Antecedentes argentinos en Malvinas previos a la guerra

Desde aproximadamente el 1950, hasta comienzos de la guerra, las islas mantuvieron un fuerte vínculo de contacto con ciudades patagónicas argentinas. Los pobladores solían comerciar con ciudades costeras cercanas como Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz y Comodoro Rivadavia. Mantenían viajes a esos destinos por causas de salud, educación, turismo, intercambio, relaciones sociales, etc. Esto explica porqué las islas tenían un precario y olvidado desarrollo institucional que era compensado con viajes en avión o barco a ciudades cercanas.

Las Malvinas en posesión argentina (abril-junio de 1982)

Guerra de Malvinas

Monumento a los caídos en la guerra de Malvinas ubicado en la ciudad argentina de Quequén.

A principio de la década de 1980, el modelo económico y la "guerra sucia" interna de la junta militar que gobernaba la Argentina entró en crisis, lo cual tuvo consecuencias negativas en el ámbito social interno. El rechazo a la junta se incrementó a causa de factores como: Personas secuestradas, torturadas y asesinadas, llamados "desaparecidos", 90% de inflación anual, la profunda recesión, la mayor carga tributaria, el brusco aumento del endeudamiento externo de los sectores público y privado, la continua depreciación del salario real con el aumento de la pobreza resultante, etc. A fin de recuperar oxígeno interno y atendiendo a premisas geopolíticas que resultaron equivocadas, la junta militar organizó una operación militar para apoderarse de las Malvinas.​ Además de estos motivos, los analistas afirman que la operación militar argentina se debió también a un equívoco en la interpretación de las acciones británicas de desarme y relegación de la ciudadanía de los isleños a un rango menor:​ la junta militar no esperaba una reacción armada del Reino Unido, como atestigua el hecho de que nunca se diseñó un plan de contingencia para ello.​

Como parte de una escalada ofensiva en múltiples planos, fuerzas argentinas tomaron el control de las islas el 2 de abril de 1982. El declinante gobierno británico de Margaret Thatcher, por su parte y tras una etapa de confusión inicial, consiguió imponer un discurso de orgullo patriótico en las masas y reaccionó enérgicamente, logrando el pleno apoyo de la Comunidad Económica Europea, la OTAN, el Commonwealth y, parcialmente, de la ONU. El 7 de abril estableció una Maritime Exclusion Zone (MEZ) ("Zona de Exclusión Militar") de 200 millas de radio con centro en latitud 51° 40' S y longitud 59° 39' O, sobre el estrecho de San Carlos.​ Reunió además una masiva fuerza expedicionaria —la mayor desde la Segunda Guerra Mundial— que tomó rumbo hacia el archipiélago; mientras tanto ambos gobiernos se enfrascaron en febriles reuniones diplomáticas organizadas por el secretario de Estado de EE. UU., Alexander Haig, por el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, y por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Estos intentos de mediación fracasaron, y Estados Unidos pasó a asistir militarmente al Reino Unido, otorgándole acceso a armamento e información de inteligencia avanzados. La Marina Real desembarcó seis semanas más tarde y después de duros combates forzó la rendición argentina el 14 de junio de 1982.​

Las Malvinas en posesión británica (junio de 1982-presente)

Secuelas y transición

La derrota argentina aceleró la caída del régimen militar de facto.​El gobierno británico prohibió el ingreso a las islas de civiles con pasaporte argentino. El 22 de junio de 1982 la Comunidad Económica Europea anuló la prohibición a las importaciones argentinas.​ El 23 de julio de 1982 el Reino Unido modificó el alcance de la Zona de Exclusión Militar, reduciéndola en 50 millas náuticas radiales y rebautizándola como Falkland Islands Protection Zone (FIPZ) ("Zona de Protección de las Islas Malvinas").​A mediados de septiembre la Argentina y el Reino Unido levantaron bilateralmente las sanciones financieras que mutuamente se habían aplicado.​ La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución urgiendo a las partes a reanudar las conversaciones para resolver el litigio.​Por primera vez Estados Unidos votó a favor de estos lineamientos, intentando enmendar sus relaciones con Latinoamérica, deterioradas por su apoyo concreto al lado británico durante el conflicto armado. El Reino Unido criticó el voto estadounidense y no cambió su postura, argumentando que el rearme y recomposición encarados por las fuerzas armadas argentinas —que sin embargo incluía equipamiento británico​— demostraban que el país estaba dispuesto a "un segundo round".​ Margaret Thatcher justificó su negativa al diálogo:

(...) no negociaré con la Argentina. Estamos seguros de nuestros títulos de soberanía.

