Convergència i Unió y Esquerra Republicana están acabando de negociar una hoja de ruta de amplio calado institucional para formalizar la “transición nacional de Cataluña” y que debe permitir la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat la próxima semana. En este plan, la consulta de autodeterminación es solo la culminación de un proceso que incluye la creación de estructuras de Estado en el ámbito político, financiero, energético y de las infraestructuras. Se trata de que Cataluña se dote de estas estructuras para poder impulsar con ciertas garantías el referéndum en el horizonte de 2014, pero sin una fecha cerrada.
La propuesta de Esquerra Republicana que CiU está negociando, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye 60 propuestas concretas para salir de la crisis. Se trata, según el borrador, de “aprobar un plan institucional e interdepartamental para la transición a un estado soberano, con un plan de internacionalización que legitime la causa y cree complicidades” en el extranjero, además de garantizar la viabilidad económica de Cataluña.
El primer punto de la negociación incluye la aprobación y aplicación de una ley de consultas que permita preguntar a los catalanes si quieren seguir formando parte de España. Se trataría de sortear la restricción constitucional vigente con algún tipo de consulta no vinculante pero que dejara clara la voluntad de los catalanes.
ERC pide gravar pisos vacíos, bebidas refrescantes y residuos nucleares
Los republicanos han puesto encima de la mesa media docena de medidas para avanzar en esta “transición nacional”. Para el ejercicio presupuestario de 2013 proponen la creación de la administración tributaria catalana, que sea capaz de recaudar el conjunto de los impuestos. Esto se plantea en tres fases y se tendría que desarrollar en dos años. En una primera fase la Generalitat tendría que asumir las competencias delegadas no ejercidas hasta la fecha y realizar un despliegue efectivo del convenio ya firmado con las Diputaciones provinciales. Se trata de asumir todas las competencias posibles en el actual marco antes de hacer cambios de mayor calado.
En la segunda fase, antes de finalizar 2013, incluyen el despliegue del consorcio tributario ya previsto en el Estatuto entre la Agencia Tributaria Catalana y la Española. Para más adelante los republicanos exigen la asunción de la totalidad de las competencias por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña antes de la convocatoria del referéndum que, insisten, debe celebrarse en 2014. Para asegurar la viabilidad económica del proceso de transición nacional CiU y ERC estudian un plan de contingencia para poder ejercer con garantías el conjunto de competencias tributarias únicamente con recursos propios de la Generalitat y de las Diputaciones, en el caso de que hubiera dificultades o demoras en el proceso de traspaso por parte del Estado, algo que es más que probable.
Además de buscar que la Agencia Tributaria Catalana pueda recaudar tantos impuestos como sea posible en el menor plazo, ERC ha insistido ante CiU en que también es básico que esta agencia pueda incrementar “a corto plazo” la intensidad de la inspección tributaria para reducir el nivel de fraude fiscal sobre los tributos ya cedidos. En 2013 la Generalitat ya elaboraría así un plan específico de lucha contra el fraude. A medio plazo también redactaría un informe técnico sobre las posibilidades legales de segregar el sistema público de pensiones de Cataluña y del resto de España. Las pensiones forman parte de un único fondo de la Seguridad Social, por lo que el choque entre Gobierno y Generalitat será, de nuevo, inevitable. Ante esta situación, los republicanos han insistido durante la negociación con CiU en diseñar una administración catalana de la Seguridad Social con tesorería propia que permita garantizar el sistema de pensiones y el seguro de desempleo.
Más allá de la creación de la agencia tributaria, CiU y ERC negocian la puesta en marcha de lo que los republicanos llaman “Banco de Cataluña” y que tomaría cuerpo a partir del actual Instituto Catalán de Finanzas. Esta banca pública catalana quedaría equiparada a las otras entidades financieras y su objetivo sería “garantizar el acceso al crédito por parte de la economía productiva”.
Los negociadores avanzan en un pacto sobre el euro por receta médica
El choque con el Gobierno central también es previsible en el ámbito de la justicia. CiU y ERC han negociado un plan para asumir plenas competencias en la Administración de justicia de Cataluña. Eso incluiría los órganos de gobierno de la justicia, la creación de la Fiscalía General de Cataluña y competencias plenas en notarías y registradores.
En infraestructuras, los republicanos aspiran a conseguir plenas competencias en la gestión de la energía, el agua y los principales proyectos del Estado en Cataluña, como el aeropuerto de El Prat y los principales puertos y ferrocarriles. Se da la circunstancia de que la Generalitat ha privatizado recientemente la gestión de la distribución del agua en alta presión, así como la gestión de infraestructuras de su propiedad, como los principales túneles de acceso a Barcelona.
Esquerra Republicana tiene mucho interés en que su apoyo al Gobierno de CiU sea percibido también como un giro en las políticas económicas de la Generalitat, algo que no será fácil por la deuda de más de 42.000 millones que arrastra la administración catalana. El objetivo de déficit del 0,7% que el Estado ha fijado a las autonomías para el año que viene obliga a un ajuste cercano a los 4.000 millones que traerá nuevos recortes. Los republicanos insisten en que este tijeretazo debe ser paliado con un incremento de los ingresos. Es aquí donde han presentado una batería de hasta 60 medidas que anoche seguían negociando ambos partidos.
Entre las medidas destaca un nuevo impuesto sobre las entidades de crédito. No sería una tasa sobre los depósitos, puesto que el Gobierno central ha cerrado esta vía aprobando un impuesto a tipo cero para estos. Se trataría de gravar proporcionalmente a aquellas entidades que destinen menos recursos al crédito sobre el total de depósitos de sus clientes. El objetivo sería incentivar que el crédito fluya hacia el tejido productivo y desincentivar la inversión en otros activos de riesgo o especulativos.
El impuesto sobre Patrimonio también será revisado con lupa. Se trataría de rebajar el mínimo exento de tributación hasta los 500.000 euros, una cifra que actualmente está situada en los 700.000. Los grandes patrimonios —el documento no señala qué se entiende por “grande”— tendrían un recargo suplementario en el último tramo. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se adaptará al tipo de gravamen del 10%.
CiU ha aceptado dar marcha atrás en uno de los compromisos estrella de Artur Mas en las elecciones de 2010: la retirada total del impuesto de sucesiones. Los grandes patrimonios volverán a pagarlo, de manera que “como mínimo” se recuperará a los niveles en que estaba esta tasa cuando CiU llegó al poder.
No son los únicos impuestos que subirán o se aumentarán. Está previsto aplicar y adaptar a la legislación vigente la ley del año 2000 que ya preveía un impuesto sobre las grandes superficies comerciales. También se implantarán nuevas vías de imposición ambiental para gravar la emisión de gases contaminantes, la utilización de envases de plástico o bien la producción de residuos nucleares. Este último impuesto se aplicaría a través de la modificación del gravamen de protección civil sobre las centrales nucleares, de competencia autonómica.
Una de las medidas que promete levantar mayores protestas es la implantación de la euroviñeta, una tasa para los vehículos pesados que crucen Cataluña por vías de gran capacidad de titularidad catalana. Este impuesto está diseñado, especialmente, para gravar la utilización del flamante Eje Transversal (Girona-Lleida) cuya ampliación se inaugurará en pocas semanas. Al mismo tiempo, y siguiendo la senda de Francia e Italia, se pretende introducir un gravamen sobre las bebidas de refresco, que podría ascender a 0,02 céntimos por lata o 0,07 céntimos por litro. Los pisos vacíos en manos de sociedades mercantiles también tributarán más.
