Tras más de dos años de discrepancias, los países miembros de la Unión Europea (UE) se han puesto al fin de acuerdo este jueves y han aprobado la nueva legislación con normas comunes mínimas sobre la retención de inmigrantes ilegales y su expulsión a sus países de origen.
El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según fuentes diplomáticas.
El texto debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo
Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los clandestinos que no tienen suficientes medios para obtener asistencia legal.
Entre las medidas que contempla la nueva directiva, la más polémica es la que permite prolongar el periodo de reclusión de los sin papeles hasta un máximo de 18 meses.
En España, el plazo máximo de retención actual es de 40 días, por lo que la ampliación incluida en la nueva directiva ha sido calificada de "desproporcionada" por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Estamos hablando de una infracción administrativa, no de un delito", afirmó al respecto Mauricio Valiente, secretario general de CEAR.
Pactado por unanimidad
Nueve países comunitarios (Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda) no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida.
El texto pactado por unanimidad entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera un debate muy arduo, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.
ITALIA / PRIMER CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno de Berlusconi aprueba que la inmigración ilegal sea un delito.
La decisión será recogida en un proyecto de ley que se remitirá al Parlamento. La idea fue declarada en parte inconstitucional cuando se propuso anteriormente.
EFE
ROMA El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó este miércoles que la inmigración ilegal sea un delito en Italia, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini.
La decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas.
La tipificación como delito de la inmigración ilegal ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2004.
Ahora será recogida en un proyecto de ley que se remitirá al Parlamento, mientras que otras medidas de lucha contra la inmigración clandestina y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley.
Según explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni, entre las iniciativas aprobadas figura la aceleración de los procesos judiciales y de los tiempos de expulsión, aunque desde el "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".
Consecuencias para la UE
Las medidas también afectan a los ciudadanos de la UE, pues "se hará una verificación más concreta de los requisitos exigidos a los comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano", explicó Maroni. Entre tales exigencias se encuentra que "los ciudadanos tengan unos ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obliguen al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social".
En materia de inmigración también se enmarca la petición de la prueba de ADN para los familiares que pidan la reunificación y la confiscación de los apartamentos alquilados a inmigrantes clandestinos.
Además, se imponen nuevos requisitos para los casamientos de nacionales con extranjeros con el fin de evitar los llamados matrimonios de conveniencia.
El Consejo de Ministros examinó asimismo la posibilidad de crear patrullas conjuntas entre el Ejército y las fuerzas del orden, aunque la idea fue finalmente descartada.
La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Berlusconi y sus aliados durante la campaña electoral y es uno de los principales asuntos en la vida política del país desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.
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