En mayo de 1983 el gobierno británico propuso a la Argentina restablecer los vuelos comerciales entre los dos países que se habían suspendido en junio de 1982, y acordar sobre el traslado de los restos de los caídos al continente. El gobierno argentino se negó a estos ofrecimientos, manteniéndose en su tradicional postura de que todos los aspectos de la disputa deberían discutirse simultáneamente junto con el de la soberanía.

La ruptura de relaciones fomentó la aparición de grupos de diálogo informales, constituidos por sectores académicos, religiosos, empresariales y parlamentarios de ambos países.​ En 1983 se estableció en Londres el South Atlantic Council ("Consejo del Atlántico Sur") que promovió una solución pacífica y duradera para el asunto de la soberanía basándose en publicaciones relacionadas. Este cuerpo, que reunía entre sus filas al parlamentario conservador Cyril Towsend y al laborista George Foulkes, tuvo varios logros destacables, como el influir en la opinión pública británica para que apoyara la posibilidad de que el problema se discutiera bilateralmente.

Retorno de la democracia en la Argentina

En diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional argentino y desde su discurso inaugural ante el congreso colocó a la recuperación de las Islas como una meta central de su gobierno. Su canciller, Dante Caputo, esbozó así la que sería la estrategia a seguir:

Había que lograr una permanente tensión exterior sobre el tema Malvinas. Para nosotros el único método (por cierto de largo plazo) para lograr este objetivo era permanentemente mantener presentes los costos internacionales para el Reino Unido de la ocupación. Si esos costos disminuían, si esos costos se hacían nulos, casi nulos, la intervención o la presencia de la ocupación británica se mantendría permanentemente.

Se siguieron estos lineamientos mediante la continuación de las hostilidades pero sin escalar el nivel de agresividad, lo que obligó al Reino Unido a efectuar crecientes gastos por la defensa del archipiélago. Sin embargo la estrategia argentina fue interrumpida a mediados de 1984 cuando comenzó a resultar evidente que el gobierno británico estaba dispuesto a sobrellevar el costo adicional.

Bandera de las fuerzas armadas del Reino Unido destacadas en las Islas Malvinas.

El gobierno argentino también procuró hacer de la denuncia pública ante los foros internacionales —principalmente en la ONU, la OEA y el Movimiento de Países No Alineados— su principal herramienta de coacción.

Al mismo tiempo, el gobierno de Thatcher elaboraba planes de contingencia en vista de un hipotético nuevo golpe de Estado en la Argentina. Este argumento también sirvió pàra justificar la presencia del muy reforzado destacamento militar en Malvinas.

En febrero las autoridades argentinas solicitaron al lado británico la reanudación de las conversaciones: se propuso que mientras duraran las negociaciones la guarnición británica en Malvinas fuera reemplazada por una fuerza de paz de las Naciones Unidas, a cambio de lo cual la Argentina declararía el cese de hostilidades. La oferta fue rechazada al día siguiente.​

El 7 de junio todos los partidos políticos argentinos firmaron una declaración conjunta en la que demandaban al Reino Unido el reconocimiento de los derechos de la Argentina sobre las Islas. Al mismo tiempo, una serie de gestiones reservadas auspiciadas por los negociadores de Suiza y Brasil terminó en un rotundo fracaso en el que los representantes de cada parte acusaron a la otra de haber incumplido las normas pactadas.

Con la intención de consolidar la viabilidad de la economía de las Islas, Londres finalmente decidió implementar las recomendaciones del Informe Shackleton de 1982, que hasta entonces solo habían sido aplicadas en pequeña escala. En 1984 se creó la Falkland Islands Development Corporation ("Corporación para el Desarrollo de las Islas Malvinas"). Entre sus metas estaba la de diversificar la actividad económica, mejorar la infraestructura y fomentar la inmigración selectiva. Se aprobó una serie de desembolsos a seis años por un total de 31 millones de libras esterlinas para mejorar las telecomunicaciones, extender las líneas eléctricas, construir caminos, implementar una reforma agraria, crear una granja hidropónica para permitir el autoabastecimiento de vegetales frescos, etc.