La negociación seguía ayer abierta para reformular la tasa de un euro por receta médica implantada por CiU y que ERC considera injusta. Los republicanos pretenden que los colectivos más vulnerables dejen de pagarlo, pero CiU quiere mantenerlo a toda costa, pese al rechazo también del Gobierno central.
Era un acto de enorme contenido político y simbólico, y tanto Mariano Rajoy como Artur Mas lo han aprovechado. Aunque cada uno para posiciones opuestas. Mientras el presidente del Gobierno ha utilizado la inauguración del AVE a Girona y Figueres, que abre la puerta a la conexión con Francia, para tratar de lanzar un mensaje de acercamiento a los nacionalistas catalanes –“El AVE es una vía de entendimiento, y solo estas vías nos hacen capaces de llegar más lejos, Cataluña debe seguir siendo polo y pilastra de España, como dejó dicho Jaume Vicens Vives”- Mas contestó con un mensaje muy duro en el que, entre líneas, seguía insistiendo en la idea de la independencia: “En este momento de debates de muchas características entre Cataluña y el resto del Estado, esta conexión con Europa muestra la aspiración europea de Cataluña. La unidad de mercado no la hemos de buscar en los Estados tradicionales sino nosotros a escala europea”.
Esta idea de los “Estados tradicionales” es muy clara. Pero por si fuera poca muestra del distanciamiento, y pese a ser un acto en teoría casi protocolario, Mas fue muy duro: “Cuando determinados medios presentan casi como un privilegio para Cataluña esta infraestructura, como una Cataluña muy bien tratada, quiero recordar que este el territorio con menos dotaciones de infraestructuras públicas. Es el que más contribuye y el que tiene menos inversión pública, que compensamos con privada”. En esta línea se expresó más duramente el alcalde de Girona, el convergente Carles Puigdemont, quien denunció las "heridas demoledoras" que han dejado los cuatro años de obras. "La alegría de hoy no es completa. La espera ha durado demasiado", señaló Puigdemont.
Mas dijo que la llegada del AVE a Figueres, que recordó llega 20 años después del primer AVE a Sevilla, es un “acto de justicia con Cataluña”. Y entre los dos, Don Felipe, Príncipe de Girona, que pronunció la mitad del discurso en catalán, también intentó tender puentes e insistió en la idea que más interesa al Gobierno: la de que este tipo de infraestructuras, pagadas por el Estado, son “un paso más de vertebración de España”.
Durante todo el trayecto –los tres iban sentados frente a frente en el tren con la ministra de Fomento, Ana Pastor- y el acto en Girona, todos mantuvieron ante las cámaras una imagen de normalidad. Rajoy y Mas charlaron amablemente en varias ocasiones delante de la prensa. Sin embargo, en los discursos quedó muy claro que ese acercamiento que Moncloa parece buscar está muy lejos o al menos esa imagen no le interesa a Mas en este momento.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pedirá audiencia en el palacio de La Zarzuela para plantearle al Rey las demandas soberanistas impulsadas por el Gobierno catalán, que pasan por organizar un referéndum sobre la autodeterminación en 2014. La visita, según fuentes de la Generalitat, responde al encuentro formal que los presidentes autonómicos tienen con el Monarca una vez son investidos.
Mas esperará para pedir audiencia a que el Parlamento catalán haya hecho la declaración de soberanía de Cataluña, texto que marca el inicio del proceso soberanista. El documento, que negocian CiU y ERC, incluye la voluntad de negociar con el Gobierno central la organización de la consulta. La declaración se hará en el primer pleno del Parlamento catalán, previsto para el día 23. El presidente catalán ha solicitado comparecer en este primer pleno para explicar la composición y las principales líneas de actuación de su nuevo gobierno.
En la Casa del Rey ya tienen prevista esa cita porque es habitual que don Juan Carlos reciba a los presidentes autonómicos recién elegidos en las urnas. De hecho, el Monarca no solo tiene pendiente el encuentro con Mas, sino también con Iñigo Urkullu, nuevo lehendakari, y Alberto Núñez-Feijóo, que revalidó su mandato en Galicia en las pasadas elecciones.
Todavía "no hay fecha" para ninguna de estas tres audiencias, que se producirán, en cualquier caso, en el orden en que han sido investidos presidentes, es decir, primero Feijóo, después Urkullu y por último Mas, aclaran desde La Zarzuela.
Tras la reunión con Don Juan Carlos, Mas pedirá un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para iniciar el proceso de diálogo que tiene previsto abrir de cara a organizar la consulta. El referéndum es rechazado de plano por el Ejecutivo, pero el Gobierno catalán entiende que el no del Estado es necesario para pedir colaboración a Europa. Será el primer encuentro formal de Rajoy y Mas tras el carpetazo del presidente al pacto fiscal, que desembocó en la convocatoria de elecciones autonómicas y el anuncio del plan soberanista del líder catalán.
Las intenciones de Mas se hacen públicas un día después del encuentro que ayer protagonizaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Mas y el Príncipe, durante la inauguración de la línea de alta velocidad a Girona, en el que se hizo patente la brecha entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo central.
La Moncloa había puesto ciertas esperanzas en el encuentro para limar asperezas con la Generalitat. Sin embargo, no tuvo efecto. Hasta el punto de que ni los presidentes ni sus equipos fueron capaces de cerrar una fecha para la reunión prevista en la residencia oficial del presidente del Gobierno, aunque su portavoz apuntó que sería bueno y Rajoy dijo que le recibirá "cuando quiera".
"La palabra es el principal patrimonio que tiene una persona y me gustaría que todos los líderes políticos no faltaran a su palabra", ha dicho el portavoz adjunto de los republicanos, Oriol Amorós. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya se mostró ayer contrariado con la resolución del caso, cuyos responsables han evitado el juicio.
La demanda de ERC solo fue la punta de lanza de toda la oposición. Todas las formaciones catalanas -a excepción de CiU- han pedido la dimisión de Duran, presidente del comité de Gobierno de Unió en la actualidad y cuando el partido se lucró ilegalmente. "Nos remitimos a lo que él mismo dijo. Que si se demostraba que había financiación irregular se iría. Esperamos su respuesta", ha dicho el portavoz del Partit dels Socialistes, Jaume Collboni. Para el PSC, la reconocida financiación ilegal de Unió es un hecho "gravísimo" que debe tener respuesta inmediata: la asunción de responsabilidades políticas, la persecución penal, y la devolución íntegra del importe sustraído.
El PSC criticó que los servicios jurídicos de la Generalitat hayan aceptado el acuerdo que evita el juicio. En la misma línea se ha expresado Iniciativa per Catalunya, que ha pedido la comparecencia en el Parlamento del consejero de Justicia, Germà Gordó, y el de Presidencia, Francesc Homs, para detallar el acuerdo con la fiscalía que ha evitado el juicio. A cambio, Unió pagará 338.483 euros y ninguno de los seis acusados ingresará en prisión al haberse reducido las penas a menos de dos años. Las dos mujeres implicadas han quedado absueltas.
