Verdad abierta

Este exoficial asegura que otros militares deben responder por la omisión en los crímenes de los paramilitares en Urabá. Dijo que el entonces gobernador Uribe sabía todo lo que hacía Rito Alejo del Río.

El ex coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero no era un oficial de inteligencia cualquiera. Antes de llegar a la subregión del Urabá antioqueño había integrado el Bloque de Búsqueda en Cali y fue uno de los primeros en encontrar las pruebas de los aportes de narcotraficantes del Valle del Cauca a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Samper Pizano. Así que su experiencia, capacidad de trabajo y credibilidad no estaban en duda.

A la Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño, y con jurisdicción en buena parte del norte del Chocó, llegó el entonces coronel Velásquez Romero. Corría el mes de junio de 1995. Su cargo: Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor. Para ese año el comandante de la guarnición militar era el general Víctor Álvarez Vargas.

Seis meses después, Álvarez Vargas sería trasladado y reemplazado por el también general Rito Alejo Del Río, el oficial condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio del campesino Marino López Mena, perpetrado por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) el 27 de febrero de 1997.

Con la llegada de Del Río a esa unidad militar, comenzó a tejerse una historia siniestra en la relación de sectores del Ejército con las Accu que ensangrentaría al Urabá antioqueño y chocoano. Del comienzo de esas nefastas relaciones, el coronel Velásquez Romero fue el primero en alertar a los altos mandos, dirigidos por el general Harold Bedoya Pizarro, comandante del Ejército. Sus denuncias no tuvieron eco y, contrario a toda lógica, fue retirado de las Fuerzas Militares.

VerdadAbierta.com habló con el ex coronel Velásquez Romero quien contó lo que vivió en Urabá, el motivo de sus denuncias y los detalles que en esa época fueron negados, pero que a través de la condena al exgeneral Del Río quedan plenamente corroborados.

VerdadAbierta.com: Cuando usted llegó a Urabá, las Accu habían comenzado su proyecto de expansión. Desde su nuevo cargo, ¿cómo se observaba ese fenómeno?

Coronel Carlos Velásquez: Cuando llegué una de las primeras cosas que empecé a detectar fue que los paramilitares de Castaño habían decidido estar en el Eje Bananero, que es el área más poblada de Urabá, y sacar a todos los que ellos consideraran de las Farc y sus auxiliadores. El propósito era quedarse para controlar. Antes de eso, generalmente llegaban a ese sector, incursionaban, hacían alguna bellaquería, y se regresaban al norte de Urabá y a Córdoba. A partir de junio de 1995 detecté que llegaron con la decisión de quedarse ahí a sangre y fuego.

VA: Ese propósito le implicaba a las Accu logar algunos acuerdos con el Ejército y la Policía. ¿Percibió algo al respecto?

CV: Con el tiempo me di cuenta que eso fue así. Estaba recién llegado cuando ocurrió la primera masacre que hubo en Chigorodó, conocida como El Aracatazo, y me había tocado ser comandante encargado porque el general Álvarez Vargas había viajado. Al día siguiente de esa masacre, me llamó un excompañero de curso, un mayor retirado de apellido Visbal, que había sido Segundo Comandante de Del Río en un batallón del Magdalena Medio. Me dijo, inicialmente, que lamentaba lo de la masacre de Chigorodó, que yo no acababa de salir de un problema, haciendo referencia al Bloque de Búsqueda de Cali, para meterme en otro, pero que él estaba dispuesto a ayudarme y que si lo autorizaba a darle el número celular a un informante clave que me ayudaría a dilucidar lo de la masacre. Yo lo autoricé.

Como a la media hora me llama alguien, identificándose con algún número que no recuerdo, y me dijo: “nosotros somos los que trabajamos en equipo con ustedes, en oportunidades nos llamamos ‘primos’”. Yo le respondí: "conmigo no tienen nada que hacer, no vuelva a llamar, hasta luego y punto". Entonces yo ya vi que el asunto era de búsqueda de los paramilitares de hacer alianzas con el Ejército, pero también empecé a presentir que dentro de las tropas había personas que ya estaban cooptadas por ellos.

