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General: exfuncionarios de uribe vinculados a procesos : un lunar que crece .
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| De: Ruben1919 (Mensagem original) |
Enviado: 20/07/2011 14:46 |
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Cuando ayudó a los paras, ¿Santoyo tuvo un enlace en la Casa de Nariño?
¿Por qué Julio César Santoyo Velasco, hermano del general detenido en EE.UU., contó con vía libre para moverse en Ralito, en donde operó como jefe de seguridad nombrado por Luis Carlos Restrepo? Esa es una de las tantas preguntas que deberá responder el general.
El general retirado de la Policía Mauricio Santoyo ahora está obligado a decir la verdad. En la declaración escrita ante la justicia de Estados Unidos el oficial admitió haber aceptado sobornos de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de información sobre las operaciones en curso de aplicación de leyes y otros tipos de asistencia, que permitieron a esta organización criminal “participar en actos terroristas” y “facilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes”.
Santoyo, además, admitió “haber informado a los miembros de las AUC de las detenciones previstas” por los cuerpos de seguridad, incluyendo las operaciones de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA), así como de “la realización de escuchas telefónicas no autorizadas”, entre otras cosas.
El fiscal Neil H. Mc Bride, del Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, se mostró categórico. Primero le dijo que era “un individuo malhechor” que “abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas” y luego le dijo que “estaba obligado a decir la verdad y nada más que la verdad”. Y no solo durante el juicio –se espera que haya un fallo antes del 30 de noviembre– sino que incluso después de que haya purgado su condena.
En otras palabras, Santoyo ató un compromiso de por vida con las autoridades norteamericanas. En el acuerdo se especificó que si la justicia comprueba en el futuro que él mintió en el proceso, éste se reabrirá en el acto. Eso significa que no tendrá otro camino que empezar a responder con transparencia cada uno de los interrogantes.
A las autoridades estadounidenses, según confirmó Semana.com, les interesa saber con precisión cómo fueron sus actuaciones durante los años 2002 y 2005 cuando ejerció como jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿A qué horas ayudaba a los paramilitares y a qué otras cumplía con sus obligaciones legales? ¿Cómo los ayudaba? ¿Les suministraba información telefónicamente o a través de correos electrónicos? O ¿tenía un enlace de absoluta confianza que podía salir de la Casa de Nariño hasta donde estaban los paramilitares y entregarles la información privilegiada a la que él tenía acceso? ¿Quién podría cumplir semejante tarea que no lo fuera a traicionar?
Se sabe que las autoridades gringas tienen un volumen considerable de información de algunas personas del círculo de Santoyo. Allí figura el nombre de uno de los hermanos del general. ¿Por qué? Porque Julio César Santoyo Velasco, hermano de Mauricio, tuvo a su cargo la vigilancia en donde se concentraron los miembros de las AUC, en Ralito justo en el tiempo en el que el oficial dijo que ayudaba a los paras.
Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, fue una zona que despejó el presidente Álvaro Uribe Vélez para concentrar allí a los paramilitares de extrema derecha. Sin embargo, desde un primer momento distintos voceros de Estados Unidos se mostraron muy críticos porque argumentaron que en esa área convivían paramilitares puros con 'narcos' que querían acogerse a la negociación. Entre ellos, Ramiro Vanoy Murillo, alias 'Cuco Vanoy', y Francisco Zuluaga Murillo, alias 'Gordolindo'.
De cualquier manera, como constató SEMANA durante la negociación, cada uno de los llamados comandantes dormía distante de los otros, en su propio refugio y armados hasta los dientes. “Aquí no se puede confiar en nadie”, le dijo a esta revista el paramilitar Miguel Arroyave antes de salir de allí y ser asesinado.
Eran pocas las personas que tenían libertad absoluta para moverse por la región. Julio César, el hermano del general, era uno de ellos. Él también fue policía y se desempeñó como comandante de la Policía Tolima y de la Regional 3 que abarca los departamentos de Putumayo, Huila, Tolima y Caquetá, estuvo 30 años en la institución y durante sus misiones a Ralito viajó con viáticos oficiales autorizados por el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, hoy también prófugo de la justicia.
No solo eso. Restrepo le dio vía libre para que fuera a otros puntos de la geografía “para atender disposiciones del alto comisionado de paz”. Antes de viajar, ¿conversaba con su hermano? ¿Recibía alguna instrucción de él? Son preguntas que ahora el general tiene que responder sobre su hermano ante el fiscal Neil H. Mc Bride.
Los documentos en poder de SEMANA, cobijados bajo el nombre Fondo de Programas especiales para la paz, muestran, por ejemplo, que Julio César viajó del 3 al 12 de abril de 2006 a Medellín y Apartadó con viáticos por 2'154.800 pesos. Él regresó a Bogotá, pero cinco días después volvió a Medellín y Apartadó entre los días 17 y 25 de abril. En esta ocasión recibió de viáticos de Restrepo por 1'927.979 pesos. No le bastó el tiempo para la misión asignada y prorrogó su estancia hasta el 1 de mayo. En esa ocasión Restrepo ordenó que se le diera 1'360.926 pesos para cumplir con un periplo que incluía Medellín, Apartadó y Turbo. ¿Qué tenía que conversar durante tanto tiempo con los paramilitares? La respuesta todavía no se conoce. Lo que sí se sabe es que Restrepo le autorizó de nuevo más viáticos y una nueva prorroga hasta del 3 al 8 de mayo del mismo año.
Llama la atención que en el registro de los viajes, personalidades como Juan B. Pérez iban a la zona asignada por Restrepo y estaban en promedio uno o dos días. El hermano de Santoyo siempre necesitaba una semana o dos para cumplir su misión que en algunos casos se especifica como “asuntos de seguridad”.
No deja de ser llamativo también que solo hasta ahora se conozca que el hermano de Santoyo estuvo en los pasillos de Palacio como parte de la oficina de Luis Carlos Restrepo. Durante mucho tiempo oficialmente se habló que el único enlace oficial del comisionado Restrepo para los procesos de desmovilización era el coronel retirado del Ejército Hugo Castellanos, quien actualmente está siendo procesado por su eventual responsabilidad en la falsa desmovilización de supuestos guerrilleros del Cacica La Gaitana. Por alguna razón el nombre del hermano de Santoyo, Julio, no salió a la luz pública sino hasta ahora, cuando las autoridades gringas empiezan a hacer preguntas.
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General (r.) Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de cárcel
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 12:49 p.m. | 24 de Agosto del 2012
General (r.) Rito Alejo del Río.
Foto:
Juzgado de Bogotá lo encontró culpable de un homicidio cometido por los 'paras'.
El general (r.) Rito Alejo del Río, conocido como el 'Pacificador' de Urabá, fue condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de Marino López Mena en 1997. La decisión la tomó el juzgado 8 especializado de Bogotá.
Édgar Torres, abogado del oficial, le dijo a EL TIEMPO que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía y la Procuraduría habían pedido la condena para el general Del Río por su presunta responsabilidad como autor mediato del homicidio y descuartizamiento de López Mena, dentro de la 'Operación Génesis', que lideró el oficial. (Lea también: ¿Quién es el 'Pacificador' de Urabá?)
Del Río ha manifestado que le están "cobrando la amistad con Uribe" y que hay una campaña para desprestigiarlo. (Lea la entrevista del general con EL TIEMPO, publicada el 6 de octubre del 2011).
Adán Quintero, uno de los testigos del crimen, le dijo a la Fiscalía que cuando se desplazaron a pedir ayuda por la incursión paramilitar encontraron que el Ejército estaba a 200 metros del sitio. Allí los 'paras' estaban custodiando al mayor Salomón, uno de los integrantes de la Brigada.
Del Río está preso en una unidad militar del sector de Puente Aranda. Fue comandante de la Brigada 17 del Ejército y es investigado por sus nexos con los grupos paramilitares del Nordeste antioqueño y la región de Urabá.
De hecho, lo han mencionado los exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', y Ever Veloza, alias 'HH', según los cuales, el oficial era amigo personal del ex jefe paramilitar Carlos Castaño y les colaboró a las autodefensas.
