El titular del CELS destacó que "diez mil inscriptos en el corazón del Conurbano demuestran que la Argentina se hace cargo de discutir el concepto de Justicia" y afirmó que "la nueva forma de intervención estatal genera tensión entre los poderes siempre, y más aún cuando se discute en las universidades públicas". La apertura contó con la presencia de los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Educación, Alberto Sileoni; el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el rector de la UNLaM, Daniel Martínez.

Verbitsky señaló que "la propuesta de reforma judicial debe exceder en mucho lo que propuso el Poder Ejecutivo con estas seis leyes" y habló de una "agenda pendiente que es imprescindible adoptarla como por ejemplo un plan nacional de acceso a la justicia y una reforma de procedimientos". Consideró que "esta reforma debe evitar el desarrollo de programas y alianzas políticas, a través de la demagogia punitiva," y puso de ejemplo el caso de Luciano Arruga "en el que se vio la corrupción policial, la pobreza criminalizada y el Estado gendarme".

El último en tomar la palabra en la mesa de apertura fue Alak, quien afirmó que "es común en cualquier democracia consolidada que haya pensamientos distintos en el Poder Judicial y eso no quiere decir politización", en referencia a la constitución del espacio Justicia Legitima. "Bienvenida la pluralidad de opiniones sobre cómo debe gestionarse el Poder Judicial en la Argentina", remarcó.

Sostuvo que "el poder judicial no es de los jueces ni de los abogados, el Poder Judicial es del pueblo" y defendió la elección popular de los consejeros de la Magistratura: "No hay elemento más constitucional que el pueblo elija libremente", argumentó. Además, destacó la realización del Congreso y concluyó que "estos encuentros deberían realizarse todos los meses".

Luego se dio comienzo al debate en cuatro carpas temáticas. En la primera carpa el tema es "Ingreso democrático y Transparencia en la Justicia", con la presencia de la defensora general de la Nación; Stella Maris Martínez, la diputada nacional del Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti; la directora del Conicet, Dora Barrancos; el integrante de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendivil; y Santiago Vensentini, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El debate continuará desde las 15 con Mario Kestelboim, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Auat, fiscal de la Unidad de Investigaciones de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, y Andrés Lablunda, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En la segunda carpa se debate "La agilización de la Justicia y las nuevas Cámaras de Casación", con un primer panel integrado a las 11 por el juez de Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; el senador nacional Pedro Guastavino; y Daniel Carral, juez de Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. A las 15, las exposiciones continuarán con el diputado nacional Héctor Recalde, el fiscal de Casación Federal Javier De Luca; y Verónica Larcher, presidenta del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, entre otros.

La tercera carpa aborda "Las cautelares y la defensa del Estado", en un panel por la mañana con Angelina Abbona, procuradora del Tesoro Nacional; Paula Litvachky, del CELS; el fiscal Fabián Canda y el juez de Cámara cordobés Gabriel Pérez. Por la tarde tratarán el tema los diputados Diana Conti y Leonardo Grosso; la jueza del Tribunal Superior porteña Alicia Ruiz; el director de Asuntos Jurídicos de YPF, Rodrigo Cuesta; y el fiscal Gonzalo Viña.

El cuarto tema de debate es "Consejo de la Magistratura y participación popular". Allí hablarán el diputado Agustín Rossi; el titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Carlos Cruz; el juez de Corte de Mendoza, Omar Palermo; el filósofo Ricardo Forster y el consejero porteño Juan Manuel Olmos. A las 15, con el mismo eje de debate, será el turno del senador y consejero Marcelo Fuentes; María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara del Crimen; el profesor y abogado Eduardo Barcesat; el consejero Carlos Moreno y el titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Veccio.

A las 18 y antes de que hable la Presidenta, cerrarán los debates Susana Trimarco, de la Fundación María de los Angeles; Viviam Perrone, de la Asociación Madres del Dolor; Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra; Sergio Burstein, de la Asociación 18J, y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a defender el proyecto de reforma del Poder Judicial que todavía tramita su última norma en el Congreso de la Nación y propuso realizar foros y debates en todo el país para evaluar nuevos cambios, aunque repitió que no va a proponer una reforma constitucional. Fue en el cierre del primer Congreso sobre la Democratización de la Justicia que se llevó a cabo ayer en la Universidad de La Matanza y del que participaron, durante todo el día, miles de personas, que se congregaron al caer la tarde en el campo de deportes de la casa de estudios para asistir a la presentación de la mandataria. “Queremos una Justicia que acometa contra las corporaciones que han saqueado al país. Cómo no van a poder hacerlo si hay una sociedad entera que lo reclama”, sostuvo CFK, resumiendo lo debatido durante la jornada en distintos paneles. “Hay que volver a vincular Justicia con igualdad”, insistió.