VA: ¿Pero serían de menor rango esos hombres?

CV: Los tipos trataron de irse directamente conmigo que era en ese momento el Comandante de la Brigada encargado, pero supongo que entre hombres de menor rango habrían hecho ese tipo de llamadas antes.

VA: ¿Cómo sentía a los empresarios bananeros y ganaderos en aquellos años?
 

CV: Yo los presentía a ellos muy del lado de los paramilitares. Con lo que decían y pedían yo intuía su posición y me distancié. Mis relaciones eran más con la gente de las alcaldías, concejos y comerciantes medianos.

Llegada de Del Río a Urabá

 

VA: Usted no aceptó esas llamadas, que presume eran para lograr acuerdos, y llegó Rito Alejo Del Río como Comandante de la Brigada. ¿Qué cambios se dieron?
 

CV: Con el general Álvarez Vargas habíamos implementado una estrategia que consistía en volcar el mayor esfuerzo de las tropas sobre las áreas pobladas del Eje Bananero y se concentraran en hacer anillos de seguridad disuasivos y móviles; lo fundamental era evitar que hubiera masacres, vinieran de donde vinieran, no importaba si eran de guerrillas o paramilitares. La orden fue proteger a las poblaciones y actuar como si fuéramos policías, porque en esa época la policía era insuficiente. Y empezó a funcionar esa estrategia bastante bien, disminuyeron las masacres y los homicidios.

En diciembre de 1995 llega Del Río y a mí me dice el mando militar que siguiera de Segundo Comandante para ayudarlo con la estrategia que se venía implementando y darle continuidad. Pero lo primero que hizo fue cambiar esa estrategia y mandar la tropa a buscar guerrilla en el monte. Yo le decía que estábamos dejando las poblaciones desprotegidas y él me respondía que eso era problema de la policía.

VA: ¿Las estrategias de los paramilitares en el Eje Bananero también cambiaron?
 

CV: Parecía que los paramilitares quisieron no llamar la atención como en 1995 con las grandes masacres de ese año. A partir de la llegada de Del Río detecté que los homicidios aumentaron, pero con una peculiaridad: eran uno y dos todos los días, para no llamar la atención, pero mataban más gente.

VA: ¿Al respecto, qué reflexiones se hacían en las reuniones de comandancia?
 

CV: En reuniones de Estado Mayor le preguntaba al General, por ejemplo: "¿Qué debe hacer un comandante de batallón en el hipotético caso de que reciba una información que en tal parte hay guerrilla y en otra paramilitares, pero sus tropas son insuficientes?" Del Río respondía que había que atacar a la guerrilla y que si en el camino estaban los paramilitares les dieran también. Yo esperaba que dijera que debería pedir refuerzo para atacar los dos objetivos.
Con el paso del tiempo y con las confesiones en Justicia y Paz, me di cuenta que lo que hacía Del Río era informarles a los paramilitares dónde había y dónde no había tropa, para que ellos actuaran. Eventualmente, ellos le decían que quitara las tropas de tal parte y Del Río disimulaba cualquier cosa y las quitaba. O sea, que podía cumplirse lo que él le había dicho a la gente en reuniones del Estado Mayor: se opera contra las guerrillas y si por el camino se encuentran los paramilitares también les dan, sabiendo que no se los iban a encontrar.

Informe cuestionado

 

VA: ¿Cómo surge el informe que usted le presenta al entonces Comandante del Ejército, General Harold Bedoya Pizarro, y que fue entregado el 31 de mayo de 1996?
 

CV: El informe lo paso a raíz de una inspección que hizo a la brigada el general Manuel José Bonnet Locarno, quien para esa época era el Inspector General para las Fuerzas Militares. Yo le dije verbalmente lo que estaba pasando y me preguntó que si tenía pruebas, yo le respondí que tanto como pruebas no, porque esa no es una función del Segundo Comandante de una brigada, pero sí muchos indicios y documentos que podían sustentarlos, para que alguien con autoridad sobre el general Del Río investigara. Me dijo que pusiera todo por escrito y lo llevara a Bogotá. Eso fue a mediados de mayo de 1996.

