían por igual a todos los partidos políticos y se les cobraba por igual como pago al servicio de seguridad que les dabamos”, agregó.
Sin embargo, según ‘Jorge 40’ no siempre fue rentable apoyar a los políticos a cambio de la participación en el presupuesto. “Cuando nombrábamos a los alcaldes o concejales no nos daban nada, ni siquiera puestos, los metimos para robaran más fácil”, aseguró.
“Los alcaldes no cumplían con el pacto que hacían con los paramilitares en educación, salud, infraestructura y terminaban robando y siendo enemigos de nosotros”, indicó ‘El Alemán mientras en burla hablaban de los dirigentes que mataron las autodefensas por no cumplir los compromisos que adquirieron con las autodefensas a cambio del apoyo en sus candidaturas como el caso de Héctor Acosta, alcalde de Tierralta, Córdoba asesinado en febrero de 2001.
Desangrando el sistema de salud La salud fue una de las principales fuentes de financiación para los paramilitares que lo convirtieron en una ‘caja menor’ para costear la guerra. Para la mayoría de los grupos paramilitares este era el negocio más rentable por eso se infiltraron a través del nombramiento de sus propios gerentes en hospitales, Entidades Promotoras de Salud, EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS.
“Yo para el país fui el que me robé la salud “, aseguró ‘Jorge 40’ en la grabación en la que los tres ex jefes paramilitares contaron como se tomaron la salud. En la zona norte del país que era dominada por 'Jorge 40', sobresale el caso del ex senador Dieb Maloof, condenado por parapolítica, quien con la ayuda de una red familiar y de amigos políticos se apoderó de una parte importante de los recursos de la salud en los departamentos de la costa caribe, a través del saqueo de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla. (Ver artículo Los negocios de los 'paras')
‘El Alemán’ aseguró que tenía dos IPS, una en el barrio Nelson Mandela en Cartagena y otra en Barranquilla. “En esas empresas hay trabajando 80 personas pero yo no me financiaba de eso”, aseguró el ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas.
Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Según las explicaciones de un desmovilizado, “esta empresa se formó cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el ‘Alemán’ y Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud nos iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá”.
Otras denuncias ante la Fiscalía añaden que en la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.
Con respecto a Orsalud, Salvatore Mancuso aseguró que los encargados lo habían buscado para que les ayudara en el tema de unificarla ya que si no conseguían más usuarios sería liquidada. “Yo les dije con mucho gusto, venga yo les ayudo, armé el paseo y no dé que se los robara los cachacos (según la grabación congresistas de Bogotá nombrados por ‘El Alemán' pero no se especifica quienes) ni que muriera la empresa” señaló Mancuso quien dijo haberle entregado el control de la unión a ‘El Alemán’. (Ver artículo La telaraña de los 'paras' en Urabá)
“Detrás de una ARS hay un senador de la República”, aseguró ‘Jorge 40’ indicando el grado de corrupción que rodeaba la salud. “Yo averigüé una del polo y una de Mario Uribe”, agregó el extraditado jefe paramilitar.
“Nuestro error fue no haber creado un partido político”, ‘Jorge 40’
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Los ex jefes paramilitares se sienten traicionados por los políticos y líderes que ayudaron a eligir. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
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Además de los políticos y de los empresarios, los paramilitares se infiltraron en las organziaciones sociales para conseguir otras fuentes para financiarse. De a cuerdo con las declaraciones de ‘El Alemán’, “organizaron a las juntas de acción comunal para que en reuniones con los candidatos, los líderes expusieran las necesidades de sus comunidades y participaran en la elaboración de los proyectos de desarrollo de manera concertada con los candidatos, pero eso casi nunca lo cumplían”.
A igual que alias ‘El Alemán, ‘Jorge 40’ aseguró que el gran error de los paramilitares fue no haber creado un partido político propio para evitar haber sido traicionados por los políticos locales y líderes que ayudaron a elegir.
“Nosotros lo que hicimos apoyar a unos corruptos del partido liberal y del partido conservador y a buenos líderes de las comunidades que luego de ser elegídos resultaban corrompidos y robándonos”, agregó ‘Jorge 40’.
Para controlar el presupuesto y evitar que los políticos los robaran, los paramilitares reunían a los empresarios que tenían intereses económicos en las obras públicas y conseguían que en lugar de pagar el impuesto predial en efectivo a la alcaldía, aportaran material y maquinaria para hacer las obras. En otros casos, según lo anunció ‘Jorge 40’ se le daba la plata al alcalde pero se le presionaba para que cumpliera sus compromisos inmediatamente.
“Las carreteras internas del magdalena fueron construidas con esa figura, igual en el cesar. Se hacían puentes carreteras, colegios, lo que se necesitara”, señaló Mancuso.
De acuerdo con ‘Jorge 40’ había otro sistema, por ejemplo si necesitamos hacer el hospital de un municipio y no había recursos, hacíamos eventos con los empresarios. Hacíamos subastas a través de fundaciones o de las mismas comunidades y con la plata construíamos las obras, hospitales, escuelas, iglesias…”.
Este es el caso de Neyla Alfredina Soto Ruiz, jefe política de las Auc en Magdalena y conocida como ‘La Sombrerona’ o ‘Sonia’, quien creo una fundación en la región llamada Mujeres de la Provincia, para canalizar los recursos de las diferentes administraciones para construir hospitales y escuelas. Incluso llegó a recaudar impuestos en varios municipios del centro del Magdalena. (Ver artículo Yo estuve en el Pacto de Chivolo)
En otros casos, según ‘Jorge 40’, si los empresarios decían necesitaban construir una obra pero los municipios no tenían presupuesto, mandábamos a los lideres políticos a hablar con el alcalde y nosotros lo llamábamos para presionarlo. Las obras se hacían con plata y materiales de los empresarios, la comunidad y el municipio. En algunas ocasiones las obras se hacían completamente con las finanzas de las autodefensas, agregó ‘Jorge 40’.
Pero para llegar a apropiarse del presupuesto fue necesario infiltrar los altos niveles políticos en el Congreso. Según Salvatore Mancuso, en los municipios y departamentos se conseguía a un grupo de ingenieros y arquitectos para que hicieran los proyectos de desarrollo que serían presentados al gobierno central. Es entonces cuando entran ex congresistas como Eleonora Pineda y Miguel De la Espriella, ambos condenados por parapolítica, quienes según Mancuso eran los encargados de ‘patinar’ los proyectos, intercedían para que adjudicaran los recursos a esa obra específica.
“Cuando se aprobaba la plata y salían las obras, el mismo grupo de ingenieros y arquitectos que habían diseñado los proyectos, los ejecutaban y se les cobraba el 5% correspondiente a la contratación”, aseguró Mancuso
¿La mano negra de Francisco Santos?
Mancuso, ‘El Alemán’ y ‘Jorge 40’ reconstruyeron en la grabación la participación que supuestamente tuvo el vicepresidente Francisco Santos en la historia paramilitar.
“Santos se reúne conmigo un día antes de la apertura de su fundación País Libre en una casa de los Gnecco (Clan de La Guajira conocido por sus actividades ilícitas y respaldar al paramilitarismo) en el barrio Novalito de Valledupar. En esa reunión Santos habló con Rodrigo Tovar Pupo para pedirle el favor de que me contactara. Yo acepté y nos reunimos con René Ríos, alias 'Santiago Tobón' que era el comandante que había enviado Carlos Castaño para delinquier en la zona del Cesar y Magdalena”, aseguró Mancuso.
Según la versión de Mancuso “como Santos le había pedido a Carlos que montara un grupo de autodefensas en Bogotá y Cundinamarca, también me pidió el favor que le preguntara a Carlos cuando iba a iniciar el proceso”.
Hablaron también de unas Ongs. Él me dijo, “maten a todos esos que se están tomando este país, pero no me los desaparezcan por que los desaparecidos se convierten en un problema para mi fundación”, señaló Mancuso.
Acerca de la política de las autodefensas de desaparecer a sus víctimas, ‘El Alemán’ la atribuyó a un Narváez, a quien describió como un hombre nefasto que se había convertido en el asesor número uno de las autodefensas. Estos señalamientos pueden hacer referencia a José Miguel Narváez, ex subdirector del Das, quien ha sido señalado por varios jefes paramilitares como ‘profesor’ que les dictaba cátedras a los miembros de las autodefensas para que persiguieran a líderes de la izquierda, defensores de derechos humanos y ongs. Narváez ha sido vínculado al proceso por el asesinato del humorista Jaime Garzón.
Según ‘El Alemán’, este tema de las Ongs lo había tratado Santos con Carlos Castaño en una finca de Montería. “Santos hablaba como Narváez, decía que esas ongs eran proclives a la guerrilla y que eran enemigas por eso las teníamos que eliminar".
Luego ‘El Alemán’ habló de varias reuniones que se realizaron con Carlos castaño y Francisco Santos en Córdoba cuando él le propuso al jefe paramilitar la conformación de grupos de autodefensas en la capital.