La portavoz ecosocialista, Dolors Camats, no solo ha pedido a Duran su dimisión sino que, además, ha presentado una resolución parlamentaria para que la Cámara pida al Gobierno catalán que destituya al democristiano de su cargo en el Ejecutivo: presidente de las comisiones bilaterales con el Estado. Además, ICV pide que la Generalitat retire todas las subvenciones a Unió. "Son hechos muy graves. Hablamos del robo de fondos públicos, de una trama organizada, no de alguien que ha puesto la mano en la caja. El máximo responsable de Unió, ahora y entonces, debe irse", ha culminado Camats.
El PP considera que Duran debe dimitir y pedir perdón por la financiación ilegal. "Esperamos que Duran dé explicaciones de cómo y por qué actuaron así, pidan perdón a la sociedad catalana por haber usado estos recursos de forma ilegal, cumpla sus promesas y renuncie a sus cargos políticos", ha aseverado el portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez. Ciutadans tambien ha pedido esta mañana la dimisión de Duran si tiene "palabra y dignidad política":
La presión para el líder democristiano llega incluso desde su propia federación, CiU. El consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, ha pedido explicaciones esta mañana, en una entrevista a Rac1: "Hay un reconocimiento de culpa en el caso Pallerols y hay una solución que es habitual en la práctica judicial. Si de aquí se derivan responsabilidades políticas se verá en los próximos días. Será absolutamente necesario que Unió Democrática dé explicaciones".
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha invitado al líder de UDC, Josep Antoni Duran a dimitir de sus cargos en su partido, como presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso y como diputado, tras reconocer la formación democristiana que se financió ilegalmente.
Cospedal recordó que hace tiempo ya había dicho y ahora vuelve a repetir que considera una "incoherencia y una frivolidad tremenda que una persona que se ha demostrado en campaña general a favor de la independencia de Cataluña y que habla del Estado español como una cloaca, sea el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España".
Y mientras se producía esta cascada de reacciones al pacto judicial del caso Palleros, Unió ha querido sacudirse todas las culpas y eludir toda la responsabilidad en su financiación ilegal. La portavoz del partido, Marta Llorens, ha negado en dos ocasiones que existiera la financiación ilegal, escudándose en que el partido no tenía conocimiento de los actos. Por ello el lider democristiano ahora y cuando se produjo la financiación ilegal, Josep Antoni Duran Lleida, no dimitirá, pese a que en 2000 dijo que lo había si se demostraban los hechos. "Unió no ha sido imputada ni condenada, la premisa no se cumple" ha defendido Llorens. Duran, pese a encontrarse en la sede de Unió durante toda la mañana, ha preferido delegar la comparecencia en su portavoz.
Sus palabras tienen difícil encaje con el desenlace del proceso judicial, pues Unió ha estado representada por un abogado para defenderse en el juicio. Y no solo eso, sino que el partido ha asumido ser responsable del delito que cometieron sus militantes y por eso abonará los 388.483 euros. Es la primera vez en España que un partido admite que se financió irregularmente. En este caso con fondos de la Generalitat procedentes de la Unión Europea y destinados a realizar cursos de formación para parados.
Llorens ha leído un comunicado en que Unió pide perdón. "Lamentamos la situación generada y pedimos disculpas en nombre de los que intervinieron aunque a se hayan dado de baja o estén expulsados del partido". En el comunicado, Unió defiende que su condena es a responsabilidad civil a título gratuito, "posición que corresponde legalmente a quién actuando de buena fe y con desconocimiento de la comisión de los actos ilícitos se beneficia de sus efectos, motivo por el cuál se ha retornado el importe entre las partes". Unió espera a la publicación de la sentencia para conocer el importe exacto a devolver y pedir el crédito con el que pagarán la condena.
El Parlament aprueba por amplia mayoría la declaración soberanista
Los diputados refrendan el texto con 85 votos a favor (CiU, ERC, Iniciativa y CUP), 41 en contra (PP, PSC y Ciutadans) y dos abstenciones. Dos parlamentarios se han ausentado
En el primer pleno de la legislatura, el Parlamento de Cataluña ha aprobado esta tarde una declaración en la que proclama al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano” y reclama la celebración de una consulta para decidir su futuro político. El texto ha sido secundado por 85 diputados de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP, mientras que 41 diputados del PSC, PP y Ciutadans han votado en contra. Dos diputados de la CUP se han abstenido para mostrar sus reticencias al texto. Además dos diputados del PP no han acudido a la votación por enfermedad.
La declaración aprobada esta tarde no concreta si ha de celebrarse un referéndum pactado con el Gobierno o una consulta al amparo de una ley catalana que pudiera aprobar el Parlament. Sí se alude a que "se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir" y que "se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europea y el conjunto de la comunidad internacional".
El PSC finalmente ha votado en contra, tras discutir hasta última hora el sentido de su voto. Sin embargo, cinco de los 20 diputados del PSC no han participado en la votación. De esta manera han roto la disciplina de voto partido. Los diputados discrepantes han estado presentes en el pleno, pero no han participado en la votación. De esta manera, se han desmarcado de la postura acordada esta mañana en una reunión del grupo parlamentario, en la que se ha vuelto a reproducir la fractura que vive el partido a causa de este tema. Los cinco diputados que no han votado contra la declaración soberanista son el alcalde de Lleida, Àngel Ros; Rocío Martínez-Sampere y Joan Ignasi Elena (por Barcelona), la exconsejera de Salud Marina Geli (elegida por Girona) y Núria Ventura, que fue elegida por Tarragona. Todos ellos forman parte del sector más catalanista del PSC.
La división socialista ha marcado el debate. Los grupos que proponían la declaración, CiU, ERC, e ICV han colmado su discurso de referencias veladas a los socialistas, a quienes han intentado sumar al acuerdo, sin éxito. Y los grupos contrarios al texto, PP y Ciutadans, han ironizado con las reticencias de Pere Navarro a sumarse su bloque.
CiU ha cerrado el debate remarcando su carácter histórico y señalando que el camino hacia la consulta está abierto a todos los partidos. “El camino del derecho a decidir está abierto. Si se quiere el federalismo, previamente se debe querer el derecho a decidir. Esta no es una declaración a favor de la independencia ni del federalismo. Es una declaración a favor de la democracia”, ha aseverado el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, en referencia a los socialistas. Pujol ha querido desmentir uno de los argumentos de los socialistas para negarse a votar el texto: que asumir la “soberanía” de Cataluña tiene efectos jurídicos. “No entendemos la resistencia a utilizar soberanía. Es tanto como negar a la gente que representamos”.
“No es una regulación jurídica, eso ya lo haremos. Tampoco es una hoja de ruta, eso ya lo decidiremos. Ahora declaramos cuáles son los fundamentos. Como más sólidos sean los fundamentos, más sólidas serán las paredes”, ha mantenido Pujol.
Oriol Junqueras ha sido el encargado de abrir el debate. El líder de ERC ha remarcado que se trata de una “jornada histórica”, y se ha dedicado a discrepar de los dos argumentos que han motivado el voto en contra del PSC: la consideración de Cataluña como un ente jurídico soberano. "La soberanía implica, literalmente, que por encima de la voluntad democrática de los ciudadanos no hay nada. Se sitúa por encima de cualquier imposición". Frente a la propuesta socialista de establecer una soberanía compartida con España, Junqueras ha respondido: “El derecho a decidir no puede ser compartido con otro ente jurídico. De derecho a decidir hay uno, no dos ni tres”.
