Reforma judicial: una ley profundamente antiobrera

Fecha: Miércoles 17 de abril de 2013

REFORMA JUDICIAL

Myriam Bregman: "El kirchnerismo se apresta a aprobar una ley profundamente antiobrera que empeora a la de ’la Banelco’"

(Buenos Aires, 17/04/2013) La abogada del PTS y del CEPRODH, Myriam Bregman, se refirió a los proyectos que se debaten en el Congreso al señalar que "mientras el oficialismo y la oposición parlamentaria discuten en un trámite expres y a libro cerrado la reforma judicial, el Secretario de Justicia Julián Álvarez ratificó ayer que van a sancionar una ley que cercena el derecho de huelga de los trabajadores, un nuevo ataque en regla a la clase obrera digno de Menem y De la Rúa que empeora en detrimento de los trabajadores el artículo 33 de la llamada ’Ley Banelco’, la 25.250, ya que ahora el Estado contaría con más poder para limitar el libre ejercicio de los trabajadores para bregar por sus derechos a través de su histórica herramienta de lucha: la huelga".

Asimismo, Bregman, quien además es una de las abogadas denunciantes del Proyecto X, aseguró que "a tono con la calificación de ‘extorsión’ a las huelgas de los trabajadores que realizó en su oportunidad la Presidenta Cristina Fernández, ahora en el medio de una supuesta y mal habida ’democratización de la Justicia’se juegan a meter un artículo que le permite al Estado solicitar medidas cautelares para impedir los legítimos paros de los trabajadores en los servicios públicos. Ayer Julián Alvarez planteó una reforma de que ésta reglamentación se aplique sólo en los llamados ’servicios esenciales’, quedando a disposición del amigo de Pedraza, Carlos Tomada, la determinación de cuáles se trata. Al igual que con la ley de las ART, el kirchnerismo termina votando profundas leyes antiobreras."

"Vamos a presentar todos los recursos legales para que esta ley se caiga, ya que viola a la propia Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otras normas fundamentales. Pero creemos que las organizaciones obreras, empezando por las CGT y las CTA deben estar a la altura de las circunstancias y llamar a acciones de lucha contra esta ley reaccionaria", finalizó la abogada del PTS.

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Duro cruce del camporista Julián Álvarez con el CELS de Horacio Verbitsky

En el plenario de comisiones, el secretario de Justicia criticó el documento del organismo que rechazó el proyecto que limita las medidas cautelares: "Son fundamentos erróneos e imprecisos", dijo

Ver más fotos Horacio Verbitsky, que preside el CELS, encabeza el plenario de Comisiones en el Senado. Foto: DyN 

El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, cuestionó hoy con dureza el documento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, que rechazó el proyecto que limita las medidas cautelares que envió Cristina Kirchner al Congreso durante el plenario de comisiones del Senado convocado por el kirchnerismo.

Ante los legisladores del oficialismo, el periodista insistió con sus críticas al proyecto que limita las medidas cautelares y habló de una "redacción apurada, imprecisa e incompleta" de la iniciativa.

"Los fundamentos del documento del CELS son imprecisos, erróneos, y ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios de TV y no en el Congreso", afirmó Alvarez, integrante de la agrupación kirchnerista La Cámpora, en un enfático discurso en el que defendió las iniciativas del Ejecutivo.

Las críticas de Verbitsky del fin de semana pasado generaron la reacción del oficialismo que decidió reabrir el debate en el Senado por la reforma judicial. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara alta, Miguel Pichetto, convocó al periodista y a los directivos de asociaciones que se oponen al proyecto para que planteen sus argumentos.

Con duras críticas a los medios, el secretario de Justicia diferenció las medidas procesales provisionales, como el habeas corpus, habeas data y amparo, de las cautelares.

"Cuando hablamos de medidas cautelares, estamos hablando de una medida procesal no sustantiva", indicó.

El funcionario se quejó porque el organismo no presentó antes sus objeciones al proyecto que limita las medidas cautelares. "Terminemos de dar argumentos a la patria zocalera para que instale el temor como hicieron en dictadura militar", exclamó.