De acuerdo con la versión de los tres ex jefes paramilitares, un mes después del encuentro en Valledupar en la casa de los Gnecco, “Jorge 40’ se reunió con Santos para llevarle la razón de Carlos Castaño, quien le mandó decir que el proceso de Bogotá y Cundinamarca ya estaba en camino pero no arrancaría hasta que no tuviera una persona seria y responsable para mandar a la capital.
Según conoció VerdadAbierta.com la investigación que lleva la Unidad delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía en contra del vicepresidente Francisco Santos esta en pleno desarrollo. Los investigadores han viajado en varias ocasiones a Estados Unidos para recibir los testimonios de extraditados jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Esta pendiente recibir la declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
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Colombia
La Corte Penal Internacional acompañaría proceso contra Uribe
El pedido lo hizo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por caso de las ‘chuzadas’. Entre tanto el ex presidente de la República defendió la información encontrada en los computadores del abatido 'Mono Jojoy'.
Por: Colprensa Lunes, Junio 6, 2011
Ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo | Elpais.com.co
El representante investigador del ex presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones, Yahír Acuña, aseguró ayer que pedirá acompañamiento de la Corte Penal Internacional, CPI, para que el proceso sea transparente para todas las partes en cuestión.
“He decidido solicitarle a la CPI y a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (Cidh), que si pueden enviar unos veedores internacionales para que acompañen este proceso, porque lo que yo quiero es que sea un proceso transparente y justo”, dijo el congresista.
Acuña, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, asumió hace unos días el caso contra el ex mandatario, después que el congresista Camilo Abril renunciara a la investigación después de recibir amenazas de muerte.
Tras su designación, el representante investigador aseguró que desarrollará el proceso de manera transparente, mientras recibía cuestionamientos desde algunos sectores que lo vinculan con políticos y empresarios supuestamente relacionados con grupos paramilitares.
El ex presidente Uribe, por su parte, confirmó desde Cartagena, en donde presidió ayer una sesión de los talleres democráticos, que asistirá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara el 16 de junio a responder por la investigación que lo vincula con el llamado caso de las ‘chuzadas’.
El ex presidente ha negado esos señalamientos y aseveró que las evidencias y testimonios en su contra son falsos o fueron manipulados.
No obstante, la Fiscalía imputó cargos a su ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno (destituido por la Procuraduría e inhabilidatado para ejercer cargos durante 18 años), y a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá, tras este escándalo.
De otra parte, la ex senadora Piedad Córdoba aseguró que interrogará al ex presidente Uribe en su condición de parte civil en la investigación que le adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Según Córdoba, ella le preguntará a Uribe el jueves 16 de junio, día en que la Comisión empezará a recibir el testimonio del ex mandatario, quién pidió que la siguiera a ella.
“Yo voy a participar directamente, es un derecho que tengo de que se sepa lo que ha venido pasando, los montajes judiciales y las persecuciones. Hay pruebas contundentes para que no haya impunidad”, sostuvo la dirigente.
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Se 'esfumaron' 800 'falsos positivos' en la Procuraduría
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 10:39 p.m. | 05 de Noviembre del 2012
Por falsos positivos de Soacha, la Procuraduría abrió 20 procesos contra militares.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
De 1.274 expedientes, quedaron 492. Directriz de Ordóñez llevó a esta situación.
Por cuenta de una interpretación puesta en marcha en la Procuraduría -desde hace dos años-, sobre el manejo de los expedientes contra militares por el escándalo de los llamados 'falsos positivos', las investigaciones disciplinarias por estos hechos se redujeron de 1.274 a menos de 500.
Un reciente informe conocido por EL TIEMPO revela que la Procuraduría hoy cuenta con 492 procesos desde el 2009, fecha en la que el Gobierno anunció la más grande purga en las filas castrenses. El número de expedientes catalogados como homicidios en persona protegida en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos difiere en casi 800 casos con el informe que entregó el mismo procurador Alejandro Ordóñez a la ONU en septiembre del 2009.
Esta estadística reportaba al relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, la existencia de 1.274 expedientes por la sospechosa muerte de 1.386 personas; sin embargo, dicho documento hoy no tiene validez para el organismo de control.
Según el procurador delegado para los Derechos Humanos en lo Disciplinario, Jorge Durán, esta estadística "contiene algunos datos incorrectamente referidos a los casos de homicidio en persona protegida para el año 2009": "No corresponde a un levantamiento completo y serio de la información", indicó.
Aunque el reporte inicial se acerca a los casos abiertos en la Fiscalía -1.611 investigaciones-, el documento de la Procuraduría sigue las nuevas directrices del procurador Ordóñez. El jefe del Ministerio Público ordenó en octubre del 2010, por medio de una circular, que solo en la etapa del pliego de cargos (equivalente a una acusación disciplinaria) los hechos pueden pasar de ser catalogados como homicidios cometidos por militares en el marco del conflicto armado a violatorios del Derecho Internacional Humanitario.
Personas allegadas a las investigaciones, que pidieron reserva de su identidad, alertan porque en la práctica los casos disciplinarios quedan como homicidio simple o muertes en combate. Y con ese rótulo, la mayoría fueron devueltos a las oficinas de control interno de las unidades militares. De hecho, el Procurador Delegado dice, en su respuesta a EL TIEMPO, que de 33 casos que envió a los batallones y brigadas, nueve ya prescribieron en las etapas previas al pliego de cargos.
Esta situación se conoce en momentos en que el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha alertado que "los pobres resultados" en las investigaciones penales y disciplinarias de estas muertes podrían poner al país ante un escenario crítico: una intervención de la Corte Penal Internacional. "Si no agilizamos, caminaremos hacia la impunidad y correremos el riesgo de una intervención de la Corte Penal", aseguró.
Informe que envió a ONU
Una comisión especial -conformada por el hoy director de Medicina Legal, Carlos Valdés, y la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia, entre otros- elaboró en el 2009 el reporte que la Procuraduría le entregó a la ONU. Informaron de la existencia de 1.274 expedientes con 2.965 militares investigados. Sólo en la Segunda y Quinta División había 150 oficiales vinculados. En ese momento, la ONU advirtió por la impunidad que rodeaba a las investigaciones.
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Corte Suprema recibe nuevos testimonios en caso AIS
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 9:39 a.m. | 07 de Noviembre del 2012
Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Este miércoles, Sala Penal reanuda audiencia de juicio contra el exministro Andrés Felipe Arias.
Se espera el testimonio de otros exfuncionarios que hicieron parte del equipo que manejó el programa de subsidios que terminó beneficiando a grandes empresarios del campo.
En la audiencia de ayer martes, los magistrados escucharon el testimonio de Camila Reyes del Toro, quien dirigió parte del financiamiento y la comercialización del Programa AIS desde sus inicios en el 2006, aseguró a los magistrados de la Sala Penal que "el Ministro tuvo injerencia en la selección de los beneficiarios, en los montos de los auxilios y en la contratación de los administradores del programa".
Según la testigo, Arias -que está acusado por cargos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación por su presunta responsabilidad en el caso AIS- fue advertido de que la administración del programa debía adjudicarse en licitación pública. "El corazón del convenio debía entregarse mediante una convocatoria pública pero jamás escuché que se hablara de una licitación", aseguró la exfuncionaria.
La testigo, quien acordó con la Fiscalía acogerse a beneficios jurídicos a cambio de información, aseguró que el exministro también intervino en establecer los requisitos que debían cumplir quienes quisieran acceder a los subsidios que brindaría el Estado a los agricultores para enfrentar los cambios que generaría la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos (TLC).
AIS que fue diseñado para favorecer a pequeños agricultores, terminó beneficiando a grandes empresarios del campo que, incluso, fraccionaron terrenos para acceder de manera fraudulenta a mayores subsidios, dice la acusación de la Fiscalía.
Reyes dijo en su declaración ante la Corte que el programa de subsidios se concibió tomando como base un plan similar que funcionaba en Chile. Ella y otros de los miembros del equipo conformado por Arias para estructurar el proyecto presentaron un borrador en el que otorgaban los mayores puntajes a las propuestas que más pequeños beneficiarios presentara.
Sin embargo, el exministro cambió ese sistema de calificación y estableció que los mayores puntajes se otorgarían a los proyectos agropecuarios que generaran el mayor número de empleos directos. Reyes afirmó que después de estructurado AIS diseñó un plan B para incluirlo dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura si la Ley que buscaba crearlo con recursos propios no pasaba en el Congreso.
Reyes mencionó también al exviceministro Juan Camilo Salazar como uno de los cerebros de AIS. el exfuncionario, --quien paga cinco años de cárcel por los mismos hechos-- ejercía como asesor de Arias pero no hacía parte de la nómina del Ministerio de Agricultura, actuaba como contratista del IICA, la entidad que terminó favorecida con un convenio para administrar el programa.
Cuando el escándalo se agudizó, señala la testigo, el exministro y Salazar convocaron a todos los funcionaios a reuniones en la que les advertían que versiones debían dar ante las autoridades penales y disciplinarias que los habían llamado a declarar dentro de las investigaciones. "Nos recomendaron que no habláramos de los demás sino individualmente y que defendiéramos el programa", aseguró la testigo.