En el juicio, la Fiscalía señaló: "Había una alianza macabra entre las Auc y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población civil, no se entiende cómo estando en el mismo territorio el Ejército no combatió a los paramilitares. ¿Pero cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo?", indicó en su momento el fiscal del caso.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Imputan cargos contra primos Nule por millonario préstamo de la DNE
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 10:51 a.m. | 24 de Agosto del 2012
Otras siete personas fueron vinculadas al proceso. Detrimento sería de 25 mil millones de pesos.
La Fiscalía imputó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en contra de Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y siete exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE. (Siga este enlace para leer: Con hidropónicos, los Nule buscan rebaja de penas).
En esa diligencia cumplida ante el Juez 51 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del caso, señaló que los procesados son presuntos responsables del detrimento patrimonial de la DNE en cuantía cercana a 25 mil millones de pesos.
La funcionaria judicial explicó que mediante una fiducia los Nule, con la utilización del consorcio Bogotá-Fusa, lograron el traspaso de dineros manejados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado de la DNE, Frisco, sin cumplir los requisitos legales.
En su propósito de manejar el dinero de Frisco, los Nule se comprometieron a cancelar el 12 por ciento anual, durante tres años, del dinero girado, compromiso que no fue cumplido, añadió la fiscal.
Tales hechos ocurrieron el año 2006 y en los mismos habrían intervenido los entonces funcionarios: Clara Eugenia Garrido de Devaldenegro, Gonzalo Martín Gutiérrez Díaz Granados, Alejandro Vélez Múnera, Freddy Guillermo Hernández Sandoval, Martha Hernández Pulido, José Camilo Guzmán Santos y Pablo Manuel Bula Narváez.
Según las investigaciones, los entonces funcionarios no observaron las normas contables y financieras establecidas en la DNE. Tampoco hubo control al manejo de los dineros, como era su tarea, enfatizó la fiscal.
Ninguno de los imputados se allanó a cargos.
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¿Quién es el 'Pacificador' de Urabá, como llaman al general Del Río?
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 1:56 p.m. | 24 de Agosto del 2012
Es uno de los más polémicos y cuestionados militares colombianos.
Ex jefe del Ejército en Urabá y Bogotá, el general Rito Alejo del Río es, sin duda, uno de los más pólémicos y cuestionados militares colombianos.
Aunque los rumores sobre sus supuestos nexos con los 'paras' empezaron desde comienzos de los 90, fue su paso por la Brigada XVII, con sede en Carepa, la etapa más cuestionada de su carrera. En ese momento, años 95 al 97, empezó la sangrienta arremetida de los 'paras' de Carlos Castaño hacia el Urabá y Chocó y hubo decenas de denuncias sobre la colaboración entre las tropas de Del Río con los 'paras'.
Ex jefes 'paras' como Salvatore Mancuso y el 'Alemán' han hablado de reuniones con el general. Ahora, la justicia determina que la famosa 'operación Génesis' fue una operación conjunta por la cual el Ejército cubrió la entrada de los 'paras' a territorios, especialmente del Chocó, donde las Farc eran fuertes.
Tras la polémica en Colombia y la presión de ONG e incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Del Río fue llamado a calificar servicios.
Él y otro general señalado por las ONG, Fernando Millán, fueron objeto de un sonado evento de desagravio convocado por el entonces exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe -que fue mandatario seccional en la misma época en la que Del Río fue comandante en Urabá- y por el ex ministro Fernando Londoño.
En el 2001, Del Rio fue detenido por orden de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, pero el fiscal Luis Camilo Osorio -que de nuevo acaba de ser cuestionado porque en su administración se cerró la investigación contra el general Mauricio Santoyo, que acaba de declararse culpable de apoyar a los 'paras'- cerró su proceso.
Sonó para dirigir central de inteligencia
Ya en el gobierno de Uribe, Del Río sonó para manejar la Agencia Central de Inteligencia que iba a crearse en el 2002, pero terminó distanciado del expresidente al igual que el fallecido exsecretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno, quien era otro promotor de la inteligencia bajo una sola mano.
En la Fiscalía de Mario Iguarán, se reabrieron las investigaciones contra Del Río y fue capturado. Desde hace cuatro años está en una guarnición militar de Bogotá a la espera de la sentencia que finalmente se acaba de producir contra él.
Boyacense, el nombre del general también ha sido mencionado por su cercanía con un polémico empresario de las esmeraldas que habría llevado a la gente de Carlos Castaño a la zona: Yesid Nieto. Ahora, se convierte en el oficial más representativo de las Fuerzas Militares condenado por crímenes cometidos por los 'paras'.
REDACCIÓN JUSTICIA
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Parapolítica
"Que Mancuso pruebe complot de mi hermano o reuniones conmigo": Uribe
Por: Elespectador.com
El expresidente pidió que la Fiscalía avance en su denuncia por injuria y calumnia en contra del otrora jefe de las Auc.
 El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Twitter / Álvaro UribeEl expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a defenderse de las acusaciones y señalamientos del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso.
Al conocer que ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que por orden del comando mayor de las AUC se entregó material alusivo a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, el exmandatario desvirtuó dichas acusaciones.
“Ojalá la Fiscalía avance nuestra denuncia o que Mancuso pruebe complot de mi hermano o reuniones conmigo”, escribió a través de su cuenta en Twitter.
A mediados de mayo, Uribe denunció por injuria y calumnia al paramilitar extraditado. En ese sentido, pidió que a la Fiscalía que los excluyera de Justicia y Paz por mentirle al sistema.
El expresidente Uribe siempre ha hablado de una “venganza criminal” en contra de su Gobierno, por la lucha frontal que adelantó en sus mandatos.
La declaración de Mancuso
Vía teleconferencia ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que por orden del comando mayor de las AUC se entregó material alusivo a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002.
En su declaración, el excomandante paramilitar aseguró que se entregaron varias camisetas y demás elementos de la campaña de Uribe entre los pobladores de los departamentos de Córdoba y Norte de Santander.
Igualmente aseguró que en 2002 se reunió con algunos asesores de la campaña presidencial del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez.
Según el extraditado paramilitar, en dicho encuentro los asesores buscaron definir su apoyo a la campaña presidencial en el departamento de Córdoba, principalmente.
Pese a las reiteradas preguntas del fiscal del caso, Mancuso no dio los nombres de los asesores asegurando que los dará a conocer cuando la Fiscalía le garantice protección a su familia.
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Narco-paramilitarismo y Poder Legislativo
Estos son los 50 senadores que aprobaron el ascenso de Santoyo a general de la Policía
Semana
A pesar de las alertas sobre las investigaciones por violación a derechos humanos que tenía el entonces coronel de la Policía Mauricio Santoyo, 50 senadores de los partidos políticos de la entonces coalición uribista decidieron ascender a quien se convirtió, años después, en el primer general de la Policía en confesar su apoyo a los paramilitares.