Cuando retomó la palabra, el titular del CELS negó que el Gobierno le haya mostrado el proyecto que limita las cautelares el pasado 7 de marzo, como sostuvo Alvarez. "En primer lugar quiero aclarar que no es cierto lo que él dijo sobre el 7 de marzo. En esa reunión se nos informó que había un proyecto sobre cautelares, dijimos que nos parecía bien que se regulara, pero nos enteramos del contenido del proyecto en el momento que la Presidenta lo anunció", apuntó.

"Lógico que defienda su intervención en proyecto, porque no refleja lo que dijo la Presidenta", le respondió el periodista.

En el final de su alocución, Álvarez propuso incorporar al proyecto un párrafo que aclare, en los casos de causas vinculadas al derecho a la vida "digna", no se apliquen las medidas tendientes a limitar el dictado de cautelares por tiempo indefinido. También pidió fijar que "no se pueda interponer una cautelar en conflictos laborales" , y que "solo se puede efectuar si afecta a los servicios públicos", cuando exista una decisión de dictado de conciliación obligatoria que no se haya acatado

Otro de los cambios planteados por Alvarez está vinculado a la inclusión de un párrafo, en el articulado en que se menciona el plazo de seis meses prorrogable por otros seis de vigencia de una cautelar, que mencione que el juez debe estar "obligado" a dar celeridad al trámite.

CRÍTICAS AL PROYECTO

Durante el debate, Verbitsky había renovado su rechazo al proyecto: "La iniciativa de enviar este proyecto para reformar la Justicia es una deuda de la democracia. La política tiene que hacerse cargo del tema y esa es la lectura general. Pero esto no quiere decir que los proyectos nos parezcan perfectos. Algunos nos parecen buenos, regulares, otros malos, con objeciones de tipo constitucional que son en los que queremos concentrarnos", afirmó el periodista.

"Hemos utilizado a las medidas cautelares para la defensa de los derechos humanos, instrumento muy importante que no debería ser afectado por un reforma que tiende a la democratización de la justicia tal como está presentado el proyecto", señaló.

En ese sentido, Verbitsky pidió ampliar excepciones planteadas por el proyecto oficial a "sectores en situación de vulnerabilidad, trabajadores y usuarios de servicios públicos".

El periodista dijo, además, que las objeciones del CELS sirven para "blindar" la reforma judicial impulsada por la Presidenta. "Sabemos que hay presiones corporativas, por eso es fundamental blindar esta reforma para que sirva", aseveró.

Tras las inesperadas críticas del CELS, la Comisión de Justicia, cabecera del debate, recibió una lluvia de pedidos de varias organizaciones civiles y profesionales para que su opinión también sea escuchada. Por otra parte, la oposición confirmó que dará por concluido el boicot que inició la semana pasada y asistirá este mediodía al plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales y de Legislación General.

Así, la reunión prevista para hoy, a las 11, contará con la presencia de representantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Asociación de Abogados Laboralistas. Todas tienen posturas críticas hacia el texto redactado por el Poder Ejecutivo.

La reapertura del debate del proyecto sobre medidas cautelares a otras organizaciones, además del CELS, fue anunciado en un comunicado que firman el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), y el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos).

Sin embargo, y alentada por las diferencias internas que surgieron en el conglomerado oficialista, la UCR y el FAP anunciaron la conclusión del boicot contra el debate en comisiones de los proyectos que integran la reforma judicial..

El CELS, conforme con el debate por la democratización judicial

En una columna publicada hoy, el presidente de la institución, Horacio Verbitsky, rescató el debate que se produjo ayer con los senadores y se mostró esperanzado en que se introduzcan cambios al proyecto sobre medidas cautelares

La iniciativa que obtuvo media sanción del Senado contempla los planteos realizados por el CELS. 

El proyecto de regulación de las medidas cautelares obtuvo media sanción del Senado con 39 votos a favor y 29 en contra.