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Entrevista en “Hablemos de paz y derechos humanos” [VIDEO: 1h 12min]
Iván Cepeda reafirma las acusaciones sobre vínculos paramilitares de Álvaro Uribe
Canal Capital
El expresidente colombiano acusa a Iván Cepeda de haberse aliado con bandas criminales para vengarse de él, dice Uribe que con sus falsas acusaciones torpedea a la justicia con inducciones al falso testimonio. Sobre esta polémica y ante estas acusaciones el congresista afirma que en las investigaciones realizadas en tanto que defensor de derechos humanos y en sus obligaciones que como congresista tiene de hacer control político, el nombre de Álvaro Uribe Vélez ha aparecido muchas veces ligado a personas u organizaciones mafiosas, narcotraficantes o de paramilitares. Precisa también que todas esas investigaciones y las afirmaciones que ha hecho sobre el expresidente están sustentadas con documentos, fotografías, testimonios, etc. y todas ellas han sido entregadas a las autoridades competentes. Hace un contrate entre su manera de actuar y la de Uribe Vélez que según él hace aseveraciones sobre personas u organizaciones que no están sustentadas en hechos concretos.
Iván Cepeda llama la atención sobre el hecho que estas acusaciones de Uribe se basan en las convicciones íntimas del expresidente que hacen que identifique a personas u organizaciones opositores como terroristas vestidos de civil. Corresponde dice a una convicción y a una doctrina que ha hecho carrera y que parte del supuesto que hay una guerra política que enfrenta al estado con terroristas, algunos de los cuales son civiles.
Recuerda Iván Cepeda que sus acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez no son en abstracto. Se basan en el hecho que numerosos aliados políticos e íntimos amigos del expresidente no solo han sido condenados por paramilitarismo si no también que ellos mismos han confesado su participación en acciones criminales y su pertenencia a esas estructuras. Asevera el defensor de derechos humanos que cuando él dice que Uribe ha tenido relaciones con paramilitares se basa en hechos y situaciones precisas y demostradas. Reitera que el fruto de sus investigaciones contra el expresidente ha sido entregado a autoridades competentes como la fiscalía.
De los hechos recientes dice por ejemplo que hizo una denuncia penal para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago, a los hermanos Villegas Uribe y Gallón Henao por conformación de grupos paramilitares, homicidio, desaparición forzada y otros delitos. La investigación está basada en el testimonio de Juan Monsalve, hijo del mayordomo de la Hacienda La Guacharaca de propiedad de los Uribe, quien entregó pruebas que incluyen fotos que muestran que en esa hacienda se habrían podido cometer actos criminales. El Congresista pide una investigación rigurosa que brinde al expresidente todas las garantías del debido proceso y la posibilidad de defenderse.
Sobre las acusaciones de tener vínculos con las FARC - EP
Hay que recordar que una de las personas que más ha insistido en los vínculos de Iván Cepeda con las FARC-EP es el expresidente Uribe Vélez. Iván Cepeda le conmina a que si tiene pruebas de esa situación las entregue a la justicia porque de no hacerlo estaría incurriendo en un delito al no denunciarlo. Como esas acusaciones se basan en el hecho de que un frente de esa guerrilla, que habría podido cometer acciones que podrían ser catalogadas como crímenes de guerra, lleva el nombre de su padre Manuel Cepeda, el Congresista afirma que no puede hacer otra cosa que rechazar este uso del nombre de su padre. Explica además que su utilización se hizo sin la autorización de la familia y que ya ha condenado en múltiples ocasiones ese uso.
Leyes de justicia y paz, de Víctimas y Justicia transicional
Considera el Representante Iván Cepeda que es necesario que haya cambios sustanciales para que tengamos una sociedad realmente democrática y justa. Para él varios de esos cambios pasan porque se transforme la realidad de un lado de millones de personas que viven en la miseria y que han sufrido la violencia y del otro lado, de aquellas personas que perteneciendo a aparatos criminales oficiales o ilegales se han enriquecido a partir de esos crímenes. Precisa que sí no hay algo que cambia sustancialmente la vida de unos y de otros la sociedad no podrá llegar a un plano de democracia.
Afirma Iván Cepeda que aunque tiene sentido y es respetable curar el dolor de las personas hay también un problema esencialmente político que debe ser resuelto. La verdad, la justicia y la reparación son condiciones éticas necesarias pero se requiere que cambien las condiciones políticas para que se debilite el poder de los victimarios de un lado y para que del otro, quienes han sufrido la violencia, tengan la capacidad de decidir. Hoy la situación es inversa y, aunque en muchas ocasiones gracias a la acción de las victimas se ha avanzado, la situación sigue siendo muy insuficiente. En las regiones las estructuras de poder siguen intactas y en poder de los familiares de los victimarios que controlan el Estado y gobiernan zonas enteras del país. Acota diciendo que las tierras usurpadas están lejos de regresar a sus legítimos dueños y las victimas siguen teniendo miedo porque hay regiones en donde las estructuras del Estado siguen en poder de los criminales.
Considera que se ha avanzado en algunas cosas pero es insuficiente. Para aplicar los mecanismos hay que entender que no todo se puede resolver desde la justicia porque algunos temas tienen trampas que limitan su aplicación y porque más allá de ella considera Iván Cepeda que hay que transformar las relaciones de poder político. Corrobora su afirmación diciendo que por ejemplo en Colombia no se puede avanzar en la restitución de tierras si no hay una transformación del poder local. Las leyes y los procedimientos podrán estar bien hechos, pero si desde el notario hasta el gobernador están ligados al aparato criminal no se lograran transformaciones reales en la vida de la gente.
Proceso de paz
Al hablar de la paz dice que se está ante un proceso muy esperanzador que le brinda a Colombia la posibilidad de evitar un desastre y encontrar un nuevo camino. Sin embargo cree que no va a ser fácil porque hay que discutir temas tan álgidos como el de construir Estado de derecho en toda la geografía nacional y se requiere tener autoridades que respondan a la constitución y a las leyes, algo que podría ser obvio en otro país pero que en Colombia no lo es.
Justicia transicional
Preguntado sobre si la polémica con Uribe será eterna Iván Cepeda dice que con Uribe como con todas aquellas personas que hayan estado involucradas en la comisión de esos crímenes o en un aparato que los haya cometido deben afrontar la justicia. Espera que tanto para Uribe como para quien haya estado involucrado en esos hechos haya un mecanismo transicional si esas personas deciden entrar en el proceso.
Iván Cepeda afirma que en este tema es necesario que todos cedan algo pero que el asunto está en saber cuales son los mínimos. No es negociable que en el caso de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios haya impunidad. No puede haber una ausencia total de sanción o de investigación aunque podrá considerarse el asunto de las penas.
Para el representante a la Cámara es importante trabajar el tema de la no repetición y el MOVICE está en ello. Hay que cambiar la orientación que tienen los aparatos de seguridad, su dimensión, el desmantelamiento del aparato paramilitar, del poder local. Hay asuntos que van más allá de cuánta verdad, cuánta justicia o que mecanismos de verdad se necesita. Esos son asuntos indispensables pero no satisfacen totalmente las aspiraciones de las víctimas de crímenes de Estado.
Carácter regional del conflicto y responsabilidades
Dice el congresista Cepeda que en Colombia el conflicto tiene particularidades regionales y se debe trabajar allí en donde las cosas han sucedido para que esos sectores sociales puedan llevar sus propuestas a la mesa. Sería una manera de estimular la participación social porque no basta con que se produzca un acuerdo entre quienes combaten si no que se requiere de un dialogo entre sectores sociales. Habla de diálogos entre trabajadores y empresarios, entre campesinos y los que han acumulado las tierras, de acuerdos territoriales por ejemplo.
Es importante que estén cara a cara los negociadores de la guerrilla y el gobierno pero hay que preguntarse por el resto de la sociedad? No se hace ilusiones, sabe que va a ser difícil y que es posible que haya crisis pero demanda a quienes tienen responsabilidades publicas a hacer un llamado a la responsabilidad y a la perseverancia cuando haya problemas.
Marco jurídico para la paz y acuerdos
El marco jurídico podrá ser tenido en cuenta pero llama la atención a no olvidarse que se van a dar unos acuerdos que podrían estar en contravía con lo pactado. Dice que en el Congreso se ha llegado a un acuerdo o consenso político de no legislar por lo menos en las materias que son objeto de negociación.
El marco jurídico es un referente pero tiene para el congresista el problema que no tuvo en cuenta de alguna manera a la contraparte y que podría ser impugnado. Sí no se consultó a la guerrilla sobre el marco en el que se van a determinar las sanciones o beneficios que les serán aplicados va a tener una difícil aplicación.
Afirma Iván Cepeda que en lo que respeta a las víctimas el marco y las leyes tienen el mismo problema por que tampoco se les consultó. Recalca de manera especial que omitir la investigación de ciertas conductas es un problema y concluye afirmando que lxs negociadorxs de las partes deben saber que tienen unos límites y unos topes.
Al hablar sobre la forma como se abordan los problemas estructurales en el país dice que cuando se producen las reacciones de la gente, la respuesta inmediata es crear una mesa de dialogo y firmar unos acuerdos que después no se cumplen. Cita el caso de los indígenas a quienes sistemáticamente se les han incumplido y la gente está ante esos hechos llegando a una situación límite.