Iniciativa le ha recordado a los socialistas que la vía federalizante se perdió con el Estatut, y justificó su posición: la defensa del derecho a decidir sin ser independentista. El ecosocialista negó que la consulta sea “un delirio o un capricho”, y pidió al Gobierno central que autorice el referéndum. “No estamos delante de un problema jurídico, sino de voluntad política. España debe decidir si está de lado de la democracia o de la Constitución".
Navarro ha respondido como ha podido respondió como pudo a las críticas de los partidos que firman la declaración soberanista. Ha iniciado su intervención reclamando al Gobierno que se centre en la crisis, pero rápidamente ha entrado en la cuestión soberanista. El socialista ha justificado su negativa en que CiU, ERC, e ICV se han negado a respetar “la legalidad” para hacer la declaración. También ha asegurado que el texto prefigura que la hoja de ruta de los partidos es lograr la independencia. El socialista ha emplazado al resto de partidos a retirar el texto y empezar el debate de cero para no cometer “el error” de votar la declaración tal como se ha aprobado.
La incomodidad del socialista la han explotado también los dos otros partidos que han votado en contra de la declaración, PP y Ciutadans. Tanto Alicia Sánchez-Camacho como Albert Rivera han dado irónicamente la bienvenida a Pere Navarro al bloque “de la democracia y el Estado de derecho”, frase en la que ambos líderes han coincidido. La dirigente popular también ha ahondado en la crisis de Convergència i Unió. Sánchez-Camacho ha pedido a los 13 diputados democristianos que “actúen con sentido común. Tienen la oportunidad de no avalar el separatismo". Rivera ha ninguneado el debate, hasta el punto que Ciutadans no ha presentado ningún texto alternativo. “Esperamos que empiece pronto la legislatura”; ha dicho Rivera, que ha censurado la declaración soberanista: "Este documento es ilegal y lo sabe cualquiera que haya hecho una clase de derecho".
La CUP ha justificado su decisión (un diputado votó sí, y dos se abstuvieron) en las formas del proceso liderado por CiU y ERC. “La CUP quiere posicionarse ante una estrategia que se ha pensado por dos lados. Nadie ha explicado a la CUP la estrategia para llegar a la consulta. Uno de los votos es sí a la soberanía y al derecho del pueblo catalán a decidir su futuro; y las dos abstenciones son para como se está liderando este proceso ahora, al principio”, ha cerrado el diputado Quim Arrufat.
Abre una legislatura clave con una declaración histórica apoyada por 85 parlamentarios frente a 41. Cinco electos del PSC deciden no votar en disconformidad con la postura de la dirección.
La lectura del unionismo será simple: la Declaración de Soberanía aprobada ayer contó con el apoyo 85 diputados, solo uno más que la declaración aprobada el 28 de setiembre de 2012 a favor del derecho a decidir; mientras que los votos en contra pasaron de 21 hace unos meses a 41 ayer. El dato es real, pero no refleja la complejidad de la votación que se vivió ayer en el Parlament de Catalunya, en la que se reivindicó el carácter de «sujeto político y jurídico soberano» del Principat.
La Declaración finalmente aprobada contó con los 85 votos que suman los diputados de CiU, ERC e ICV-EUiA, más uno de los de la CUP, que quiso mostrar su apoyo crítico al texto aprobado a través de la abstención de sus otros dos diputados.
Pero el Parlament también votó la Declaración propuesta por la propia CUP, si cabe más soberanista que la aprobada, en la que votaron a favor sus tres diputados -con la abstención de la bancada de ERC-. No es erróneo, por lo tanto, señalar que fueron 87 los votos a favor de la soberanía política y jurídica de Catalunya.
En la bancada del `no' la complejidad aun fue mayor. Al esperado voto en contra de los 28 diputados del PP y Ciutadans se les sumo la decisión de la dirección del PSC de oponerse a la Declaración. La suma de todos los diputados sería entonces de 48 votos. Sin embargo, el `no' se quedo en 41. Dos de estos siete votos que faltan se explican por la ausencia de dos diputados del PP enfermos, por lo que no tienen carga política alguna.
Sí la tiene, sin embargo, la decisión de no votar que tomaron cinco diputados socialistas, profundamente molestos con la decisión de su cúpula. Sin especular cual hubiera sido el sentido de los votos de estos cinco diputados, cabe destacar que, eliminados del recuento, quedan 87 diputados a favor de la soberanía catalana de un total de 130, lo que supone el 66,92%, es decir, algo más de dos tercios de los votos.
Votación histórica
Los principales impulsores de la Declaración, CiU y ERC, no ocultaron su satisfacción tras el maratoniano pleno del Parlament, que no dudaron en calificar de «histórico». Así lo entendió también en Euskal Herria el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, que felicitó «al pueblo de Catalunya» tras la votación del Parlament. Por su parte, el Ayuntamiento de Donostia se solidarizó con Catalunya mediante una `senyera' colgada en uno de los balcones del consistorio.
Durante el debate previo a la votación, el secretario general de CiU, Oriol Pujol, consideró la declaración como «clara y nítida», y no dudó en sacar pecho y asegurar que «estamos escribiendo la Historia». Pujol también valoró los esfuerzos de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP por negociar, frente a la actitud «de otros que se han limitado a ir en contra de todo». «No entendemos la resistencia a utilizar la palabra soberanía», declaró en una clara referencia al PSC.
Antes de la votación, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, anticipó que «hoy-por ayer- puede ser un día histórico y solemne; dependerá de la actitud de los diputados».
El líder de los republicanos defendió el derecho a decidir como una «necesidad económica y social de gran urgencia» para Catalunya y aseguró que «la resolución se puede resumir en una sola palabra: democracia». El tercer apoyo sin fisuras a la Declaración provino de los 13 diputados de ICV-EUiA, cuyo secretario general, Joan Herrera, dedicó buena parte de su discurso a desmontar los argumentos del PSC, declararando que «ya ha habido intentos de reformar el Estado en un sentido federalista y han fracasado todos».
El líder ecosocialista señaló que «no es un debate entre soberanistas y no soberanistas, sino entre los que quieren un debate democrático», y añadió que la legalidad es, en realidad, una cuestión política, ya que «si hay voluntad política, se encuentra la fórmula jurídica». Aun así, Herrera insistió en la necesidad de negociar con el Estado y en que «el proceso debe agotar» todas las opciones. «España tiene la oportunidad de decidir si es una Constitución o una democracia», concluyó.
La CUP: un sí, dos abstenciones
Por parte de la CUP, su diputado Quim Arrufat señaló que, después del resultado de las elecciones, no convocar la consulta sería «un fraude», por lo que aseguró que «la CUP celebra y avala la declaración de esta tarde». Tal y como lo venía haciendo a lo largo de los días anteriores al pleno, Arrufat expresó varias críticas al texto aprobado y al modo en el que se está desarrollando el proceso soberanista, empezando por lo que entiende como una «vinculación» de la consulta a la acción del Govern, frente a lo que destacan que «siempre que el país ha avanzado, ha sido gracias a la movilización popular».