VA: ¿Qué pasa después de que el Comando del Ejército conoce su informe?
 

CV: Yo llevo el informe a Bogotá, me quedo trabajando ahí, y comienza la investigación. Se desarrolla en el segundo semestre de 1996 y la condujo el Inspector General del Ejército, general Norberto Adrada, por delegación de Bedoya. Pero eso no fue una investigación. Desde el momento en que me llamaron a ratificar el informe me sentía en indagatoria. Esa investigación interna concluyó que yo era desleal, mentiroso y recomendaba llamarme a calificar servicios, como en efecto sucedió. Salgo entonces del Ejército el 1 de enero de 1997.
 

VA: ¿Instauró demanda contra el Estado por esa llamada a calificar servicios?
 

CV: Sí, una demanda de tipo administrativo para eliminar el acto administrativo con el cual me dieron de baja. Francamente no le puse mayor interés a esa demanda, se la entregué a los abogados, ellos manejaron el asunto. En primera instancia fue aprobada por el Tribunal de Cundinamarca, pero en la segunda instancia, ante el Consejo de Estado, algo pasó. A mí me explicaron que el mensajero no vio una cartelera que decía que en tal fecha se debía presentar algún documento, y no se pudo seguir la segunda instancia. Ahí murió la demanda. Yo sospeché que Del Río se enteró e hizo algo por allá, pero eso ya es letra muerta.

VA: ¿Cuál fue el impacto de su destitución?
 

CV: Me dije que eso no podía seguir así y decido hacer pública la historia en los medios de comunicación. Eso empezó a salir como el 7 u 8 de enero de 1997 en Semana, revista Alternativa, El Colombiano y noticieros de televisión. Recuerdo que Juan Manuel Santos ayudó a que ese tema saliera en primera página en El Tiempo. Uno de los mensajes más bien logrados, periodísticamente hablando, fue uno de los resaltos en un artículo que publicó Semana que decía: “el coronel no hace la denuncia porque lo echaron sino que lo echaron por denunciar”. Eso fue noticia como por quince días. Era la primera vez en la historia que un coronel se veía en esa situación y hacía ese tipo de denuncia. La noticia no era cualquier noticia.

VA: ¿Sabe que pasó con su informe? ¿Dónde puede estar ahora?
 

CV: El informe que yo presenté al Ejército se perdió. Como figuraba en todas partes, un juzgado lo pidió al Comando del Ejército, y el Ejército respondió que no lo encontraba por ningún lado. No se me haría raro que un tipo como Bedoya lo hiciera perder cuando se dio cuenta que la cosa era en serio.

De homenajes y responsabilidades

 

VA: En diciembre de 1997 el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, le hace un homenaje al general Rito Alejo Del Río y lo condecora. ¿Usted cree que él no sabía nada sobre el oficial en ese momento?
 

CV: El Gobernador tuvo que haberse enterado, por lo menos cuando lo hice público en enero de 1997. Y no hizo nada, hasta donde sé. Un gobernador no es mando de Brigada, pero perfectamente puede llamar al Comandante del Ejército, al Presidente de la República o al Ministro de Defensa y solicitar, ante la gravedad de la denuncia, por lo menos el traslado del oficial. Es lo mínimo que un gobernador debería haber hecho. Pero no pasó nada. Uribe ha sido tan obsesivo con la guerrilla que se le nubla la mirada y no ve las cosas claramente.

VA: ¿Había mucha interlocución entre la Gobernación de Antioquia, en materia de seguridad, con la Brigada XVII del Ejército, cuando estaba al frente Álvaro Uribe Vélez?
 

CV: Claro. Uribe realizaba una reunión en la Gobernación, no me acuerdo si era cada quince días o cada mes, con todos los estamentos de seguridad, y el Comandante de la Brigada de Urabá viajaba allá la víspera para estar a las 7 de la mañana en esa reunión. Del Río mantenía informado a Uribe de todas las cosas.