Preguntado sobre si es optimista ante el proceso dice que se declara optimista advertido, es decir que no se hace ilusiones sobre procesos fáciles o procesos exprés. Cree que ha llegado el momento de buscar la paz pero se necesita perseverancia.
Sobre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad
El MOVICE va a proponer el tema del replanteamiento de los roles del ejército y de la policía porque dice que el ejercito está para hacer respetar la soberanía pero no para hacer persecución política y la policía debe ser un cuerpo cívico. Considera que hay que poner las cosas en su lugar porque los cuerpos de seguridad no deben estar orientados a destruir la vida de la gente porque se le antoja a un presidente. Estos para él son cambios de fondo necesarios.
Sobre la pertinencia de plantear esos cambios a la mesa de negociación dice Iván Cepeda que la función de las víctimas de crímenes de Estado es la de llevar allí esos temas porque este es el momento y, un principio de no repetición, exige plantearlos. Cree que si pasa el tema de la negociación sin que se aborden temas tan relevantes como esos después será difícil. Las instituciones del Estado deben cambiar. No obstante es consciente que allí la capacidad de negociación de las víctimas es mínima.
Narcotráfico
Iván Cepeda está convencido que hay soluciones a ese tema. El narcotráfico le ha hecho un inmenso daño a toda la sociedad colombiana. Diversos sectores, incluidos el Estado o la guerrilla han estado ligados a ese fenómeno y afirma que más que una guerra al narcotráfico lo que se ha producido es una administración del narcotráfico y dice que coincide con Santos y algunos expresidentes que hay que buscar nuevos paradigmas para enfrentar el problema.
Hay sectores del poder estatal que han hecho alianzas con un cartel para acabar con otro hasta que eso se convirtió en una espiral infinita y cita tanto los casos para acabar con Pablo Escobar y la utilización de los paramilitares.
La participación política de la insurgencia
No considera el congresista Cepeda que sea posible resolver el conflicto colombiano si se les niega a los insurgentes la posibilidad de participar en política. Un conflicto como el colombiano se resuelve en términos políticos. No se puede olvidar que uno de los problemas endémicos de Colombia ha sido para Iván Cepeda la posibilidad – o no – de permitir esa participación política. |
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Mauricio Santoyo, condenado a 13 años de cárcel en Estados Unidos
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 10:31 a.m. | 14 de Diciembre del 2012
Mauricio Santoyo.
Foto: Archivo particular
'Reconozco que me equivoqué y estoy respondiendo por ello', dijo el general retirado.
Una Corte de Virginia (Estados Unidos) condenó al general (r.) Mauricio Santoyo por haber recibido sobornos de grupos paramilitares en Colombia a cambio de asistencia y apoyo en sus operaciones. Así las cosas, por primera vez en la historia un general colombiano es condenado por la justicia de ese país.
El juez de Distrito James Cacheris lo condenó a 13 años de cárcel y a pagar una multa de 125.000 dólares. Así mismo, será recluido en Coleman (Florida), una cárcel de mediana seguridad.
De esta manera, el exjefe de seguridad de la Casa de Nariño recibió una condena más baja de lo que había solicitado la Fiscalía, 15 años en una cárcel de máxima seguridad.
Antes de la audiencia, el general (r.) Santoyo dijo que estaba arrepentido de sus actuaciones. "Reconozco que me equivoqué. Cometí errores y estoy respondiendo por ellos. Le pido perdón a mi familia y les solicito consideración y benevolencia", dijo Santoyo.
El expediente Santoyo
El general (r.) Santoyo estuvo 30 años en la Policía, de donde se retiró en junio del 2009 luego de ocupar altos cargos, entre ellos jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y comandante del Gaula en Antioquia.
En agosto pasado, Santoyo firmó un acuerdo en el que aceptó que "conscientemente abusó de su cargo" para asesorar, apoyar y hasta suministrar personal a las Autodefensas.
"He consultado con mi abogado y entiendo completamente todos los derechos con respecto a este proceso. Acepto voluntariamente este acuerdo". decía el documento de 14 páginas firmado por Santoyo.
El 3 de julio pasado se entregó a la DEA, tras conocerse el requerimiento de extradición de la justicia de Estados Unidos.
En el acuerdo con la justicia de EE. UU., se comprometió a suministrar todos los "documentos, grabaciones o información" sobre las actividades criminales de su círculo cercano. En el acuerdo, firmado por el fiscal Neil MacBride y avalado por la Corte para el Distrito Este de Virginia, Santoyo aceptó someterse a pruebas de confiabilidad, como la del polígrafo, para garantizar que está diciendo la verdad, y a entregar todos los bienes a nombre suyo o de terceros que se compraron en los últimos 20 años con dinero de negocios ilegales.
Según las autoridades estadounidenses, el alto oficial cometió los delitos por los cuales se le acusa entre octubre del 2001 y noviembre del 2008, es decir, hasta un año antes de que se retirara de la Policía. En ese período, dice el expediente contra Santoyo, "miembros de alto nivel de las Autodefensas habrían pagado sustanciales sobornos al acusado a cambio de asistencia y apoyo en sus operaciones".
El documento precisa que Santoyo les daba información a los paramilitares sobre las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras estaban adelantando contra ellos, los alertaba sobre las operaciones de captura de sus integrantes y hasta llegó a avisarles cuáles teléfonos de la organización estaban interceptados por los investigadores.
SERGIO GÓMEZ MASERI CORRESPONSAL DE EL TIEMPO WASHINGTON Y REDACCIÓN JUSTICIA
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Guillermo Gaviria Echeverri, el decano de los para empresarios
La Fiscal 57 de Derechos Humanos de la ciudad de Medellin acaba de expedir una medida de aseguramiento contra el seudo empresario bananero Guillermo Gaviria Echeverri, por concierto para delinquir agravado con terrorismo, por la financiación, durante varios años, de los grupos paramilitares organizados por Pedro Hazbun Bonito, un tenebroso asesino de campesinos, líderes sindicales y activistas de derechos humanos, en el Urabá antioqueño.
El señor Gaviria, un viejo ya arruinado en su vida, es un conocido empresario y hacendado paisa, dueño de un periódico, El Mundo, que circula por Medellin, con ideas muy retrogradas de anticomunismo de la guerra fría y liberalismo antidemocratico.
Es el progenitor del actual Alcalde de Medellin, Anibal Gaviria y de Irene e Isabel Gaviria, quienes afirman la inocencia del señor Guillermo Gaviria. Solo que destacan la solidez de su lucha contra todas las expresiones de la inconformidad campesina y popular por ir contra el modo de ser de su raza excepcional y superior.
Por muchos años, este caballero del banano y el ganado, para quien reclaman clemencia sus vástagos, la misma que negó a los más débiles del campo, fue protagonista de primera línea en feroces y violentas campañas contra los derechos civiles y democráticos de las masas populares. Desde los editoriales de su cotidiano, emprendió acciones para criminalizar la izquierda y a los opositores al dominio de la oligarquía regional y nacional. Fui una de sus víctimas. Publicaba una columna en El Mundo, con los puntos de vista de la izquierda democrática, y la orden de Gaviria fue terminante, debía ser excluido de sus páginas, como en efecto ocurrió, dizque por ser vocero de "Tirofijo". De ese tamaño era su escandaloso talante cavernario. El único columnista de su gusto, en esa época, era el nefasto Jose Obdulio Gaviria, el primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
De acuerdo con las pruebas que tiene la Fiscal, este señor aportó gustoso, millonarias cifras de pesos, junto con la multinacional Chiquita brands, para que los paramilitares de Carlos Castaño y sus comandantes criminales asesinaran sindicalistas, mujeres, niños, concejales, lideres populares y defensores de derechos humanos, en Turbo, Apartado, Chigorodo, San Pedro, Arboletes y en las fincas bananeras de Uraba. Para que sembraran el terror que planificó el general Rito Alejo del Río en la zona.
Pedir perdón para este tenebroso personaje, argumentando su avanzada edad, equivaldría a pedir la impunidad para los miles de asesinos del paramilitarismo que exterminaron a la Unión Patriotica y más de 500 mil colombianos en los últimos 20 años. Que pague sus crímenes hasta el último de sus día porque su infamia no merece perdón alguno.
Lo mínimo que deberían hacer sus hijos, el Alcalde e Irene e Isabel, es pedir perdón a la sociedad por el daño y sufrimiento causado a tantos campesinos humildes y sus familias. Anibal, debería renunciar a la Alcaldía, si es que le queda algo de vergüenza y de principios morales. Pero eso es como "pedir peras al horno". El cinismo de estos señores no tiene limites. Son de la misma escuela de la bestia negra del Ubérrimo. |
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Reabren investigación a Uribe
- Detalles
- Categoría: Judicial
- Publicado el 08 Enero 2013
- Escrito por Administrador Todelar
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Revive un proceso por presunto paramilitarismo en contra del ex mandatario colombiano.
El ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los acusadores del ex presidente.
Una investigación que data de los años noventas y que señala al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, de nexos con el paramilitarismo, fue reabierta por la Fiscalía General de la Nación.