El senador Jorge Enrique Robledo (Polo) ha reclamado este 22 de agosto a “todos los responsables” del ascenso de Santoyo que le den explicaciones al país por haberlo promovido al mayor rango en la jerarquía de las Policía. Incluidos todos los partidos políticos que tuvieron la oportunidad de negar tal ascenso y que, a pesar de las advertencias, no lo hicieron. SEMANA conoció el acta de la plenaria del Senado del 5 de diciembre del 2007 en la que Mauricio Santoyo, quien entonces era el jefe de seguridad de Casa de Nariño, obtuvo el grado de general. El acta de dicha sesión plenaria revela que ese día 50 senadores aprobaron el ascenso y sólo nueve lo negaron. SEMANA también conoció la versión de uno de los senadores que estuvieron en esa sesión plenaria, actual integrante del Partido de la U, quien confirmó que antes de esa votación se produjeron llamadas del entonces secretario general del presidente Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, pidiendo a la coalición uribista el voto a favor del ascenso de Santoyo. En ese entonces la coalición uribista estaba integrada por los partidos La U, Conservador, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana (antecesor del PIN) y el desaparecido Alas Equipo Colombia (fusionado en el Partido Conservador). Las actas de la votación certifican que el ascenso de Santoyo contó con el respaldo político de esa coalición. Entre los 50 senadores que apoyaron en ese entonces el ascenso se encuentran los expresidente del Senado Miguel Pinedo Vidal (Cambio Radical, condenado por nexos con paramilitares), Javier Cáceres (Cambio Radical, condenado por parapolítica), Nancy Patricia Gutiérrez (Cambio Radical, quien fue investigada por presuntos nexos con paramilitares y absuelta en el caso de las chuzadas del DAS), Hernán Andrade (Partido Conservador, investigado por presuntas irregularidades en la administración de bienes de la DNE), Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador, capturado por parapolítica), Dilian Francisca Toro (La U, investigada por presunto lavado de activos) En la lista de parlamentarios también se certifica que votaron por Santoyo senadores con líos judiciales como Humberto de Jesús Builes (Cambio Radical, detenido por parapolítica), Iván Díaz Mateus (Partido Conservador, capturado por violar régimen de inhabilidades y por yidispolítica), el fallecido Ricardo Elcure Chacón (Colombia Democrática, investigado por parapolítica y heredero de la curul de Mario Uribe), Guillermo Gaviria Zapata (P. Liberal, capturado por parapolítica), Ciro Ramírez (partido Conservador, expresidente del partido y capturado por parapolítica. Primero en proponer la relección de Uribe en 2004), Óscar Suárez Mira (Alas, capturado por parapolítica), Rubén Darío Quintero (Cambio Radical, pagó condena por nexos con el jefe paramilitar alias ‘El Alemán’ parapolítica), Zulema Jattin (La U, investigada por parapolítica y con casa por cárcel), Óscar Josué Reyes (Convergencia Ciudadana, condenado por parapolítica), Adriana Gutiérrez (La U, quien renunció a su investidura como congresista ante investigaciones por parapolítica, de las cuales fue absuelta). Entre los que también aprobaron el ascenso de Santoyo está Jorge Visbal Martelo, del partido de La U, quien fue nombrado por el presidente Santos en la embajada de Colombia en Perú, cargo al que renunció por la orden de detención en su contra dictada por la Fiscalía, también por presuntos nexos con paramilitares. Actuales senadores como Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; el conciliador de la reforma a la Justicia Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador); Juan Carlos Vélez Uribe (La U, alfil del expresidente Uribe); Camilo Sánchez, quien a pesar de ser del Partido Liberal (en ese entonces en oposición al gobierno) se convirtió en el único miembro de esta colectividad en aprobar el ascenso a general de Santoyo, y Ubéimar Delgado (actual gobernador del Valle). La lista completa se encuentra al final del artículo tal como parece registrada en el acta de la sesión plenaria de aquel 5 de diciembre. Ese día, a la plenaria asistieron 59 de 102 senadores. Y sólo nueve de los asistentes votaron en contra del ascenso. Los senadores Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro, Luis Carlos Avellaneda, Iván Moreno, Juan Manuel Galán, Alexandra Moreno Piraquive y Cecilia López, desde el debate en la Comisión Segunda el 27 de noviembre del 2007, advirtieron sobre la inconveniencia de ascender a Santoyo. Textualmente, la intervención de Robledo aquel día fue la siguiente: “ hay días como este, en que a mí me asquea lo que sucede, y que me dan ganas como de coger la credencial de Congresista y tirarla a la basura, porque en decisiones como las que se acaban de tomar aquí hoy, que la toma la mayoría Uribista, pero que nos la van a endilgar a todos los Congresistas de Colombia, son de esos días en que muchos Colombianos se despachan por supuesto con todo tipo de frases duras contra el Congreso de Colombia (…)y lo peor de todo es que el responsable con nombre propio de esta decisión, se llama Álvaro Uribe Vélez el Presidente de la República. Porque es clarísimo que si el Coronel Santoyo no hubiera, no hubiera pertenecido al círculo de íntimos del Presidente de la República, no hubiera sido su jefe de seguridad en la Casa de Nariño, esta situación que hoy estamos discutiendo aquí no se hubiera dado, luego por donde uno lo mire repito Senadores y Senadoras de Colombia lo digo con toda franqueza y con todo dolor, hay días como este en que yo me avergüenzo de ser Senador de la República, muchas gracias”. En el momento de su ascenso, Santoyo tenía investigaciones preliminares por haber ordenado presuntamente 1.499 chuzadas a activistas de la ONG Asfades en Antioquia entre 1997 y 1999, época en la que se desempeñaba como director del Gaula de la Policía en ese departamento. El ponente del ascenso de Santoyo, el actual senador Manuel Enríquez Rosero (la U, de la línea uribista), recuerda que tuvo que entrevistarse con Santoyo y su abogado y revisó el expediente que reposaba en la Procuraduría, en ese entonces a cargo de Edgardo Maya Villazón, quien le había formulado cuatro cargos y posteriormente decidió su sanción. Según Enríquez, en ese entonces la decisión estaba revocada por el Consejo de Estado, por lo que no había impedimento jurídico para oponerse al ascenso. "Nosotros no teníamos ningún sustento jurídico para oponernos (…) quienes tienen la responsabilidad son los comandantes, el ministro de Defensa y el propio presidente de la República", y de haberlo hecho, dice el senador, "Santoyo habría podido demandar al Estado por la decisión del Senado". Martha Lucía Ramírez, en ese entonces senadora de la U, y quien también votó el ascenso de Santoyo, se defendió en su momento al señalar que “la Dirección General de la Policía Nacional, a cargo del general Óscar Naranjo, presentó, entre otros, al coronel Santoyo como candidato seleccionado para ascenso al rango de general, certificado por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos”. Esta es la lista de quienes votaron por el ascenso de Santoyo: Acosta Bendeck Gabriel Andrade Serrano Hernán Francisco Arenas Parra Luis Élmer Arias Mora Ricardo Arrieta Buelvas Samuel Benjamín Barco López Víctor Renán Barriga Peñaranda Carlos Emiro Builes Correa Humberto de Jesús Cáceres Leal Javier Enrique Cárdenas Ortiz Carlos Cepeda Sarabia Efraín José Cifuentes Aranzazu Elsa Gladys Char Chaljud Arturo Char Navas David Delgado Blandón Jorge Ubéimar Díaz Matéus Iván Elcure Chacón Ricardo Enríquez Maya Eduardo Enríquez Rosero Manuel Espíndola Niño Edgar Galvis Méndez Daira de Jesús Gaviria Zapata Guillermo Gomez Gallo Luis Humberto Guerra de la Espriella Antonio Gutiérrez Castañeda Nancy Patricia Gutiérrez Jaramillo Adriana Gutiérrez José Gonzalo Iragorri Hormaza Aurelio Jattin Corrales Zulema Manzur Abdala Julio Alberto Núñez Lapeira Alfonso María Pérez Pineda Oscar Darío Pinedo Vidal Miguel Quintero Villada Rubén Darío Ramírez de Rincón Marta Lucía Ramírez Pinzón Ciro Restrepo Escobar Juan Carlos Reyes Cárdenas Oscar Josué Rodríguez de Castellanos Claudia Sánchez Ortega Camilo Armando Suárez Mira Oscar de Jesús Toro Torres Dilian Francisca Torrado García Efraín Valencia Duque Antonio Velásquez Arroyave Manuel Ramiro Vélez Uribe Juan Carlos Villegas Villegas Germán Visbal Martelo Jorge Yepes Alzate Omar Zuccardi de García Piedad Fuente: http://www.semana.com/politica/estos-50-congresistas-aprobaron-ascenso-santoyo-senado/183132-3.aspx |
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El crimen que envió a la cárcel al ‘Pacificador del Urabá’
| Parapolítica - El Estado y los paras |
| Viernes, 24 de Agosto de 2012 14:50 |
El ex general Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del campesino Marino López Mena ocurrido en medio de un operativo conjunto entre tropas del Ejército y paramilitares al mando de 'El Alemán'.