Arrufat también criticó que el proceso empiece con renuncias como la de la territorialidad de los Països Catalans o el enmarque del proceso en la Unión Europea. «¿Qué soberanía nos quedará en una consulta avalada por la UE?» se preguntó el diputado independentista, añadiendo que apuestan por «un proceso que permita hacer realizables todos los proyectos políticos y económicos, no solo uno». Por todo ello, Arrufat resumió así la decisión de la CUP: «Un voto a favor de la soberanía y dos abstenciones por cómo se está llevando el proceso».
Una de las notas de la jornada la protagonizaron los diputados del PP, que nada más votar en contra de la Declaración abandonaron su escaño y salieron del hemiciclo, sin esperar a conocer el resultado.
El discurso de su secretaria general, Alicia Sánchez-Camacho, apenas aportó nada nuevo al discurso que el PP desarrolla desde hace meses contra el proceso catalán y, en contra de lo que indican los resultados de las elecciones, aseguró que «la mayoría de Catalunya no quiere la independencia».
La Declaración agrava la crisis en el PSC
La noticia del día, obviamente, fue la Declaración de Soberanía, pero por las consecuencias que podría tener, la división del PSC en la votación fue el segundo aspecto más comentado de la jornada. Tras marear la perdiz durante dos semanas, el grupo parlamentario del PSC se reunió ayer por la mañana para decidir que, finalmente, votarían en contra de la Declaración, alineándose de esta manera con la bancada unionista. De hecho, en sus discursos, los líderes del PP y Ciutadans no dudaron en dar la «bienvenida al PSC al lado de la democracia y la legalidad», ahondando de esta manera, más si cabe, en la herida en el seno del socialismo catalán. Y es que la decisión de la cúpula del partido -alineada con los postulados de Ferraz- no sentó nada bien en el sector catalanista. En los días previos, varias cabezas visibles de dicho sector, como Marina Geli, Joaquim Nadal o Montserrat Tura, ya mostraron su malestar por el discurso de la dirección y tras la votación de ayer, el propio Nadal declaró que no se ve «con ánimo» de seguir en el Consejo Nacional.
Dentro del Grupo Parlamentario, el martes trascendió que cinco diputados habían pedido la libertad de voto, algo que fue inmediatamente rechazado por la dirección del partido. No le sirvió de mucho, ya que en la votación de ayer, esos cinco diputados optaron por romper la disciplina y no votar. En clave interna, además, se trata de nombres con peso: la ex consellera Marina Geli; el alcalde de Lleida, Àngel Ros; el líder del movimiento Avançem, Joan Ignasi Elena, Rocio Martínez-Sampere y Núria Ventura.
La oposición a la dirección, además, no se limita a los cinco diputados díscolos. A última hora de ayer, 70 militantes y alcaldes del PSC salieron en su defensa con un comunicado en el que critican «la deriva de la actual dirección». Declaración de soberanía y el derecho a decidir del Pueblo de Catalunya
Manifiesto:
De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Catalunya, el Parlament acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con estos principios:
-Soberanía. El pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.
-Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que resulte sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir.
-Transparencia. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.
-Diálogo. Se dialogará y negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.
-Cohesión social. Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Catalunya como un solo pueblo.
-Europeismo. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural.
-Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.
-Papel del Parlament. El Parlament en tanto que la institución que representa el pueblo de Catalunya tiene un papel principal en este proceso y se tendrán que acordar y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio.
-Participación. El Parlament y el Govern deben hacer partícipes activos en todo este proceso al mundo local, y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.
El Parlament anima al conjunto de ciudadan@s a ser activos y protagonistas de este proceso democrático del ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Catalunya.
El Consejo de Ministros decide esta misma mañana, previsiblemente, si recurre ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. Además, decidirá la posible tramitación del proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial y la suspensión de dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para renovar a sus miembros.
La decisión sobre el recurso llegará después de que el Ejecutivo haya obtenido el aval del Consejo de Estado, órgano consultivo pero no vinculante, que ayer emitió un dictamen en el que señala que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar el texto que proclama al pueblo catalán “sujeto político y jurídico soberano”. El Gobierno puede así esgrimir todos los argumentos constitucionales para frenar los planes de Artur Mas mientras el reto soberanista del presidente de la Generalitat ahonda la fractura entre el PSOE y el PSC.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado que estaría "fuera de lugar" que el Consejo de Ministros acordara el recurso y ha emplazado al Gobierno a cambiar su actitud y dialogar, informa Europa Press.
El visto bueno del organismo presidido por José Manuel Romay Beccaria se suma al de la Abogacía del Estado, que también se pronuncia de forma favorable por el recurso. Fue la número dos el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hace tres semanas dio a conocer su contenido tras el Consejo de Ministros al calificarlo de “muy determinante”. El informe de la Abogacía, fundamentado de manera “muy rigurosa” según el Gobierno, considera que la declaración soberanista vulnera, entre otros preceptos, la “indisoluble unidad de la nación española”.
Ese mismo día, el pasado 8 de febrero, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado el dictamen remitido ayer al Ministerio de Hacienda y que hoy ha tenido sobre la mesa del Consejo de Ministros. El mensaje que quiso trasladar entonces Santamaría fue que la declaración de independencia no es compatible con la Constitución y, por tanto, no es viable. La vicepresidenta recordó que la única nación reconocida por el texto constitucional, calificándola además de “indivisible”, es la española. También apuntó que todos los poderes públicos deben someterse al ordenamiento jurídico y por eso, la declaración “produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional”.
Además de atacar “la indisoluble unidad de la nación española”, según el Gobierno, “proclamada en el artículo 2 de la Constitución, el texto soberanista” sería incompatible con el precepto que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y otro que subraya que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución”.
Reforma del Poder Judicial
El Consejo de Ministros ya acordó el 1 de febrero un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que suspende el artículo 112 y parcialmente el artículo 114 de la norma vigente. El primero recoge el procedimiento para designar a los 12 vocales de adscripción judicial, que serán elegidos entre una lista de 36 candidatos.
El artículo 114 establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará por completo cada 5 años, computados desde la fecha de su constitución.
El Ministerio de Justicia ha señalado que la suspensión de los trámites para renovar los vocales del órgano de gobierno de los jueces obedece a que, la próxima renovación, prevista para el 24 de septiembre, se realice ya bajo los cambios introducidos por la reforma del Consejo.
La reforma permitirá que pueda solicitar la candidatura cualquier juez o magistrado en activo que reúna 25 avales de sus compañeros o el de una asociación judicial. La lista completa de candidatos (no 36 como hasta ahora) se elevará a las Cortes para que el Congreso y el Senado elijan a los vocales que a cada una de estas Cámaras le corresponde
El Gobierno ya puede esgrimir todos los argumentos constitucionales para frenar los planes de Artur Mas mientras el reto soberanista del presidente de la Generalitat ahonda la fractura entre el PSOE y el PSC. El Ejecutivo de Mariano Rajoy cuenta desde ayer con el aval del Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 enero. El dictamen acordado por el órgano consultivo, no vinculante, destaca que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar el texto que proclama al pueblo catalán “sujeto político y jurídico soberano”.