Las acusaciones se renovaron luego de declaraciones por parte de los ex paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Ambos sindican al Jefe de Estado de nexos con ilegales a finales de los noventas.
El abogado de Uribe, el jurista Jaime Granados, desestimó los señalamientos y admitió que las sindicaciones tomaron por sorpresa al mandatario. “En relatos plagados de suposiciones, imprecisiones y mentiras, ninguno de los aludidos testigos fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del expresidente Uribe. Por el contrario, en sus temerarios relatos únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses”, indicó el defensor del ex gobernante.
El ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien fue hijo del mayordomo de la Hacienda de Guacharacas, propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, aseguró que desde los 18 años comenzó actividades criminales con las AUC. Según el testigo, el ex mandatario habría tenido relación con grupos de narcotraficantes y que como gobernador de Antioquia era el encargado de “lo militar”.
En versión de Monsalve, la masacre de San Roque, en septiembre de 1996, fue ordenada por el ex mandatario colombiano. En el crimen fue asesinado un comerciante por supuestamente haber comprado ganado robado de la Hacienda Guacharacas,
Granados aseguró que con las declaraciones, los ex miembros de los paramilitares, buscan reducir sus condenas, dejando entrever que se trate de un nuevo caso del ‘cartel de testigos’.
Juan Manuel Gómez P. @juanmperiodista / Todelar Noticias |
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Urge monitorear proceso contra Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
Ante nulidad declarada por la CSJ de la tutela que obligaba a la publicidad de todo el accionar en la investigación contra el ex presidente Uribe, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el CCAJAR advierte de irregularidades de esta entidad.
Derecho a la verdad | Víctimas de Crímenes de Estado |
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, llama a la opinión pública colombiana y a la comunidad internacional a observar de cerca los procedimientos irregulares de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que el pasado 12 de octubre de 2010, inició una investigación preliminar contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por el mal llamado “Escándalo de las Chuzadas”.
De la misma manera llamamos a los entes de control del Estado a ejercer el seguimiento disciplinario y penal en relación con los siguientes hechos.
1. El día 3 de noviembre de 2010, la senadora Piedad Córdoba Ruiz, acompañada de su apoderado se presentaron en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para presentar demanda de constitución de parte civil y participar en el interrogatorio de la ex integrante del DAS, la señora Marta Leal. No se les permitió la entrada y los instructores de la Cámara se negaron a recibir a la senadora.
Los funcionarios que hacían la antesala de la diligencia, manifestaron que en dicho procedimiento no había participación para las víctimas por tanto no había posibilidades de aceptar una demanda de parte civil y que la diligencia se hacía a puerta cerrada porque Álvaro Uribe Vélez ya no era presidente.
2. El mismo 3 de noviembre la Senadora Piedad Córdoba dejó constancia escrita ante la misma de que dicho proceso “ se convertirá en una mascarada más, para impedir que el país conozca la verdad plena de uno de los escándalos más graves de la historia republicana, que ha afectado no sólo la institucionalidad sino los fundamentos mismos de la democracia-“
3. El 18 de noviembre de 2010, la senadora Piedad Córdoba fue citada por la Comisión a declarar como “testiga” en dicha investigación preliminar. Se presentó en compañía del Dr. Pérez Casas para dejar una vez más constancia de que ella no se presentaba como testigo sino como víctima y pidió se reconociera a su apoderado y la demanda de constitución de parte civil.
4. El mismo 18 de noviembre el Dr. Pérez Casas presentó también demanda de parte civil en representación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y a título personal y en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
5. El 18 de noviembre se suspendió la audiencia pidiendo la Comisión tiempo para pronunciarse sobre las demandas de parte civil respectivas.
6. El Dr. Pérez Casas, en dicha audiencia advirtió a la Comisión de Acusaciones que de acuerdo al art. 426 de la ley 600 de 2000, dicha indagación debía adelantarse de cara a la Nación.
7. La segunda semana de diciembre de 2010, Luis Guillermo Pérez Casas, presentó acción de tutela ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que se garantizase el derecho fundamental al debido proceso, el acceso a la justicia y la publicidad del accionar de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
8. Los medios de comunicación hicieron público el 3 de diciembre que a la senadora Piedad Córdoba se le había reconocido la condición de víctima en dicha indagación y la demanda de parte civil presentada.
9. El 13 de enero de 2010, un asesor de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en respuesta a la tutela señala “ si bien tanto el artículo 332 de la Ley 5ª de 1992 como el art. 426 de la ley 600 de 2000, disponen que así debe procederse – de manera pública- cuando el investigado sea el Presidente de la República, en este momento el Dr. Uribe Vélez es ex presidente, de manera que, como lo disponen esas mismas normas, la actuación debe ser reservada”
10. El 18 de enero de 2011 el Tribunal Superior de Bogotá concede la tutela y ordena a la Comisión de “Investigación y Acusación de la Honorable Cámara de Representantes que a partir de la notificación de esta sentencia, toda actuación en la investigación preliminar adelantada contra el Dr. Álvaro Uribe Vélez por los hechos referidos por el demandante se haga con estricto respeto del principio de publicidad”
11. La Comisión apeló dicha decisión contestando que el accionante de la tutela “no tiene legitimidad para actuar porque si bien presentó demanda de parte civil, sobre la misma no se ha adoptado decisión alguna”. Así que la demanda de parte civil de la senadora Piedad Córdoba que se había anunciado a los medios había sido aceptada, tres meses después no había habido pronunciamiento alguno al respecto.
12. El Dr. Pérez Casas se presentó ante la oficina de la Comisión de Acusaciones donde se le informó el jueves 17 de febrero que toda actuación relativa a esta instrucción se había paralizado, que no había diligencia alguna ordenada, ni se había reconocido ninguna parte civil.
13. El jueves 24 de febrero la CSJ no se pronuncia de fondo sobre la apelación de la tutela, sino que declara nula la decisión del TS de Bogotá y pide que se notifique al ex presidente Uribe y al ministerio público, para que como sujetos procesales se pronuncien sobre la tutela interpuesta.
14. El CAJAR recuerda a la opinión pública colombiana e internacional que el ex presidente Uribe en declaración a los medios el 16 de octubre de 2010, reclamaba que dicha indagación preliminar se hiciera pública. Ahora el CAJAR recuerda que la ley procesal penal es clara al respecto y no depende de la voluntad del procesado de si se hace o no la indagación de cara a la Nación.
15. Por último, insistimos que la publicidad de dicha actuación es una garantía de transparencia para la población colombiana, que podrá ejercer control político sobre la actuación de los miembros de la Comisión, pero también de la posible responsabilidad penal del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
CCAJAR, 24 de febrero de 2011.
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ÁLVARO URIBE VÉLEZ: PRESIDENTE PARAMILITAR DE LA NARCODEMOCRACIA COLOMBIANA
Domingo 21 de marzo de 2010 por CEPRID
TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA, PAZ CONTRA LA GUERRA
CEPRID
Según BS/Kaos en la Red, decenas de documentos fílmicos y otros desclasificados revelan una desasosegante verdad: Álvaro Uribe Vélez subió a la Presidencia de la República de Colombia de la mano de los paramilitares que lo consideran uno de sus comandantes, uno de sus cabecillas y un destacado líder. Otros documentos y, entre ellos, uno desclasificado por la National Security con el título “U.S. Intelligence Colombian President Uribe among important Colombian Narco-Traffikkers en 1991” afirma que Álvaro Uribe Vélez es un representante de las poderosas mafias narcotraficantes de Colombia, que apoyaron y financiaron las campañas políticas del guerrerista presidente e indiscutido líder de las más rancias derechas oligárquicas de la patria de Nariño. En consecuencia, Álvaro Uribe Vélez es un Presidente Paramilitar de la narco-democracia colombiana y confeso cipayo del imperio al que regaló todas las bases militares que servirán para agredir militarmente a América Latina y el Caribe.
Como se sabe, el diablo paga mal a sus devotos. Uribe no quiere recordar que su ex colega Noriega, dictador de Panamá que, además, fue agente de la CIA -Agencia Central de Inteligencia- una vez que ya no le fue útil al imperio, con una invasión militar de por medio que cobró millares de vidas del pueblo, fue capturado y conducido preso a Estados Unidos, y hasta esta fecha y años posteriores está y estará detenido en una vulgar cárcel imperial. Es de esperar que Uribe tenga igual o similar futuro.
En el mencionado documento se sostiene que Álvaro Uribe sí es paramilitar, las Cortes Internacionales deben juzgarlo. Afirma que el actual Presidente de Colombia asistía en sus épocas de candidato (2001) a la presidencia, a la graduación de los nuevos paramilitares, se abrazaba con los comandantes quienes lo reconocían abiertamente como uno de sus máximos lideres, actualmente unas pocas voces lo denuncian como líder absoluto e indiscutible de los paramilitares colombianos.
Desde los últimos meses del año 2008, comenzaron a difundirse documentos con “los secretos, los acuerdos, los compromisos, de este Jefe de Estado corrupto y genocida, modelo de los viejos poderes, con una clara política de fuerza y terror que se ha apoderado gradualmente de los poderes públicos de Colombia”.