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| Marino López Mena fue asesinado por paramilitares. Foto VerdadAbierta.com y cortesía de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. |
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El Juzgado 8 Especializado de Bogotá condenó al general (r) Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada 17 entre 1995 y 1997, por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en Bijao, Chocó. Según lo documentó la Fiscalía, el campesino fue asesinado durante la Operación Cacarica, un operativo ordenado por Del Río en complicidad con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas del Urabá con el pretexto de combatir al Frente 57 de las Farc en la subregión del Atrato medio.
La sentencia se produjo después de un juicio que incluyó los testimonios del ex coronel Carlos Alfonso Velásquez, subcomandante de la Brigada 17, y Gloria Cuartas, ex congresistas y ex alcaldesa de Apartó. En los estrados, Velásquez y Cuartas narraron varios episodios que demostraban la cercanía de Rito Alejo con las Auc. “Del Río ordenó a los soldados concentrarse en los combates con la guerrilla en la montaña, dejando abandonados los lugares donde estaba la población y donde ocurrían las masacres”, dijo Velásquez. “En la zona se sabía que cuando llegó Rito Alejo del Río, la Brigada 17 del Ejército empezó a trabajar con los ‘paras’ en el Urabá de Chocó, Antioquia y Córdoba”, dijo Cuartas durante el juicio.
Contrario a los testimonios de Velásquez y Cuartas, su principal defensor fue Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Miitares, quien calificó de “héroe” y “pacificador del Urabá” a Del Río. “El general fue un comandante extraordinario. Digo que es un héroe y deberían hacerle un homenaje porque fue el responsable de que el Urabá no se perdiera”, dijo el ex comandante cuando rindió testimonio en noviembre de 2010.
Édgar Torres, abogado del ex militar, le dijo a varios medios de comunicación nacional que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Durante del juicio, del Río se declaró inocente y ha dicho que el proceso ha sido una campaña de desprestigio por su sabida amistad y cercanía con el ex presidente Álvaro Uribe.
VerdadAbierta.com reconstruyó cómo ocurrieron los hechos por los que Del Río está preso desde 2008 y acaba de ser condenado.
El crimen de un campesino en medio de una operación paramilitar
Las Autodefensas de los hermanos Castaño asesinaron al campesino Marino López Mena, en febrero de 1997 y, como lo confirmó un juzgado de Bogotá recibieron apoyo de tropas del Ejército comandadas por el ex oficial. Para la Fiscalía, la muerte del campesino puso en evidencia los nexos de Del Río con los paramilitares.
"La muerte de Marino López Mena fue de conocimiento del ex general Rito Alejo Del Río, quién permitió y coordinó con los paramilitares acciones conjuntas”, afirmó el fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán cuando el organismo investigador le solicitó al Juez Octavo Especializado de Bogotá que condenara al entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército por ese crimen, perpetrado el 27 de febrero de 1997 en Bijao, Chocó.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entidad que presentó este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representa a varios de los sobrevivientes de esta incursión conjunta, las víctimas estuvieron desplazadas por más de cuatro años, viviendo en hacinamiento y precarias condiciones. Durante el desplazamiento los hostigaron y amenazaron, y la CIDH dictó medidas cautelares para su protección.
"La Comisión concluyó que estos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, ya que hacen parte de un patrón de violencia masiva, sistemática y generalizada y se ejecutaron en el contexto del conflicto armado. Las autoridades abrieron investigaciones y existe un proceso pendiente contra un General y cinco miembros paramilitares, pero la Comisión concluyó que las investigaciones no se llevaron a cabo de manera rápida y eficaz ni se examinó la multiplicidad de violaciones ocurridas durante la Operación Génesis, las incursiones paramilitares, las violaciones ocurridas como producto de éstas y el desplazamiento forzado que ocasionaron", dice un aparte de la presentación del caso ante la CIDH.
Durante el juicio a Del Río, el representante del ente acusador, quien se apoyó en testimonios recogidos durante el desarrollo del juicio, aseguró que el ex oficial “era conocedor de las actividades de los paramilitares y de la incursión en Bijao, pero se mostró ajeno y dejó en manos de ellos esa zona”.
Tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría y las víctimas, Del Río tenía el control de las tropas del Ejército que, estando muy cerca de la zona en donde operaban los paramilitares, no intervinieron para impedir su accionar en contra de los pobladores de la región del Cacarica.
José Enrique Caballero Quintero, procurador delegado para el caso, consideró que el ex oficial hizo alianzas con el paramilitarismo en la zona del Urabá y sus subalternos unieron sus fuerzas a las de las estructuras ilegales de las Accu. “López Mena fue uno de las tantas víctimas de las luchas concertadas entre militares y paramilitares”, aseguró el representante del Ministerio Público.
Por su parte Liliana Ávila, apoderada de las víctimas, aseguró que las pruebas dejaron en evidencia que en Urabá hubo un proyecto conjunto entre paramilitares y militares. Sobre el homicidio de López Mena, aseguró que hubo una omisión del Ejército para evitar la incursión de los paramilitares en el caserío de Bijao, debido a que había un plan orquestado entre las Accu y la Brigada XVII.
La abogada en su momento le preguntó al ex general “¿Cómo no hubo acciones del Ejército en contra de la incursión de los paramilitares, que duró 10 días, estando en desarrollo la operación Génesis tan cerca del sitio donde hacia presencia las autodefensas?”. Ávila pidió al final de su exposición la máxima condena al militar por el asesinato de López Mena.
El crimen de Marino
En desarrollo de su estrategia de expansión, las Accu diseñaron la llamada ‘Operación Cacarica’, con la cual pretendían avanzar hacia la subregión del Atrato medio, con el fin, según ellos, de enfrentar al Frente 57 de las Farc y quitarles sus zonas de dominio.
La operación, según lo ha relatado Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, fue ejecutada por un comando paramilitar integrado por 60 hombres, 40 de ellos integrantes del frente Chocó y 20 más del Arlex Hurtado, todos ellos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). La acción comenzó el 23 de febrero y finalizó el 5 de marzo.
La base de las Accu para esta operación fue instalada en la Loma de Cacarica, desde donde el grupo de paramilitares emprendió la incursión hacia los caseríos de la zona. Al día siguiente de la llegada a ese sitio, el comando armado ilegal se desplazó por la margen izquierda del río Perancho buscando llegar a Tamborales, más al sur, pero al llegar al caserío de Bijao advirtieron la presencia de un reducto de la guerrilla de las Farc y hubo un intercambio de disparos, sin que se presentaran muertos o heridos de lado y lado. Luego de varios registros, el comando de las Accu se instaló en un cultivo de maíz, armó allí un campamento y así pasó la noche.
Al amanecer, los paramilitares se preparaban para partir hacia las cabeceras de los caseríos de La Balsa y Salaquí cuando observaron que un hombre salió del monte, guardó un paquete al borde del caño, lo atravesó y se dirigió a una pequeña tienda donde compró varias docenas de cigarrillos, entre otras cosas, e intentó regresar.
Antes de pasar nuevamente el caño fue interceptado por alias ‘Manito’, del cual no se conoce su nombre real, quien le inquirió por lo que llevaba en la bolsa. Marino respondió que “cigarrillos y otras cosas”, y agregó que él solo era un campesino de la zona. Al escuchar eso, el paramilitar lo obligó a coger unos cocos.
De acuerdo con la versión que han dado algunos exintegrantes de las Accu, entre ellos alias ‘el Alemán’, Marino intentó atacar a alias ‘Manito’ con un machete y éste, en su reacción, le cercenó la cabeza. No obstante, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó el caso por el que fue condenado el ex general Del Río.
En uno de los documentos de esa organización no gubernamental se lee el relato de un sobreviviente de esa incursión armada a Bijao, quien describió la manera como fue asesinado Marino López Mena: “Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos”.
Rito Alejo con jefes ‘paras’
El desarrollo de la llamada ‘Operación Cacarica' coincidió con la ejecución de la Operación Génesis, que adelantaban tropas especiales del Ejército contra la guerrilla de las Farc en una vasta zona selvática del Chocó y en la cual participaron doce guías de las Accu, según versiones de paramilitares entregadas a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
La Operación Génesis se realizó entre el 24 y el 28 de febrero de 1997 con el fin de atacar facciones de las Farc asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, ubicados en el departamento del Chocó, con el fin de atacar posiciones de varias facciones del Frente 57 de las Farc asentadas en esos territorios. La orden de incluirlos provino del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y fue autorizada por Rito Alejo del Río.
