Desarrollo económico
Luego en 1845 Puerto Stanley se benefició singularmente con la fiebre del oro de California: en 1847, por ejemplo, 777 barcos fondearon en sus instalaciones. Esta actividad produjo un boom en los negocios de reparación y aprovisionamiento de buques. La navegación del Cabo de Hornos era singularmente difícil, y muchos barcos debían emprender la vuelta severamente dañados tras inútiles intentos por pasar al Pacífico; varios resultaban semidestruidos, por lo que las Islas Malvinas pasaron a ser uno de los cementerios de barcos más notables del mundo. El negocio de reparación de buques comenzó a declinar en 1876, con la sanción de una nueva legislación naviera internacional, con la adopción progresiva del buque de vapor y el casco de hierro, y desapareció finalmente con la construcción del Canal de Panamá en 1914.
En enero de 1846 se celebró un contrato entre el gobierno de Su Majestad y Samuel Lafone, un comerciante británico que operaba desde Montevideo, en el que se le asignaban derechos exclusivos de caza sobre el ganado de las islas. Este contrato significó un duro golpe para la población de las islas, pues el villorio de Stanley se vio imposibilitado de continuar abasteciéndose por sus propios medios, y pasó a depender de terceros.
Lafone fue el primer terrateniente in absentia del archipiélago, pues nunca visitó las islas. Se le otorgaron unas extensiones de tierra en la isla Soledad, donde se encontraba la mayor parte del ganado salvaje. Esta zona de la isla pasó a ser llamada "Lafonia". Sus tareas nunca fueron auditadas por las autoridades inglesas: había prometido introducir colonos de ascendencia británica, pero en cambio envió grandes contingentes de gauchos e indios, que se establecieron en 1846 en Hope Place, en la costa meridional de Brenton Loch, y en 1849 finalizaron la construcción de una barricada en el istmo de Darwin para facilitar el control de los animales.
El gobernador Moody implementó en 1847 un esquema de fomento agroganadero en el que los colonos, a cambio del pago de una tarifa anual, obtenían derechos de pastoreo en lotes costeros de 50 a 130 ha, y en lotes internos de 130 a 260 ha. Dos años después Rennie, sucesor de Moody, extendió este plan para ampliar esos derechos a los 2400 ha circundantes a quienes compraran no menos de 65 ha de tierra.
En 1850 Lafone fundó una compañía llamada The Falkland Islands Company Limited con el propósito de instalar y explotar granjas, pues el ganado de Lafonia había sido cazado hasta la extinción. En 1857 la compañía se mudó desde Hope Place a Darwin, en busca de terrenos más adecuados para sus actividad. En 1860 el gobierno local modificó el contrato original de Lafone, reservándose la potestad de caza en todo el territorio de las islas con excepción de los lotes que pertenecían a la compañía.
Incidente con Estados Unidos
En 1853, el gobernador del archipiélago se quejó a sus superiores por la continua depredación cometida por los barcos balleneros y foqueros —especialmente estadounidenses— en las inmediaciones de las islas. El gobierno británico advirtió al norteamericano que no toleraría un comportamiento semejante, y envió fuerzas navales a las islas para asegurar un control efectivo. En mayo de 1854, en un confuso episodio, el buque de guerra británico HMS Express capturó a dos balleneros, acusándolos de la matanza de cerdos y focas de los criaderos del gobierno de las islas.
El comandante estadounidense William F. Lynch, al mando de la corbeta USS Germantown, que se hallaba fondeada en Puerto Stanley, presionó para que se liberara a los buques y tripulaciones apresadas, amenazando con oponer lucha armada. Según una versión de los hechos, Lynch argumentó que los ingleses no tenían derecho a fiscalizar las aguas malvinenses pues preexistía un reclamo argentino.
Las autoridades británicas accedieron a negociar, aunque de todas formas los capitanes de los balleneros acusados fueron juzgados y multados por su accionar. Los Estados Unidos protestaron en favor de su derecho "adquirido" a pescar en aquellas aguas. En el texto del reclamo, William L. Marcy, entonces secretario de Estado norteamericano, dudó públicamente de la legalidad de la soberanía inglesa al afirmar que su país no había "concedido" derechos a Gran Bretaña. La respuesta británica afirmaba que sus derechos no eran discutibles, y que se atribuía el garantizarlos mediante uso de la fuerza.