Este “Señor de la Guerra”, incondicional sirviente del imperio nació en Medellín, Antioquía, el 4 de julio de 1952, hijo del rico terrateniente Alberto Uribe Sierra y de la concejala liberal Laura Vélez. Al ser miembro de ese hogar, tal como le correspondía estudió en colegios religiosos privados y se graduó de abogado en la Universidad de Antioquía, en Medellín, sede del famoso Cartel de la droga. De sus tiempos en las Juventudes Liberales, data su presunta participación o vinculación con los grupos paramilitares. Uribe, el socio y líder de los paramilitares, viajó a Estados Unidos a obtener una especialización en la famosa Universidad de Harvard. Hasta resulta medio lógico que Uribe se haya convertido en el cipayo mayor del imperio.
Como Concejal de Medellín (1984-1986) propuso el famoso programa del acuerdo de exenciones tributarias a las cooperativas. Con esa figura, los grandes empresarios que han sido amigos y colaboradores de la familia Uribe Vélez, eludieron el pago de impuestos, con lo que se demuestra su familiaridad con la corrupción de abolengo empresarial-liberal.
En su biografía no autorizada se destaca que en “su finca Guacharacas, ubicada en San Roque (Antioquía), Uribe y su familia tenían una base paramilitar, que operaba con el apoyo de miembros de los batallones Palagua y Bomboná. Este grupo asesinó e hirió a varios trabajadores de la finca La Mundial, que había sido entregada por la familia Uribe a los trabajadores para cancelar las deudas que tenían con ellos. Las infamias y atropellos continuaron hasta diciembre de 1992, en que tropas de la XIV Brigada bombardearon la finca, destruyeron los cultivos e hicieron huir a los trabajadores que aún permanecían allí”.Fue Senador en dos períodos continuos (1986-1990 y 1990-1994) oportunidad que aprovechó para satisfacer las demandas de las derechas oligárquicas y para redondear sus negocios. Intentó evitar la extradición de narcos solicitada o exigida por Estados Unidos, fue “entusiasta ponente de la Ley 50 de 1990” que con el pretexto de acabar con el desempleo lo agudizó al implementar la flexibilización laboral de conformidad con el recetario neo-liberal y con la pretensión de acomodarse a las necesidades del mercado global.
“Desde enero de 1995-diciembre de 1997 en su calidad de Gobernador de Antioquía nombró como Secretario de Gobierno Departamental a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA en 1997 y 1998 de importar desde Asia con destino a Colombia, sin reportarlo, 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico controlado, a nombre de su empresa “GMP Productos Químicos S. A.” y de efectuar sus registros y comercialización de manera fraudulenta, destinado a la producción de cocaína en Córdoba” Uribe siempre estuvo rodeado de esa clase de tétricos personajes.
Amigo o líder o comandante de los paramilitares, promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, “iniciativa destinada a legalizar el paramilitarismo”. “En el Congreso de Ganaderos, en 1996 se aprobó extender la iniciativa de Uribe Vélez a nivel nacional. En 1998 se produjo la fusión de CONVIVIR con los paramilitares. Se afirma que Uribe tuvo fuertes nexos con muchas organizaciones paramilitares, lideradas por Carlos Cataño, jefe de la principal organización de extrema derecha y conocido narcotraficante que no pudo ser extraditado a Estados Unidos, precisamente por la intermediación y oposición de Uribe Vélez. En su gobierno ningún paramilitar, es decir ningún narcotraficante de peso ha sido extraditado. También fue Director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. En uso de ese cargo nombró cono subdirector a César Villegas, quien tiempo después fue sentenciado a cinco años de prisión por sus vínculos con el cartel de Cali. Villegas fue asesinado el 4 de marzo del 2002, en Bogotá, y luego de aportar fuertes sumas de dinero a la campaña presidencial de Uribe Vélez.
“Cuando el narcotráfico estaba en auge, expidió en tiempo récord, un alto número de licencias de pilotaje a empleados de los capos del narcotráfico y de permisos para la construcción de pistas. Entre estas licencias estaba la de un helicóptero de su padre, que luego caería en una importante operación antinarcóticos en un sitio conocido popularmente como tranquilandia, en el cual también cayeron 3 avionetas más que tramitaron su licencia el mismo día”, se informa en el documento arriba indicado.
En 1982 fue Alcalde de Medellín, cargo que tuvo que abandonarlo antes de cumplir los 5 meses de gestión del total de un periodo de 2 años. Para que abandone la Alcaldía el Presidente Belisario Betancur Cuartas, tuvo que presionarlo al enterarse de una reunión clandestina que Uribe mantuvo con los capos de la mafia narcotraficante como Pablo Escobar Gaviria, los Ochoa Vásquez, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Sus nexos con el narcotráfico fueron permanentes. Por ejemplo presidió la ceremonia de inauguración y cortó la cinta del barrio “Medellín sin Tugurios” construido al oriente de Medellín por el capo de la droga, Pablo Escobar Gaviria.
En un documento difundido por Patria Libre se afirma que Uribe Sierra, padre del Presidente, estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de Medellín intercedió por él y logró que lo pusieran en libertad. Uribe Sierra murió en un enfrentamiento armado entre paramilitares que tuvo lugar en su finca La Guacharaca (ubicada en San Roque, Antioquia) y guerrilleros de las FARC, el 14 de junio de 1983. A su entierro asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña, que no era ajena al negocio de las drogas ilícitas.
De Uribe Vélez existen varias biografías arduamente trabajadas y otras no autorizadas. En todo caso se trata de un personaje que es un “mitómano incorregible, escurridizo, huidizo y cobarde”. Kaos expresa que ese personaje es producto de las montañas de Antioquia en su natal nación, donde aprendió el negocio de la cocaína a la par de sus estudios universitarios, donde hombro a hombro creció con el más grande narcotraficante y terrorista de Colombia: Pablo Escobar Gaviria. Ante el cúmulo de evidencias y denuncias presentadas por los nacionales de Colombia ante organismos como la Organización de Naciones Unidas, deberían por simples razones de humanitarismo intervenir y parar cuanto antes el accionar de los mafiosos que se apoderaron de los poderes legislativos y gubernamentales, impulsar y establecer un gobierno de transición donde todos los sectores tengan una justa participación equitativa. La humanidad no puede permanecer ciega, sorda y muda ante el dolor de miles de familias, que son hermanos como lo somos todos, provengamos de la nación que provengamos. Uribe, la violencia generada en Colombia por narcotraficantes y paramilitares, ya no son un problema sólo local, es un problema que afecta al género humano. No es posible que se siga permitiendo que Estados Unidos mantenga laboratorios de guerra en esta bella nación sudamericana.
OTRAS BARBARIDADES DEL NEFASTO URIBE EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Patria Libre informaba que entre 1976-1977, Uribe Vélez fue Jefe de Bienes en Empresas Públicas de Medellín Desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo Peñol para la construcción de una represa en los terrenos del antiguo municipio. Este hecho generó gran inconformidad, por lo que los pobladores de las zonas afectadas realizaron varios paros cívicos, que fueron reprimidos violentamente.
En 1978 fue Secretario General del Ministerio de Trabajo. Dio a luz el decreto 1469 de 1978 sobre libertades sindicales, que de manera engañosa convenció a los trabajadores que el decreto era necesario para que entrara en vigencia la ratificación de los convenios de la OIT ratificados en 1976 por el gobierno colombiano. El decreto fue aprovechado por los abogados de las empresas para obtener nulidades de los avances establecidos en cuestión de libertad sindical garantizada por los convenios.
En 1979 fue Gerente Liquidador de Mineros del Chocó. Los grupos financieros de Bogotá, Grancolombiano y Suramericana fundaron Mineros Colombianos S.A., que compró parcialmente a la International Mining Corporation (saqueadora de Colombia desde 1864, que en 1979 controlaba casi el 60% de las empresas mineras del país y extraía más de la mitad del oro) dos de sus filiales, la Chocó Pacífico y la Pato. La nueva empresa, viendo que las luchas del pueblo de Condoto (Chocó) no dejaron que las dragas se comieran sus casas, requisito para evitar una catástrofe económica, trasladó la quiebra a los obreros, cambiándoles los supuestos mil millones de activos (en verdad su achatarrada maquinaria apenas valdría 80), por los 500 millones que en prestaciones les debía. En este proceso fue Gerente Liquidador Álvaro Uribe Vélez.
Así mismo adelantó el programa “Medellín Cívico”, en el que Pablo Escobar donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques de la ciudad.
Creó Metroseguridad, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de servicios tecnológicos, logísticos, de capacitación y de asesoría, dirigidos tanto al sector público como al privado, a través de un sistema integral de seguridad. Metroseguridad ha sido denunciada por vincular a sus programas de seguridad a miembros de grupos paramilitares en Medellín.
El 22 de abril de 1996, durante una acción coordinada por miembros de la Brigada XIV, el Batallón Bomboná, la Policía y paramilitares, fueron asesinados 17 pobladores en el municipio de Segovia (Antioquia). La respuesta que dio el Gobernador Uribe Vélez fue la expedición, el 10 de mayo de 1996, del decreto 2035, que declaraba los municipios de Segovia y Remedios como “Zona Especial de Orden Público”, dando mayores facultades a la Fuerza Pública para controlar y amedrentar a los pobladores de la zona.