Alias ‘El Alemán' explicó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que entre 1995 y 1997 los paramilitares coordinaron con altos mandos de la Brigada XVII acciones ofensivas contra la guerrilla de las Farc: “Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo Del Río para coordinar la operación Cacarica realizada en febrero de 1997”.
El nivel de connivencia al parecer fue tan estrecho que en mayo del año pasado, en desarrollo de una audiencia de Justicia y Paz, alias ‘el Alemán’ aseguró que le había enviado un mensaje al exgeneral para que contará la verdad sobre lo ocurrido en Urabá.
“Me parece, General, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos”, sostuvo ‘el Alemán’ en el mensaje enviado al ex general a través de un emisario de quien no precisó su nombre por razones de seguridad ni la fecha de la gestión.
De esas relaciones entre Accu y Ejército también han hecho referencia en diversas ocasiones los paramilitares Salvatore Mancuso y Hébert Veloza, alias ‘HH’, quienes han coincidido en señalar que Del Río era uno de sus principales aliados. Esos testimonios hicieron parte del proceso por el que se condenó al ex oficial.
La defensa de Rito Alejo del Río
Durante la última etapa del juicio en su contra, Rito Alejo pidió que se le declarara inocente del homicidio de Marino López Mena. Según el ex general, en ningún momento participó o tuvo conocimiento de las acciones de los paramilitares en el Urabá Chocoano.
“No he tenido relaciones con grupos armados al margen de la ley y la operación Génesis no tenía nada que ver con los paramilitares”, aseguró Del Río.
Sobre la operación Génesis, el ex general aseguró que única y exclusivamente se trató de una operación para rescatar a diez infantes de marina, secuestrados por las Farc en la toma a Juradó, Chocó.
Juicio al ‘Pacificador de Urabá’
Del Río, quien se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2008, ha sido llamado por diversos sectores sociales, económicos y políticos como el ‘Pacificador de Urabá’, pese a que ha sido señalado de ser uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada 17 del Ejército entre los años 1995 y 1997.
Una de las exaltaciones más connotadas ocurrió el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama de Bogotá, en la que participaron cerca de 1.500 personas, cuando se le rindió un homenaje en respuesta a su destitución por decisión del entonces presidente Andrés Pastrana.
El ex oficial fue llamado a calificar servicios cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada 13 de Bogotá, a donde fue trasladado desde el 16 de diciembre de 1997 justamente como premio a sus labores en Urabá.
Durante el homenaje, el entonces ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que “nadie mejor que el general del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la Ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente”; recordó que al intervenir en la subregión del Urabá como gobernador de Antioquia, “en todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del General”; y por último lo calificó como “un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia”.
En su defensa, Del Río ha dicho durante la etapa de juicio que nunca conoció sobre la presencia de grupos paramilitares en Urabá y manifestó que supo de la presencia de esos grupos a nivel nacional, pero nunca información concreta sobre acciones de estos grupos en la zona de Urabá. “Para esa época sabíamos de las Autodefensas de Córdoba… algunos de estos grupos estaban bien encubiertos en las diferentes zonas del país”, dijo en una ocasión.
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| Última actualización el Viernes, 24 de Agosto de 2012 17:02 |
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iscalía investiga nexos de Santoyo con paras y narcos
 La Fiscalía anunció en las últimas horas la apertura formal de cuatro indagaciones contra el general (r) Mauricio Santoyo, luego de que el oficial se declarara culpable ante un tribunal de EEUU de haber colaborado con grupos de autodefensa.
El jueves, el fiscal general Eduardo Montealegre, anunció que la entidad a su cargo iniciará cuatro investigaciones por nexos con paramilitares, narcotraficantes e interceptaciones ilegales.
Montealegre señaló que la Fiscalía solicitará a la Corte del Distrito de Virginia entregar todos los documentos relacionados con el proceso que se le sigue en Estados Unidos al exjefe de seguridad del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Aunque el Fiscal General reconoció que Santoyo no podría ser juzgado en Colombia por los mismos hechos por los que es procesado en Estados Unidos, pero advirtió “Lo vamos a investigar en todo caso por los hechos que no sean objeto de la cosa juzgada en Estados Unidos, y además vamos a investigar todos los hechos que él cuente ante las justicia norteamericana de personas que se encuentran en Colombia y que la competencia es de nuestra jurisdicción”.
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www.youtube.com/watch?v=j1BdZmHhUxQ17 Jun 2007 - 3 min - Subido por hrktqw
Son muchas las pruebas que demuestran que Uribe tiene nexos con los paramilitares. ... Ahí muestra ...
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www.youtube.com/watch?v=YWbPjIH2B5I22 Jun 2012 - 3 min - Subido por TheRpasur
Que Uribe aclare por qué designó a funcionarios cuestionados por sus ... cuestionados por sus nexos con ...
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Caso de Mauricio Santoyo en EE.UU.
General (r) Santoyo admite nexos con paras y Uribe dice que le retira apoyo
Por: Elespectador.com
Al conocer que su exjefe de seguridad admitió nexos con paramilitares, el expresidente dijo que la lucha contra el terrorismo no puede tener "alianzas con bandidos".
Luego de que el general (r) Mauricio Santoyo, otrora jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, admitiera que tuvo nexos con grupos paramilitares de Colombia, el exmandatario le retiró cualquier tipo de respaldo al oficial.
“La lucha contra el terrorismo no puede tener alianzas de representantes de instituciones con bandidos”, aseguró Uribe.
Además, volvió a defender el papel de la Fuerzas Armadas que adelantan sus funciones desde la legalidad.
“Nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas fue para fortalecer al Estado nunca para permitir alianzas con criminales”, insistió el expresidente.
Y adelantándose a cualquier crítica a sus dos periodos de mandato, Uribe dijo que “fue nuestro Gobierno el que empezó a combatir y desmontó a los paramilitares”.
“Denuncié públicamente (visibilicé) bandidos de todas las organizaciones que en anonimato protegían su impunidad”, recalcó.
Este lunes se conoció que Santoyo se declaró culpable ante una Corte de Virginia (Estados Unidos). La Fiscalía de ese estado dio a conocer que Santoyo admitió su delito por apoyar grupos paramilitares en Colombia.
Sin embargo, el oficial no reconoció en ningún momento el delito de narcotráfico, por el cual era solicitado en extradición por una Corte de EE.UU.
La pena que purgaría el oficial retirado está entre los 10 y 15 años.
El caso Santoyo
A Santoyo se le acusa de haber aceptado sobornos de la red de sicarios de la Oficina de Envigado, creada en la década de los años 80 por el capo Pablo Escobar, y de la organización paramilitar ya disuelta Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cambio de información sobre procesos abiertos por los servicios de inteligencia de Colombia, el Reino Unido y Estados Unidos.
La investigación sobre Santoyo arrancó con las declaraciones de tres jefes de las AUC extraditados, Salvatore Mancuso, Juan Carlos "El Tuso" Sierra y Carlos Mario Jiménez o "Macaco", quienes le vincularon con estos negocios ilegales.
Según la fiscalía estadounidense, el exgeneral Santoyo también pudo haber suministrado, supuestamente, información a estos grupos sobre operativos que desarrollaban entonces las autoridades de seguridad colombianas.
La DEA ha reiterado que éste es el único alto oficial colombiano investigado por hechos de este tipo.
Santoyo conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro de la Policía, después custodió su campaña electoral y prestó su servicio en su primer período de Gobierno (2002-2006).
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Parapolítica
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Parapolítica (o Para-política) es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.
Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.[1]
El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al expresidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,[2] a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.[3] Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo.[3]
Aunque mucho se especulaba sobre el poderío político de las autodefensas en el país no fue sino hasta 2006 que se empezaron a revelar hechos y acusaciones concretas sobre como los grupos criminales de extrema derecha que con financiación del narcotráfico, se habían adentrado en los gobiernos seccionales, el Congreso, la política, los debates electorales y las Fuerzas Armadas.