VA: En 1999 vuelve y se le hace un homenaje, esta vez nacional, al general Del Río. ¿Usted qué pensaba al respecto?
 

CV: Yo traté de hablar con quien tenía más o menos cercanía en ese momento, que era Fernando Londoño Hoyos, para decirle que cómo se les ocurría eso, que eso era seguir deslegitimando al Ejército con ese tipo de homenajes. Eso fue lo único que pude hacer.

VA: Quien también ha elogiado públicamente al ex general Del Río es el también ex general Harold Bedoya. ¿Usted por qué cree que este alto oficial actuaba de esa manera?
 

CV: Yo creo que el general Bedoya ha sido tan obsesionado contra la guerrilla que cree que el paramilitarismo es algo que se justifica contra ella.

VA: ¿Usted cree que con lo ocurrido en Urabá, durante la comandancia de Del Río en la Brigada XVII, tienen algún tipo de responsabilidad algunos ex generales de la República que hoy gozan de buen retiro?
 

CV: Es una responsabilidad por lo menos de omisión. Yo a Harold Bedoya le entregué el informe completo, él sabía quién era yo, cuál era mi carrera militar y conocía lo del proceso 8.000. Al final, cuando me notificó el resultado de la investigación, me dijo: “hombre Velásquez, es que cuando uno pasa un informe de estos debes tener pruebas contundentes”. Le dije: “mi general, me da mucha pena, pero un Segundo Comandante no debe estar buscando pruebas contundentes. Por eso pasé el informe, para que ustedes investigaran, porque tenían autoridad sobre Del Río. Les di suficientes elementos de juicio, entonces no venga a decir que faltaron pruebas contundentes”. También le dije: “me preocupa la legitimidad del Ejército y eso es responsabilidad suya”. Eso fue lo último que hablé con él.

Yo decía que lo mínimo que había que hacer era trasladar a Del Río de Urabá. Paradójicamente esa Brigada siempre había sido muy dura y los comandantes duraban, máximo, un año. Y Del Río se quedó dos años. Además, la Operación Génesis se hizo en enero de 1997; o sea, a sabiendas de que había problemas con Del Río. Es ahí la responsabilidad histórica de un Comandante del Ejército y de un Gobernador.

VA: ¿Hoy, tantos años después de su informe y frente a la condena que le impuso un juez al ex general Del Río por el asesinato de un campesino, qué piensa?
 

CV: Que la justicia cojea pero llega. Pero ahí falta todavía. El proceso inicial contra Del Río era por conspiración para delinquir con los paramilitares, y tengo entendido que mis declaraciones públicas en los medios sirvieron para que la Fiscalía me llamara a declarar. Después, se abrío un proceso en su contra y lo llevó a la cárcel, pero salió por un habeas corpus.
Ese proceso fue precluido en el 2001 y quien lo manejó fue el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Mendoza Diago. Lo precluyeron, es decir, no es ni culpable ni inocente, porque no hubo más pruebas para continuarlo. Después, cuando en Justicia y Paz comenzaron a nombrar nuevamente a Del Río, la Corte Suprema de Justicia ordenó reactivar ese proceso. No sé en qué estará, pero ese proceso sigue caminando.
 

VA: De haber frenado al general Del Río, tal como usted lo sugirió, ¿qué hubiera pasado en Urabá y en el país frente al fenómeno paramilitar?
 

CV: Urabá hubiese sido un laboratorio interesante para lograr la pacificación del país. Con Del Río, se volvió un laboratorio, pero al contrario. Un laboratorio en el que se dijo: el paramilitarismo sí da resultados. Si se mira cronológicamente, después de esos años (1995 y 1996), el paramilitarismo empieza a reproducirse en Mapiripán, Putumayo, Cundinamarca. Se mete a todas partes. Donde se frene desde Urabá, otra hubiera sido la historia del país frente al paramilitarismo.

VA: Después de todo lo que le ha ocurrido, ¿no se arrepiente de lo que hizo?
 

CV: No, señor.