En octubre de 1996, 1.500 campesinos de Remedios y Yondó (Antioquia) y del sur del departamento de Bolívar, marcharon hacia Barrancabermeja reclamando por el abandono estatal y la violencia que se vivía en la región. El éxodo terminó con la firma de unos acuerdos con el gobierno nacional que se comprometía a garantizarles la vida y desarrollar proyectos de inversión social en la región. Pero, la respuesta real que recibieron los campesinos fue más represión. Entre el 21 y el 27 de diciembre del mismo año, las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y La Troja, de Yondó, fueron arrasadas por tierra por paramilitares, mientras eran bombardeadas por aviones militares. Esa fue la respuesta del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe, a las exigencias de los campesinos.
Entre el 25 y el 29 de octubre de 1997, el corregimiento El Aro de Ituango (Antioquia), fue prácticamente destruido y varios pobladores fueron asesinados durante una operación conjunta entre tropas de la Cuarta Brigada y paramilitares de las ACCU. Uribe Vélez como Gobernador y el General Carlos Alberto Ospina Ovalle como Comandante de la IV Brigada facilitaron que los militares que participaron directamente en los hechos pudieran “escapar” de la justicia.
Pronunció el discurso principal en el “homenaje de desagravio” a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (jefes de las guarniciones de Urabá y César respectivamente), después de que fueron retirados del servicio por las múltiples denuncias que los vinculaban con las AUC y con la participación en masacres y otros crímenes ocurridos entre 1996 y 1997.
El 7 de octubre de 1996, se dictó la resolución de acusación por conformación de grupos paramilitares (del grupo conocido como "la banda de los Erres") y participación en asesinatos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, a los hermanos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, primos tanto de Uribe Vélez como de los confesos narcotraficantes del “Clan Ochoa”. Los hermanos Vélez Ochoa fueron detenidos y, según figura en el proceso, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso fueron absueltos de toda responsabilidad.
También se han conocido denuncias que en la década de los 90 el centro de operaciones del grupo paramilitar ’Los Doce Apóstoles’ estructura integrante de las AUC, fue la finca de Alvaro Uribe Vélez conocida como La Carolina. Varios testimonios señalan a Santiago Uribe Vélez como el líder de Los Doces Apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal. La política económica y social de Álvaro Uribe Vélez -cuando fue gobernador en Antioquia- fue decididamente neoliberal, impuesta a la fuerza. Su objetivo principal fue la "desburocratización", Uribe se jactó de haber eliminado a dos tercios de los empleados, haciendo pasar su número de 14.000 a 5.500. ¿Su método? El desprecio por los derechos de los trabajadores, las presiones sobre los sindicalistas y la ayuda de los paramilitares, para lograr sus propósitos.
En un primer momento Uribe utilizó la forma suave, proponiendo jubilaciones anticipadas y dimisiones. Los trabajadores no aceptaron, y jubiló a la fuerza a algunos trabajadores; algunos de ellos tenían 36 años. El método fue ilegal, para el gobernador no fue su primer abuso, como prueban los recursos a la justicia y denuncias contra su administración, un tercio de las 3100 sentencias por denuncias contra las instituciones públicas durante 1997 en Antioquia fueron contra la Administración de Uribe.
Mientras tanto, por todas partes en el Departamento, los paramilitares salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus familias para que aceptaran "las propuestas del Gobernador"." No los queremos ver más aquí", decían los paramilitares.
La política del gobernador Uribe Vélez tuvo muchos opositores entre ellos el jurista JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien denunció días antes de ser asesinado: "Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como la Costa y el Choco. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (...) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan...". VALLE JARAMILLO fue asesinado en su oficina, el 27 de Febrero de 1998.
La mejor síntesis de lo que fue la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia se presenta a continuación: La periodista del Espectador María Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador URIBE en Bogotá, decía que "no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre".
URIBE EL CAPO DE TODOS LOS CAPOS
Uno de los periodistas más connotados de Colombia, columnista del diario El Espectador, Fernando Garavito, fue el primero en denunciar a Álvaro Uribe Vélez, como candidato presidencial del narcotráfico. Luego de la valiente información difundida, Garavito fue obligado a abandonar el país. Se encuentra ahora, según El Espectador, las agencias EFE y AP y el Miami Herald, exiliado en Estados Unidos. Después dicen que en Colombia existe libertad de expresión del pensamiento y de respeto a la prensa.
Joseph Contreras, editor regional para América Latina de la revista Newsweek, resucitó el debate en torno al pasado narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez, con la publicación de un artículo que cuenta que Álvaro Uribe Vélez, presidente de la oligarquía burguesa colombiana, aparece en el puesto 82, en la lista de los narcotraficantes más peligrosos de los Estados Unidos. Contreras dijo que el documento fue desclasificado como secreto por el Archivo de la Seguridad Nacional del Departamento de la Defensa del imperio.
Estos datos se encuentran en la Biografía no autorizada del “Señor de las Sombras” que es una investigación de Joseph Contreras, corresponsal de la revista Newsweek y Fernando Garavito, escritor e investigador colombiano y columnista de El Espectador.
Por otra parte, La Corte Suprema colombiana y en especial la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se vio precisada a replicar a Álvaro Uribe Vélez en el proceso de “desmovilización” de los paramilitares que siempre fueron protegidos por él y su familia. El Comunicado decía:
1. Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público.
2. La providencia cuestionada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, es el resultado del cabal cumplimiento del deber judicial de la Sala y refleja un absoluto apego y compromiso de ella con la Constitución y la Ley.
3. La Sala desaprueba las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y considera que las dificultades que éste pueda afrontar, deben ser superadas mediante el examen de las falencias y los vacíos de las normatividad vigente...
En su primer comunicado, la Corte Suprema decía textualmente que "en la providencia del 11 de julio del año que cursa (segunda instancia No. 26.945) no hizo nada distinto a cumplir con sumo rigor la Constitución y la ley y, de ese modo, determinar que el delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición, el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente"… Uribe en defensa de sus socios paramilitares quería pasar sobre la Constitución y las leyes, tanto como pasó por encima de los valores éticos del más elemental de los humanismos.
Es evidente que Colombia vive una narcodemocracia. Los carteles de la droga financian y dirigen las campañas políticas, compran y venden congresistas, militares, policías, fiscales, jueces. Radio Nizkor informaba de los sustos de los miembros de la Corte Suprema de Colombia, donde se procesan a los Congresistas investigados por su relación con organizaciones paramilitares y/o el crimen organizado. El documento que se difundió cubre el periodo 2006 y hasta el 27 de septiembre de 2007. Los datos de cada uno de los 39 congresistas encausados hasta la fecha mencionada, están ordenados cronológicamente y entre los mismos figura una descripción procesal de cada caso y de los procesos que cursan hasta dicha fecha en la Corte Suprema de Justicia.
Son 39 indagados de una u otra manera, 24 congresistas en indagación preliminar. 15 detenidos (de ellos uno prófugo). De éstos, 5 ya fueron llamados a juicio: Erik Morris, Álvaro García, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento. Un congresista se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos en su contra (Alfonso Campo Escobar) Una congresista detenida (Karelly Patricia Lara Vence)
En una entrevista publicada por la Revista Semana, el narcotraficante Ochoa Vasco explica la relación entre las AUC de Mancuso y Jorge 40 con el narcotráfico.
"El gobierno de Estados Unidos considera a Fabio Enrique Ochoa Vasco uno de los más grandes capos del narcotráfico. Su rostro y sus datos biográficos fueron incluidos a finales del año pasado en el cartel de los extraditables más buscados del mundo. Por su captura ofrecen cinco millones de dólares de recompensa. Aunque su nombre resulta desconocido para la mayoría de los colombianos, puede ser uno de los hombres que más conocen el mundo del narcotráfico en las últimas tres décadas. En 1983, Ochoa purgó una condena de dos años en Estados Unidos por ingresar 10 kilos de marihuana. Cinco años más tarde, regresó a Colombia y trabajó al lado de Fernando Galeano, uno de los más importantes miembros del cartel de Medellín, y se hizo muy amigo de su jefe de seguridad, Diego Fernando Murillo, alias ’Don Berna’... Estuvo con Pablo Escobar, a quien visitó con frecuencia en La Catedral, pero en 1992 terminó como miembro de los ’Pepes’..
Fácil es deducir que Álvaro Uribe Vélez es el hombre del narcotráfico en el poder, el líder de los paramilitares en la Presidencia de la República de Colombia.
El periodista investigador Carlos Tena sostenía que “negar que Álvaro Uribe es una de las personas con mayor grado de implicación en delitos de tráfico y venta de cocaína es estúpido.
Decía que negar que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es una de las personas con mayor grado de implicación en delitos de tráfico y venta de cocaína a Estados Unidos, a través de la DEA y el DAS, agencias que dicen combatir el narcotráfico, es tan estúpido como defender las actuaciones de Barack Obama, premiado con el Nobel de la Paz, cuya dedicación a la guerra es tan enorme como sus promesas incumplidas”.