“La sociedad le habla a la Justicia”, era el lema del encuentro. En un gesto político claro, durante su breve exposición, Fernández de Kirchner estuvo acompañada por Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo), Susana Trimarco (madre de Marita Verón, secuestrada por una red de trata), Pablo Ferreyra (hermano de Mariano, asesinado por una patota sindical durante una protesta de trabajadores tercerizados) y Sergio Burstein (de la asociación 18-J de familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA), entre otras figuras que calificó como “las víctimas de la falta de Justicia” en el país. “En este panel falta una víctima: la Argentina, saqueada, endeudada, con corralito y represión”, señaló la Presidenta, antes de remarcar que “la Justicia no puede tener una agenda mediática, debe ser la agenda de la sociedad, que es juzgar y condenar a los culpables”.

El discurso de la jefa de Estado fue seguido por muchas personas que desbordaron la cancha de fútbol 11 donde se instaló el escenario: entre los asistentes había jueces, abogados y miembros del Ministerio Público, pero también dirigentes políticos, legisladores, funcionarios, varios intendentes del conurbano, entre una fuerte mayoría de estudiantes. Los que no llegaron a conseguir un lugar en las sillas acomodadas sobre el césped o en las gradas que lo bordean siguieron las palabras de CFK desde alguna de las múltiples pantallas instaladas en los pasillos del campus, adonde llegaba el humo de los choripanes que se cocían en la entrada de la universidad.

“No vine para quedar bien, no vine a dar un discurso pour la galerie, he venido a decir lo que siento, lo que pienso y lo que vivo”, manifestó la Presidenta al comienzo de su discurso, antes de poner énfasis en lo que llamó “la primera gran ecuación” del asunto, la que conforman “justicia y seguridad, íntimamente vinculadas con fenómenos contemporáneos como el narcotráfico”. En ese sentido, criticó a la oposición política por haber rechazado la reforma que planteó el Ejecutivo sin proponer ninguna alternativa a cambio, actitud que atribuyó a intereses comunes con la corporación judicial.

También hizo énfasis en el rol de los medios a la hora de problematizar la acción del Poder Judicial: “Algunos sectores pretenden instalar que la seguridad es un problema que apareció como un repollo hace tres o cuatro años”, dijo, y agregó que “también se instala que sólo en los gobiernos populares ocurren los problemas” que derivan en generar una sensación de inseguridad. “Hay entramados que todos sabemos que tenemos que derribar, hay que decir y llamar a las cosas por su nombre”, insistió, antes de tomar el lema del encuentro y modificarlo para decir que “la sociedad está interpelando a la Justicia, más que hablarle”.

Durante todo el día, unas 20 mil personas (según estimaciones de la organización) pasaron por el campus de la Universidad de La Matanza para participar de los nueve paneles de debate que se llevaron a cabo con la participación de jueces, fiscales, abogados, académicos, funcionarios, legisladores, dirigentes sociales y de derechos humanos, trabajadores del ámbito de la Justicia y estudiantes de Derecho.

Reformas

La Presidenta defendió los seis proyectos enviados por la Casa Rosada al Congreso para reformar el Poder Judicial, aunque advirtió que no debe esperarse “ningún milagro” de estas iniciativas porque “son instrumentos que intentan mejorar” en aspectos puntuales el sistema actual. “Para hacer una verdadera reforma de la Justicia debería ser modificada” la Constitución nacional, aseguró, aunque se apuró en aclarar que no será ella quien proponga ese paso.

También recriminó a opositores políticos y mediáticos por haber denunciado que la reforma se realizaría “a libro cerrado” cuando finalmente tres de los seis proyectos enviados tuvieron modificaciones, entre ellos los dos que más resistencia despertaron (el que legisla sobre medidas cautelares contra el Estado y el que establece la elección de miembros del Consejo de la Magistratura por medio del voto popular). “¿Cómo puede ser que de seis proyectos estén en contra de todos?”, se preguntó.

“Admitamos –continuó– que necesitamos una interpretación de la Justicia que no sirva a los intereses de las corporaciones, sino para que los tres poderes puedan funcionar en beneficio de la sociedad.” En ese sentido, anticipó nuevas reformas que podrían ser fruto de una “mayor apertura y participación” en debates fomentados en “muchos foros como éste a lo largo y ancho del país”, como se hizo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Destacó, de entre los proyectos que ya pasaron por el Parlamento, el que instaura el voto popular para los integrantes del Consejo de la Magistratura como un mecanismo que tendrá la sociedad para controlar a la corporación judicial, porque “los jueces nunca votan en contra de los jueces”. Y también que hoy existe “una Justicia de dos velocidades” en la que “si los implicados son corporaciones poderosas, con poder para presionar a jueces y fiscales”, van a un ritmo distinto que cuando el que actúa es un ciudadano de a pie.

Al final de su discurso, CFK se abrazó con los familiares de víctimas que la acompañaban y recordó, en un breve mensaje “fuera de programa”, aquella frase en la que comparó a la Universidad de La Matanza con Harvard durante una visita a la casa de estudios norteamericana. “No seremos Harvard pero acá, en el conurbano, hay 46 mil alumnos y el 90 por ciento son primera generación de universitarios. El 70 por ciento de ellos provienen de hogares humildes. Estamos en el corazón de la patria”, evocó, aplaudida por la concurrencia, mientras el olor a pólvora de la pirotecnia que marcaba el final de la jornada se mezclaba con el aroma de los choris.