El conflicto fue finalmente resuelto por la vía diplomática.
Continúa el crecimiento económico
En 1861 se emitió un acta de ampliación del alcance del plan de fomento agroganadero, que otorgaba a los colonos la habilitación para tareas de pastoreo durante un año en un lote indiviso de 2400 ha, con la condición de que construyeran viviendas y proveyeran un cierto número de cabezas de ganado. El terreno podía ser arrendado durante un plazo renovable de diez años. Esta legislación tuvo un profundo impacto en el modelado de la principal actividad económica de las islas hasta nuestros días.
La colonización de la Isla Gran Malvina comenzó en 1867, y ya para 1869 la totalidad de su territorio había sido otorgado a ocho colonos, que arribaron con su ganado, caballos, herramientas, materiales de construcción, etc. Los gauchos rioplatenses fueron reemplazados por escoceses.
Nuevos reclamos argentinos
Para 1884 ya habían pasado 35 años desde la última protesta argentina formal, y el tema de la soberanía solo había asumido un papel secundario en el ámbito bilateral.
La presidencia de Julio A. Roca vigorizó la acción diplomática, buscando dirimir la cuestión por intermedio de un arbitraje. El ministro de relaciones exteriores, Francisco J. Ortiz informó el 30 de mayo al representante de la corona en Buenos Aires que su gobierno intentaba recurrir a un laudo internacional para zanjar el asunto, mecanismo que Gran Bretaña había fomentado asiduamente en el pasado reciente y que, según esperaban las autoridades argentinas, no dudaría en aplicar en este caso. El gobierno del Reino Unido respondió con una rotunda negativa.
El 15 de diciembre de 1884 el Instituto Geográfico Militar publicó un mapa de la República Argentina que incluía a las Malvinas, lo que provocó preocupación en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires. Ante la firme inquisitoria del cónsul Edmund Monson sobre la oficialidad del mapa, la cancillería argentina respondió con evasivas y declaraciones de amistad, lo que fue sumariamente contestado por Monson con una protesta formal, efectivizada el 31 de diciembre.
La invitación a un arbitraje fue repetida al año siguiente, adjuntando una protesta formal en el mismo trámite. Durante los tres años siguientes le sucedió un intenso intercambio de correspondencia diplomática, en el que invariablemente Gran Bretaña se limitaba a calificar el asunto como "cerrado", a lo cual Argentina respondía reiterando los argumentos jurídicos expuestos.
Ya durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, el ministro de relaciones exteriores Norberto Quirno Costa presentó una nueva carta de protesta al enviado británico en la que repetía la posición argentina:
(...) hoy, como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, que no abandona ni abandonará jamás sus derechos a esos territorios y que en todo tiempo, hasta que le sea hecho justicia, los considerará parte integrante, en la prioridad del descubrimiento, de la ocupación, de la posesión iniciada y ejercida en el reconocimiento tácito y explícito y en la adquisición por tratado de estos últimos que pertenecían a la España.
El representante británico, respondió diciendo que los derechos de la corona no eran discutibles. El intercambio epistolar continuó durante el mes de abril, en el que Argentina calificaba el proceder británico como "despojo" e insistía con su propuesta de arbitraje, pese a lo cual no consiguió ninguna respuesta favorable.
Muchos años después, en 1936, el asesor legal del Foreign Office, G. H. Fitzmaurice, dejó plasmados en un memorándum los motivos de esta tenaz oposición a la idea de un laudo arbitral:
(...) pero como último recurso el único medio (...) sería ir a arbitraje y obtener una decisión [de] que su reclamo es malo ante la ley. Pero a decir verdad no estamos particularmente ansiosos por ir a arbitraje. Nuestra posición tiene ciertas flaquezas.
Desde 1888 y hasta al menos 1913, la publicación de mapas oficiales argentinos que incluían a las islas Malvinas como parte del territorio nacional siguió inquietando a las autoridades británicas, pese a lo cual no hubo ninguna reacción oficial al respecto. Durante todo este período el tema de la soberanía volvió a pasar al segundo plano de la agenda bilateral.