Si bien, desde el año 2002, cuando era Representante a la Cámara el senador Gustavo Petro venía denunciando la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de Luis Camilo Osorio,[4] [5] fue durante el año 2005, en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2006, que se generaban varias polémicas alrededor de la presencia de personas cercanas al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe; mientras que en mayo de 2005 Petro denunciaba con nombre propio y documentos judiciales a varios parlamentarios de Sucre,[6] en junio del mismo año, Clara López Obregón miembro del Polo Democrático Alternativo denunciaba ante la Corte Suprema de Justicia la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se conocieran afirmaciones del jefe máximo de dicha organización Salvatore Mancuso en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso "eran amigos" de su organización.[7] Ya en diciembre el ex presidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal advertía sobre la presencia de paramilitares en las listas uribistas. Los líderes de los partidos de la coalición retaron a Gaviria a revelar los nombres y dijeron que las diferentes acusaciones correspondían a una estrategia de desprestigio de la oposición.[8] En enero de 2006 los jefes de los partidos de la coalición de gobierno anunciaron la expulsión de algunos miembros de listas de aspirantes aunque buena parte de los expulsados resultaron siendo acogidos más tarde por otros partidos menores también gobiernistas.[9]
En el año 2005 el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia del Estado, Jorge Noguera Cotes es investigado por diferentes acusaciones, entre otras las del ex jefe de informática del organismo Rafael García, testigo clave del proceso, de poner este organismo de inteligencia al servicio de las autodefensas del norte del país.[10] Medios de comunicación como la Revista Semana revelaron varias de estas acusaciones que pusieron en aprietos a Noguera, situación que causó la indignación del presidente Uribe quien se enfrentó a los medios y dijo que "pondría las manos en el fuego por él", no obstante Noguera se vio obligado a renunciar y fue nombrado como cónsul en Milán. Pero las denuncias seguirían y Noguera tuvo que dejar su cargo y regresar a responder ante la justicia[11] sindicado por concierto para delinquir y por prestar colaboración y suministrar información a grupos armados al margen de la ley, hechos por los que el 22 de febrero de 2007 fue capturado.[12]
En julio de 2006 la Corte Constitucional condiciona la Ley de Justicia y Paz que había tramitado el gobierno ante el Congreso para el proceso de desmovilización de paramilitares. La Corte estableció que para que los jefes paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales debían:
"hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los “desaparecidos” y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar", estableciendo que quienes no cumplan con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los beneficios de dicha ley.[13]
Es entonces cuando los jefes paramilitares concentrados en cárcel de máxima seguridad comienzan sus revelaciones para poder acogerse a dicha ley. Salvatore Mancuso pone al descubierto hechos criminales de alta gravedad que comprometen a políticos de diferentes regiones del país.[14]
[editar] El escándalo
[editar] El computador de 'Jorge 40'
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El escándalo
[editar] El computador de 'Jorge 40'
La incautación de un computador portátil decomisado a alias 'Don Antonio' uno de los hombres de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque norte de las autodefensas, más conocido con el alias de Jorge 40, desató diversas indagaciones judiciales luego de que los investigadores lo descifraran y encontraran una serie de documentos que revelaban múltiples crímenes contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país, hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar.[14] Muchos de los crímenes detallados en aquel computador se realizaron cuando se adelantaba el proceso de paz entre estos grupos y el gobierno, después de que dicha organización anunciase un cese al fuego.
Las revelaciones del computador llevaron al procurador Edgardo Maya Villazón a afirmar que este escándalo sería igual o peor al escándalo del proceso 8.000. Dichas revelaciones también salpicaron inicialmente a cuatro senadores de la república pertenecientes a la coalición uribista (Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero) por lo que la información pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de investigar estos y otros casos que más tarde se revelarían.[15]
[editar] Debates políticos
Dichos hechos agitaron el debate político en el Congreso de la República donde el senador Gustavo Petro, como vocero del partido de oposición al gobierno Polo Democrático Alternativo, citó a un debate donde reiteró las denuncias que ya venía haciendo y reveló documentos que comprometían a varios políticos con grupos paramilitares y reclamó, según dijo, por la permisividad del gobierno frente a los hechos, denunciando en el Congreso a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, quien había sido nombrado como embajador de Colombia ante Chile, por ordenar el asesinato de Eudaldo Tito Díaz, alcalde de El Roble en el departamento de Sucre, después de que éste en un consejo comunitario había advertido al presidente Uribe que lo querían matar e incluso señaló los nombres de quienes serían sus asesinos; así mismo Petro denunció la supuesta permisividad del ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio a quien venía denunciando desde el años 2002[5] y quien durante su gestión firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana por conformación de grupos paramilitares.[16] [17] [18] Durante el mismo debate Petro señaló al senador Álvaro García Romero, conocido como El gordo García, presentando una grabación y otros documentos que lo comprometían con supuesta conformación de grupos paramilitares en Sucre y su presunta participación en la "Masacre de Macayepo" donde fueron asesinadas 15 personas. García quien después de haber ocupado por más de veinte años una curul en el parlamento, y tras el acalorado debate en el congreso donde a voz en cuello negó las acusaciones, se entregó a la justicia el 16 de noviembre de 2006 tras varios días de fuga.[19]
Alrededor de un año y algunos meses antes de desatarse el escándalo, Petro había denunciado los presuntos nexos con los paramilitares de la ex representante a la cámara Muriel Benito Rebollo a quien acusó entre otras cosas de tener nexos con alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'; la entonces representante negó las acusaciones y señaló a Petro de querer ganar protagonismo con calumnias, sin embargo la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40' como candidata de 'Diego Vecino' para el congreso en las elecciones de 2006 provocó que se abriera la investigación que terminaría en la posterior captura de Benito Rebollo quien finalmente reconoció sus vínculos con Diego Vecino y fue condenada a 6 años de prisión.[20] [21]
Dichos hechos fueron el comienzo del escándalo donde terminaron detenidos tres congresistas que están siendo investigados. Sin embargo, como se advertía por los denunciantes, este escándalo sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que revelaría nuevos vínculos de los políticos con grupos ilegales de autodefensas.
[editar] Pacto de Ralito
Fragmento del documento donde aparece la firma de los máximos jefes de las autodefensas junto a la de varios políticos.
El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro de este escándalo, es un documento que involucra a varios parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria". Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó.
El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006 por órdenes de Salvatore Mancuso; el texto del documento solo fue conocido en enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno.