Verdad abierta, 30 de agosto de 2012

SEÑORES
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
CÁMARA DE REPRESENTANTES
REPÚBLICA DE COLOMBIA
E. S. D.

Asunto: Denuncia penal contra Álvaro Uribe Vélez, Ex Presidente de la República, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Los suscritos miembros de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos nacionales e internacionales, sindicatos, periodistas, partidos políticos y demás ciudadanos colombianos presentamos denuncia penal contra el Ex Presidente de la República de Colombia ÁLVARO URIBE VÉLEZ, quien durante el ejercicio de su cargo y destinando recursos de naturaleza pública dirigió, en su calidad de máximo jefe jerárquico y funcional del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS (en adelante el DAS), una masiva y sistemática campaña de persecución por motivos políticos que incluyó la comisión de delitos y la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales y que estuvo dirigida a "neutralizar" a una amplia gama de ciudadanos y ciudadanas que desde diferentes ámbitos del Alto Gobierno eran considerados "enemigos de la seguridad democrática", hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad .

I.- SITUACIÓN FÁCTICA

Desde el mes de febrero de 2009, tras denuncias efectuadas por la Revista Semana |1|, se hizo público que el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- llevó a cabo entre los años 2003 al 2009, por lo menos, una gigantesca "cacería de brujas" contra defensores de derechos humanos, periodistas y columnistas de opinión, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, líderes políticos de la oposición y sindicalistas, entre otros miembros de la sociedad civil, con el propósito de eliminar cualquier disenso con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En medio de esta persecución más de trescientas personas que fueron calificadas como "de tendencia opositora" por el Alto Gobierno, así como sus familias y las personas pertenecientes a su círculo más cercano fueron convertidas en "blancos" del DAS.

Esta cacería emprendida por el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano fue apoyada por otras instancias del Ejecutivo, como la Unidad de Investigación y Análisis Financiero -UIAF- (agencia de inteligencia adscrita al Ministerio de Hacienda), el Banco de la República y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, entidad en la que reposan datos privilegiados sobre los esquemas de seguridad de personas que se encuentran incluidas en los programas de protección gubernamental y que, paradójicamente, eran consideradas al mismo tiempo como objetivos del DAS.

Conforme al derecho internacional consuetudinario, a los instrumentos de carácter internacional que nuestro país ha ratificado y a la jurisprudencia nacional sobre crímenes de lesa humanidad, estas actividades ilegales de persecución por motivos políticos adelantadas por el DAS, entidad dependiente legal, funcional y jerárquicamente del Presidente de la República, y dado su carácter masivo y sistemático son constitutiva del crimen de lesa humanidad. Asimismo, existen elementos de prueba que concurren a demostrar la comisión de otros crímenes atroces como el de la tortura psicológica infligida a los "blancos" sobre los que este organismo desplegó su accionar ilegal.

Las actividades ilegales que ejecutó el DAS incluyeron la recolección de información de personas y organizaciones a través de la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, el seguimiento encubierto y la infiltración, entre otros actos. Adicionalmente, se ha logrado establecer que funcionarios del DAS perpetraron intencionalmente amenazas directas contra sus víctimas por medio de llamadas telefónicas, envío de sufragios, muñecas descuartizadas, coronas fúnebres y otro tipo de actos intimidantes.

A la vez, se ha logrado corroborar que los actos de persecución comprendieron también la ejecución de acciones de saboteo que buscaban obstaculizar e impedir las actividades de diversos sectores de la sociedad, tales como la publicación de libros o informes de derechos humanos, la realización de giras al exterior, el ingreso a establecimientos de reclusión y otras actividades legítimas de las organizaciones civiles. A esta actividad criminal no escapó la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, ya que también fueron víctimas de acciones de infiltración, intimidación e interceptación telefónica. Igualmente, ha resultado claro que el desprestigio, el señalamiento, la estigmatización, e incluso la judicialización mediante montajes contra diversos sectores de la sociedad colombiana y algunos sectores de las otras ramas del poder público constituían uno de los objetivos trazados desde el DAS.