El visto bueno del organismo presidido por José Manuel Romay Beccaria se suma así al de la Abogacía del Estado, que también se pronuncia de forma favorable por el recurso. Fue la número dos el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hace tres semanas dio a conocer su contenido tras el Consejo de Ministros al calificarlo de “muy determinante”. El informe de la Abogacía, fundamentado de manera “muy rigurosa” según el Gobierno, considera que la declaración soberanista vulnera, entre otros preceptos, la “indisoluble unidad de la nación española”.
Ese mismo día, el pasado 8 de febrero, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado el dictamen remitido ayer al Ministerio de Hacienda y que hoy estará sobre la mesa del Consejo de Ministros. El mensaje que quiso trasladar entonces Santamaría fue que la declaración de independencia no es compatible con la Constitución y, por tanto, no es viable. La vicepresidenta recordó que la única nación reconocida por el texto constitucional, calificándola además de “indivisible”, es la española. También apuntó que todos los poderes públicos deben someterse al ordenamiento jurídico y por eso, la declaración “produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional”.
Además de atacar “la indisoluble unidad de la nación española”, según el Gobierno, “proclamada en el artículo 2 de la Constitución, el texto soberanista” sería incompatible con el precepto que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y otro que subraya que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución”,
La declaración del Parlamento no detalla si debe de celebrarse un referéndum acordado con el Gobierno o una consulta al amparo de una ley catalana aprobada por la Cámara autonómica. En cualquier caso, subraya que “se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir” y que “se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional”.
Tanto entonces como ayer, no tardaron las reacciones de la Generalitat. El portavoz del Gobierno de Artur Mas, Francesc Homs, lamentó que el recurso ante el Constitucional demostraría “miopía democrática” y una actitud “beligerante”. En ese caso, señaló, la Generalitat se personaría como parte, dispuesta a utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para poder ejercer el derecho a decidir. En este contexto, Homs cree que es “absurdo” que el Gobierno pueda plantearse este recurso: “¿Qué quieren anular, la expresión democrática de un pueblo?”, se preguntó. La pregunta, en realidad, iba dirigida al Gobierno ante la posible valoración del dictamen en el Consejo de Ministros.
El fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, ve legítimo que Catalunya aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político pero avisa de que actualmente "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", por lo que apuesta por buscar una alternativa en preguntas que respeten la legalidad.
En una entrevista de Europa Press, Rodríguez Sol ha considerado que ante el previsible 'no' de Madrid a permitir un referéndum sobre la independencia "existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar".
Según el fiscal, "hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Catalunya que cree que es mejor para Catalunya otro modelo" al actual.
"Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas", ha indicado Rodríguez Sol.
Asimismo, ha opinado: "Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo".
El fiscal ha hecho un símil con el viaje de Ulises y el proceso catalán: "En estos momentos, del viaje a Ítaca, los billetes los pueden tener en Madrid. Y nos podemos encontrar con que la postura de Madrid no sea muy favorable a los cruceros".
Por ello, ha pedido "ser realista" y entender que el marco legal no contempla la posibilidad de un referéndum sobre la independencia, aunque sí apunta a que se podría hacer legalmente con una modificación legislativa que depende del Gobierno central.
"Yo creo que al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles", ha reflexionado.
Preguntado sobre si defiende una reforma de la Constitución en esta cuestión, ha puntualizado: "Lo que digo es que todas las leyes se pueden modificar y hay que valorar si la norma sigue respondiendo a una realidad social como fue en el año 78 o si hay una realidad distinta, plural, que aconsejaría una modificación", aunque ha puntualizado que estas decisiones corresponden a los políticos.
Junts pel Sí consigue vencer en las elecciones pero no en el plebiscito, por lo que la declaración unilateral de independencia se aleja en el calendario -- Mas promete no aflojar pese a que no tiene asegurada la reelección
Cataluña: Resultados electorales revelan triunfo de los independentistas
Con el 95 % de los votos escrutados, la coalición nacionalista Junts pel Si ganó con 62 escaños; solo le faltaron seis para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional
Foto: Reuters
BARCELONA.—El conjunto de partidos que apoyan la independencia de Cataluña obtuvo la mayoría con 72 escaños de los 135 que conforman el Parlamento catalán en las elecciones legislativas regionales de este domingo.
Con el 95 % de los votos escrutados, la coalición nacionalista Junts pel Si, integrada por Convergencia Democráctica y Esquerra Republicana de Cataluña, ganó con 62 escaños; solo le faltaron seis para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional.
El otro partido que propugna un proyecto independentista, Candidatura de Unidad Popular, logró diez escaños en el Parlamento regional, indicó BBC. En medio de unos comicios con muy alta participación, superior al 77 %, el apoyo a ambos suma más del 47 %.
El partido de derecha opuesto a la separación, Ciutadans se alzaría como segunda fuerza con 25 escaños, por delante del Partido Socialista de Cataluña, que también apoya la permanencia de la región en el Estado español y que se mantiene como tercero con 16 escaños.
En cuarto lugar quedó la plataforma Catalunya si que es pot. Esta coalición defiende el derecho a decidir, pero no la declaración unilateral de independencia y obtuvo 11 escaños.
Las elecciones tienen el carácter plebiscitario que le otorgan los independentistas, pero el gobierno central advirtió que no aceptará ninguna declaración unilateral.
Los diputados y diputadas de Junts pel Sí, ayer tras su primera reunión en el Parlament.
Junts pel Sí y la CUP se están aplicando en la tarea de buscar fórmulas imaginativas con las que salvar el gran escollo en sus negociaciones. Y el obstáculo no es otro que la presencia o no de Artur Mas en el Govern y desempeñando algún papel o cargo oficialmente asimilable al de president. Por un lado, la CUP se avino ayer a que Mas ejerciera de jefe del Ejecutivo, pero, eso sí, formando parte de una presidencia «coral», junto con otros dos o tres líderes. En las trincheras de Junts pel Sí, por su parte, sin abandonar la innegociabilidad de la presencia de Mas en el nuevo Govern -sobre todo ahora, en pleno martirio judicial por el 9-N-, hay quien sopesa la modificación del rol de president para atenuar sus competencias ejecutivas e introducir una suerte de bicefalia. Algo parecido a lo que sucede en las repúblicas de Alemania e Italia, donde el presidente y jefe de Estado no es el presidente del Gobierno.
Y entre las dos vías, la alemana y la italiana, la que más gusta es la segunda por cuanto permite que la figura del presidente del Consiglio (el primer ministro, que en Catalunya sería un conseller en cap) no sea necesariamente alguien elegido como diputado en las urnas. Sucedió con el gobierno técnico del democristiano Enrico Letta y sucede en la actualidad con el demócrata Matteo Renzi.
Las ventajas de esta solución son evidentes. No se humilla a Mas arrancándole del uniforme las charreteras y los galones justamente ahora, cuando se dispone a declarar ante el TJSC en calidad de imputado por el sucedáneo de consulta del año pasado. Justamente esta situación había provocado en la CUP alguna disparidad de opiniones, como por ejemplo la expresada por el diputado electo Julià de Jódar en favor de no dejar de lado a Mas.
Con todo, lo que ayer recorrió las redes sociales como la pólvora fue la propuesta de la diputada electa Anna Gabriel en Catalunya Ràdio. La número dos de la CUP el 27-S abogó por una presidencia «coral», con «tres o cuatro perfiles con un peso equivalente» que compartan el poder. Se hace difícil hallar un ejemplo de presidencia colegiada en el mundo, con lo que de esa propuesta cabe extraer la voluntad de mantener a Mas en la primera línea, aunque despojándolo de la autoridad única en la toma de decisiones.