Con la media sanción de la regulación de las medidas cautelares, el Senado completó ayer la aprobación de los tres proyectos más importantes de la reforma judicial anunciada por la presidenta Cristina Fernández el 10 de marzo. Por 39 votos a favor y 29 en contra, el oficialismo envió a Diputados la reglamentación de las medidas cautelares contra el Estado, que se empezará a analizar allí la próxima semana junto a la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres Cámaras de Casación. La oposición en su conjunto repitió sus cuestionamientos al paquete de medidas, alertó por un avance sobre “el Estado de derecho” y el principio de “igualdad ante la ley”. “Esta es una iniciativa necesaria y prudente para defender el interés colectivo, que no ataca el interés individual, que ha quedado preservado, mucho menos de los sectores vulnerables que este gobierno a ha defendido históricamente”, aseguró el titular de la bancada oficialista, Miguel Pichetto.

En diez días, el kirchnerismo aprobó las iniciativas más complejas de su plan para “democratizar” el Poder Judicial y se espera que ahora el Senado se avoque a estudiar las iniciativas aprobadas por Diputados: la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes, incluidos los magistrados; la publicación en Internet de las decisiones de la Corte Suprema y de tribunales de segunda instancia y el “acceso igualitario” al Poder Judicial.

El dictamen de reglamentación de la cautelares que involucren al Estado fue firmado la semana pasada, luego de las exposiciones del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. Sin embargo, los planteos públicos del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos vinculados con la Justicia, como Acij, ADC, Fores y la Asociación de Abogados Laboralistas, derivaron en la apertura del debate en comisión y la introducción de modificaciones para resguardar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los sectores vulnerables. En contraposición con la redacción restrictiva que defendió el secretario Alvarez en la comisión, primó el espíritu más amplio del aporte realizado por el CELS para establecer las excepciones a la ley.

El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para la vigencia de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, en caso de que el magistrado lo considere necesario. Además, termina con el dictado de cautelares “in audita parte”, es decir que previo al otorgamiento de la cautelar, el juez debe notificar y solicitar al Estado un informe en el que dé cuenta del “interés público comprometido”. El Estado tiene cinco días de plazo para emitir su informe, durante los cuales el juez puede dictar una medida “interina” para proteger al demandante. Por otro lado, se inhabilita a un juez incompetente a dictar una medida cautelar.

Estas regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria” y también “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Además, en el artículo 17 se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores, sobre el cual no podrá interponerse una medida cautelar y en cambio deberá regirse por las leyes vigentes.

“Hay que regular este tipo de medidas cautelares contra el Estado porque las normas procesales civiles que hoy se aplican son insuficientes, porque son ideadas para intereses particulares y no se está pensando en el Estado como parte”, señaló el senador kirchnerista Marcelo Guinle, quien coincidió con las propuestas realizadas por el CELS y llamó a los senadores a elaborar un código procesal administrativo. “En las seis leyes que se han mandado al Congreso, el ojo del Gobierno está puesto en que los más vulnerables sean protegidos para que no sean rozados de ninguna manera”, aseguró el senador Aníbal Fernández, quien recordó el caso Clarín con la ley de medios, los diez años que lleva una cautelar a favor del diario La Nación y otros nueve para Adepa.

Desde la oposición vaticinaron la inconstitucionalidad de la ley y alertaron sobre sus supuestos perjuicios. “El eje de la reforma es el freno a los juicios contra la Anses. Si el oficialismo no modifica artículo 4, se va a convalidar la mayor de las estafas contra lo jubilados”, aseguró el senador radical Luis Naidenoff.

“Tanta preocupación por los jubilados... se nos trata de colocar en los atentadores de los derechos de sectores tan sensibles, cuando durante todos estos años se ha logrado una recuperación de los haberes y los salarios y fue el gobierno radical el que recortó el 13 por ciento”, le replicó el legislador de Nuevo Encuentro Osvaldo López, uno de los seis aliados que votó junto al oficialismo.

Desde el peronismo disidente, el senador Adolfo Rodríguez Saá consideró que los proyectos sobre la Justicia se utilizan para “tapar una crisis mucho más grande”. “El tema de las inundaciones, el cepo cambiario, el déficit, el dólar paralelo, las creaciones del señor Moreno, este es el problema gravísimo que tenemos”, disparó el ex presidente.