De acuerdo a investigaciones publicadas por el Diario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Según el informe, dicha estrategia se denominó "El Plan Birmania", haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado "Triángulo de oro" entre Laos, Birmania y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil díjo: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”.[22]
Al hacerse las revelaciones los firmantes han hecho diferentes declaraciones para explicar el hecho que van desde que firmaron un documento en blanco en constancia de la asistencia o la firma bajo presión armada y otras voces como la de la representante Eleonora Pineda que declaró que el documento fue leído en voz alta y se procedió a firmar y que ninguno de los asistentes fue obligado a firmar.[23]
El 14 de mayo de 2007, se ordenó la captura de la mayoría de los políticos firmantes imputándoseles el delito de Concierto para delinquir agravado, ya que los organismos de justicia encontraron que habían pruebas que permitían establecer que los firmantes se habían beneficiado políticamente del pacto y que no fueron obligados como algunos de ellos afirmaban.[23]
Líderes paramilitares
Líderes políticos[24]
[editar] Escándalo del DAS
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El presidente Uribe ha visto afectada su imagen en el exterior por cuenta del escándalo. En Washington dió declaraciones a la prensa y se enfrentó a un grupo de manifestantes. [25]
El escándalo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), (que es la principal agencia de inteligencia en Colombia y cumple funciones de policía secreta), se generó luego de que el ex jefe de informática de dicho organismo Rafael García fuera detenido por haberse comprobado que había utilizado su cargo para favorecer a grupos paramilitares y a narcotraficantes con pedido de extradición; fue entonces cuando García decidió colaborar con la justicia y realizó varias denuncias convirtiéndose en testigo clave dentro del proceso de la parapolítica, razón por la cual sería apodado por los medios de comunicación como El Ventilador. García denunció, entre otras cosas, que el ex jefe de este organismo y entonces cónsul en Milán, Jorge Noguera Cotes, habría utilizado su posición para poner el organismo de seguridad al servicio del grupo paramilitar liderado por alias Jorge 40, García también aseguro que Noguera habría facilitado la participación de este grupo en el asesinato selectivo de sindicalistas del país. Al revelarse este escándalo Noguera Cotes, quien fue vigorosamente defendido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que renunciar a su cargo en Milán y regresó a Colombia para rendir indagatoria frente a la Fiscalía General de la Nación. El 22 de febrero de 2007 fue privado de la libertad sindicado de concierto para delinquir y homicidio agravado.[26]
Al conocerse la noticia el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró que de encontrarse culpable a Noguera el debería pedir excusas al país por haberlo nombrado. Noguera fue uno de los directivos de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002 y fue designado como director del DAS siete días después de la posesión de este último permaneciendo por casi 4 años en el cargo para después ser nombrado como cónsul en Milán durante el segundo mandato del reelecto presidente.[27]
El 23 de marzo de 2007 fue puesto en libertad gracias a que su abogado logró demostrar, según el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el recurso conocido como Habeas Corpus, que la detención no se produjo conforme a la ley por lo que a su cliente se le había violado el debido proceso. La investigación pasó a manos del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán quien no ocultó su descontento ante la decisión y declaró que empezaría a mirar las acciones que su despacho debía adelantar frente a esta decisión.[28] Noguera fue recapturado el 6 de julio de 2007, tres meses después de haber sido puesto en libertad. [29] En noviembre de 2007 la Procuraduría lo destituyó y suspendió por 18 años,[30] según este organismo Noguera fue hallado responsable de haber colaborado con las AUC, de incrementar su patrimonio ilegalmente y de haber adulterado información para favorecer a grupos narcotraficantes. Mientras tanto la Fiscalía continuaba con el proceso penal en su contra.[31]
El proceso siguió en curso hasta el 11 de junio de 2008 cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso seguido por la Fiscalía debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación cuando, según la corte, dicha función era exclusiva de él por haber sido Noguera director del DAS y por lo tanto contar con fuero constitucional. Noguera quedó en libertad a espera de que se iniciara de nuevo un juicio en su contra mientas que la Corte compulsó copias para que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigue al Fiscal por irregularidades en el proceso seguido a Noguera.[32]
[editar] Otros casos
[editar] Congresistas
El congreso ha sido señalado por la opinión pública de perder su legitimidad.
Hasta julio de 2008 se vinculaban 68 congresistas dentro del escándalo,[33] [34] la gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno incluida la entonces presidenta del congreso Nancy Patricia Gutiérrez,[35] más de 30 de ellos privados de la libertad en la cárcel La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, incluidos 3 ex presidentes del congreso, mientras van siendo llamados a juicio, otros tantos han renunciado a sus escaños a medida que la investigación avanza. Por tales hechos varios sectores de la vida política han puesto en duda la legitimidad del Congreso.[36]
Inicialmente las investigaciones implicaron a políticos de la Costa Atlántica pero más tarde llegarían a involucrar a congresistas de Antioquia, Tolima, Norte de Santander hasta extenderse por buena parte de los 32 Departamentos de Colombia.[37]
Las primeras detenciones a congresistas tuvieron lugar el 18 de octubre de 2006 cuando fueron llamados a indagatoria los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y el representante Erik Morris, tras ser escuchados se les dictó medida de aseguramiento. El 15 de febrero de 2007 se realizaría la segunda detención masiva de congresistas cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura contra los senadores Álvaro Araújo Castro líder de Alas Equipo Colombia, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof líder del Movimiento Colombia Viva y Luis Eduardo Vives así como el representante a la Cámara Alfonso Campo Escobar y se ordenó la captura del representante a la cámara Jorge Luis Caballero por quien se emitió una circular Roja de la INTERPOL para su captura en el exterior ya que había huido a Europa una vez fue vinculado al proceso, (finalmente se entregó el 15 de noviembre de 2007). Todos ellos bajo sospecha de haber recibido beneficios del paramilitarismo para ser elegidos como congresistas, el senador Araújo además enfrenta cargos de secuestro extorsivo por la posible participación en el plagio de su contendor Víctor Ochoa Daza en las elecciones de 2005, hecho por el cual podría enfrentar hasta 40 años de prisión.[38]
Adicionalmente a esto también fueron privados de la libertad varios congresistas que habían firmado el Pacto de Ralito mientras empezaron a ser involucrados dirigentes de gran poder político como es el caso del Senador Luis Alberto Gil, líder del movimiento Convergencia Ciudadana quien presuntamente y junto con otros políticos del departamento de Santander mantenía alianzas con alias Ernesto Báez, Gil renunció a su escaño en el Senado por lo que su proceso pasó a la Fiscalía.[39] También se involucró a Mario Uribe Escobar líder del partido Colombia Democrática y primo del presidente Álvaro Uribe, fue vinculado formalmente al proceso a raíz de las declaraciones del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta alias Pitirri, quien es uno de los testigos claves en el proceso y lo acusa de reunirse de manera clandestina con grupos paramilitares, Uribe Escobar había sido mencionado también por el ex jefe máximo de las AUC Salvatore Mancuso meses antes durante su declaración ante la justicia así como por la ex representante Eleonora Pineda; después de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2007, renunció a su cargo como senador con el fin de ser juzgado por la justicia ordinaria y no por el máximo tribunal de justicia.[40] El 22 de abril de 2008 se le dictó orden de captura por orden de la Fiscalía.
En el año 2008 las órdenes de captura contra congresistas siguieron aumentando vertiginosamente y los dirigentes de renombre involucrados en investigaciones también, como lo fue el caso del senador Carlos García Orjuela presidente del Partido de la U quien sería capturado en julio y de la entonces presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez a quien se le abrió investigación preliminar. Así las cosas, se empezaron a evaluar alternativas para frenar la creciente deslegitimación del Congreso. (Véase: "Consecuencias").
[editar] Gobernadores y alcaldes
Hernando Molina Araújo gobernador del Cesar; presuntamente colaboraba con las AUC bajo el alias de 'Comandante 35'.
Durante el proceso se han investigado a varios mandatarios locales, entre ellos el gobernador del departamento de Magdalena Trino Luna quien fue detenido en marzo de 2007 y fue el primer condenado en este escándalo después de que aceptara sus vínculos con los cabecillas paramilitares alias Jorge 40 y Hernán Giraldo Serna; otro de los gobernadores detenidos fue Hernando Molina Araújo gobernador del departamento del Cesar después de que el Fiscal General de la Nación encontrara méritos suficientes para ordenar su captura; el gobierno lo suspendió de su cargo luego de que Molina se entregara voluntariamente al viajar a Bogotá; según la fiscalía las evidencias indican que Molina Araújo habría tenido relación de cercana amistad con alias 'Jorge 40' ex jefe del Bloque Norte de las AUC y que dicha relación era tan estrecha que incluso pertenecía al grupo bajo el alias de Comandante 35. Se tienen pruebas de que Molina se habría favorecido políticamente para alcanzar la gobernación del departamento en las elecciones de 2003 y de la presunta recepción de millonarias sumas de la organización criminal cuando el político ocupaba el Consulado de Guatemala, también se le acusa de participación en el secuestro de una mujer perteneciente al clán político de la familia Genecco[41] [42] Adicionalmente a estos casos se dictó orden de captura contra el ex gobernador del departamento de Sucre Salvador Arana, quien por meses permaneció prófugo de la justicia y era buscado por la INTERPOL, el 29 de mayo de 2008 fue capturado en Santa Marta. A Arana se le sindica de conformar grupos paramilitares en la región y de planear varios crímenes para lograr beneficios electorales.[43]
De igual forma existen diversos casos de alcaldes de pequeñas localidades que son investigados por presuntas alianzas con grupos paramilitares, tal es el caso que ha sido comparado por la prensa con el del Pacto de Ralito, en el cual seis alcaldes del departamento de Casanare fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares,[44] en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación" En el documento aparecen como firmantes 5 de los 6 implicados, debido a que, según la fiscalía, Leonel Roberto Torres Arias, alcalde de Aguazul no tuvo que firmar ya que era miembro activo de la organización paramilitar.[45]
[editar] Proceso judicial
El proceso judicial es adelantado por la Fiscalía General de la Nación y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estos últimos se encargan de los casos de congresistas y otros servidores estatales cobijados bajo el fuero especial que dictamina la constitución a algunos funcionarios del Estado para su juzgamiento. Varios de los detenidos, en especial congresistas han renunciado a su fuero con el fin de ser juzgados por la justicia ordinaria, tal es el caso del entonces senador Álvaro Araújo Castro quien el 27 de marzo de 2007 presentó su carta de renuncia ante el congreso donde expresó que prefería renunciar a los "falsos privilegios" de su condición como senador y que no tenía las garantías suficientes frente al proceso adelantado por los magistrados, el congreso aceptó su renuncia dejando constancia de que no compartía los términos descalificadores en los que el ahora ex senador se refería a la alta corte en su carta. La renuncia al fuero ya había sido utilizada también por el ex senador Jairo Merlano y después de este hecho ha seguido siendo solicitada por varios de los implicados en el proceso.