Gabriel afirmó que en ningún momento su fuerza «ha pedido la muerte política de Mas», pero también exhortó a CDC a «no emitir la señal de que el proceso está en peligro por una sola persona». La CUP desea, de hecho, un formato de gobierno «menos presidencialista», que refleje la «transversalidad del independentismo», según aseveró la diputada electa, que abogó por la inclusión de mujeres en ese primer núcleo de poder. El consejo político de la CUP, órgano de una sesentena de miembros que coordina a todas las asambleas locales, se reunirá este sábado en Montesquiu (Osona) para debatir una propuesta de negociación no solo con Junts pel Sí sino también con Catalunya Sí que es Pot y entidades civiles.
El enroque en la cuestión Mas podría haber forzado a las partes a dejar para el final el espinoso tema, y avanzar en el resto de puntos. Así, la CUP defiende «blindar un punto de no retorno», dijo Gabriel. Por ejemplo, intenta convencer a JxSí de la conveniencia de aprobar una declaración no sólo de inicio del proceso hacia la independencia en el Parlament, al inicio de la legislatura, sino que también «establezca una batería de propuestas para la desconexión» de España, entre ellas desobedecer a la ley Wert.
Convergència ha decretado silencio. Pero la consigna es la de defender lo acordado con ERC en la génesis de Junts pel Sí: Mas es el candidato a president. Y no descartan la hipótesis de otras elecciones. Lo cual significa no descartar la guerra nuclear total, la implosión del proceso, la tesis Aznar. En cambio, diputados electos de Junts pel Sí que no están ni en ERC ni en CDC no ven para nada disparatada la tesis de la CUP de un Govern plural. Es más, argumentan que esta y no otra es la fórmula de Junts pel Sí para ampliar al máximo el abanico de votos independentistas. La candidatura ha contado con una imagen coral, con mensajes corales, con procedencia corales y probablemente se organizará en el Parlament de forma coral. «Se trataría solo de trasladar esta pluralidad al Govern y hay fórmulas posibles», argumenta una voz integrante de la lista. «Hemos de avanzarnos para que no parezca que lo hacemos a remolque de la CUP», añade.
La coalición nacionalista Junts pel Sí (Juntos por el sí), integrada por los partidos Convergencia Democráctica y Esquerra Republicana de Cataluña (CDC-ERC), obtuvo 62 escaños; solo le faltaron seis para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional
Los resultados de las elecciones catalanas del 27 de septiembre abren un periodo de incertidumbre para la región pues ninguna formación política logró por sí sola la mayoría absoluta. En esta situación, se hace necesaria una negociación para la formación del Gobierno catalán que se prevé difícil por los diferentes programas y aspiraciones de los partidos ganadores.
La coalición nacionalista Junts pel Sí (Juntos por el sí), integrada por los partidos Convergencia Democráctica y Esquerra Republicana de Cataluña (CDC-ERC), obtuvo 62 escaños; solo le faltaron seis para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional.
Mientras, Candidatura d'Unitat Popular (CUP), el otro partido que propugna un proyecto independentista, logró diez escaños en el Parlamento regional.
Por lo tanto, el conjunto de partidos que apoyan la independencia de Cataluña obtuvo, en las elecciones legislativas regionales, una totalidad de 72 escaños de los 135 del Parlamento, pero no una mayoría de votos con un 47,74 %.
En este escenario, una de las opciones políticas sería que Junts pel Sí del presidente de la Generalitat (gobierno) Artur Mas, pactara con la CUP liderada por Antonio Baños. Sin embargo, la alianza entre ambos partidos no será fácil de lograr, pues la CUP aseguró que para seguir con la hoja de ruta firmada por los miembros de la lista unitaria guiada por Junts Pel Sí, los independentistas debían lograr un apoyo del 55%.
Otro de los principales obstáculos es quién ocupará el cargo de presidente de la Generalitat. Aunque Mas no encabezaba la candidatura de Junts pel Sí, liderada por Raül Romeva, si existía el compromiso de que este repitiese en el cargo.
Sin embargo, el dirigente de la CUP señaló que las acusaciones de corrupción contra Convergencia Democrática y las privatizaciones realizadas por el gobierno en los últimos años golpean la envestidura de Mas por tercera vez consecutiva. A pesar de esto, Junts pel Sí pretende seguir adelante con su hoja de ruta y anunció que iniciará conversaciones con la CUP.
¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?
Una vez elegido el próximo presidente de la Generalitat —sea o no Mas—, no se realizará una declaración unilateral de independencia, sino una declaración solemne del Parlamento de Cataluña “de inicio del proceso de constitución de un Estado”. Esto irá acompañado de un “ofrecimiento de negociación desde el primer momento” al Estado, indicó El País.
En paralelo, el Gobierno catalán pretende comunicar a las autoridades de la Unión Europea y a la comunidad internacional su decisión por si deciden “involucrarse en estas conversaciones”. Aunque Mas aspira a “seguir estando dentro del marco de la UE y del euro”.
Según la hoja de ruta, el primer objetivo es emprender la elaboración de un proyecto de texto constitucional antes de diez meses, abierto a la participación ciudadana y supeditado a un referéndum posterior. El texto pactado agrega que la Generalitat crearía las estructuras necesarias para el nuevo Estado catalán como son seguridad social, acción exterior, transición de infraestructuras estratégicas, servicios sociales, suministro energético, salud, entre otras.
En varias ocasiones, Mas ha reiterado que el PIB de Cataluña es el más alto de España, y que la región es una de las regiones autónomas más desarrolladas económicamente en España, señaló Europa Press. Precisamente, una de las aspiraciones más importantes de los independentistas, es que si Cataluña se independiza, esta no tendría que pagar impuestos a Madrid. Además, los catalanes consideran que si rompen con España podrán participar más en la toma de decisiones sobre sus propios asuntos.
Y SI CATALUÑA ABANDONA ESPAÑA…
Expertos explican que se traduciría en una posible salida del Banco Central Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, importantes organismos económicos europeos. De igual manera, provocaría la fuga de empresas de la región, elementos que afectarían a la economía catalana.
Otra cuestión importante es el tema de nacionalidad. El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, aseguró que los catalanes perderán la nacionalidad española si se independizan. Sin embargo, el artículo 11 de la Carta Magna establece que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Para algunos la lógica indica que al romper con su nación de origen es porque se desea ser nacionales del nuevo Estado.
Por su parte, Junts pel Sí sostiene que con la independencia todos los catalanes podrán mantener la nacionalidad española si quieren. Lo cierto es que en la legislación española no existe ningún precedente porque no se ha contemplado la posibilidad de una ruptura de la unidad nacional.
En este contexto, días después de las elecciones regionales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citó como imputado a Mas, a la exvicepresidenta del gobierno regional Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza Irene Rigau. La citación obedece a varias querellas presentadas a fines del 2014 en consideración de que desobedecieron al Tribunal Constitucional al organizar la consulta, cuya suspensión fue decretada por ese órgano.
La Generalitat describió la citación como una instrumentalización política de la justicia por parte del Gobierno central. Mientras, el presidente español, Mariano Rajoy negó que su Ejecutivo hubiera intervenido para imputar a Mas y ha manifestado en numerosas ocasiones su negativa a iniciar negociaciones con las autoridades independentistas de Cataluña.