Uno de sus resultados fue un incremento sensible en la redistribución de tierras: en nueve años el porcentaje de terrenos en manos malvinenses pasó desde el 24% al 73%. Estas medidas afianzaron el nacionalismo de los isleños, desplazando la opinión pública local aún más hacia la intransigencia.​

En medios políticos británicos empezó a contemplarse la idea de que el modelo de traspaso de soberanía diseñado para Hong Kong en los acuerdos de Pekín de 1984 podría ser aplicado al problema de Malvinas. En la Argentina la propuesta fue considerada como viable, aunque Alfonsín la supeditó a que se acordara un tiempo de transición razonable:

(...) podemos aceptar una solución de tipo Hong Kong medida en meses, no en años. También podríamos aceptar que se nos devolvieran las islas en el plazo de cinco años o tres años, pero no en veintinueve años.

En septiembre de 1984 Alfonsín anunció personalmente ante la Asamblea General de la ONU que su país estaba dispuesto a reanudar las negociaciones por medios pacíficos y dio a entender su apoyo a un arreglo similar al chino. Sin embargo la respuesta británica fue que Hong Kong era "diferente" al caso de Malvinas.

A fines de ese año la Argentina empezó a concentrar sus reclamos en la ONU. Nuevamente el Reino Unido se negó a tratar el tema de la soberanía y como de costumbre propuso una agenda centrada en las relaciones económicas y culturales.

Luego de la guerra la presencia militar británica en el archipiélago fue reforzada substancialmente. En la fotografía, el destructor HMS Edinburgh, destacado en Mount Pleasant desde 2006 en reemplazo del HMS Southampton.

Esta intransigencia del gobierno de Margaret Thatcher fue criticada internamente: Dennis Healey, líder de la posición laborista, fustigó la política de la primera ministra de rehusarse sistemáticamente a discutir el tema de la soberanía con Argentina. Healey ironizó sobre el hecho de que Thatcher se negara a conversar con un gobierno democrático escudándose en la oposición de 1800 malvinenses, mientras que había negociado con la "dictadura comunista" de China sin consultar a los cuatro millones de habitantes de Hong Kong sobre su propio futuro. Sin embargo la mayoría conservadora en el parlamento aseguraba al gobierno británico que su postura sería mantenida sin dificultades.

A principios de 1985 y en vista de esta situación, Londres asumió una actitud más flexible y dio un paso para intentar destrabar la relación: Thatcher ofreció abolir la zona de exclusión a cambio del cese argentino de hostilidades. El gobierno de Alfonsín rechazó la oferta, acusando a su par británico de querer "imponer un cese unilateral de hostilidades"; las autoridades argentinas reconocerían luego que esta respuesta fue inadecuada y que sólo consiguió trabar el diálogo.​ Expresaron asimismo que el despliegue militar británico en el archipiélago era "excesivo" y que "representaba una agresión contra la Argentina y América Latina." Simultáneamente, con un costo de 300 millones de libras esterlinas el Reino Unido construía el aeropuerto de Mount Pleasant para reemplazar al de Puerto Argentino/Stanley.

En julio el Reino Unido dejó en claro ante la ONU que no estaba "preparado" para tratar el tema de la soberanía,​ aunque levantó parcialmente el embargo comercial hacia la Argentina.​ Debido a lo restrictivo de su implementación, en los hechos la medida tuvo un carácter casi simbólico.​ Sin embargo no halló reciprocidad en su par sudamericano, que supeditó su accionar a la reanudación de conversaciones sobre la cuestión de fondo​ En la siguiente reunión de la Asamblea General de la ONU el canciller Caputo denunció que el Reino Unido seguía contrariando los reiterados pedidos del Comité de Descolonización al continuar ocupando las Islas Malvinas.

Hacia fines de año se dieron varios cambios legales de importancia: el gobierno británico otorgó la plena ciudadanía a los isleños,​ y se redactó una nueva constitución para las Islas que daba a los malvinenses mayor control sobre los asuntos internos.​ Las nuevas herramientas legales fueron desplazando al rol pivotal que el Lobby había cumplido informalmente hasta esa fecha, por lo que su papel se redujo notablemente en los años siguientes.