Para cerrar el debate, Pichetto reveló que en la provincia de Santa Fe las cautelares tienen un límite de 90 días y que en la comunidad europea no se dictan cautelares sin escuchar a las partes. “Estamos dictando una norma necesaria, prudente, cuando litiga el Estado con sectores económicos concentrados con estudios jurídicos muy sólidos, el Estado es la parte más débil”, concluyó el senador por Río Negro.

LA PRESIDENTA HABLO SOBRE LA REFORMA JUDICIAL Y EL FALLO DE LA LEY DE MEDIOS

“Queremos una justicia pareja”

Sobre la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial, señaló que nunca había visto “una cosa igual”. “Hubo un fallo que me enmudeció”, dijo. Habló de una Justicia con “sectores aristocratizantes” y del debate sobre los proyectos que envió al Congreso.

Rossi criticó duramente a Carrió, que tuiteó sobre la “estupidez humana”.

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el titular de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, se cruzaron ayer luego de que la legisladora llamara a “impedir” la votación de los proyectos de reforma del Poder Judicial que van a tratarse este miércoles en el recinto, incluyendo los cambios al Consejo de la Magistratura y la reglamentación de las medidas cautelares en el fuero administrativo. “Ese día tiene que haber mucha gente acompañando, hay que impedir esa votación”, dijo Carrió, que pidió una “oración” para evitar que queden aprobadas las nuevas normas. “Tratar de impedir que el Congreso sesione es una actitud fascista y antidemocrática”, retrucó Rossi.

“Esta semana es decisiva, el miércoles es decisivo. Hay que estar en oración porque el Gobierno quiere ningunear e igual ir contra la Justicia. Ese día tiene que haber mucha gente acompañando, hay que impedir esa votación, hay que impedirla, hay que impedir que, pese a todo el reclamo popular en contra, esta votación salga”, sostuvo la diputada. “A lo mejor tengamos que estar un día más en la calle”, señaló, en referencia a la gente que salió el jueves pasado a protestar contra el gobierno nacional en el marco del cacerolazo convocado a través de las redes sociales y los medios opositores.

La legisladora de la Coalición Cívica intentó avivar las llamas de la interna peronista de cara a la votación del miércoles, al pedirle al gobernador bonaerense Daniel Scioli, de tensa relación con la Casa Rosada, que intervenga en el debate parlamentario. “A Scioli también hay que preguntarle porque tiene diputados. Hay muchos diputados que trabajan con Scioli aunque figuren ser kirchneristas. Si esos diputados no votan, la ley es rechazada”, reflexionó. Por último, y fiel a su estilo esclarecido, Carrió profetizó que quienes voten a favor de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo “antes o después van a ser juzgados por esto.”

Rossi salió al cruce de esas declaraciones, que “poseen una carga ideológica que están en el otro extremo del respeto a las instituciones y la exigencia de la calidad institucional”, según el diputado. “Carrió al igual que otros tantos dirigentes reclaman constantemente mayor calidad institucional y después pretenden que el Congreso no sesione. Esto demuestra lo hipócrita que son muchos planteos opositores”, dijo el santafesino. “La primera medida de todo gobierno golpista es impedir el funcionamiento del espacio de mayor representación popular que tiene la democracia y que es el Poder Legislativo”, agregó, antes de calificar como “una actitud fascista y antidemocrática” la convocatoria de Carrió.

“Nunca en los ocho años que llevo como presidente de bloque se hizo un llamado tan explícito a impedir que el Congreso sesione”, recordó.

Ayer, a última hora, la diputada salió a responderle a través de su cuenta de Twitter. “Rossi demuestra que la estupidez humana puede ser infinita. No sabe qué significa la oración, ni la vigilia, ni la resistencia. Yo, por el contrario, creo en la fuerza de Dios para salvar a los pueblos de las dictaduras opresoras. Tenemos que perder el miedo y tener fe”, publicó.