Si bien es cierto que el futuro de Cataluña es aún desconocido, también están las implicaciones de sus proyecciones independentistas, las cuales podrían influir en procesos independentistas de otros territorios españoles y del resto de Europa.
Los diputados electos Anna Gabriel, Josep Manel Busqueta, Antonio Baños, Eulàlia Reguant, Benet Salellas, Albert Botran, Sergi Saladié, Julià de Jòdar y Ramon Usall.
La negociación sobre quién debe ser el presidente de la Generalitat puede ser, al fin y al cabo, el menor de los problemas que tiene por delante CDC para llegar a una entente con la CUP. Y no porque la esta cuestión sea menor, sino porque las exigencias de la fuerza asamblearia se antojan difíciles de asumir, a priori, para un partido de orden como sigue siendo Convergència. La tan esperada conferencia política de la CUP tuvo la retórica propia de los mítines de campaña. Aun así, hubo algunas concreciones, y la principal es que el debate sobre la presidencia queda aplazado hasta que se pacte «el qué, el cómo y el cuándo» del proceso de secesión. Un pacto que la CUP ve sobre dos patas: la ruptura con el Estado y la puesta en marcha de un plan de choque para las emergencias sociales.
Sobre Mas no hubo un pronunciamiento explícito, aunque sí la suma de afirmaciones sueltas hechas en distintos momentos y por distintos oradores, todos ellos diputados electos. Así, Anna Gabriel, tras acusar recibo de lo que ella entiende como campañas de desprestigio y de presión por parte de medios y fuerzas políticas tanto de Barcelona como de Madrid, afirmó que la CUP «no había cambiado de parecer». Ya en el cierre del acto, Josep Manel Busqueta apuntó que es Junts pel Sí el que «puede y ha de formar Govern» y que en este proceso «no sobra nadie». Antes, Albert Botran había aseverado que las fuerzas independentistas no se podían permitir una nueva crisis como la que se abrió a raíz del 9-N.
De la síntesis de las declaraciones de unos y otros puede interpretarse que no desean ni impedir la formación de un Ejecutivo ni la desaparición política de Mas, pero tampoco auparlo a la presidencia. En el auditorio de la Universitat Pompeu Fabra, escuchaban atentos tres miembros de Junts pel Sí: el cabeza de lista y negociador con la fuerza asamblearia, Raül Romeva; el republicano Oriol Amorós, y el convergente Jordi Turull. Cuando llegó Romeva, por cierto, se escucharon algunos gritos de «president, president».
HERENCIA DEL FRANQUISMO
El principal concepto que usa la CUP es que la próxima no será una legislatura «autonómica» más, sino la de creación del Estado catalán. «Y como la legalidad heredada del franquismo no nos reconocerá nunca nuestro derecho a ejercer la soberanía», dijo Benet Salellas, solo cabe la ruptura con el Estado español. Y hacerlo de una manera «explícita antes incluso de la investidura» del nuevo president.
La sucesión de resoluciones del Tribunal Constitucional -la última, contra el código de consumo catalán y la ley de pobreza energética del Parlament-, así como la querella abierta a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N han convertido a la justicia española en la primera institución a desobedecer, según Salellas. Se trataría de explicitar de manera solemne que no se acatarán más sentencias del TC. Ni la ley Wert, ni la ley mordaza.
AMPLIAR LA BASE
La otra pata del eventual acuerdo es la social. Según la CUP, esa es la vía para seguir ensanchando la base del independentismo, pues son muchos, creen, que se mantienen distantes del proceso por entenderlo como un «escudo para protegerse de la corrupción y los recortes». Sin entrar a fondo en las propuestas, algo que irán haciendo en los próximos días, los oradores de la CUP apuntaron que hay 39 medidas «ineludibles» para hacer frente a la precariedad que sufren 1,6 millones de catalanes. «Respetar y amparar las necesidades básicas y revertir la escasez de recursos», aseveró Eulàlia Reguant. Y Antonio Baños, sentenció: «La nueva república se construirá con todo el mundo, no se parecerá a una mini-España. No tiene sentido habilitar derechos políticos si no se garantizan los sociales».
Fue Reguant la que planteó una de esas propuestas que van dirigidas a la línea de flotación de una fuerza como CDC que hasta no hace tanto se publicitaba como business friendly: revertir la privatización de 10 empresas públicas (no dijo cuáles).
En todo el acto primó cierto tono, si no de revancha, sí de reivindicación: «La elecciones nos han dejado en el centro del escenario. Nosotros, los marginados de la política, somos ahora decisivos», clamó Busqueta. «Los pobres no tenemos amigos», dijo Gabriel. Frente a los ataques y menosprecios, la CUP respondió que el proceso constituyente que quiere iniciar no lo aborda en «clave de partido». «No queremos cargos - insistieron-. La CUP será generosa».
Esta última afirmación quizá tranquilizó algo a un seguro inquieto Jordi Turull, representante de CDC en el acto. Fuentes del partido convergente celebraron la disposición de la CUP al diálogo, pero reconocieron que algunos de los planteamientos expuestos ayer hacen prever una negociación difícil.
Mas da un paso al lado: La CUP y Junts pel Sí anuncian un acuerdo en Cataluña
Publicado: 9 ene 2016 16:28 GMT | Última actualización: 9 ene 2016 18:08 GMT
Este sábado los dos grupos han llegado a un acuerdo que apunta a la formación de un gobierno liderado por Carles Puigdemont como alternativa a Artur Mas.
Artur Mas / Vladímir Astapkovich/ Sputnik
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Este preacuerdo decisivo se lleva a cabo pocas horas antes de expirar el plazo para evitar la convocatoria de nuevas elecciones luego de las asambleas extraordinarias en el mes de diciembre y enero de la CUP para decidir si investir o no a Artur Mas como presidente de la Generalidad de Cataluña, informa 'La Vanguardia'.
Las negociaciones, que continúan llevándose a cabo, apuntan a la posibilidad de que Carles Puigdemont, alcalde de Gerona, asuma la Presidencia. Sin embargo, Neus Munté y Muriel Casals se encuentran también dentro de las alternativas a Mas.
En el pleno extraordinario que se llevará a cabo este domingo, el candidato deberá ser elegido por mayoría absoluta, para lo cual Junts pel Sí requiere sumar 68 votos, de los cuales al menos seis deben provenir de la CUP, y lograr así una elección definitiva de presidente.
En la rueda de prensa concedida por Artur Mas este sábado a las 18:00 (hora local) dejó en claro su decisión de “dar un paso al lado” y no presentarse a la reelección a la Presidencia de la Generalidad. Pese a considerar la decisión “dolorosa”, Mas asegura que de haber logrado su investidura se hubiese continuado con una “legislatura muy inestable”, y por tanto espera que esta decisión garantice la estabilidad de la actividad parlamentaria.
“La Presidencia de la Generalitat no es una subasta, no se trata de cambiar un cargo por otro (…) Lo más importante es el país, Cataluña, más que cualquier partido político” aseveró el todavía presidente en funciones.
Dejar de formar parte de España, el objetivo que persigue Artur Mas, podría significar para Cataluña dejar de formar parte de Unión Económica y Monetaria Europea.
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