El principal objetivo de esta operación criminal orquestada desde el corazón del Poder Ejecutivo del Estado colombiano fue "neutralizar" a la sociedad civil de oposición y al poder judicial. Así, amparados en pretextos políticos totalmente inadmisibles en las modernas sociedades democráticas se impulsó una tarea de "eliminación" de las supuestas "amenazas" que, bajo una percepción sesgada y totalmente equívoca, representaban para la Presidencia de la República las personas u organizaciones que, desde el desempeño legítimo de la civilidad, ejercían labores de denuncia o fiscalización al gobierno. De esta manera, desde el DAS fueron diseñadas operaciones de inteligencia y contrainteligencia en forma masiva y sistemática contra personas y organizaciones civiles que, al mismo tiempo, eran señaladas de formar parte de grupos armados ilegales a través de frecuentes intervenciones públicas y en medios de comunicación realizadas por el propio Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, y altos funcionarios de su gobierno, utilizando como estrategia de engaño el uso de un lenguaje infamante.

Para apoyar de forma activa esta labor ilegal el DAS creó, fortaleció e impulsó distintos grupos de "espionaje". Hasta el momento se ha logrado establecer la existencia de los siguientes:

Como lo determinó la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación, estos grupos establecidos al interior del DAS no fueron los únicos que trabajaron en aras de los objetivos presidenciales: prácticamente todas las dependencias de esa entidad prestaron su ayuda y apoyo a los fines establecidos desde las más altas jerarquías del Gobierno Nacional. De hecho, el caso de Gustavo Petro demuestra que, incluso, el grupo Antisecuestro del DAS prestó su concurso para acosar al congresista. En otros hechos, se ha conocido que la Dirección de Migración, por ejemplo, suministró fotografías de pasaportes y rastreo de personalidades nacionales e internacionales que formaron parte de los "blancos" del DAS.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación durante el último año y medio han concluido que el DAS y la UIAF se convirtieron en verdaderas empresas criminales: el DAS, con todas sus dependencias, participó y apoyó activamente los planes y estrategias contra las personas y organizaciones consideradas "blancos", mientras que la UIAF entregaba información clave respecto de los "blancos". Distintos medios de prueba, que en forma posterior serán relacionados, demuestran que la información producto de esta actividad ilegal era trasmitida de forma directa al Presidente de la República o a funcionarios de alto nivel de la Casa de Nariño directamente dependientes del Jefe del Estado.

Quizá uno de los más contundentes testimonios que da cuenta de las órdenes presidenciales respecto a los "blancos" del DAS es el interrogatorio rendido los días 9 y 13 de julio de 2010 por el capitán Fernando Tabares, ex director de Inteligencia de la entidad. En varios apartes de esa diligencia, Tabares asegura que desde septiembre de 2007, en una reunión realizada en el Metropolitan Club con la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno informó que "el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la Senadora PIEDAD CORDOBA, el Senador GUSTAVO PETRO y el periodista DANIEL CORONELL. Terminado ese desayuno yo me regreso con la doctora MARIA DEL PILAR HURTADO y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre eso, y yo le digo que sobre los tres primeros temas, es decir, Corte Suprema de Justicia, PIEDAD CÓRDOBA y GUSTAVO PETRO, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el Alto Gobierno, pero que en el último tema especifico referente a DANIEL CORONELL, yo le veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona. En definitiva, ella impartió las instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por el doctor BERNARDO MORENO y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente a los tres primeros temas ya mencionados y el último tema prácticamente no se tocó y tampoco volvimos a tener ningún requerimiento sobre el mismo" |4|.

Más recientemente, el propio ex presidente Uribe admitió tácitamente su responsabilidad en las órdenes de investigación que diera su ex secretario general, Bernardo Moreno, en contra de la Corte Suprema de Justicia |5|, al asegurar a través de un comunicado público que "si aquello que hizo el Dr. Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados (...) yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta".