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Proceso judicial
El proceso judicial es adelantado por la Fiscalía General de la Nación y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estos últimos se encargan de los casos de congresistas y otros servidores estatales cobijados bajo el fuero especial que dictamina la constitución a algunos funcionarios del Estado para su juzgamiento. Varios de los detenidos, en especial congresistas han renunciado a su fuero con el fin de ser juzgados por la justicia ordinaria, tal es el caso del entonces senador Álvaro Araújo Castro quien el 27 de marzo de 2007 presentó su carta de renuncia ante el congreso donde expresó que prefería renunciar a los "falsos privilegios" de su condición como senador y que no tenía las garantías suficientes frente al proceso adelantado por los magistrados, el congreso aceptó su renuncia dejando constancia de que no compartía los términos descalificadores en los que el ahora ex senador se refería a la alta corte en su carta. La renuncia al fuero ya había sido utilizada también por el ex senador Jairo Merlano y después de este hecho ha seguido siendo solicitada por varios de los implicados en el proceso.
[editar] Controversias del proceso judicial
A finales de mayo de 2007 el presidente Álvaro Uribe Vélez propuso la excarcelación para aquellas personas involucradas con grupos armados al margen de la ley que confiesen la verdad sobre sus delitos ante los jueces. Dicha propuesta provocó controversia entre la opinión pública. El gobierno procedió a reconsiderar varios aspectos de la propuesta original, entre ellos que la excarcelación no sea total, que se cumpla con una pena efectiva y otros castigos accesorios, que se apliquen gradualmente de acuerdo con la gravedad de los delitos, y que las penas se agraven en el caso de los servidores públicos.[46] Ante la controversia desatada el gobierno se abstuvo de presentar el proyecto ante el congreso.
Otra de las controversias se presentó cuando varios de los políticos que se encuentran hoy detenidos por este escándalo hicieron saber al gobierno por medio de sus abogados que buscan ser juzgados por el delito de sedición y no por el delito de concierto para delinquir por el que están siendo procesados. El delito de sedición, por ser un delito político, permitiría que las penas fueran menos severas y que incluso quienes sean hallados culpables puedan ser indultados. De acuerdo a investigaciones realizadas por la Revista Cambio, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria habría recibido esta propuesta de uno de los abogados de los políticos detenidos y habría estudiando con el gobierno la viabilidad de la aplicación de esta fórmula.[47] No obstante los proyectos alrededor de esta figura jurídica han enfrentado grandes controversias y oposiciones. En octubre de 2007 la presidenta del senado Nancy Patricia Gutiérrez denunció que había recibido chantajes y amenazas de parte de algunos políticos detenidos como Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella quienes le habían dicho que de no apoyar al tramite del proyecto que revivía el delito político sería salpicada con el escándalo. De igual forma el magistrado César Julio Valencia denunció amenazas contra su familia.[48]
[editar] Enfrentamiento entre el Gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia
[editar] El caso 'Tasmania'
Durante el proceso se han generado algunos enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente Álvaro Uribe. A inicios del mes de octubre de 2007 se desató una gran polémica en el país cuando el presidente Uribe emitió un comunicado en el que daba a conocer un supuesto complot en su contra relatado por el ex paramilitar alias "Tasmania". En el comunicado "Tasmania" aseguraba que el magistrado auxiliar de la CSJ, Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios judiciales a cambio de implicar al presidente Uribe y al empresario Ernesto Garcés Soto en un atentado contra un ex comandante del suroeste antioqueño de las AUC conocido como "René", así como implicaciones a Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y quien ya estaba vinculado al proceso de investigación. A raíz de este comunicado de la presidencia, la Corte Suprema y el Gobierno tuvieron un fuerte enfrentamiento por medio de declaraciones entregadas a la prensa. El magistrado Velásquez negó los hechos y recibió el respaldo de la Corte que manifestó que estas acusaciones tenían el propósito de desvirtuar el proceso de la parapolítica seguido por el alto tribunal.[49] En junio de 2008 alias Tasmania manifestó su intención de retractarse en sus acusaciones al magistrado Velásquez y aseguró que todo había sido orquestado por su abogado[50] quien a su vez era el abogado del ex paramilitar alias 'el Tuso' quien según 'Tasmania' ejercía presión para que declarara en contra del magistrado Velásquez por presuntas presiones provenientes de Mario Uribe y de Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe. Además según se conoce el abogado de alias 'el Tuso' era vecino de finca de Santiago Uribe y tenía relación cercana con la familia de Mario Uribe.[51] La Fiscalía cerró el proceso de investigación del magistrado Velásquez a su favor.[52]
[editar] Otros hechos
Un nuevo roce entre los dos poderes se daría en enero de 2008 cuando en un hecho sin precedentes, el presidente Uribe interpuso una demanda por supuesta difamación y calumnia contra el presidente de la Corte, César Julio Valencia Copete, después de que este se negara a retractarse de las declaraciones que diera al diario El Espectador, en las que el magistrado aseguraba que el presidente lo había llamado para indagar sobre el caso de su primo y compañero político Mario Uribe, vinculado al proceso de la parapolítica.[53]
En abril de 2008 las declaraciones a la prensa serían de nuevo el escenario de confrontación entre los dos poderes. El Presidente Uribe y el Ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín Sardi cuestionaron las detenciones de congresistas[54] y se llegó a revelar que el gobierno estudiaba la posibilidad de crear un nuevo tribunal con facultades para juzgar al presidente, congresistas y magistrados. Hechos que provocaron una inmediata reacción de los juristas de todas las altas cortes que emitieron un comunicado rechazando la iniciativa y las declaraciones del ministro.[55]
En agosto de 2008 un nuevo choque se produciría después de que la revista Semana revelara que el abogado del ex jefe paramilitar alias 'Don Berna' y el vocero de los paramilitares conocido con el alias de 'Job' se reunieron clandestinamente con dos altos funcionarios del la Casa de Nariño a quienes presentaron grabaciones clandestinas que supuestamente comprometían a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia con la manipulación de testigos, no obstante las pruebas eran falsas. Para la Corte Suprema esto fue interpretado como un complot de dichos funcionarios con los paramilitares para desprestigiar a la corte y el presidente de dicho tribunal, el magistrado Francisco Javier Ricaurte, dijo que pondría el caso en conocimiento de un fiscal de la Corte Penal Internacional que por esos días estaba de visita en Colombia para verificar entre otros los procesos de la parapolítica.[3] A la polémica reunión clandestina con alias Job asistieron Cesar Mauricio Velásquez jefe de prensa de la Casa de Nariño y a quien los paramilitares llamaban "El Curita" según las grabaciones reveladas, también asistió el secretario jurídico Edmundo del Castillo así como el embajador en República Dominicana Juan José Chaux.[56]
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