Acciones expansionistas
El 21 de julio de 1908 la corona británica emitió una Carta Patente que unilateralmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sandwich y la Tierra de Graham a la colonia de las islas Malvinas.
El documento incluía entre las pretensiones territoriales de la corona a parte de la Patagonia (la totalidad de Tierra del Fuego, parte de la provincia argentina de Santa Cruz y de la región chilena de Magallanes.
El gobierno británico nunca intentó explicar este grueso error, que no fue enmendado en los papeles sino hasta nueve años después, el 28 de marzo de 1917, por una nueva Carta Patente Real que rectificó a la anterior. La mayoría de los estudiosos ve en ello un solapado intento de expandir aún más las fronteras del imperio a costa de las naciones sudamericanas.
Sorpresivamente, no hubo respuesta de los gobiernos argentino ni chileno ante esa absurda pretensión. Por ejemplo, el canciller (y futuro presidente de la Argentina) Victorino de la Plaza supuestamente se limitó a requerir a los ingleses información del nuevo trazado y sólo habría dado un acuse de recibo. Esta afirmación ha sido relativizada: no existe copia del documento en los archivos argentinos; los británicos sostienen que conservan la suya, aunque no ha sido hecha pública hasta el presente.
Varios investigadores coinciden en resaltar la indolencia de las autoridades argentinas ante los avances británicos de este período no sólo sobre los archipiélagos, sino sobre territorios continentales sobre los que Argentina ejercía plena y pacífica soberanía.
En 1908 el embajador italiano en Buenos Aires informó a la cancillería que la Convención Postal de Roma había incluido a las Malvinas entre las colonias británicas, lo que provocó una airada protesta argentina, que fue cursada hacia el gobierno de Italia. Debido a que el canciller Victorino de la Plaza no extendió dicho reclamo a Gran Bretaña, los ingleses desconocen la actuación de 1908, y argumentan que durante 40 años (entre 1888 y 1928) Argentina no elevó protestas formales por la situación del archipiélago.
Giro en la argumentación británica
En 1910 la Argentina cumplió cien años de vida, en un contexto de gran prosperidad económica. El país obtenía influencia creciente en los organismos internacionales, en donde era visto con respeto debido a su éxito político y financiero. El continuo aumento del protagonismo argentino en dichos foros repercutía directamente en la fuerza de sus argumentos jurídicos e históricos respecto al tema de Malvinas, y en una capacidad mayor para ejercer presión a fin de lograr la satisfacción de sus reclamos. Esto comenzó a gestar una incomodidad manifiesta en vastos sectores de la política anglosajona, que empezaron a expresar dudas acerca de la validez de las pretensiones británicas al archipiélago. Se temía que la invasión de 1833, ante los ojos del nuevo siglo que comenzaba, pudiera ser vista como injustificada y que los títulos derivados de la conquista militar no fueran ya valederos. Se percibía entonces la necesidad de un cambio de estrategia que diera un nuevo soporte a la aspiración territorial. Así, se buscó refugio en la tesis de que luego de casi cien años ininterrumpidos, el dominio de las islas se habría transformado desde una naturaleza de facto a una de jure; en otras palabras, se echó mano al concepto de "prescripción adquisitiva".
Desde 1910 hasta 1936 fueron emitidos por el Foreign Office nueve documentos de circulación reservada que sostenían la debilidad de los derechos británicos.
Finalmente, a fines de agosto de 1936, el embajador británico en Buenos Aires recibió un documento confidencial en el que Anthony Eden, ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña enunciaba los nuevos argumentos a esgrimir:
- Al abandonar España las islas en 1811, estas quedaron vacías.
- Las islas eran res nullius en 1833; si esto no era verdadero, entonces
- Gran Bretaña había adquirido el título por prescripción, dada su ocupación centenaria del archipiélago.
- La Argentina no tenía poder militar suficiente como para hacer valer sus reclamos.
En última instancia, pues, el desequilibrio en la relación de fuerzas a favor del Reino Unido constituía el anclaje de una política colonial cuya legalidad estaba en duda.
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