La Fiscalía ha dejado en claro que, contrario a lo expresado por el ex Jefe de Estado, las frecuentes denuncias hechas por los medios de comunicación sobre ese particular hicieron parte del montaje y las campañas de desprestigio en contra de la Corte Suprema de Justicia, y que para ponerlas en marcha hubo reuniones "por instrucciones de la Casa de Nariño" |6| entre el capitán Jorge Lagos, para entonces director de Contrainteligencia del DAS, el capitán Fernando Tabares, director de Inteligencia, el señor Germán Albeiro Ospina, coordinador del Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI), y María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, con varios periodistas a quienes se les filtraba esa información |7|.

Tabares también da cuenta de que casos como el de Tasmania (operación de desprestigio y falsas acusaciones contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez), el debate en el Senado promovido por la congresista Nancy Patricia Gutiérrez contra Piedad Córdoba, el caso "Paseo", las búsquedas de información contra Ramiro Bejarano y César Julio Valencia Copete, entre otros hechos, fueron todos "una serie de eventos que directa o indirectamente involucraban a la Casa de Nariño y que de una u otra forma originaron órdenes de ésta hacia el DAS" |8| que se dieron entre los años 2007 y 2008.

Pero no sólo los casos recientes y de mayor resonancia respecto al llamado "escándalo de las chuzadas" involucran al Presidente de la República: como se verá más adelante, es reveladora la coincidencia entre el discurso del Ejecutivo en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas y la labor criminal que desde el DAS se estaba ejecutando.

Así, según muestran los medios de prueba recaudados en las distintas investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos, es evidente que en la comisión de estos ilícitos penales participaron, de manera voluntaria y con pleno conocimiento, varios funcionarios del alto gobierno cuyos actos frente a las distintas dependencias del gobierno y de cualquier organismo del Estado sólo son entendibles como manifestación o en desarrollo de órdenes directas del Jefe de Estado, en este caso, el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Es además demostrable que los "blancos" del DAS se definían de acuerdo con los intereses de Álvaro Uribe Vélez, toda vez que los periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sindicales y partidos críticos de la "política de seguridad democrática" fueron, precisamente, los sujetos afectados por esta actividad criminal ejecutada desde el organismo de inteligencia referido. Asimismo, también fueron concebidos como "blancos" corporaciones de la rama judicial, principalmente la Corte Suprema de Justicia, que a lo largo del período presidencial de Uribe Vélez pretendieron defender con firmeza la independencia judicial frente a los intereses políticos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

No puede pasarse por alto en esta relación de elementos que caracterizan la situación fáctica de la presente denuncia, que han surgido serias evidencias que demuestran una íntima relación entre el DAS y estructuras paramilitares que, en desarrollo de su estrategia militar encubierta, amedrentaron, desplazaron, desaparecieron y asesinaron a miembros de la oposición, de otros sectores de la sociedad civil que desarrollaban actividades en el marco de la legalidad y a personas pertenecientes a sus círculos sociales, laborales y familiares. De las investigaciones judiciales realizadas sobre las actividades ilegales e ilegítimas de "inteligencia" DAS así como por revelaciones hechas por paramilitares desmovilizados y que se acogieron a la Ley N° 975 de 2005, se tiene conocimiento que la información de inteligencia ilegalmente recaudada era transmitida a los grupos paramilitares para su criminal accionar. |9|

Elementos que evidencian la responsabilidad penal del Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Cabe recordar que, en su condición de Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez fue el máximo jefe legal, jerárquico y funcional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el período 2002-2010. Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia establecen que el DAS actuará "bajo la dirección" del jefe de Estado, quien además es responsable del nombramiento del Director de ese organismo. Las normas legales reiteran la dependencia jerarquica y funcional del DAS al Presidente de la República. Así por ejermplo, el artículo 6 (párrafo 1º) del Decreto No. 643 de 2 de marzo de 2004, señala como primera función del Director del DAS: "Ejecutar la Agenda de Requerimientos del Presidente de la República sobre asuntos relativos a la Seguridad Nacional e Inteligencia de Estado y los cursos de acción estratégicos, necesarios para desarrollar su plan de gobierno."

La inteligencia estratégica de la política de seguridad democrática

Sea lo primero señalar que bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez las labores de