Agregaba que el pueblo colombiano, que pierde cada semana mas de 1.300 personas, víctimas entre otras causas de los asesinatos cometidos por mercenarios paramilitares, entrenados por oficiales a las órdenes de generales como Roberto Pizarro Martínez, segundo Comandante del Ejército, Duván Pineda Niño, Inspector del Ejército, Luís Fabio Héctor García Chávez, Jefe de operaciones del Ejército, o Hernán Cadavid Barco, Jefe de Desarrollo Humano, por citar sólo a unos cuantos jefes separados del servicio hace unos meses. Tanto ellos, como sus familiares, han silenciado las amenazas de las que han sido objeto, ya que conocen y se hallaban al tanto de las operaciones de narcotráfico de su mandatario. El mutis militar de estos y otros mandos es comprensible, dado el apoyo que todos ellos prestaron al cártel colombiano de la droga, por órdenes directas de Uribe.
Gracias a la investigación de Tena se puede conocer “un breve, sucinto y pequeño resumen de la impunidad con la que este delincuente de alto rango, (Uribe) actúa en Latinoamérica, con la venia y permiso de todos los mandatarios de la casa Blanca, incluido Obama.
El asesor del gobierno en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, apoyó la advertencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de derribar los aviones sospechosos de traficar con drogas en su territorio. Los vuelos de narcotraficantes superan los 20 al mes. (Dominicanos-Hoy)
Autoridades militares colombianas acusadas de traficar con 2.219 kilos de cocaína en el Pacífico (Noticiero Universal, México)
Capos mexicanos revelan que su proveedor es el ejército colombiano, base del mercado mundial de drogas (Portal Azteca)
Álvaro Uribe es el número 82 en la lista de la DEA sobre los más importantes narcotraficantes amigos de Pablo Escobar. Un primo de Uribe, William Vélez y José Obdulio Gaviria formaron parte del círculo de colaboradores más cercano del citado Escobar. (Semanario Newsweek)
A finales de 2004, Thomas Kent, abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, escribió un memorando en el que denunció que agentes de la DEA en Colombia, ayudaron a narcotraficantes, participaron en lavado de dinero y conspiraron para asesinar informantes. (Andrés Sal-Ari en Rebelión)
Suficientes elementos permiten afirmar que el narcotráfico está poniendo en jaque a las democracias latinoamericanas. Desde México hasta el Cono Sur, los cárteles mexicanos y colombianos están expandiendo su poderío por el continente. (Radio Nederland)
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, acusado por oficiales de las FARC de traficar con drogas. (Prensa en Lucha)
Organizaciones criminales colombianas, protegidas por el ejército y el gobierno de Álvaro Uribe, utilizan a Ecuador, Venezuela y Brasil como países de tránsito para exportar grandes cantidades de cocaína (Redacción Alternativa)
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han capturado a militares colombianos que han entrado al país. (Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la OEA)
Las autoridades mexicanas dieron un importante golpe al tráfico de drogas entre Colombia y México, al capturar a los hermanos Beltrán Leyva, que mantienen relaciones amistosas con algunos jefes del ejército colombiano. (Diario América)
El vicepresidente venezolano acusó a la DEA de ser parte del narcotráfico: "Encontramos casos donde se hablaba de 20 kilos de cocaína para entrega controlada y cuando se hacían revisiones habían 50 kilos. Es decir, 20 kilos eran controlados y 30 estaban metiendo para el tráfico ilícito, lo que indica que la DEA es parte de un cartel de la droga". (Rebelión)
Las ganancias de tráfico de drogas que obtiene la CIA son lavados de al menos tres modos que pueden ser probados: (a) a través de bancos extranjeros como BCCI, (b) a través de los bancos estadounidenses como Chase Manhattan Bank, (c) a través de varias agencias de gobierno estadounidenses como la agencia de Vivienda y Desarrollo Urbanístico (H.U.D. por sus siglas en inglés, (Daniel Estulin, investigador)
“El tema es muy duro, pero no nos perdamos. El problema sigue siendo de Estados Unidos y Colombia. El que compra la droga es Estados Unidos, no es México, y el que vende es Colombia. Entonces es un negocio prácticamente entre Colombia y Estados Unidos. Colombia provee y hace plata, Estados Unidos recibe y paga, es oferta y demanda, y nosotros somas las víctimas". (Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala)
Gustavo Jácome Lemus, diplomático colombiano acusado de traficar con cocaína, valiéndose de la valija diplomática, fue puesto en libertad condicional ayer poco antes de las tres de la tarde, tras pagar un millón de pesetas de fianza. (diario El País)
El detenido, de nacionalidad salvadoreña, añadió que las autoridades de Colombia no solo no colaboran en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sino que actúan en clara complicidad. (R.H.A., testigo protegido)
No es peregrino concluir que, en la práctica, la DAS y la DEA, y muchas otras, agencias dedicadas aparentemente a combatir el narcotráfico, del que España es un punto importante, se hallan implicadas en tráfico y lavado de dinero procedente de la venta de cocaína, que reporta a Uribe y familia cientos de millones de dólares
Hay un chiste muy jocoso al respecto. Un colombiano es detenido en Barajas con 80 kilogramos de cocaína. La droga se envía al laboratorio de análisis, para determinar su pureza. En un fax, los responsables del centro aseguran que: “Los 40 kilogramos de cocaína remitidos desde ese aeropuerto, tienen una pureza del 89% ”. Se empaquetan y se envían al juzgado. Un oficial comunica: “Los 20 kilogramos de cocaína han llegado a las dependencias de este juzgado sin novedad ”. El día del juicio contra el “camello”, se inicia con el alegato fiscal que comienza diciendo. “El procesado fue detenido con una maleta que contenía medio kilogramo de cocaína de gran pureza, por lo que se le debe imponer una pena de tres meses de prisión y 3.000 euros de multa”.
El ciudadano colombiano sonríe beatíficamente y mira al juez, mientras musita: “Era para consumo propio, señoría”.
CANDIDATO A LA CÁRCEL Álvaro Uribe Vélez resultó ser un tétrico personaje de la paranarcopolítica colombiana. En su vida pública se han cometido grandes delitos de narcotráfico y horrendos crímenes de lesa humanidad. En tanto Presidente de la República de Colombia nunca se ha deslindado de sus compañeros y colegas paramilitares-narcotraficantes. Juntos son responsables del asesinato de millares de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Por todos esos execrables delitos de lesa humanidad, Colombia debería juzgarlo y encerrarlo en una cárcel para que purgue todas las monstruosidades cometidas. Si Colombia no lo juzga, debe ser procesado por la Corte Penal Internacional que bien podría adelantarse a Estados Unidos que, también, podría llevarlo a una cárcel imperial, tal como lo hizo con el dictador panameño Noriega.
La buena noticia fue que la Corte Constitucional de Colombia le cortó las alas a ese Señor de las Sombras al dictar el fallo que no avaló una iniciativa que planteaba convocar a un referéndum para permitirle ser candidato a la Presidencia de la República mediante la concesión de darle vía libre a una segunda reelección inmediata.
La decisión de la Corte Constitucional del 26 de febrero de 2010, desestimó la autorización aprobada el año pasado por el Congreso, para que Uribe se inscriba como candidato en las elecciones de mayo próximo y, eventualmente, prolongue su mandato hasta el 2014.
“La mayoría de miembros de la Corte respaldó la ponencia presentada por el magistrado Humberto Sierra, quien conceptuó que convocar al referéndum era ilegal por diversas irregularidades. Sierra presentó a sus colegas un estudio de 400 páginas en el cual advirtió sobre errores como la violación del límite de la financiación para impulsar consultas populares de ese tipo, atribuida a los promotores del referéndum, miembros del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (U).
Asimismo, Sierra consideró que se cometieron irregularidades en un cambio de texto de la pregunta en el referéndum, al igual que en la convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso, cuando finalizó la legislatura en diciembre de 2008”.
¿Se le acabaron los sueños dictatoriales a Álvaro Uribe? Por ahora, sus ansias de poder, sus ilusiones megalómanas se rompieron con el fallo de la Corte Constitucional. Resta saber si será juzgado por lo tribunales de justicia como cualquier reo común o si como sus amigos paras y narcos evadirá la justicia y huirá de Colombia.
Lo malo de todo esto puede ser que su Ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de definidos tintes neofascistas podría ser elegido para reemplazar a su antiguo jefe. Entonces Colombia iniciará otro largo y doloroso camino de muerte, torturas, desapariciones, fosas comunes, desolación y de permanencia de los gringos adueñados de las bases militares para agredir a los pueblos de América Latina y el Caribe a fin de acelerar los procesos de neocolonización, depredar aceleradamente los recursos naturales que aún quedan y apoderarse de la biodiversidad, agua y oxigeno que son patrimonio de la humanidad.
Naturalmente que el imperio tropezará con pueblos libres y soberanos que, con sus luchas, impedirán que Estados Unidos consuma sus nefastos objetivos.
Correo electrónico: tibunalpazecuador@yahoo.com
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www.cronicon.net/paginas/juicioauribe/Sec-CPI.htmEn caché
DENUNCIA CONTRA URIBE EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ... primera denuncia contra el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos ... Iván Cepeda Castro remitió a la Corte Penal Internacional un proceso en el cual ... |
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